La encomienda de gesti\u00f3n es una t\u00e9cnica de autoorganizaci\u00f3n administrativa que cobr\u00f3 cuerpo, por primera vez en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, en el art\u00edculo 15 de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan. Su objeto versaba sobre la realizaci\u00f3n de \u201cactividades de car\u00e1cter material, t\u00e9cnico\u201do\u201cde servicios\u201d de la competencia de los \u00f3rganos administrativos o de las entidades de derecho p\u00fablico encomendantes. La menci\u00f3n a los \u201cservicios\u201d entra\u00f1\u00f3 una fuerte confusi\u00f3n con la figura de la \u201cencomienda de gesti\u00f3n\u201d a medios propios y servicios t\u00e9cnicos prevista a\u00f1os m\u00e1s tarde en la Ley 30\/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P\u00fablico, en la medida en que se le otorg\u00f3 id\u00e9ntica denominaci\u00f3n, conviviendo as\u00ed dos figuras en textos legales distintos con notas parcialmente coincidentes. La diferencia fundamental ven\u00eda dada porque la encomienda de gesti\u00f3n \u201ccontractual\u201d solo pod\u00eda instrumentarse a trav\u00e9s de entes que tuvieran la consideraci\u00f3n de medio propio, y correlativamente, porque las encomiendas de gesti\u00f3n del citado art\u00edculo 15 no pod\u00edan atribuirse a personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas sujetas a derecho privado, como proscrib\u00eda su apartado 5. <\/s><\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, las causas que pod\u00edan justificar la encomienda se ce\u00f1\u00edan a \u201crazones de eficacia\u201d o \u201ccuando no se posean los medios t\u00e9cnicos id\u00f3neos para su desempe\u00f1o\u201d. La ley aclaraba que la encomienda no supone \u201calteraci\u00f3n de la titularidad de la competencia, aunque s\u00ed de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prev\u00e9n\u201d <\/em>(art\u00edculo 12), aunque el art\u00edculo 15.2 precisaba que no pod\u00eda suponer en ning\u00fan caso cesi\u00f3n \u201cde los elementos sustantivos de su ejercicio\u201d (de la competencia), lo que se ligaba a la responsabilidad atribuida al \u00f3rgano o entidad encomendante para \u201cdictar cuantos actos o resoluciones de car\u00e1cter jur\u00eddico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda\u201d.<\/p>\n\n\n\n Dichos l\u00edmites supon\u00edan, al menos en su literalidad, que toda la actividad material encomendada deb\u00eda estar supeditada a actos o resoluciones jur\u00eddicas que les dieran suficiente cobertura y dictadas por el \u00f3rgano encomendante, lo que entorpec\u00eda claramente el desarrollo \u00e1gil de la encomienda. Como veremos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo critic\u00f3 la imprecisi\u00f3n del art\u00edculo 15 en este punto, ofreciendo una interpretaci\u00f3n un poco m\u00e1s flexible favorable a la posibilidad de que el \u00f3rgano encomendado pudiera realizar algunos tr\u00e1mites administrativos, en particular, los actos denominados de car\u00e1cter interlocutorio.<\/p>\n\n\n\n El vigente art\u00edculo 11 de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, acot\u00f3 ese r\u00e9gimen jur\u00eddico de manera fundamental, al excluir de su \u00e1mbito objetivo las prestaciones propias de los contratos de servicios, de modo que el objeto de la encomienda quedaba reducido a \u201cla realizaci\u00f3n de actividades de car\u00e1cter material o t\u00e9cnico\u201d. Al tiempo,se especificaba de manera expresa la necesidad del car\u00e1cter p\u00fablico de la entidad encomendada. <\/p>\n\n\n\n La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2013, pionera en la materia, confirm\u00f3, en el asunto enjuiciado, la anulaci\u00f3n de una encomienda de gesti\u00f3n por la que se atribu\u00eda el ejercicio de determinadas actividades materiales y de gesti\u00f3n administrativas de registro y clasificaci\u00f3n de contratistas y subcontratistas. Se fijaron, en esta ocasi\u00f3n, unos l\u00edmites objetivos absolutos a la encomienda, al disponer que la encomienda de gesti\u00f3n no pod\u00eda tener afecci\u00f3n en todo aquello que implicase tramitaci\u00f3n de procedimiento administrativo, en el entendido de que ello implicar\u00eda el ejercicio de potestades administrativas, incluso en lo atinente a los actos de mero tr\u00e1mite. As\u00ed, se aseveraba que \u201clas tareas de clasificaci\u00f3n y registro de contratistas y subcontratistas, por los efectos jur\u00eddicos que representan para \u00e9stos, pues es un presupuesto para la participaci\u00f3n en la contrataci\u00f3n administrativa, requieren de actos, que aunque sean de tr\u00e1mite en muchos casos suponen el ejercicio de potestades administrativas\u201d.<\/p>\n\n\n\n La encomienda de gesti\u00f3n no pod\u00eda tener afecci\u00f3n en todo aquello que implicase tramitaci\u00f3n de procedimiento administrativo, en el entendido de que ello implicar\u00eda el ejercicio de potestades administrativas, incluso en lo atinente a los actos de mero tr\u00e1mite.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La posterior Sentencia de 8 de octubre de 2013 hered\u00f3 el dogma, confirmando igualmente la anulaci\u00f3n de una encomienda por inmiscuirse en el ejercicio de potestades administrativas. Nuestro Alto Tribunal subraya la siguiente doctrina:<\/p>\n\n\n\n De un lado,deben acotarse los elementos de la competencia objeto de encomienda a los que no sean importantes, fundamentales o esenciales.