{"id":3764,"date":"2024-09-13T07:30:00","date_gmt":"2024-09-13T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3764"},"modified":"2024-09-09T12:47:47","modified_gmt":"2024-09-09T10:47:47","slug":"la-exclusion-de-la-caducidad-por-razones-de-interes-general-en-los-procedimientos-iniciados-a-solicitud-del-interesado-y-en-los-procedimientos-de-revision-de-oficio-de-disposiciones-y-actos-nulos-de-p","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-exclusion-de-la-caducidad-por-razones-de-interes-general-en-los-procedimientos-iniciados-a-solicitud-del-interesado-y-en-los-procedimientos-de-revision-de-oficio-de-disposiciones-y-actos-nulos-de-p\/","title":{"rendered":"La exclusi\u00f3n de la caducidad por razones de inter\u00e9s general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y en los procedimientos de revisi\u00f3n de oficio de disposiciones y actos nulos de pleno derecho.Sentencia de Tribunal Supremo 466\/2024"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/167c3c2ce66f4e6fa0a8778d75e36f0d\/20240402\"><strong>Sentencia de Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Quinta) n\u00fam. 466\/2024, de <\/strong><strong>14 de marzo<\/strong> (<strong>ECLI:ES:TS:2024:1576)<\/strong><\/a><strong>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La representaci\u00f3n procesal de \u00abN.P.SL\u00bb solicita que se fije como doctrina, en interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 106.5 en relaci\u00f3n con el 95.4 y 21 de la Ley 39\/2015, que la excepci\u00f3n de inter\u00e9s general, respecto de la caducidad, \u00fanicamente se podr\u00e1 aplicar en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin que las especialidades de los procedimientos de revisi\u00f3n de oficio de disposiciones y actos nulos justifiquen la extensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de esos preceptos; y que mientras la Administraci\u00f3n no acredite el cumplimiento del deber de resolver de manera expresa que le impone el art\u00edculo 21 de la Ley 39\/2015, debe estimarse producida la caducidad una vez transcurrido el plazo de resoluci\u00f3n legalmente aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>OPOSICI\u00d3N AL RECURSO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Ayuntamiento de Denia solicita que se fije como interpretaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n objeto de inter\u00e9s casacional que la excepci\u00f3n de inter\u00e9s general prevista en el art\u00edculo 95.4 de la Ley 39\/2015, respecto a la aplicabilidad de la caducidad, se podr\u00e1 aducir tanto en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado como en aquellos procedimientos que se inicien de oficio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las cuestiones planteadas que presentan inter\u00e9s casacional consisten en:<\/p>\n\n\n\n<p>a) Reafirmar, complementar, matizar y, en su caso, rectificar o corregir la doctrina de esta sala en cuanto a si la excepci\u00f3n de inter\u00e9s general prevista en el art\u00edculo 95.4 de la Ley 39\/2015, respecto a la aplicabilidad de la caducidad, \u00fanicamente se podr\u00e1 aducir en procedimientos iniciados a solicitud del interesado o gozar\u00e1 del mismo alcance en aquellos procedimientos que se inicien de oficio; y<\/p>\n\n\n\n<p>b) Determinar si dicha excepci\u00f3n resultar\u00e1 igualmente aplicable al procedimiento de revisi\u00f3n de oficio de disposiciones y actos nulos, dadas las especialidades de este.<\/p>\n\n\n\n<p>Se considera que deben ser objeto de interpretaci\u00f3n, entre otros que se consideren procedentes, los art\u00edculos 95.2.\u00ba y 4.\u00ba, y 106.5.\u00ba, de la Ley 39\/2015.<\/p>\n\n\n\n<p>En primer lugar, es necesario dejar constancia de que el r\u00e9gimen del procedimiento de revisi\u00f3n de oficio establecido en el art\u00edculo 106 de la Ley no adolece de m\u00e1s especialidades, respecto de la regulaci\u00f3n general del procedimiento, que las que expresamente se disponen en el mencionado precepto. En este sentido debe recordarse que la revisi\u00f3n puede solicitarse por los interesados y por la misma Administraci\u00f3n, con independencia de que la finalidad de la declaraci\u00f3n de nulidad que se pretende lo pueda ser de un acto que beneficie a los particulares o no. Asimismo, conforme al mencionado precepto, el plazo para dictar la resoluci\u00f3n es el de seis meses (tres en la Ley de 1992), transcurrido el cual los efectos son, si se ha iniciado a instancia de parte, entender desestimada la petici\u00f3n de revisi\u00f3n; si se inicia por parte de la Administraci\u00f3n el efecto es la caducidad del procedimiento, y aunque el precepto no hace una remisi\u00f3n expresa al art\u00edculo 95, debe entenderse impl\u00edcita dicha remisi\u00f3n. En resumen, no difiere el r\u00e9gimen del procedimiento de revisi\u00f3n de oficio del que es general para los procedimientos administrativos.