{"id":3862,"date":"2024-10-25T07:30:00","date_gmt":"2024-10-25T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3862"},"modified":"2024-10-24T07:49:01","modified_gmt":"2024-10-24T05:49:01","slug":"regimen-juridico-aplicable-al-procedimiento-de-resolucion-de-los-contratos-publicos-sentencia-del-tribunal-supremo-1259-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/regimen-juridico-aplicable-al-procedimiento-de-resolucion-de-los-contratos-publicos-sentencia-del-tribunal-supremo-1259-2024\/","title":{"rendered":"R\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable al procedimiento de resoluci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos. Sentencia del Tribunal Supremo 1259\/2024"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/2a05f983e6fd495da0a8778d75e36f0d\/20240719\"><strong>Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Tercera) n\u00fam. <\/strong><strong>1259\/2024<\/strong><strong>, de 11 de julio (<\/strong><strong>ECLI:ES:TS:2024:3859)<\/strong><\/a>:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Comunidad Aut\u00f3noma recurrente sostiene que el procedimiento para la resoluci\u00f3n del contrato es un expediente aut\u00f3nomo y con sustantividad propia, por lo que el plazo de caducidad es el previsto en la regulaci\u00f3n vigente en el momento de su tramitaci\u00f3n, no el de la norma sustantiva que rige las causas de resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La vigente Ley de Contratos del Sector P\u00fablico de 2017 fija por primera vez un plazo espec\u00edfico de caducidad para dicho procedimiento de ocho meses, que ha de aplicarse a los procedimientos de resoluci\u00f3n contractual iniciados una vez entrada en vigor dicha ley.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>OPOSICI\u00d3N AL RECURSO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La mercantil recurrida entiende que el expediente de resoluci\u00f3n del contrato debe ser resuelto de conformidad con la regulaci\u00f3n de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico de 2011, seg\u00fan lo dispuesto en la disposici\u00f3n transitoria primera, punto 2, de la Ley de 2017.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La cuesti\u00f3n planteada que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar, en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de caducidad del procedimiento de resoluci\u00f3n contractual de un contrato sujeto a la Ley 30\/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P\u00fablico, incoado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, si est\u00e1 sujeto a los plazos de tramitaci\u00f3n se\u00f1alados en dicha Ley 39\/2015; y si en tal caso, por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la referida Ley 39\/2015, resulta de aplicaci\u00f3n el plazo de ocho meses de tramitaci\u00f3n especial de este tipo de procedimientos, regulado en el art\u00edculo 212.8 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La cuesti\u00f3n planteada que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar, en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de caducidad del procedimiento de resoluci\u00f3n contractual de un contrato sujeto a la Ley 30\/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P\u00fablico, incoado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, si est\u00e1 sujeto a los plazos de tramitaci\u00f3n se\u00f1alados en dicha Ley 39\/2015; y si en tal caso, por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la referida Ley 39\/2015, resulta de aplicaci\u00f3n el plazo de ocho meses de tramitaci\u00f3n especial de este tipo de procedimientos, regulado en el art\u00edculo 212.8 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La cuesti\u00f3n por decidir es cu\u00e1l es el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a un procedimiento de resoluci\u00f3n de un contrato p\u00fablico que fue suscrito bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico de 2011 (Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre), pero cuya resoluci\u00f3n tiene lugar vigente ya la actual Ley de Contratos del Sector P\u00fablico aprobada en 2017 (Ley 9\/2017, de 8 de noviembre). Cuesti\u00f3n que depende del alcance de la disposici\u00f3n transitoria primera, punto 2, de esta \u00faltima ley, y de la autonom\u00eda o dependencia del procedimiento de resoluci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos respecto a la regulaci\u00f3n sustantiva de los mismos.<\/p>\n\n\n\n<p>La Sala de instancia aplica el plazo de caducidad gen\u00e9rico de tres meses establecido en el art\u00edculo 21.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, ante el silencio de la legislaci\u00f3n de contrataci\u00f3n p\u00fablica vigente en 2011 para el procedimiento de resoluci\u00f3n de contratos (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre). Considera la Sala que el texto vigente en 2011 ser\u00eda aplicable al contrato litigioso, firmado el 23 de junio de 2017, por una doble raz\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--80)\">&#8211; La cl\u00e1usula 53 del Pliego de Cl\u00e1usulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco del que deriva el contrato indica de forma expresa que la normativa a aplicar en caso de resoluci\u00f3n contractual es la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico de 2011.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--80)\">&#8211; La disposici\u00f3n transitoria primera, apartado 2, de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico 9\/2017, de 8 de noviembre, establece que los contratos administrativos adjudicados antes de la entrada en vigor de la ley se rigen por la normativa anterior \u00aben cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinci\u00f3n, incluida su modificaci\u00f3n, duraci\u00f3n y r\u00e9gimen de pr\u00f3rrogas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la cuesti\u00f3n es si dichas razones se aplican tambi\u00e9n al procedimiento de resoluci\u00f3n contractual. Es decir, est\u00e1 claro que la regulaci\u00f3n relativa a las causas de resoluci\u00f3n del contrato es la de la normativa de 2011 en virtud de las citadas cl\u00e1usulas de remisi\u00f3n, las cuales se refieren con toda claridad al r\u00e9gimen sustantivo de los contratos administrativos. Pero la cuesti\u00f3n que se debate no es esa, sino la regulaci\u00f3n del propio procedimiento de resoluci\u00f3n, sea cual sea la causa que determine la incoaci\u00f3n del mismo. Y en este sentido, rige la jurisprudencia consolidada de que, en principio y salvo norma expresa en contra, las normas que rigen un procedimiento son las vigentes en el propio momento en que este se aplica.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin duda puede afirmarse que el procedimiento de resoluci\u00f3n de un contrato p\u00fablico es un procedimiento aut\u00f3nomo, como lo demuestra el hecho de que, vigente un contrato, para la resoluci\u00f3n del mismo por cualquiera de las causas legalmente previstas, la Administraci\u00f3n contratante ha de dictar una resoluci\u00f3n de incoaci\u00f3n del procedimiento de resoluci\u00f3n de oficio a instancia del contratante, procedimiento que ha de seguir su tramitaci\u00f3n y que finaliza con una resoluci\u00f3n que deber\u00e1 dictarse dentro del plazo de caducidad que corresponda. Y aunque las causas materiales de resoluci\u00f3n que den causa a la incoaci\u00f3n se rijan de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos p\u00fablicos vigente en el momento de su convocatoria de adjudicaci\u00f3n, dicho procedimiento est\u00e1 sujeto a las normas vigentes en el momento en que se incoa.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con lo expuesto, hemos de responder a la cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional formulada en el auto de admisi\u00f3n de esta sala que el procedimiento de resoluci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos est\u00e1 sometido a las normas vigentes en el momento en que se tramita dicho procedimiento.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El procedimiento de resoluci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos est\u00e1 sometido a las normas vigentes en el momento en que se tramita dicho procedimiento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Autor\/a:\u00a0<strong>Miryam Quintanilla Navarro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tribunal Supremo sostiene que el procedimiento de resoluci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos est\u00e1 sometido a las normas vigentes en el momento en que se tramita dicho procedimiento.<br \/> <br \/>\nSENTIDO DEL FALLO: Se estima el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3863,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Miryam Quintanilla Navarro","cargo-autor":"Funcionaria de carrera y Doctora en Derecho","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[59,142],"autor-post":[171],"class_list":["post-3862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisprudencia","tag-contratos","tag-procedimiento-administrativo","autor-post-miryam-quintanilla-navarro"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>R\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable al procedimiento de resoluci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos. 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