{"id":3886,"date":"2024-11-13T07:30:00","date_gmt":"2024-11-13T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3886"},"modified":"2024-11-12T08:08:40","modified_gmt":"2024-11-12T07:08:40","slug":"la-omision-reglamentaria-en-la-reciente-jurisprudencia-del-tribunal-supremo-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-omision-reglamentaria-en-la-reciente-jurisprudencia-del-tribunal-supremo-2\/","title":{"rendered":"La omisi\u00f3n reglamentaria en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo"},"content":{"rendered":"\n<p>El Tribunal Supremo, en sus sentencias 300\/2023, de 8 marzo<a id=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>, 1252\/2023, de 16 octubre<a id=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>, y 1038\/2023, de 18 julio<a id=\"_ftnref3\" href=\"#_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>, se ha pronunciado sobre tres casos en los que los demandantes le solicitaban que pusiera fin a una situaci\u00f3n de \u201comisi\u00f3n reglamentaria\u201d generada por la inactividad de la Administraci\u00f3n General del Estado, situaci\u00f3n que se produce, en palabras del mismo tribunal, cuando \u201cresulte legal o constitucionalmente debido el dictado de una disposici\u00f3n de car\u00e1cter general para el establecimiento de una previsi\u00f3n o prestaci\u00f3n concreta, y la Administraci\u00f3n no lo haga\u201d<a id=\"_ftnref4\" href=\"#_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>En todas ellas se parte del mismo planteamiento te\u00f3rico general en virtud del cual la obligaci\u00f3n de acometer el desarrollo reglamentario de una ley cuando viene exigido por esta es una obligaci\u00f3n jur\u00eddica vinculante, no meramente facultativa o discrecional, y \u201cconstituye un deber a cargo de la Administraci\u00f3n siempre que la efectividad y aplicabilidad de la ley dependan del complemento reglamentario y cu\u00e1ndo, con mayor raz\u00f3n, es la propia ley quien expresamente encarga dicho desarrollo normativo\u201d<a id=\"_ftnref5\" href=\"#_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El desarrollo reglamentario de una ley cuando viene exigido por esta es una obligaci\u00f3n jur\u00eddica vinculante, no meramente facultativa o discrecional, y constituye un deber a cargo de la Administraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Las tres sentencias coinciden tambi\u00e9n en se\u00f1alar condiciones y limitaciones de los tribunales para determinar la procedencia y el alcance de la obligaci\u00f3n de dictar reglamentos en el supuesto de su omisi\u00f3n injustificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Se exige, en primer lugar, que exista un mandato \u201cclaro e incondicionado\u201d<a id=\"_ftnref6\" href=\"#_ftn6\"><sup>[6]<\/sup><\/a> de llevar a cabo ese desarrollo reglamentario.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Se exige<\/strong> <strong>que exista un mandato \u201cclaro e incondicionado\u201d de llevar a cabo ese desarrollo reglamentario.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>As\u00ed, por no cumplir este requisito, el alto tribunal rechaz\u00f3, frente a los argumentos de la Asociaci\u00f3n para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (ADNSV), exigir a la Administraci\u00f3n General del Estado la aprobaci\u00f3n de un reglamento que incluyera la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de todas las especies incluidas en el Cat\u00e1logo de Especies Protegidas. El Tribunal Supremo ha entendido que los preceptos en los que se fundamentaba la demanda, el art\u00edculo 45 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y el art\u00edculo 54.1 de la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, \u201crecogen el deber gen\u00e9rico de velar por la protecci\u00f3n del medio ambiente y la biodiversidad, pero no existe un mandato imperativo para dictar una norma reglamentaria con un contenido concreto diferente al ya existente, que pueda ser exigido por la v\u00eda de ejercitar una acci\u00f3n destinada a poner fin a una pretendida inactividad reglamentaria\u201d<a id=\"_ftnref7\" href=\"#_ftn7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Del mismo modo, ha rechazado la pretensi\u00f3n de obligar