<\/p>\n\n\n\n<p>Centrado ahora el debate en el contenido del art\u00edculo 95, debemos comenzar por se\u00f1alar que, en efecto, regula la caducidad y, dentro de esta, sus \u00abrequisitos y efectos\u00bb. Cada uno de sus apartados tiene un contenido aut\u00f3nomo, por m\u00e1s que todos ellos regulen la instituci\u00f3n. Lo que se quiere decir es que, si bien el p\u00e1rrafo primero habla de \u00abprocedimientos iniciados a solicitud del interesado\u00bb, no puede pensarse que est\u00e1 condicionando el resto del precepto, de tal forma que est\u00e9n indisolublemente referidos a ese tipo de procedimiento. As\u00ed pues, no parece que de los t\u00e9rminos del precepto pueda admitirse que lo establecido en el p\u00e1rrafo tercero, es decir, los efectos de la caducidad, solo es aplicable a los procedimientos iniciados a instancia de parte, con exclusi\u00f3n de los iniciados de oficio, lo cual es contrario a la l\u00f3gica y a los mismos t\u00e9rminos del precepto, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La caducidad, referida al tiempo de duraci\u00f3n del procedimiento, est\u00e1 ya regulada, y solo para los actos de gravamen, en el art\u00edculo 25, sin que la caducidad del procedimiento iniciado a instancia de los particulares tuviera m\u00e1s efectos que el de estimar o rechazar su petici\u00f3n, pero no se produce la caducidad, y en ese mismo sentido se regula la instituci\u00f3n en el art\u00edculo 106.<\/p>\n\n\n\n<p>Pues bien, lo que se hace en el primer p\u00e1rrafo y en el segundo del art\u00edculo 95 es regular los requisitos para apreciar la caducidad. Es cierto que, en esos dos primeros p\u00e1rrafos, esos requisitos se circunscriben a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y no a los iniciados de oficio. Esa limitaci\u00f3n era necesaria porque, con relaci\u00f3n a los procedimientos iniciados de oficio, al estar la caducidad vinculada \u00edntimamente a los efectos del silencio, sus requisitos est\u00e1n regulados en el art\u00edculo 25 y, para el supuesto de la revisi\u00f3n de oficio, en el art\u00edculo 106. Pero la instituci\u00f3n del silencio tiene un r\u00e9gimen bien diferente en los supuestos en que el procedimiento se haya instado por los particulares, en el que, en principio, la caducidad no tiene cabida. Sin embargo, el legislador ha de salir al paso de aquellos supuestos en los que, iniciado el procedimiento a instancia del interesado, por las m\u00e1s variadas razones, pueda este no estar interesado en su continuaci\u00f3n, cuyo supuesto m\u00e1s tradicional es el desistimiento, al que se refiere el art\u00edculo 84; pero que tambi\u00e9n puede producirse cuando sea requerida su colaboraci\u00f3n indispensable para la continuaci\u00f3n del procedimiento y desatienda dicha colaboraci\u00f3n. A ese supuesto se hace referencia en el art\u00edculo 95, en su p\u00e1rrafos primero y segundo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Con relaci\u00f3n a los procedimientos iniciados de oficio, al estar la caducidad vinculada \u00edntimamente a los efectos del silencio, sus requisitos est\u00e1n regulados en el art\u00edculo 25 y, para el supuesto de la revisi\u00f3n de oficio, en el art\u00edculo 106.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Como se ha dicho, los requisitos para que se produzca la caducidad en los procedimientos iniciados por la Administraci\u00f3n, al estar vinculados al silencio, est\u00e1n ya previstos en el art\u00edculo 25, el cual se remite al art\u00edculo 95 y, para el caso el procedimiento de revisi\u00f3n de oficio, en el art\u00edculo 106, remisi\u00f3n que, por l\u00f3gica, no puede ser a los requisitos.<\/p>\n\n\n\n<p>La \u00fanica finalidad de no dejar ineficaz la remisi\u00f3n de un precepto a otro es determinar cu\u00e1les son los efectos que se regulan en el art\u00edculo 25. Y a la vista del mismo, si no se niega que el principal de dichos efectos es el que se establece en el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 95, es decir, que sin perjuicio de que la caducidad produce el efecto de terminar el procedimiento, ya previsto en el art\u00edculo 84, esa terminaci\u00f3n \u00abno producir\u00e1 por s\u00ed sola la prescripci\u00f3n de las acciones del particular o de la Administraci\u00f3n, pero los procedimientos caducados no interrumpir\u00e1n el plazo de prescripci\u00f3n\u00bb, efecto que es aplicable a todos los procedimientos, con independencia de si se han iniciado por el particular o por la Administraci\u00f3n. Siendo ello as\u00ed, deber\u00e1 tenerse en cuenta que, con relaci\u00f3n a ese efecto principal, lo que dispone el p\u00e1rrafo cuarto del art\u00edculo 95 es que no se producir\u00e1 