{"id":3974,"date":"2025-01-03T07:30:00","date_gmt":"2025-01-03T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3974"},"modified":"2024-12-13T13:51:42","modified_gmt":"2024-12-13T12:51:42","slug":"la-competencia-de-los-municipios-con-poblacion-inferior-a-2000-habitantes-en-relacion-con-el-tratamiento-o-depuracion-de-las-aguas-residuales-urbanas-sentencia-del-tribunal-supremo-1-642-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-competencia-de-los-municipios-con-poblacion-inferior-a-2000-habitantes-en-relacion-con-el-tratamiento-o-depuracion-de-las-aguas-residuales-urbanas-sentencia-del-tribunal-supremo-1-642-2024\/","title":{"rendered":"La competencia de los municipios con poblaci\u00f3n inferior a 2000 habitantes en relaci\u00f3n con el tratamiento o depuraci\u00f3n de las aguas residuales urbanas. Sentencia del Tribunal Supremo 1.642\/2024"},"content":{"rendered":"\n

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Quinta) n\u00fam. 1.642\/2024, de 16 de octubre (ECLI:ES:TS:2024:5003)<\/strong><\/a>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La recurrente (abogada del Estado) estima que el art. 25.2.c), al hablar de tratamiento de aguas residuales, est\u00e1 atribuyendo a los municipios la competencia en materia de depuraci\u00f3n de aguas, y, por tanto, tambi\u00e9n a los municipios de menos de 2000 habitantes, y en apoyo invoca la STC 41\/2016.<\/p>\n\n\n\n

Considera que en el concepto de \u00ababastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado\u00bb que se contiene en el art. 26.1.a) de la LRBRL est\u00e1 incluido el tratamiento de aguas residuales, y que de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del precepto se extrae, asimismo, que en materia de tratamiento de aguas residuales la competencia m\u00ednima es igual para todos los municipios. Aduciendo, adem\u00e1s, que evacuaci\u00f3n y tratamiento van unidos.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, alega que, aunque no se entendiera que la competencia deriva de los arts. 25.2 y 26 de la LRBRL, la competencia viene dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11\/1995, que traspone la Directiva 91\/271\/CEE. Entiende que, a diferencia de lo sostenido por la sentencia recurrida, esta norma s\u00ed es atributiva de competencia, y considera que no es imprescindible que las comunidades aut\u00f3nomas delimiten las aglomeraciones urbanas a las que el precepto se remite, ya que la propia norma las define; ello solo es imprescindible cuando varios municipios constituyen un foco de generaci\u00f3n de aguas residuales, pero cuando ello no ocurre, como sucede en el presente caso, el ayuntamiento es el obligado a efectuar el tratamiento adecuado. Y solo si hay varios ayuntamientos, la comunidad aut\u00f3noma determinar\u00e1 el ente p\u00fablico representativo de los municipios al que corresponda el tratamiento adecuado.<\/p>\n\n\n\n

OPOSICI\u00d3N AL RECURSO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Ayuntamiento de Alcaraz, personado como recurrido, se opone a la interpretaci\u00f3n de la abogada del Estado en cuanto a que la competencia en materia de tratamiento de aguas sea igual para todos los municipios seg\u00fan el art. 25 de la LRBRL. Considera que este precepto se remite a la ley sectorial, del Estado o de la Comunidad Aut\u00f3noma, para la atribuci\u00f3n y concreci\u00f3n de la competencia.<\/p>\n\n\n\n

Entiende que el art. 26 establece servicios obligatorios para todos los municipios en su apartado primero, servicios entre los que no se encuentra el tratamiento y depuraci\u00f3n de las aguas residuales.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco el Real Decreto-ley 11\/1995 fija competencias para los municipios, puesto que no es su cometido. Dicha norma, en su art. 3, se remite a las competencias de ejecuci\u00f3n de las comunidades aut\u00f3nomas para que fijen las aglomeraciones urbanas dentro de su territorio.<\/p>\n\n\n\n

JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar si resulta exigible a los municipios con poblaci\u00f3n inferior a 2000 habitantes la prestaci\u00f3n del servicio o el ejercicio de la competencia relativa al tratamiento o depuraci\u00f3n de aguas residuales, en el marco de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica de r\u00e9gimen local.<\/p>\n\n\n\n