a la Administraci\u00f3n General del Estado a acometer la modificaci\u00f3n del Plan Nacional Integrado de Energ\u00eda y Clima (PNIEC) en el sentido demandado por Greenpeace Espa\u00f1a y otras asociaciones ecologistas, porque \u201csin que exista una determinaci\u00f3n vinculante derivada del Acuerdo de Par\u00eds o de las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Clim\u00e1tico que imponga un objetivo singular de reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero no inferior al 55% en 2030 respecto a 1990, no podemos estimar la pretensi\u00f3n de la actora respecto de la inactividad administrativa denunciada\u201d<a id=\"_ftnref8\" href=\"#_ftn8\"><sup>[8]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo s\u00ed que observa, sin embargo, tal y como le demandaba la Uni\u00f3n de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la existencia de una omisi\u00f3n reglamentaria injustificada en la falta de desarrollo del mandato, que considera claro y exigible, de la disposici\u00f3n final cuadrag\u00e9sima quinta de la Ley 11\/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022: \u201cEl Gobierno, en el plazo de 6 meses, establecer\u00e1 reglamentariamente una modalidad de contrato de acceso para regad\u00edo que contemplar\u00e1 la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en funci\u00f3n de la necesidad de suministro para esta actividad [&#8230;]\u201d. El alto tribunal ha considerado que, \u201c[n]o habi\u00e9ndose presentado por el representante de la Administraci\u00f3n justificaci\u00f3n suficiente sobre el incumplimiento del plazo por parte del Gobierno para dictar la norma reglamentaria que ten\u00eda encomendada por mandato legal, procede declarar que esa inactividad reglamentaria infringe dicho mandato que goza de una imperatividad es indiscutible\u201d<a id=\"_ftnref9\" href=\"#_ftn9\"><sup>[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta sentencia se ponen de manifiesto tambi\u00e9n los l\u00edmites jurisdiccionales para tratar la omisi\u00f3n reglamentaria una vez, incluso, que se ha apreciado su existencia.<\/p>\n\n\n\n<p>En primer lugar, el incumplimiento del plazo de efectuar el desarrollo reglamentario \u2014afirma el Tribunal Supremo\u2014 tiene naturaleza formal y, por lo tanto, \u201cno lleva aparejada la invalidez del reglamento extempor\u00e1neo, salvo que as\u00ed se establezca expresamente en la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El incumplimiento del plazo de efectuar el desarrollo reglamentario \u2014afirma el Tribunal Supremo\u2014 tiene naturaleza formal y, por lo tanto, no lleva aparejada la invalidez del reglamento extempor\u00e1neo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En segundo lugar, y de forma destacada, se afirma: \u201cEl principio de separaci\u00f3n de poderes impide que la funci\u00f3n jurisdiccional se transforme en funci\u00f3n administrativa de modo que, no pudiendo el juez situarse en la posici\u00f3n de la Administraci\u00f3n para integrar materialmente el contenido de la actividad debida\u201d. Por ello, aunque se apunte la posibilidad te\u00f3rica de que los posibles perjudicados por el retraso del desarrollo reglamentario soliciten ser indemnizados por la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n, se entiende que \u201csolo le queda impulsar o compeler la producci\u00f3n de esta por otros medios a su alcance\u201d<a id=\"_ftnref10\" href=\"#_ftn10\"><sup>[10]<\/sup><\/a>, y dicha \u201cdeclaraci\u00f3n trae como consecuencia la condena a la Administraci\u00f3n para que, en el plazo de seis meses, elabore, apruebe y promulgue la norma reglamentaria a la que est\u00e1 obligada\u201d<a id=\"_ftnref11\" href=\"#_ftn11\"><sup>[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo, a fin de cuentas, pese a reconocer la existencia de un incumplimiento legal, se limita a reiterar la obligaci\u00f3n de desarrollo reglamentario en el plazo originalmente establecido, obligaci\u00f3n cuya existencia ya era clara y manifiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta jurisprudencia, que como reconoce el propio Tribunal Supremo es, \u201csin duda, restrictiva en relaci\u00f3n con el control de las omisiones reglamentarias, tanto desde el punto de vista formal de su acceso a la jurisdicci\u00f3n como desde el punto de vista material o sustantivo, referido al contenido y alcance que corresponde a la funci\u00f3n revisora del tribunal\u201d, es ciertamente relevante para las entidades locales, ya que, con frecuencia, las disposiciones legislativas del Estado y de las comunidades aut\u00f3nomas incluyen el mandato de que aprueben o modifiquen sus ordenanzas para cumplir con los objetivos que estas se\u00f1alan.