{"id":3872,"date":"2024-11-06T07:29:00","date_gmt":"2024-11-06T06:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3872"},"modified":"2024-11-05T11:33:57","modified_gmt":"2024-11-05T10:33:57","slug":"la-proteccion-del-denunciante-ha-concluido-o-no-con-la-ley-2-2023-razonamientos-y-conclusion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-proteccion-del-denunciante-ha-concluido-o-no-con-la-ley-2-2023-razonamientos-y-conclusion\/","title":{"rendered":"\u00bfLa protecci\u00f3n del denunciante ha concluido o no con la Ley 2\/2023? Razonamientos y conclusi\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El art. 1 de la Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n (Ley 2\/2023, en adelante) declara, en su primer apartado, que la finalidad de la norma es \u201cotorgar una protecci\u00f3n adecuada frente a las represalias que puedan sufrir aquellos que informen sobre infracciones normativas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El cometido de este post<\/em> es poner de manifiesto que no podemos pensar que estamos cumpliendo con el derecho de la Uni\u00f3n Europea aprobando exclusivamente la Ley 2\/2023 o poniendo en funcionamiento los sistemas y canales internos de informaci\u00f3n. A juicio de quien escribe estas l\u00edneas, la transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n \u2014Directiva (UE) 2019\/1937, en adelante\u2014 exige realizar m\u00e1s actuaciones que las apuntadas, sobre todo si nuestro deseo es intentar que se presenten m\u00e1s denuncias y, en definitiva, que m\u00e1s vulneraciones del ordenamiento jur\u00eddico salgan a la luz sin que ello perjudique a quienes las formulan.<\/p>\n\n\n\n

1.er<\/sup> motivo: La imposibilidad de realizar comunicaciones a trav\u00e9s del canal externo, debido a que no se han establecido con car\u00e1cter generalizado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, conviene recordar lo dispuesto en la Ley 2\/2023: \u201cEn el plazo de un a\u00f1o desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Ministros aprobar\u00e1 mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I., en el que se establecer\u00e1n las disposiciones oportunas sobre organizaci\u00f3n, estructura, funcionamiento, as\u00ed como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas mediante esta ley\u201d. La Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante no estaba todav\u00eda operativa el 13 de marzo de 2024, que era la fecha tope se\u00f1alada por el texto legal.<\/p>\n\n\n\n

Al amparo de la letra a) del art. 27.1 de la Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Consejo de Ministros adopt\u00f3, el 28 de marzo de 2023, un acuerdo por el que se autorizaba la tramitaci\u00f3n administrativa urgente del proyecto de real decreto por el que se aprobar\u00eda el Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente de Protecci\u00f3n del Informante. Sin embargo, solo podemos constatar lo siguiente: a) el citado real decreto no se ha aprobado a\u00fan; b) la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo de mayo de 2024 ofrece una parca explicaci\u00f3n sobre las circunstancias extraordinarias que justificar\u00edan la tramitaci\u00f3n urgente de esta iniciativa normativa (\u00bfse pueden realmente explicar las razones de semejante retraso?); y c) toda esta situaci\u00f3n afecta negativamente a la protecci\u00f3n del informante.<\/p>\n\n\n\n

Con el objeto de comprender mejor las nefastas consecuencias que provoca la inexistencia de una Autoridad Administrativa Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, se recomienda leer el art. 43 de la Ley 2\/2023, en el que se detallan las funciones que ya deber\u00eda estar ejerciendo este ente de derecho p\u00fablico de \u00e1mbito estatal; as\u00ed como que el lector se percate de que los sujetos mencionados en el art. 24 de la Ley 2\/2023 no pueden suscribir un convenio, mediante el cual podr\u00eda atribuirse a aquel la competencia relativa a la llevanza del canal externo.<\/p>\n\n\n\n

Teniendo en cuenta que resulta imposible recuperar el tiempo perdido, solo nos queda la esperanza de que el real decreto que finalmente se apruebe ofrezca las garant\u00edas adecuadas respecto de la plena independencia de la que debe gozar el que est\u00e1 llamado a ser un pilar institucional esencial a favor del buen funcionamiento del sector p\u00fablico. Es vital que la independencia tenga un reflejo en el nombre (Autoridad Administrativa Independiente de Protecci\u00f3n del Informante), pero tambi\u00e9n en su r\u00e9gimen jur\u00eddico de actuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la actualidad, dependiendo de la comunidad aut\u00f3noma a la que nos refiramos, el informante podr\u00e1 presentar una denuncia por el canal externo o no, contar\u00e1 con una agencia u oficina antifraude auton\u00f3mica que preste especial atenci\u00f3n a la protecci\u00f3n del denunciante o no, etc. A t\u00edtulo ejemplificativo, en la Comunidad Valenciana cuentan con la Agencia de Prevenci\u00f3n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci\u00f3n de la Comunitat Valenciana, en marzo de este a\u00f1o 2024 se eliminaba la Oficina de Prevenci\u00f3n y Lucha contra la Corrupci\u00f3n en las Islas Baleares, y en la Comunidad Aut\u00f3noma de Galicia habr\u00e1 que estar pendientes de la creaci\u00f3n de la Autoridad Gallega de Protecci\u00f3n de la Persona Informante. A tenor de lo expuesto y los recientes debates abiertos en algunos parlamentos auton\u00f3micos, pensamos que se deber\u00edan rechazar, de una vez por todas, los intentos de instrumentalizar la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante y las autoridades auton\u00f3micas equivalentes en beneficio de los intereses partidistas o cualquier otro.<\/p>\n\n\n\n

