{"id":3912,"date":"2024-11-27T07:30:00","date_gmt":"2024-11-27T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3912"},"modified":"2024-12-18T14:16:44","modified_gmt":"2024-12-18T13:16:44","slug":"sobre-la-independencia-funcional-de-los-tribunales-administrativos-de-recursos-contractuales-locales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/sobre-la-independencia-funcional-de-los-tribunales-administrativos-de-recursos-contractuales-locales\/","title":{"rendered":"Sobre la independencia funcional de los tribunales administrativos de recursos contractuales locales"},"content":{"rendered":"\n<p>Hace muy pocas semanas, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc\u00eda (en adelante, TARCJA) dictaba su <a href=\"https:\/\/www.juntadeandalucia.es\/sites\/default\/files\/2024-10\/Resolucion_450_24_Recurso_409_24.pdf\">Resoluci\u00f3n n\u00fam. 450\/2024, de 11 de octubre<\/a>, en la que se inadmit\u00eda a tr\u00e1mite un recurso especial en material de contrataci\u00f3n p\u00fablica. El motivo de inadmisi\u00f3n se fundaba en la falta de competencia del TARCJA para resolver dicha reclamaci\u00f3n, puesto que esta correspond\u00eda al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputaci\u00f3n de C\u00e1diz.<\/p>\n\n\n\n<p>Este hecho, en s\u00ed mismo, no resulta especialmente relevante, por cuanto la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico (en adelante, LCSP), permite que los ayuntamientos de los municipios de gran poblaci\u00f3n y las diputaciones provinciales puedan crear sus propios \u00f3rganos de recursos contractuales (art. 46.4 LCSP). Y as\u00ed ha sido como varias entidades locales \u2014entre ellas, la Diputaci\u00f3n Provincial de C\u00e1diz\u2014 han creado sus respectivos tribunales administrativos de recursos contractuales (en adelante, TARC)<a id=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora bien, al hilo de dicha Resoluci\u00f3n, el TARCJA aprovecha para, <em>obiter dicta<\/em>, preguntarse sobre las garant\u00edas de independencia funcional que ofrecen estos tribunales de recursos contractuales locales. Sobre todo, en lo que se refiere a su composici\u00f3n y la posibilidad de compatibilizar el nombramiento como miembro de dichos tribunales con el servicio activo en la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Efectivamente, tal y como tuvimos ocasi\u00f3n de analizar de forma amplia muy recientemente<a id=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>, esta resulta una cuesti\u00f3n controvertida. Aunque algunas normas auton\u00f3micas han previsto, de forma expresa, que la designaci\u00f3n como miembro de los TARC supone el ejercicio de dicho cargo con dedicaci\u00f3n exclusiva<a id=\"_ftnref3\" href=\"#_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>, lo cierto es que podemos encontrar otros supuestos en los cuales las normas reguladoras de los diferentes \u00f3rganos de recursos contractuales s\u00ed que permiten compatibilizar este cargo con el puesto de trabajo en la Administraci\u00f3n<a id=\"_ftnref4\" href=\"#_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>En nuestra opini\u00f3n, esta posible acumulaci\u00f3n de funciones en los miembros de los TARC resulta problem\u00e1tica porque, aunque es innegable que se aplican las causas de abstenci\u00f3n y recusaci\u00f3n previstas actualmente en la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, tal como deslizaba la Resoluci\u00f3n del TARCJA, se podr\u00eda cuestionar la independencia funcional del \u00f3rgano.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>En nuestra opini\u00f3n,<\/strong> <strong>esta posible acumulaci\u00f3n de funciones en los miembros de los TARC resulta problem\u00e1tica.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En efecto, los cometidos que se atribuyen a los empleados p\u00fablicos en una determinada Administraci\u00f3n \u2014muy especialmente, si estos intervienen de alguna manera en la gesti\u00f3n de la contrataci\u00f3n p\u00fablica\u2014 pueden resultar dif\u00edcilmente compatibles con las tareas resolutorias que se asignan a los miembros de los TARC. En otras palabras, esta acumulaci\u00f3n de funciones puede hacernos dudar seriamente de que dichos empleados p\u00fablicos puedan adquirir, tal y como se\u00f1alaba la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/es\/TXT\/?uri=CELEX%3A62014CJ0203\">STJUE de 6 de octubre de 2015, as. C-203\/14, <em>Consorci Sanitari del Maresme<\/em>,<\/a> \u201cla condici\u00f3n de tercero con respecto a la autoridad que adopt\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida\u201d (FJ 19).