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La cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar si resulta exigible a los municipios con poblaci\u00f3n inferior a 2000 habitantes la prestaci\u00f3n del servicio o el ejercicio de la competencia relativa al tratamiento o depuraci\u00f3n de aguas residuales, en el marco de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica de r\u00e9gimen local.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las normas jur\u00eddicas que, en principio, deben interpretarse son: los arts. 25.2 y 26.1.b) y 2.b) de la LRBRL, en relaci\u00f3n con el art. 6 del Real Decreto-ley 11\/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, incorporando al ordenamiento interno la Directiva 91\/271\/CEE, de 21 de mayo, modificada por la Directiva 98\/15\/CE de la Comisi\u00f3n, de 27 de febrero de 1998, relativa al tratamiento de las aguas residuales.<\/p>\n\n\n\n

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Las normas jur\u00eddicas que, en principio, deben interpretarse son: los arts. 25.2 y 26.1.b) y 2.b) de la LRBRL, en relaci\u00f3n con el art. 6 del Real Decreto-ley 11\/1995, de 28 de diciembre.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

As\u00ed delimitada la cuesti\u00f3n, su resoluci\u00f3n requiere tener en cuenta el r\u00e9gimen constitucional de distribuci\u00f3n de competencias en relaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n local, en el que ocupa una posici\u00f3n singular la LRBRL, hasta el punto de integrarse en el denominado \u00abbloque de constitucionalidad\u00bb (STC 159\/2001, FJ 4).<\/p>\n\n\n\n

El art. 25.2 de la LRBRL se limita a identificar una serie de materias de inter\u00e9s local para que, dentro de ellas, las leyes sectoriales, estatales o auton\u00f3micas, atribuyan a los entes locales competencias propias en funci\u00f3n de ese inter\u00e9s local, pero no atribuye directamente competencia alguna (STC 41\/2016, FF. JJ. 9 y 10).<\/p>\n\n\n\n

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El art. 25.2 de la LRBRL se limita a identificar una serie de materias de inter\u00e9s local para que, dentro de ellas, las leyes sectoriales, estatales o auton\u00f3micas, atribuyan a los entes locales competencias propias en funci\u00f3n de ese inter\u00e9s local, pero no atribuye directamente competencia alguna (STC 41\/2016, FF. JJ. 9 y 10).<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Cuando el art. 25.1.c) de la LRBRL establece: \u00abEl municipio ejercer\u00e1 en todo caso como competencias propias, en los t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n del Estado y de las comunidades aut\u00f3nomas, en las siguientes materias: [\u2026] c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuaci\u00f3n y tratamiento de aguas residuales\u00bb, no efect\u00faa ninguna atribuci\u00f3n espec\u00edfica de competencias a los municipios, ni, desde luego, atribuye a todos ellos la competencia para el establecimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Ser\u00e1 la legislaci\u00f3n sectorial, estatal y\/o auton\u00f3mica, la que deba determinar el alcance y la intensidad de la intervenci\u00f3n municipal en esta materia.<\/p>\n\n\n\n

El art. 26 de la LRBRL, en su apartado primero, s\u00ed efect\u00faa una atribuci\u00f3n competencial directa a los municipios. Pero de ella tampoco cabe deducir que los ayuntamientos de menos de 2000 habitantes est\u00e9n obligados a establecer un sistema de tratamiento de aguas residuales.<\/p>\n\n\n\n

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El art. 26 de la LRBRL, en su apartado primero, s\u00ed efect\u00faa una atribuci\u00f3n competencial directa a los municipios. Pero de ella tampoco cabe deducir que los ayuntamientos de menos de 2000 habitantes est\u00e9n obligados a establecer un sistema de tratamiento de aguas residuales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Los \u00fanicos servicios que el precepto impone a todos los municipios \u2014y, por tanto, tambi\u00e9n a los de menos de 2000 habitantes\u2014 son los de \u00abalumbrado p\u00fablico, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los n\u00facleos de poblaci\u00f3n y pavimentaci\u00f3n de las v\u00edas p\u00fablicas\u00bb, sin que se mencione el tratamiento de aguas residuales.<\/p>\n\n\n\n