la terminaci\u00f3n del procedimiento cuando \u00abafecte al inter\u00e9s general, o fuera conveniente sustanciarla \u2014la cuesti\u00f3n\u2014 para su definici\u00f3n y esclarecimiento\u00bb. Resulta evidente que tan efecto de la caducidad es la terminaci\u00f3n del procedimiento y exclusi\u00f3n autom\u00e1tica de la prescripci\u00f3n como excluir que se produzca la terminaci\u00f3n en los supuestos excepcionales que contempla el p\u00e1rrafo cuarto. Tan efecto de la caducidad es la regla general como la exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Deber\u00e1 tenerse en cuenta que, con relaci\u00f3n a ese efecto principal, lo que dispone el p\u00e1rrafo cuarto del art\u00edculo 95 es que no se producir\u00e1 la terminaci\u00f3n del procedimiento cuando \u00abafecte al inter\u00e9s general, o fuera conveniente sustanciarla \u2014la cuesti\u00f3n\u2014 para su definici\u00f3n y esclarecimiento\u00bb.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Hay un argumento de l\u00f3gica jur\u00eddica que avala lo antes concluido. De limitarse la exclusi\u00f3n de los efectos generales de la caducidad solo a los procedimientos iniciados a instancia de los particulares y, por tanto, en su propio beneficio, es dif\u00edcil de imaginar qu\u00e9 \u00abinter\u00e9s general\u00bb puede existir en la continuaci\u00f3n cuando el debate est\u00e1 referido al derecho de un particular. M\u00e1s propio es que ese inter\u00e9s general est\u00e9 presente en los procedimientos iniciados por la misma Administraci\u00f3n. Incluso agotando el razonamiento, de limitarse la exclusi\u00f3n de los efectos de la caducidad a los procedimientos instados por los particulares, debe recordarse que en tales supuestos solo se produce cuando el interesado omite la necesaria colaboraci\u00f3n para poder continuar el procedimiento, siendo previsible que si se produce esa renuncia a la continuaci\u00f3n, mantendr\u00e1 esa actitud aunque se excluya la terminaci\u00f3n del procedimiento, que es el efecto que se deja suspendido con lo establecido en el p\u00e1rrafo cuarto. Buen ejemplo de lo que se expone es que carecer\u00eda de sentido que si el procedimiento de revisi\u00f3n de oficio se inicia por los interesados, s\u00ed entrar\u00eda en juego la excepci\u00f3n \u2014supuesto admisible si, iniciado el procedimiento, se requiere a quien lo inst\u00f3 un tr\u00e1mite indispensable\u2014, cuando deber\u00e1 presumirse que tan solo existe un inter\u00e9s particular, incompatible con la excepci\u00f3n; y, por el contrario, no regir\u00eda la excepci\u00f3n cuando la finalidad de declaraci\u00f3n de nulidad se inste por la misma Administraci\u00f3n, pese a presumirse la existencia de un inter\u00e9s general.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>De limitarse la exclusi\u00f3n de los efectos generales de la caducidad solo a los procedimientos iniciados a instancia de los particulares y, por tanto, en su propio beneficio, es dif\u00edcil de imaginar qu\u00e9 \u00abinter\u00e9s general\u00bb puede existir en la continuaci\u00f3n cuando el debate est\u00e1 referido al derecho de un particular.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Las razones expuestas comportan, dando respuesta a las cuestiones de inter\u00e9s casacional que se suscitan en este recurso, que la posibilidad de excluir la caducidad de los procedimientos administrativos por inter\u00e9s general o conveniencia rige tanto si se han iniciado por el interesado como por la Administraci\u00f3n, siendo aplicable dicha exclusi\u00f3n a los procedimientos de revisi\u00f3n de oficio de disposiciones y actos nulos de pleno derecho.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>Miryam Quintanilla Navarro<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tribunal Supremo sostiene que la exclusi\u00f3n de la caducidad por razones de inter\u00e9s general o conveniencia resulta aplicable tanto a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado como a los iniciados de oficio, siendo aplicable dicha exclusi\u00f3n tambi\u00e9n a los procedimientos de revisi\u00f3n de oficio de disposiciones y actos nulos de pleno derecho.<br \/> <br \/>\nSENTIDO DEL FALLO: No ha lugar al recurso de casaci\u00f3n. Se desestima el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3765,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Miryam Quintanilla Navarro","cargo-autor":"Funcionaria de carrera y Doctora en Derecho","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[142],"autor-post":[171],"class_list":["post-3764","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisprudencia","tag-procedimiento-administrativo","autor-post-miryam-quintanilla-navarro"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - 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