{"id":3718,"date":"2024-07-26T08:40:00","date_gmt":"2024-07-26T06:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3718"},"modified":"2024-07-24T11:20:15","modified_gmt":"2024-07-24T09:20:15","slug":"un-nuevo-hallazgo-juridico-el-art-47-de-la-constitucion-contiene-un-autentico-derecho-subjetivo-a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-n-o-79-2024-de-21-de-mayo-el-derecho-a-la-v","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/un-nuevo-hallazgo-juridico-el-art-47-de-la-constitucion-contiene-un-autentico-derecho-subjetivo-a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-n-o-79-2024-de-21-de-mayo-el-derecho-a-la-v\/","title":{"rendered":"Un nuevo hallazgo jur\u00eddico: el art. 47 de la Constituci\u00f3n contiene un aut\u00e9ntico derecho subjetivo. A prop\u00f3sito de la Sentencia del Tribunal Constitucional n.\u00ba 79\/2024, de 21 de mayo, el derecho a la vivienda y la Ley estatal 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda"},"content":{"rendered":"\n<p>En este breve an\u00e1lisis nos limitamos a explicar los puntos principales de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/diario_boe\/txt.php?id=BOE-A-2024-12808\">Sentencia del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo, STC) 79\/2024, de 21 de mayo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las alegaciones andaluzas se centraban en la supuesta invasi\u00f3n de las competencias auton\u00f3micas en materia de vivienda, que pretender\u00edan generar un derecho supletorio estatal, y en la posible vulneraci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 CE). El TC adopta el siguiente orden de examen de las alegaciones, precedido por lo que se afirma ser un simple recordatorio de su doctrina precedente (pero donde se hace un giro copernicano en relaci\u00f3n con el derecho a la vivienda, como vamos a ver): el estatuto b\u00e1sico del ciudadano, las zonas de mercado residencial tensionado, el estatuto b\u00e1sico de la propiedad y en particular de los grandes tenedores, la vivienda protegida, los parques p\u00fablicos de vivienda y el r\u00e9gimen de los arrendamientos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. &#8211; Recordatorio de la doctrina del TC y cambio en esta en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo a la vivienda en el art. 47 CE (fundamento jur\u00eddico, en lo sucesivo FJ, 3)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de recordar que la materia vivienda puede ser reconducida a varios t\u00edtulos competenciales dependiendo del enfoque adoptado y de los instrumentos regulatorios empleados, y que el TC ha afirmado \u201creiteradamente\u201d que el art. 47 CE no reconoce un derecho, este FJ recuerda toda la doctrina jurisprudencial del TC sobre los t\u00edtulos competenciales relacionados con la materia vivienda: los arts. 149.1.1, 149.1.11 y 149.1.13 CE.<\/p>\n\n\n\n<p>De especial inter\u00e9s es el cambio radical que contiene este FJ sobre el art. 47 CE y el art. 149.1.1 CE. Seg\u00fan el TC, los compromisos internacionales de Espa\u00f1a en materia de derechos humanos confirman la existencia de un derecho a la vivienda, reconocido tambi\u00e9n en varios estatutos de autonom\u00eda, y sobre este derecho puede incidir el art. 149.1.1 CE estableciendo las condiciones b\u00e1sicas. Derecho subjetivo (constitucional y exigible, estableciendo obligaciones de medios) que una parte m\u00e1s moderna de la doctrina jur\u00eddica, con por ejemplo <a href=\"https:\/\/recyt.fecyt.es\/index.php\/REDCons\/article\/view\/39700\">el profesor Fernando L\u00f3pez Ram\u00f3n<\/a>, <a href=\"https:\/\/eapc-rcdp.blog.gencat.cat\/2016\/05\/25\/lesfondrament-dun-mite-lhabitatge-com-a-dret-subjectiu-en-el-marc-dun-servei-dinteres-general-i-de-la-funcio-social-de-la-propietat-josep-m-molto-i-juli\/\">entre otros<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/303371709_El_derrumbe_de_un_mito_la_vivienda_es_un_derecho_subjetivo_constitucional_y_legalmente_reconocido_y_exigible_judicialmente_Propuestas_para_su_mejor_regulacion_futura\">ya hab\u00eda reconocido<\/a>, frente a la insostenible postura tradicional de considerarlo un simple principio rector, que, por otra parte, no es seguida por el Tribunal Supremo o los tribunales de justicia de las comunidades aut\u00f3nomas, <a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/vivienda-propiedad-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-alojamiento\/dp\/8491523510\">que han aceptado hist\u00f3ricamente sin problemas alegaciones relativas a la violaci\u00f3n del derecho del art. 47 CE<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Seg\u00fan el TC, los compromisos internacionales de Espa\u00f1a en materia de derechos humanos confirman la existencia de un derecho a la vivienda, reconocido tambi\u00e9n en varios estatutos de autonom\u00eda, y sobre este derecho puede incidir el art. 149.1.1 CE estableciendo las condiciones b\u00e1sicas.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>2.