{"id":3687,"date":"2024-08-21T07:30:00","date_gmt":"2024-08-21T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3687"},"modified":"2024-07-13T13:04:59","modified_gmt":"2024-07-13T11:04:59","slug":"la-impugnacion-de-actos-de-las-entidades-locales-por-los-miembros-corporativos-segun-la-doctrina-del-tribunal-constitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-impugnacion-de-actos-de-las-entidades-locales-por-los-miembros-corporativos-segun-la-doctrina-del-tribunal-constitucional\/","title":{"rendered":"La impugnaci\u00f3n de actos de las entidades locales por los miembros corporativos seg\u00fan la doctrina del Tribunal Constitucional"},"content":{"rendered":"\n

1.<\/strong> Legitimaci\u00f3n especial<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con los art\u00edculos 52.1 de la LRBRL y 19.1.a) de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa (LJCA), los miembros corporativos, como cualquier particular, pueden impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales siempre que sean titulares de un derecho o inter\u00e9s leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n

Pero adem\u00e1s de esta legitimaci\u00f3n general, los corporativos tambi\u00e9n disponen de una legitimaci\u00f3n especial para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales. En efecto, el art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL dispone que, junto a los sujetos legitimados en el r\u00e9gimen general del proceso contencioso-administrativo, podr\u00e1n impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de una legitimaci\u00f3n especial reconocida a los corporativos que constituye una excepci\u00f3n a la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 20.a) de la LJCA, seg\u00fan el cual no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administraci\u00f3n p\u00fablica los \u00f3rganos de la misma y los miembros de sus \u00f3rganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente.<\/p>\n\n\n\n

Esta legitimaci\u00f3n especial que la LRBRL reconoce a los miembros de las corporaciones locales para impugnar los actos y acuerdos de estas est\u00e1 necesariamente vinculada a la circunstancia de que los corporativos hayan votado en contra de dichos actos y acuerdos. Con ello se restringe la legitimaci\u00f3n, de forma que solo podr\u00e1n intentar la impugnaci\u00f3n los que hayan votado en sentido desfavorable.<\/p>\n\n\n\n

Esto excluye la posibilidad de impugnar los actos de \u00f3rganos colegiados de los que no se forme parte (acuerdos de la junta de gobierno) y los actos de \u00f3rganos unipersonales (decretos de alcald\u00eda y de concejal\u00edas delegadas), ya que, como es obvio, en estos casos no se puede votar en contra.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, de acuerdo con el tenor literal del art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL, solo podr\u00e1n intentar la impugnaci\u00f3n los concejales que formen parte de un \u00f3rgano colegiado y hayan votado en contra del acuerdo adoptado. En consecuencia, no podr\u00e1n impugnar los actos y acuerdos:<\/p>\n\n\n\n

a.- los que hayan votado a favor;<\/p>\n\n\n\n

b.- los que se hayan abstenido;<\/p>\n\n\n\n

c.- los que no hayan asistido a la sesi\u00f3n, aunque hayan justificado su ausencia;<\/p>\n\n\n\n

d.- los que abandonen el sal\u00f3n de sesiones iniciada la deliberaci\u00f3n y no est\u00e9n presentes en el momento de la votaci\u00f3n;<\/p>\n\n\n\n

e.- los que no formen parte del \u00f3rgano que dicta el acto.<\/p>\n\n\n\n

2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Sentencia del Tribunal Constitucional 173\/2004, de 18 de octubre, alter\u00f3 el r\u00e9gimen existente y sent\u00f3 una nueva doctrina, al se\u00f1alar que, adem\u00e1s de la legitimaci\u00f3n general del art\u00edculo 19.1.a) de la LJCA, existe una legitimaci\u00f3n ex lege<\/em>,por raz\u00f3n del mandato representativo recibido de los electores, de los miembros electivos de las corporaciones locales, que les permite impugnar los actos de estas que contradigan el ordenamiento jur\u00eddico. No se trata de una legitimaci\u00f3n basada en un inter\u00e9s abstracto en la legalidad, sino de una legitimaci\u00f3n directamente derivada de la condici\u00f3n de representante popular que ostentan los concejales de un ayuntamiento y que se traduce en un inter\u00e9s concreto (que incluso puede constituir una obligaci\u00f3n) de controlar su correcto funcionamiento, como \u00fanico medio de conseguir la satisfacci\u00f3n de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los municipios el art\u00edculo 25.1 de la LRBRL.<\/p>\n\n\n\n