<\/p>\n\n\n\n De otro, se afirma que el objeto de la encomienda debe ce\u00f1irse a la realizaci\u00f3n de actividades de car\u00e1cter material, t\u00e9cnico o de servicios; de manera que solo ser\u00e1 posible acudir a la encomienda para o en relaci\u00f3n con potestades administrativas cuyo ejercicio requiera, adem\u00e1s de la adopci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, la realizaci\u00f3n de actividades reales, de contenido material, t\u00e9cnico o prestacional, \u201csiendo solo a estas, no a aquellos, a las que ha de ce\u00f1irse la encomienda\u201d.<\/p>\n\n\n\n En \u00faltimo lugar, se aclara que \u00abcuantos\u00bb actos o resoluciones de car\u00e1cter jur\u00eddico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, han de ser dictados por el \u00f3rgano o entidad encomendante.<\/p>\n\n\n\n Se concluye, por tanto, que \u201cla adopci\u00f3n de todo acto o resoluci\u00f3n de car\u00e1cter jur\u00eddico que sirva de soporte a la actividad material encomendada, o en el que se integre esta, por requerirlo, debe quedar fuera de las posibilidades de decisi\u00f3n del \u00f3rgano o entidad a cuyo favor se hace la encomienda\u201d.<\/p>\n\n\n\n La adopci\u00f3n de todo acto o resoluci\u00f3n de car\u00e1cter jur\u00eddico que sirva de soporte a la actividad material encomendada, o en el que se integre esta, por requerirlo, debe quedar fuera de las posibilidades de decisi\u00f3n del \u00f3rgano o entidad a cuyo favor se hace la encomienda.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n En este punto la sentencia moteja, como ya anticipamos, la imprecisi\u00f3n del art\u00edculo 15.2 \u2014de la que peca igualmente el vigente art\u00edculo 11\u2014, echando en falta una acotaci\u00f3n que permitiera a la encomienda comprender la adopci\u00f3n de decisiones estrictamente interlocutorias, solo las de mero impulso o de mero tr\u00e1mite, y siempre bajo la premisa de que concurrieran razones de eficacia, o para no entorpecer innecesariamente el desempe\u00f1o de la encomienda.<\/p>\n\n\n\n Con ese limitado alcance es como interpreta el precepto el Tribunal Supremo, reduciendo el margen objetivo de la encomienda a esas limitadas decisiones interlocutorias, en la medida en que no pasar\u00edan de ser \u201cun mero instrumento de la actividad material, a la que no dar\u00edan soporte, ni en las que tampoco se integrar\u00eda \u00e9sta en s\u00ed misma\u201d.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, nuestro Alto Tribunal se abre en esta sentencia, a diferencia de la anterior, a permitir un \u00e1mbito objetivo menos estrecho de la encomienda, de modo que para el desarrollo de las actuaciones materiales o t\u00e9cnicas ser\u00eda dable permitir al \u00f3rgano encomendado la llevanza y el dictado de ciertos actos administrativos, solo los que denomina de car\u00e1cter interlocutorio, lo que debe interpretarse de manera restrictiva en nuestra opini\u00f3n, atendiendo a su significaci\u00f3n gramatical, limit\u00e1ndose a las meras notificaciones dirigidas a los interesados y a la recepci\u00f3n de los escritos de estos. Se sigue vedando al objeto de encomienda el traslado, sin m\u00e1s, de la tramitaci\u00f3n de procedimientos administrativos en el \u00f3rgano encomendado.<\/p>\n\n\n\n Nuestro Alto Tribunal se abre<\/strong> a permitir un \u00e1mbito objetivo menos estrecho de la encomienda, de modo que para el desarrollo de las actuaciones materiales o t\u00e9cnicas ser\u00eda dable permitir al \u00f3rgano encomendado la llevanza y el dictado de ciertos actos administrativos, solo los que denomina de car\u00e1cter interlocutorio.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Esta doctrina sirve de partida para delimitar tambi\u00e9n el \u00e1mbito objetivo de los encargos a medios propios, conforme apunta la Sentencia 1160\/2020, de 14 de septiembre, del Tribunal Supremo, manteniendo esta misma l\u00ednea interpretativa restrictiva, suavizada despu\u00e9s por la Sentencia 469\/2023, de 12 de abril, si concurren circunstancias extraordinarias (doctrina confirmada por las posteriores sentencias 1340\/2023, de 26 de octubre, y 236\/2024, de 12 de febrero).<\/p>\n\n\n\n Autor\/a: Fernando Luque Regueiro<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Supremo veta el traslado de la tramitaci\u00f3n de procedimientos administrativos a trav\u00e9s de la encomienda de gesti\u00f3n, permitiendo solo al \u00f3rgano encomendado el dictado de actos administrativos de car\u00e1cter interlocutorio.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3967,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Fernando Luque Regueiro","cargo-autor":"Letrado de la Comunidad de Madrid","foto-autor":"3966"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[59,142],"autor-post":[184],"class_list":["post-3965","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-contratos","tag-procedimiento-administrativo","autor-post-fernando-luque-regueiro"],"yoast_head":"\n\n
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