- Impugnaciones relativas al estatuto b\u00e1sico del ciudadano (arts. 8 a] y c] y 9 e] de la Ley, FJ 4)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ning\u00fan problema competencial detecta el TC en relaci\u00f3n con el reconocimiento legal del derecho a la vivienda, ya existente en la legislaci\u00f3n urban\u00edstica estatal, ni en cuanto a la inscripci\u00f3n en registros de demandantes de vivienda protegida, programas o ayudas para el acceso a la misma, considerada una condici\u00f3n b\u00e1sica <em>ex<\/em> art. 149.1.1CE, del mismo modo que lo es la referencia legal al deber ciudadano de cuidar del parque p\u00fablico de vivienda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.- Impugnaciones vinculadas con las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (en adelante, ZMRT, arts. 15.1 e] y 18, apartados 2,3,4, y disposici\u00f3n adicional tercera, FJ 5)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El recurso no afecta al art. 18.1, es decir, a la posibilidad de las Administraciones competentes de declarar estas zonas. S\u00ed lo hace en cuanto a las reglas establecidas en el resto del precepto, que son ajustadas a la CE, pues el Estado ha ejercido su competencia del art. 149.1.1 CE.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a una de las numerosas consecuencias que implica la declaraci\u00f3n de una ZMRT, que la cesi\u00f3n de suelo a los patrimonios p\u00fablicos de suelo vaya destinada necesariamente a la construcci\u00f3n y gesti\u00f3n de viviendas sociales o dotacionales (salvo que se acrediten otras necesidades de inter\u00e9s social), tambi\u00e9n es considerada una regla que entra dentro de la competencia estatal del art. 149.1.13 CE.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.- Impugnaciones referidas al estatuto b\u00e1sico de la propiedad de viviendas y los grandes tenedores (arts. 3k, 11.1 e] y 19, apartado 1, inciso segundo, y apartado 3, FJ 6)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La definici\u00f3n de gran tenedor (\u201cvital para la aplicaci\u00f3n de la ley\u201d seg\u00fan el TC) es conforme al art. 149.1.1 CE, como expresi\u00f3n de la funci\u00f3n social de la propiedad. En cuanto a la obligaci\u00f3n de los grandes tenedores de ofrecer determinadas informaciones a las Administraciones (art. 19.1), como obligaci\u00f3n de servicio de inter\u00e9s general (art. 4), tampoco viola las competencias auton\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La definici\u00f3n de gran tenedor<\/strong> <strong>es conforme al art. 149.1.1 CE, como expresi\u00f3n de la funci\u00f3n social de la propiedad.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>S\u00ed lo hace, en cambio, la regulaci\u00f3n del tipo de informaci\u00f3n a ofrecer (art. 19.3), que no encuentra cobijo ni en el art. 149.1.1 CE ni en el 149.1.13 CE.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a la extensi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de informar a todos los propietarios (art. 11.e), el TC la considera una delimitaci\u00f3n de su derecho de propiedad debido a su funci\u00f3n social y un ejercicio leg\u00edtimo del art. 149.1.1 CE en relaci\u00f3n con el art. 33.2 CE.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.- Impugnaciones respecto al r\u00e9gimen de la vivienda protegida (arts. 3f] y g], 16, disposici\u00f3n transitoria primera y disposici\u00f3n final cuarta, FJ 7)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El nivel de detalle de la regulaci\u00f3n de la vivienda protegida (art. 16.1 y 2) hace a esta inconstitucional, dado que no tiene cobertura constitucional en las competencias estatales y, como es sabido, el Estado no puede dictar normas de derecho supletorio en materias de la exclusiva competencia auton\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n es inconstitucional el primer p\u00e1rrafo de la disposici\u00f3n transitoria primera relativa al r\u00e9gimen de las viviendas ya calificadas como protegidas en el momento de entrada en vigor de la ley, y el segundo, relativo a las que formen parte de un parque p\u00fablico de vivienda, por carencia de competencias estatales.<\/p>\n\n\n\n<p>En cambio, la disposici\u00f3n final cuarta, aumentando los porcentajes m\u00ednimos de reservas por vivienda protegida, est\u00e1 amparada por los arts. 149.1.1 y 13 CE, y la elevaci\u00f3n cuantitativa que efect\u00faa es \u201cproporcionado y coherente\u201d respecto a la finalidad de la ley.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.- Impugnaciones referidas en los parques p\u00fablicos de vivienda (arts. 27.1, p\u00e1rrafo tercero y apartados 3, 28 y 29, FJ 8)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El art. 27.1 incurre en un exceso cuando determina la composici\u00f3n m\u00ednima de estos parques p\u00fablicos de vivienda por todas las Administraciones, con un nivel de detalle excesivo que queda fuera del art. 149.1.1 CE. Tambi\u00e9n es inconstitucional el p\u00e1rrafo tercero de este precepto, cuando otorga una determinada naturaleza al patrimonio de otras Administraciones, por las mismas razones, y porque tampoco encaja en el 149.1.13 CE al no tener una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica. De la misma manera, en tercer lugar, lo es el art. 27.3 en relaci\u00f3n con el destino de determinados ingresos de las Administraciones, como por ejemplo el de las sanciones impuestas por vulneraci\u00f3n de la funci\u00f3n social de la propiedad, a los parques p\u00fablicos de vivienda, lo que se considera un exceso competencial que viola el principio de autonom\u00eda financiera de las comunidades aut\u00f3nomas (en lo sucesivo, CC. AA.) a que el art. 156 CE vincula el desarrollo y la ejecuci\u00f3n de sus competencias.