{"id":3893,"date":"2024-11-20T07:30:00","date_gmt":"2024-11-20T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3893"},"modified":"2024-12-18T14:17:51","modified_gmt":"2024-12-18T13:17:51","slug":"la-potestad-sancionadora-de-los-tribunales-administrativos-de-recursos-contractuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-potestad-sancionadora-de-los-tribunales-administrativos-de-recursos-contractuales\/","title":{"rendered":"La potestad sancionadora de los tribunales administrativos de recursos contractuales"},"content":{"rendered":"\n

La configuraci\u00f3n de la temeridad y la mala fe, en el contexto de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, se ha abordado desde distintos \u00e1ngulos. Tanto a nivel normativo como doctrinalmente, a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de dicha potestad discrecional por los tribunales administrativos de recursos contractuales y por la jurisprudencia.<\/p>\n\n\n\n

Fruto del trabajo de campo realizado en el presente estudio, se puede evidenciar que los tribunales administrativos de recursos contractuales no siempre responden del mismo modo en circunstancias similares, ante la petici\u00f3n de sanci\u00f3n que formulan los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n cuando se ha interpuesto un recurso especial con escasa o inexistente viabilidad jur\u00eddica, causando un perjuicio patente y acreditado al ente del sector p\u00fablico que ha promovido el contrato.<\/p>\n\n\n\n

\n

Los tribunales administrativos de recursos contractuales no siempre responden del mismo modo en circunstancias similares.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Este perjuicio, en la mayor\u00eda de los casos, no se ve resarcido en las situaciones en que se acaba imponiendo una sanci\u00f3n, dado que el coste p\u00fablico de tramitaci\u00f3n del recurso \u2014tanto del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n como del tribunal de recursos que lo conoce y resuelve\u2014 se considera mayor que el importe de la sanci\u00f3n, que resulta ser, habitualmente, de 1000 euros, es decir, el m\u00ednimo establecido por la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, por la que se transponen al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\/23\/UE y 2014\/24\/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, siendo cierto que es un derecho de cualquier persona interesada poder accionar esta v\u00eda de revisi\u00f3n, no es menos cierto que la interposici\u00f3n del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n debe observar siempre los est\u00e1ndares de buena fe e idoneidad en su articulaci\u00f3n. Es as\u00ed por la consecuencia que el art\u00edculo 53 de la LCSP prev\u00e9 que se puede derivar de su mera interposici\u00f3n, esto es, la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica del procedimiento de contrataci\u00f3n con efectos ope legis<\/em>, cuando se formula contra el acuerdo de adjudicaci\u00f3n del contrato.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, por la mera interposici\u00f3n del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de un contrato, se suspende la tramitaci\u00f3n del procedimiento de contrataci\u00f3n. Adem\u00e1s, dicha suspensi\u00f3n tambi\u00e9n puede requerirse por la parte interesada mediante la solicitud de medidas cautelares, al amparo de lo establecido en el art\u00edculo 49 de la LCSP, cuando el recurso especial se dirige contra cualquier otro acto de distinta naturaleza, produci\u00e9ndose los mismos efectos que para el supuesto anterior.<\/p>\n\n\n\n

Este hecho cobra importancia porque, ya sea por la v\u00eda de interposici\u00f3n del recurso especial contra los actos de adjudicaci\u00f3n de los contratos, o por la v\u00eda de solicitud de las medidas cautelares, el procedimiento de contrataci\u00f3n puede quedar en suspenso, prescindiendo \u2014en el primero de los casos\u2014 de las instituciones del fumus boni iuris<\/em> y del periculum in mora<\/em> para tomar la decisi\u00f3n de suspender el procedimiento de contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, no podemos olvidar que un instrumento de contrataci\u00f3n p\u00fablica no persigue otra cosa que cumplir con una finalidad institucional, con la consecuci\u00f3n de un servicio p\u00fablico o con la implantaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas dise\u00f1adas por la organizaci\u00f3n del sector p\u00fablico que ha promovido el expediente de contrataci\u00f3n, y por estos motivos estamos ante una cuesti\u00f3n de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n\n\n

Por todo ello, y con la finalidad de garantizar que las personas interesadas interpongan el recurso especial en materia de contrataci\u00f3n sin visos de mala fe, ni de temeridad, el legislador ordinario ha previsto en el art\u00edculo 58 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP<\/a>) \u2014y en textos legislativos anteriores\u2014 la potestad sancionadora, la cual puede ser ejercida por los tribunales administrativos de recursos contractuales, para evitar que se incurra en abuso de derecho con la interposici\u00f3n de este instrumento de revisi\u00f3n, y salvaguardar la agilidad en la resoluci\u00f3n que ha caracterizado siempre a los tribunales administrativos de recursos contractuales \u2014y seguir garantizando el mandato del legislador europeo de proveer a las personas interesadas de un sistema de recursos, en esta materia, que sea \u00e1gil y eficiente\u2014.<\/p>\n\n\n\n