2.\u00ba motivo: Cr\u00edticas a la habilitaci\u00f3n reglamentaria contenida en la Ley 2\/2023 y la urgente necesidad de contar con un reglamento que desarrolle esta norma<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el apdo. d) del art. 37.1 de la Ley 2\/2023, los denunciantes acceder\u00e1n al \u201capoyo financiero y psicol\u00f3gico, de forma excepcional, si as\u00ed lo decidiese la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I. tras la valoraci\u00f3n de las circunstancias derivadas de la presentaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n\u201d. Es evidente que esta medida debe ser objeto de desarrollo reglamentario (\u00bfde d\u00f3nde va a salir ese dinero?, \u00bfen qu\u00e9 supuestos excepcionales se va a entregar?, etc.). El problema est\u00e1 en la disposici\u00f3n final d\u00e9cima de la Ley 2\/2023, que habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y la ejecuci\u00f3n de esta ley, pero sin establecer ning\u00fan plazo.<\/p>\n\n\n\n

Otra preocupaci\u00f3n asociada al t\u00edtulo VII de la Ley 2\/2023 es: \u00bfa partir de qu\u00e9 momento y hasta cu\u00e1ndo el denunciante podr\u00e1 beneficiarse de esa protecci\u00f3n? El art. 36.4 de la Ley 2\/2023 establece que \u201cla persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicaci\u00f3n o revelaci\u00f3n una vez transcurrido el plazo de dos a\u00f1os, podr\u00e1 solicitar la protecci\u00f3n de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podr\u00e1 extender el per\u00edodo de protecci\u00f3n\u201d. Es decir, que la protecci\u00f3n dura dos a\u00f1os, pero, como argumenta el Consejo de Estado, la norma europea protege, en principio, frente a todo tipo de represalias, con independencia de si tienen lugar antes, durante o con posterioridad (incluso a\u00f1os despu\u00e9s) al procedimiento de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En otro orden de consideraciones, el legislador estatal guarda un pasmoso silencio respecto a si los canales internos y externos podr\u00e1n utilizarse tambi\u00e9n para solicitar el reconocimiento de los derechos y medidas de protecci\u00f3n establecidos en la Ley 2\/2023 (imaginamos que s\u00ed, pero no se dice nada). El legislador estatal tampoco identifica el momento concreto a partir del cual el denunciante podr\u00e1 solicitar esa protecci\u00f3n y esta podr\u00e1 concederse, ni el sentido del silencio administrativo. El sentido com\u00fan y la normativa auton\u00f3mica nos sugieren que desde el momento en que se acuerde el inicio del procedimiento de investigaci\u00f3n e inspecci\u00f3n. En definitiva, la regulaci\u00f3n estatal es deficitaria e incompleta en algunos aspectos; siendo a veces la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica un buen modelo a seguir[1]<\/sup><\/a>, o la habilitaci\u00f3n para el desarrollo reglamentario una buena oportunidad para aclarar las dudas expresadas.<\/p>\n\n\n\n

3.er<\/sup> motivo: Falta aprobar una Estrategia contra la corrupci\u00f3n, y ser\u00e1 un error no contar con la colaboraci\u00f3n de las entidades locales en su elaboraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Uni\u00f3n Europea, que acaba de publicar su Manual de buenas pr\u00e1cticas contra la corrupci\u00f3n<\/em>, en el que analiza las iniciativas de esta naturaleza de los Estados miembros, nos avisa adem\u00e1s de otra debilidad de Espa\u00f1a: la ausencia de una estrategia nacional. El diagn\u00f3stico de la Uni\u00f3n Europea es correcto. La Ley 2\/2023 pospone, en la disposici\u00f3n adicional quinta, la aprobaci\u00f3n de una Estrategia contra la corrupci\u00f3n, otorgando un plazo m\u00e1ximo de 18 meses, y adem\u00e1s no se contempla la consulta a las entidades locales; a quienes, en cambio, se les ha exigido en tiempo r\u00e9cord poner en marcha los canales internos. En definitiva, entendemos que la elaboraci\u00f3n de la Estrategia contra la corrupci\u00f3n no debe demorarse m\u00e1s, y que en su dise\u00f1o deben participar las tres Administraciones territoriales, pues la corrupci\u00f3n es un problema que afecta a todos.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Andrea Garrido Juncal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> En este sentido, interesa destacar los arts. 36 y 38 de la Ley 2\/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupci\u00f3n en Andaluc\u00eda y protecci\u00f3n de la persona denunciante.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este post se expondr\u00e1n brevemente algunas de las principales tareas que quedan pendientes de realizar para que la Ley 2\/2023 cumpla por fin con su objetivo de luchar contra la corrupci\u00f3n, protegiendo al denunciante.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3873,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Andrea Garrido Juncal","cargo-autor":"Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo. 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