<\/p>\n\n\n\n<p>En cambio, el art. 149.1.1 CE s\u00ed cubre las regulaciones del art. 28.1, sobre criterios orientadores en la gesti\u00f3n de dichos parques p\u00fablicos y en el destino de estos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.- Impugnaciones respecto al r\u00e9gimen de arrendamientos urbanos (disposici\u00f3n final primera, apartados 1, 3 y 6, FJ 9)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La determinaci\u00f3n de pr\u00f3rrogas obligatorias y de l\u00edmites a la renta de los contratos corresponde al Estado de acuerdo con el art. 149.1.8 CE. En cuanto a sus l\u00edmites materiales, los mismos no han sido cuestionados por el recurso. Estas medidas se relacionan con la funci\u00f3n social del derecho de propiedad y con el derecho a la vivienda y conectan con el art. 149.18 CE, y no suponen ning\u00fan exceso competencial, tampoco en el supuesto de la regulaci\u00f3n estatal del instrumento que ha de acreditar la vulnerabilidad del arrendatario, es decir, el informe de los servicios sociales.<\/p>\n\n\n\n<p>Tampoco es inconstitucional la previsi\u00f3n legal del \u00edndice de referencia a considerar en la limitaci\u00f3n de los precios de alquiler para el caso de los grandes tenedores o de otros propietarios si no hay contrato de alquiler previo o han pasado m\u00e1s de cinco a\u00f1os. Esta previsi\u00f3n legal no impide que las CC. AA. puedan definir su propio \u00edndice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de dise\u00f1ar sus propias pol\u00edticas y programas p\u00fablicos de vivienda, lo que se indica expresamente en la disposici\u00f3n adicional segunda del Real Decreto-ley 7\/2019, no modificado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8.- El voto particular de la STC<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La decisi\u00f3n de la mayor\u00eda es discutida por un voto particular suscrito por cuatro magistrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el voto particular, la ley es una ley b\u00e1sica, una ley com\u00fan de vivienda que el Estado no puede aprobar, al ser la competencia en esta materia exclusiva de las CC. AA.<\/p>\n\n\n\n<p>El art. 149.1.1 CE no permite a la ley establecer una regulaci\u00f3n homog\u00e9nea, que es lo que hace, a juicio de este voto particular, que niega la posibilidad de una legislaci\u00f3n b\u00e1sica. Seg\u00fan el voto particular, la ley de vivienda ni regula ni garantiza financieramente ning\u00fan derecho subjetivo judicialmente exigible ni posibilita su ejercicio, insistiendo en que la vivienda es un principio rector sobre el que no puede proyectarse el art. 149.1.1 CE. Por eso, salvo los arts. 15.1 e) y la disposici\u00f3n final cuarta y la disposici\u00f3n adicional primera, el resto de los preceptos salvados por la STC deber\u00edan haber sido declarados inconstitucionales por carencia de cobertura en el art. 149.1.1 CE, puesto que contienen normas de urbanismo y vivienda que son competencia exclusiva de las CC. AA.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9.- Reflexiones finales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La STC 79\/2024, de 21 de mayo, aqu\u00ed brevemente expuesta, supone el primer pronunciamiento del TC sobre la ley estatal, pero no el \u00faltimo, dado que, como es sabido, esta ley ha sido objeto de varias impugnaciones. Habr\u00e1 que estar atentos a las futuras SSTC, a pesar de que esta ya marca unas pautas de gran inter\u00e9s sobre la constitucionalidad de la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:\u00a0<strong>Juli Ponce Sol\u00e9<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado d\u00eda 24 de junio, se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 79\/2024, de 21 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, presentado por el Gobierno de Andaluc\u00eda. La STC rechaza la inconstitucionalidad solicitada sobre numerosos preceptos legales y solo considera contrarios a la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE) un art\u00edculo, el 16, una disposici\u00f3n transitoria, la primera, un apartado de un art\u00edculo, el tercero del 27, un p\u00e1rrafo de un apartado de un art\u00edculo, el 27.1, y una frase del art. 19.3. La STC contiene un voto particular suscrito por cuatro magistrados.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3723,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Juli Ponce Sol\u00e9","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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