Cuando el art. 26 de la LRBRL ha querido hacer referencia espec\u00edfica al \u00abtratamiento de aguas residuales\u00bb, as\u00ed lo hace en el apartado 2.c) como concepto distinto del abastecimiento y del alcantarillado o evacuaci\u00f3n, as\u00ed como del de \u00abtratamiento de residuos\u00bb al que se refieren otros de sus apartados (apartados 1.b y 2.a). Y, en fin, la previsi\u00f3n contenida en el apartado 2 del precepto no presupone que todos los municipios con poblaci\u00f3n inferior a 20 000 habitantes tengan competencia en todas las materias que en \u00e9l se mencionan, pues ello har\u00eda inoperante el apartado 1, debiendo acudirse a la legislaci\u00f3n sectorial para indagar su asignaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En concreto, debemos analizar si esta atribuci\u00f3n competencial deriva del Real Decreto-ley 11\/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo art. 6, relativo al \u00abtratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas\u00bb, dispone lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\u00abLas aglomeraciones urbanas que se indican a continuaci\u00f3n dispondr\u00e1n de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales, antes del d\u00eda 1 de enero del a\u00f1o 2006, en las siguientes circunstancias:<\/p>\n\n\n\n

a) Aquellas que cuenten con menos de 2.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas continentales y estuarios.<\/p>\n\n\n\n

b) Aquellas que cuenten con menos de 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas mar\u00edtimas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

De este precepto deduce la representaci\u00f3n del Estado que los municipios de menos de 2000 habitantes deben disponer de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales.<\/p>\n\n\n\n

Pero este planteamiento no puede ser compartido, en primer lugar porque ninguno de estos dos conceptos, municipio y n\u00famero de habitantes, son los utilizados por esta norma sectorial, que no hace referencia a municipios, sino a \u00abaglomeraciones urbanas\u00bb, ni a n\u00famero de habitantes, sino a n\u00famero de \u00abhabitantes-equivalentes\u00bb, conceptos, ambos, cualitativamente distintos; y, en segundo lugar, porque corresponde a las comunidades aut\u00f3nomas \u2014y no al Estado\u2014 la delimitaci\u00f3n territorial de las aglomeraciones urbanas obligadas a disponer de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales, por lo que resulta necesaria una norma auton\u00f3mica para su determinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, tampoco es posible sostener que el Real Decreto-ley 11\/1995 atribuya directamente a los municipios de menos de 2000 habitantes competencias en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas. Para determinar la concreta competencia que en esta materia puedan tener tales municipios, su alcance o intensidad, es necesario acudir, por disponerlo as\u00ed dicha norma b\u00e1sica estatal, a la legislaci\u00f3n de las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n

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Tampoco es posible sostener que el Real Decreto-ley 11\/1995 atribuya directamente a los municipios de menos de 2000 habitantes competencias en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

As\u00ed pues, la respuesta a la cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia debe ser que ni la legislaci\u00f3n estatal b\u00e1sica de r\u00e9gimen local (arts. 25.2 y 26 de la LRBRL) ni la legislaci\u00f3n sectorial estatal en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas (Real Decreto-ley 11\/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas) contienen una atribuci\u00f3n directa de competencia a los municipios de menos de 2000 habitantes para el establecimiento de un sistema de tratamiento de dichas aguas, sin perjuicio de las que, en su caso, puedan asignarles las comunidades aut\u00f3nomas en el \u00e1mbito de sus competencias.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Miryam Quintanilla Navarro<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Tribunal Supremo sostiene que ni la legislaci\u00f3n estatal b\u00e1sica de r\u00e9gimen local (arts. 25.2 y 26 de la LRBRL) ni la legislaci\u00f3n sectorial estatal en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas (Real Decreto-ley 11\/1995, de 28 de diciembre) contienen una atribuci\u00f3n directa de competencia a los municipios de menos de 2000 habitantes para el tratamiento de dichas aguas.
\nSENTIDO DEL FALLO: No ha lugar al recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3975,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Miryam Quintanilla Navarro","cargo-autor":"Funcionaria de carrera y Doctora en Derecho","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[51,63],"autor-post":[171],"class_list":["post-3974","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisprudencia","tag-autonomia-local","tag-competencias","autor-post-miryam-quintanilla-navarro"],"yoast_head":"\nLa competencia de los municipios con poblaci\u00f3n inferior a 2000 habitantes en relaci\u00f3n con el tratamiento o depuraci\u00f3n de las aguas residuales urbanas. 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