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Con la finalidad de garantizar que las personas interesadas interpongan el recurso especial en materia de contrataci\u00f3n sin visos de mala fe, ni de temeridad, el legislador ordinario ha previsto en el art\u00edculo 58 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico<\/strong> la potestad sancionadora, la cual puede ser ejercida por los tribunales administrativos de recursos contractuales, para evitar que se incurra en abuso de derecho con la interposici\u00f3n de este instrumento de revisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Este precepto establece que el importe de la multa ser\u00e1 de entre 1000 y 30 000 euros, determin\u00e1ndose su cuant\u00eda en funci\u00f3n de la mala fe apreciada por el TARC y del perjuicio ocasionado al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n y a los restantes licitadores, as\u00ed como del c\u00e1lculo de los beneficios obtenidos. Se ingresar\u00e1 en todo caso en el Tesoro P\u00fablico y la horquilla aqu\u00ed establecida podr\u00e1 ser actualizada por Orden del Ministro de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto puede ser natural plantearse la naturaleza jur\u00eddica de las sanciones impuestas por los tribunales administrativos de recursos contractuales. Es decir, \u00bfrealmente estamos ante una potestad sancionadora t\u00edpica, ejercida con ius puniendi<\/em> del Estado, o es una instituci\u00f3n de otra naturaleza? <\/strong>Ello es as\u00ed porque el derecho administrativo sancionador espa\u00f1ol se ha concebido como una suma de derechos sancionadores administrativos especiales. Es un sistema a\u00fan pendiente de construcci\u00f3n, hu\u00e9rfano de coherencia, sistem\u00e1tica y seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfRealmente estamos ante una potestad sancionadora t\u00edpica, ejercida con ius puniendi<\/em> del Estado, o es una instituci\u00f3n de otra naturaleza?<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ahora bien, a partir de la jurisprudencia se puede deducir un concepto de sanci\u00f3n administrativa, y los autores han realizado un esfuerzo te\u00f3rico de construcci\u00f3n de una definici\u00f3n. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha recogido recientemente, a trav\u00e9s de la Sentencia 23\/2022, de 21 de febrero de 2022, la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han tratado el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha advertido sobre la improcedencia de extender indebidamente la idea de sanci\u00f3n \u2014con la finalidad de obtener la aplicaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionalmente propias de este campo\u2014 a medidas que no responden al ejercicio del ius puniendi<\/em> del Estado o no tienen una verdadera naturaleza de castigos. De manera que ni el nomen iuris<\/em> empleado por la Administraci\u00f3n o asignado por la ley, ni la clara voluntad del legislador de excluir una medida del \u00e1mbito sancionador, constituyen un dato decisivo a la hora de precisar si los art\u00edculos 24.2 y 25.1 de la CE resultan aplicables.<\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal Constitucional ha advertido sobre la improcedencia de extender indebidamente la idea de sanci\u00f3n<\/strong> a medidas que no responden al ejercicio del ius puniendi<\/em> del Estado o no tienen una verdadera naturaleza de castigos.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Y respecto al principio acusatorio, fundamental en el procedimiento sancionador tal y como se acaba de anunciar, el Tribunal Supremo tambi\u00e9n se ha pronunciado de forma relativamente reciente, a trav\u00e9s de la Sentencia n\u00famero 1382\/2020, de 22 de octubre de 2020. En esta Sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fij\u00f3 como doctrina que el principio acusatorio, que constituye una de las garant\u00edas estructurales del proceso penal, cuya protecci\u00f3n se reconoce por el art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n, vinculado al derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las garant\u00edas y al derecho a ser informado de la acusaci\u00f3n, debe modularse cuando se trate de su aplicaci\u00f3n en el procedimiento administrativo sancionador.<\/p>\n\n\n\n

Todas estas cuestiones, y otras coadyuvantes, se analizan en la obra: Hacia un mejor control de la contrataci\u00f3n p\u00fablica local: los tribunales administrativos de recursos contractuales<\/a>, <\/em>n\u00famero 44 de la Serie Claves del Gobierno Local.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Ernest Alemany Selle<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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La potestad sancionadora de los tribunales administrativos de recursos contractuales (TARC) ha generado mucho debate en los \u00faltimos a\u00f1os por varias razones: porque a\u00fan no existe un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre si estamos ante un verdadero ius puniendi del Estado, y porque cada TARC ejerce esta potestad de forma distinta respecto a los dem\u00e1s. Por todo ello, y por otras razones que se tratan en este post, se intenta conceptualizar esta potestad, haciendo uso, tambi\u00e9n, de un trabajo de campo.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3894,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Ernest Alemany Selle","cargo-autor":"Doctorando de Derecho Administrativo (UB). 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