<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente, al hilo de estas consideraciones, podemos citar el <a href=\"https:\/\/contractacio.gencat.cat\/ca\/gestionar-contractacio\/cercador-informes-jcca-es\/index.html#\/detail?id=1254\">Informe n\u00fam. 9\/2013, de 26 de julio,<\/a> de la Junta Consultiva de Contrataci\u00f3n Administrativa de la Generalitat de Catalu\u00f1a, en el que, al analizar la composici\u00f3n y las caracter\u00edsticas de los \u00f3rganos de resoluci\u00f3n de recursos especiales en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica de las entidades locales, parece compartir este planteamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>En concreto, la Junta Consultiva catalana considera que la necesaria independencia del \u00f3rgano colegiado para la resoluci\u00f3n de los recursos contractuales implica, con car\u00e1cter general, que este \u201cest\u00e9 integrado por miembros que no tengan ninguna vinculaci\u00f3n con el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n o con la mesa de contrataci\u00f3n u otro \u00f3rgano que lo asista\u201d. De ah\u00ed que la mencionada Junta Consultiva entienda que, en consecuencia, no podr\u00edan formar parte del \u00f3rgano de recursos ni el personal del correspondiente servicio de contrataci\u00f3n ni los miembros del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, ni tampoco los miembros de la mesa de contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La Junta Consultiva catalana considera que la necesaria independencia del \u00f3rgano colegiado para la resoluci\u00f3n de los recursos contractuales implica, con car\u00e1cter general,<\/strong> <strong>que este \u201cest\u00e9 integrado por miembros que<\/strong> <strong>no tengan ninguna vinculaci\u00f3n con el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n o con la mesa de contrataci\u00f3n u otro \u00f3rgano que lo asista\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En definitiva, la garant\u00eda de independencia funcional de los TARC, impuesta por el derecho europeo y la LCSP, puede llevarnos a limitar notablemente las personas que pueden integrar dicho \u00f3rgano. Lo cual nos plantea, adem\u00e1s, otra paradoja: \u00bfC\u00f3mo aseguramos la capacitaci\u00f3n profesional de los miembros de los TARC si, precisamente, deber\u00edamos excluir de la participaci\u00f3n en dichos \u00f3rganos a aquellos empleados p\u00fablicos que intervengan directamente en la gesti\u00f3n de la contrataci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo aseguramos la capacitaci\u00f3n profesional de los miembros de los TARC si, precisamente, deber\u00edamos excluir de la participaci\u00f3n en dichos \u00f3rganos a aquellos empleados p\u00fablicos que intervengan directamente en la gesti\u00f3n de la contrataci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En el \u00e1mbito local, la respuesta a esta pregunta no resulta balad\u00ed porque, aunque las consideraciones anteriores resultan extensibles a todos los niveles de gobierno y administraci\u00f3n, es en este \u00e1mbito territorial donde las diferentes Administraciones p\u00fablicas cuentan con menos efectivos personales y, por lo tanto, donde seguramente resulta m\u00e1s proclive la acumulaci\u00f3n de funciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Marc Vilalta Reixach<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> Sobre la realidad de la planta local de los tribunales administrativos de recursos contractuales en Espa\u00f1a nos remitimos a <a href=\"https:\/\/gobiernolocal.org\/hacia-un-mejor-control-de-la-contratacion-publica-local-los-tribunales-administrativos-de-recursos-contractuales\/\">Gracia Retortillo, R. (2024). El dise\u00f1o de la planta de los tribunales administrativos de recursos contractuales: marco normativo y realidad emp\u00edrica. En A. Gal\u00e1n Gal\u00e1n (dir.). <em>Hacia un mejor control de la contrataci\u00f3n p\u00fablica local: los tribunales administrativos de recursos contractuales <\/em>(pp. 121-152). Madrid: Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> <a href=\"https:\/\/gobiernolocal.org\/hacia-un-mejor-control-de-la-contratacion-publica-local-los-tribunales-administrativos-de-recursos-contractuales\/\">Vilalta Reixach, M. (2024). La independencia funcional de los tribunales administrativos de recursos contractuales. En A. Gal\u00e1n Gal\u00e1n (dir.). <em>Hacia un mejor control de la contrataci\u00f3n p\u00fablica local: los tribunales administrativos de recursos contractuales <\/em>(pp. 85-119). Madrid: Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> Es el caso, por ejemplo, del art. 120.1 de la Ley 11\/2023, de 30 de marzo, de uso estrat\u00e9gico de la contrataci\u00f3n p\u00fablica de la Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n; o, impl\u00edcitamente, del art. 45.4 de la LCSP.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> Podemos citar, entre otros, el Reglamento del Tribunal Administrativo de Contrataci\u00f3n P\u00fablica de la Diputaci\u00f3n Provincial de Granada (BOP Granada, n\u00fam. 250, de 31 de diciembre de 2012, pp. 96-99), en el que, sin hacer ninguna menci\u00f3n al r\u00e9gimen de dedicaci\u00f3n de los miembros del tribunal, se afirma que estos percibir\u00e1n las asistencias correspondientes a las sesiones de dicho Tribunal (art. 4.5 de dicho Reglamento). O tambi\u00e9n el art. 121.5 de la Ley Foral 2\/2018, de 13 de abril, de Contratos P\u00fablicos de Navarra.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfSon los tribunales administrativos de recursos contractuales locales realmente \u00f3rganos independientes funcionalmente? A ra\u00edz de las consideraciones expresadas recientemente por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc\u00eda, este post analiza algunos aspectos problem\u00e1ticos de su composici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3914,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Marc Vilalta Reixach","cargo-autor":"Profesor de Derecho Administrativo. 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