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, por ejemplo, se puede citar, entre las m\u00e1s recientes, la exigencia de adaptar sus ordenanzas a los mandatos de la Ley 7\/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una econom\u00eda circular<a id=\"_ftnref12\" href=\"#_ftn12\"><sup>[12]<\/sup><\/a>, o al Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana<a id=\"_ftnref13\" href=\"#_ftn13\"><sup>[13]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>Juan Quereda Sabater<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a id=\"_ftn1\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 300\/2023, de 8 marzo (recurso 431\/2021, ECLI:ES:TS:2023:846).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 1252\/2023, de 16 octubre (recurso 329\/2022, ECLI:ES:TS:2023:4308).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 1038\/2023, de 18 julio (recurso 265\/2020, ECLI:ES:TS:2023:3410).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 1252\/2023, de 16 octubre (recurso 329\/2022, ECLI:ES:TS:2023:4308), FJ 3.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> STS 300\/2023, de 8 marzo, ECLI:ES:TS:2023:846, FJ 4.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 1252\/2023, de 16 octubre (recurso 329\/2022, ECLI:ES:TS:2023:4308), FJ 3.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 1252\/2023, de 16 octubre (recurso 329\/2022, ECLI:ES:TS:2023:4308), FJ 3.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 1038\/2023, de 18 julio (recurso 265\/2020, ECLI:ES:TS:2023:3410), FJ 6.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 300\/2023, de 8 marzo (recurso 431\/2021, ECLI:ES:TS:2023:846), FJ 7.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 300\/2023, de 8 marzo (recurso 431\/2021, ECLI:ES:TS:2023:846), FJ 5.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a> Sentencia Tribunal Supremo 300\/2023, de 8 marzo (recurso 431\/2021, ECLI:ES:TS:2023:846), FJ 7.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a> Ver la disposici\u00f3n final octava de dicha ley.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a> Ver su disposici\u00f3n transitoria \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las leyes estatales y auton\u00f3micas incluyen con frecuencia el mandato del desarrollo reglamentario de algunos de sus preceptos. \u00bfQu\u00e9 ocurre si la Administraci\u00f3n p\u00fablica competente omite este mandato? Analizamos aqu\u00ed tres recientes sentencias del Tribunal Supremo en las que fija las condiciones y los l\u00edmites de la intervenci\u00f3n jurisdiccional para solventar estos incumplimientos.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3889,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Juan Quereda Sabater","cargo-autor":"Funcionario del Cuerpo de T\u00e9cnicos de Administraci\u00f3n General de la Comunidad de Madrid","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[167,27,117],"autor-post":[42],"class_list":["post-3886","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-ordenanzas-municipales","tag-potestad-reglamentaria","tag-responsabilidad","autor-post-juan-quereda-sabater"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La omisi\u00f3n reglamentaria en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-omision-reglamentaria-en-la-reciente-jurisprudencia-del-tribunal-supremo-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La omisi\u00f3n reglamentaria en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Las leyes estatales y auton\u00f3micas incluyen con frecuencia el mandato del desarrollo reglamentario de algunos de sus preceptos. \u00bfQu\u00e9 ocurre si la Administraci\u00f3n p\u00fablica competente omite este mandato? 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