En cualquier externalizaci\u00f3n de procedimientos administrativos afloran unos l\u00edmites infranqueables que derivan de la retenci\u00f3n en exclusiva por parte de las Administraciones de todo lo referido al ejercicio de las potestades p\u00fablicas o ejercicio de autoridad, de manera que las funciones que afecten directa o indirectamente a este n\u00facleo indeclinable han de permanecer residenciadas y ejercitadas por el \u00f3rgano administrativo titular de la competencia, como reclama la normativa de contratos p\u00fablicos y de procedimiento administrativo. El r\u00e9gimen estatutario del empleado p\u00fablico precisa, adem\u00e1s, que \u201cel ejercicio de las funciones que impliquen la participaci\u00f3n directa o indirecta en el ejercicio de las potestades p\u00fablicas o en la salvaguardia de los intereses generales [\u2026] corresponden exclusivamente a los funcionarios p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sobre estos l\u00edmites se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo, observ\u00e1ndose una cierta pulsi\u00f3n flexibilizadora en sus \u00faltimas sentencias.<\/p>\n\n\n\n
Es de destacar, en primer lugar, la posici\u00f3n restrictiva de la Sentencia 1160\/2020, de 14 de septiembre, que confirmaba la anulaci\u00f3n judicial de un encargo que ten\u00eda por objeto, al menos nominalmente, la prestaci\u00f3n de \u201cauxilio material y asistencia t\u00e9cnica en la tramitaci\u00f3n de los expedientes sancionadores competencia del organismo de cuenca\u201d. Como premisa, se se\u00f1alaba que los procedimientos se han de tramitar bajo la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones, y \u201cmal puede asumirse esa responsabilidad si el expediente se encuentra en poder f\u00edsico de una sociedad mercantil sujeta al derecho privado\u201d.La Administraci\u00f3n ha de actuar mediante \u00f3rganos encarnados por los funcionarios p\u00fablicos, \u00abquienes desempe\u00f1an funciones retribuidas en las Administraciones P\u00fablicas al servicio de los intereses generales\u00bb. La relevancia de su intervenci\u00f3n se basa en que se hallan sometidos a una relaci\u00f3n estatutaria, como \u201cmanifestaci\u00f3n de la objetividad, imparcialidad y sometimiento al Derecho que debe regir en toda la actividad p\u00fablica\u201d, y \u201cbajo ning\u00fan concepto pueden excluirse de esa regla aquellas funciones que afecten, directa o indirectamente, a las potestades p\u00fablicas o a la protecci\u00f3n de los intereses generales, conceptos jur\u00eddicos indeterminados de los que ser\u00eda dif\u00edcil excluir alguna actividad administrativa\u201d. Se enfatizaba que \u201cen la misma tramitaci\u00f3n de los procedimientos administrativos, m\u00e1s a\u00fan en los sancionadores [\u2026] se act\u00faan potestades administrativas, con independencia de las potestades que se accionen en la resoluci\u00f3n que pone fin a los procedimientos, m\u00e1s aun, que en los procedimientos est\u00e1n empe\u00f1ados los intereses generales [\u2026] que [\u2026] constituyen el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n reservado a los funcionarios p\u00fablicos\u201d.Se llegaba a vincular esa reserva funcionarial a las exigencias primigenias del Estado de derecho, aseverando que \u201cesa reserva de la actuaci\u00f3n del personal estatutario en la actividad administrativa va pareja a las garant\u00edas que han supuesto, en el Estado de Derecho, el Derecho Administrativo\u201d.La intervenci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos es, a la postre, la garant\u00eda del sistema impuesta por la ley \u2014se termina afirmando\u2014.<\/p>\n\n\n\n
De forma hiperb\u00f3lica se apuntaba que, en el caso enjuiciado, \u201cno es que la Administraci\u00f3n externalice un servicio, es que externaliza, podr\u00eda decirse, ella misma, deja de ser Administraci\u00f3n si deja de realizar lo que es b\u00e1sico para dictar actos administrativos, el procedimiento legalmente establecido para ello que es, no se olvide, una exigencia constitucional\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, la sentencia realzaba dos ideas fundamentales. De un lado, la importancia de la planificaci\u00f3n de recursos humanos que corresponde a las Administraciones en orden a dimensionar ajustadamente las necesidades de personal, advirtiendo que una deficiente planificaci\u00f3n no puede servir de excusa para la externalizaci\u00f3n de procedimientos administrativos. En segundo lugar, se centraba en la negaci\u00f3n de la distinci\u00f3n entre tr\u00e1mites esenciales y accesorios del procedimiento a efectos de su externalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El r\u00e9gimen descrito \u2014indicaba la sentencia\u2014 no empece para reconocer la posibilidad de que las Administraciones puedan acudir a personal ajeno cuando fuera necesario para la prestaci\u00f3n de servicios puntuales y accesorios, lo que no acontec\u00eda, sin embargo, en el asunto enjuiciado, en el que se apreciaba que no es algo \u201cmeramente espor\u00e1dico o circunstancial sino que se realiza de manera permanente en todos los procedimientos que se tramitan [\u2026] orillando la intervenci\u00f3n de los funcionarios encargados de dicho cometido en todos los casos\u201d. Se llegaba a afirmar que \u201cparece que se trata no ya de un supuesto de huida del Derecho Administrativo en su m\u00e1s pura y genuina manifestaci\u00f3n [\u2026] sino de una privatizaci\u00f3n encubierta de un servicio que ha sido reservado al sector p\u00fablico como una de las conquistas primarias del Derecho Administrativo propio del Estado de Derecho\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La Sentencia del Tribunal Supremo 469\/2023, de 12 de abril, da un giro sobresaliente a aquellos planteamientos. La controversia se centraba en aclarar si la jurisprudencia sentada en la precitada Sentencia 1160\/2020 y en la posterior 1265\/2020, que la reproduce, resulta de aplicaci\u00f3n en el \u00e1mbito de procedimientos administrativos no sancionadores. La sentencia reconoce que el auxilio y asistencia que permite el encargo no solo puede estar referido a \u201ctrabajos t\u00e9cnicos o materiales espec\u00edficos sino tambi\u00e9n al auxilio en la gesti\u00f3n y en la tramitaci\u00f3n de procedimientos que tiene encomendados, cuando el \u00f3rgano administrativo se encuentra ante una situaci\u00f3n extraordinaria y coyuntural a la que no puede dar respuesta por sus propios medios\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\nLa Sentencia del Tribunal Supremo 469\/2023, de 12 de abril,<\/strong> reconoce que el auxilio y asistencia que permite el encargo no solo puede estar referido a \u201ctrabajos t\u00e9cnicos o materiales espec\u00edficos sino tambi\u00e9n al auxilio en la gesti\u00f3n y en la tramitaci\u00f3n de procedimientos, cuando el \u00f3rgano administrativo se encuentra ante una situaci\u00f3n extraordinaria y coyuntural a la que no puede dar respuesta por sus propios medios\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Se valora la intervenci\u00f3n en dichos procedimientos de personal que carece de la condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico y su posible afecci\u00f3n en la reserva funcionarial comentada, estatuyendo una interpretaci\u00f3n flexible de esta que se aleja del posicionamiento anterior, se\u00f1alando que \u201cesta previsi\u00f3n no puede llevarnos a la conclusi\u00f3n de que toda intervenci\u00f3n en un procedimiento administrativo, incluso ejerciendo tareas [de] colaboraci\u00f3n con una Administraci\u00f3n p\u00fablica, est\u00e1 reservada exclusivamente a los funcionarios de carrera\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\n\u201cEsta previsi\u00f3n no puede llevarnos a la conclusi\u00f3n de que toda intervenci\u00f3n en un procedimiento administrativo, incluso ejerciendo tareas [de] colaboraci\u00f3n con una Administraci\u00f3n p\u00fablica, est\u00e1 reservada exclusivamente a los funcionarios de carrera\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Se apela a que las circunstancias concurrentes en el caso de autos legitiman esa externalizaci\u00f3n; de un lado, la circunstancia imprevisible y extraordinaria acontecida, en la medida en que una modificaci\u00f3n normativa dio lugar a un alto n\u00famero de procedimientos, cuya tramitaci\u00f3n era inasumible; y que el \u00f3rgano encargante se reservaba el control de la tramitaci\u00f3n objeto de encargo \u2014as\u00ed se afirma\u2014, en particular, la firma de las resoluciones administrativas finalizadoras del procedimiento, reteniendo, por tanto, la decisi\u00f3n \u00faltima de estos expedientes, y por ende, la potestad publica que tiene atribuida. Resultaba, sin embargo, bastante discutible la realidad de ese control efectivo del procedimiento e incluso de la resoluci\u00f3n final, pues el sistema estipulado en el encargo conllevaba un control por muestreo, lo que determinaba que ciertas resoluciones eran firmadas por el \u00f3rgano encargante sin dicho control. Para vadear esa dificultad, la sentencia se\u00f1al\u00f3 que no resultaba probada en la instancia la ausencia de ese control ni la intensidad del muestreo.<\/p>\n\n\n\n
El giro jurisprudencial acometido fue discutido en el voto particular formulado, que postulaba atender a la literalidad de la normativa vigente, que no permit\u00eda legitimar la externalizaci\u00f3n de procedimientos administrativos para darles una respuesta \u00e1gil y eficiente, ni tan siquiera ante situaciones extraordinarias. El magistrado disidente impreca adem\u00e1s la existencia del control efectivo del procedimiento y de su resultado final por el \u00f3rgano encargante, por las razones antes se\u00f1aladas.<\/p>\n\n\n\n
Las posteriores sentencias 1340\/2023, de 26 de octubre, y 236\/2024, de 12 de febrero, son continuistas con el parecer de la Sentencia 469\/2023.<\/p>\n\n\n\n
Autor\/a: Fernando Luque Regueiro<\/strong><\/p>\n\n\n\n
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El Tribunal Supremo suaviza, en sus \u00faltimos pronunciamientos, los l\u00edmites en la externalizaci\u00f3n de los procedimientos administrativos a trav\u00e9s de encargos a medios propios.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3834,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Fernando Luque Regueiro","cargo-autor":"Letrado de la Comunidad de Madrid","foto-autor":"3832"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[59,99,142],"autor-post":[184],"class_list":["post-3831","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-contratos","tag-funcion-publica","tag-procedimiento-administrativo","autor-post-fernando-luque-regueiro"],"yoast_head":"\n
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