\n

Adem\u00e1s de la legitimaci\u00f3n general del art\u00edculo 19.1.a) de la LJCA, existe una legitimaci\u00f3n ex lege<\/em>,por raz\u00f3n del mandato representativo recibido de los electores, de los miembros electivos de las corporaciones locales, que les permite impugnar los actos de estas que contradigan el ordenamiento jur\u00eddico.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Por ello, el Tribunal Constitucional sostiene que la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL \u201cno puede quedarse en el restrictivo sentido de que s\u00f3lo los concejales que hubieran integrado uno de los \u00f3rganos colegiados del municipio y hubieran votado en contra del acuerdo adoptado por aqu\u00e9llos estar\u00edan legitimados para impugnarlo en v\u00eda contencioso-administrativa, como si de un aislado \u2013y hasta podr\u00eda decirse que ins\u00f3lito\u2013 t\u00edtulo legitimador se tratara. Por el contrario, esta excepci\u00f3n, que responde al obligado inter\u00e9s del concejal disidente en el correcto y ajustado a derecho funcionamiento de la corporaci\u00f3n local a que pertenece (porque ya se ha dicho que se trata de un t\u00edtulo legitimador distinto del derivado del inter\u00e9s leg\u00edtimo que caracteriza la legitimaci\u00f3n general \u2013la del art. 19.1.a LJCA)\u2013, ha de presuponer l\u00f3gicamente el prius de la legitimaci\u00f3n del concejal o representante popular de una entidad local para impugnar jurisdiccionalmente las actuaciones contrarias a ordenamiento en que hubiera podido incurrir su corporaci\u00f3n, de la que la excepci\u00f3n legal \u2013la del art. 63.1.b LRBRL\u2013 ser\u00eda una consecuente aplicaci\u00f3n\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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La interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL \u201cno puede quedarse en el restrictivo sentido de que s\u00f3lo los concejales que hubieran integrado uno de los \u00f3rganos colegiados del municipio y hubieran votado en contra del acuerdo adoptado por aqu\u00e9llos estar\u00edan legitimados para impugnarlo en v\u00eda contencioso-administrativa, como si de un aislado \u2013y hasta podr\u00eda decirse que ins\u00f3lito\u2013 t\u00edtulo legitimador se tratara.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

No tendr\u00eda sentido \u2014sigue razonando el Tribunal Constitucional\u2014 admitir la legitimaci\u00f3n del miembro de la corporaci\u00f3n local \u00fanicamente cuando hubiera concurrido en sentido diferente a la formaci\u00f3n de la voluntad del \u00f3rgano colegiado, para neg\u00e1rsela a quien no hubiera formado parte del \u00f3rgano por causas ajenas a su voluntad, o incluso por deliberado apartamiento de los representantes mayoritarios, y m\u00e1s a\u00fan cuando es id\u00e9ntico, en uno y otro caso, el inter\u00e9s en el correcto funcionamiento de la corporaci\u00f3n que subyace en el t\u00edtulo legitimador.<\/p>\n\n\n\n

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No tendr\u00eda sentido \u2014sigue razonando el Tribunal Constitucional\u2014 admitir la legitimaci\u00f3n del miembro de la corporaci\u00f3n local \u00fanicamente cuando hubiera concurrido en sentido diferente a la formaci\u00f3n de la voluntad del \u00f3rgano colegiado, para neg\u00e1rsela a quien no hubiera formado parte del \u00f3rgano por causas ajenas a su voluntad, o incluso por deliberado apartamiento de los representantes mayoritarios.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Esta novedosa doctrina fue reiterada por el Tribunal Constitucional un a\u00f1o y medio despu\u00e9s, en la Sentencia 108\/2006, de 3 de abril, en relaci\u00f3n con los diputados provinciales.<\/p>\n\n\n\n

Considera el Tribunal Constitucional que el hecho de que los diputados provinciales, al contrario de lo que ocurre con los concejales, no sean elegidos mediante sufragio universal y directo de los vecinos o ciudadanos, sino indirectamente y por un sistema de representaci\u00f3n de segundo grado, no empece para que los mismos, una vez proclamados diputados electos y constituida la diputaci\u00f3n provincial, ejerzan las funciones representativas que les correspondan como miembros electivos de la corporaci\u00f3n local.<\/p>\n\n\n\n

De este modo \u2014contin\u00faa diciendo el Tribunal Constitucional\u2014, \u201clos diputados provinciales, como los concejales, ostentan la condici\u00f3n de representantes populares de las correspondientes corporaciones locales, condici\u00f3n de la que dimana su legitimaci\u00f3n ad hoc para poder impugnar los actos de la Diputaci\u00f3n Provincial que consideren contrarios al ordenamiento jur\u00eddico y que se traduce en un inter\u00e9s concreto de controlar su correcto funcionamiento, como medio, a su vez, de conseguir la satisfacci\u00f3n de los fines propios y espec\u00edficos de la provincia como entidad local (art\u00edculo 31.2 LRBRL)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, en la Sentencia 210\/2009, de 26 de noviembre, el Tribunal Constitucional no hace m\u00e1s que consolidar su nueva doctrina:<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl concejal, por su condici\u00f3n de miembro \u2013no de \u00f3rgano\u2013 del Ayuntamiento, que es, a su vez, el \u00f3rgano de gobierno y administraci\u00f3n del municipio y para el que es elegido \u2018mediante sufragio universal, libre, directo y secreto\u2019 de los vecinos (art. 19.2 LRBRL, en relaci\u00f3n con los arts. 176 y siguientes de la Ley Org\u00e1nica 5\/1985, de 19 de junio, de r\u00e9gimen electoral general), est\u00e1 legitimado para impugnar la actuaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n local a que pertenece, por el inter\u00e9s concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporaci\u00f3n en virtud de su mandato representativo, a no ser que, trat\u00e1ndose del acto de un \u00f3rgano colegiado \u2013Pleno o Junta de Gobierno Local, all\u00ed donde \u00e9sta exista\u2013, no hubiera votado en contra de su aprobaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

3. Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En las sentencias comentadas el Tribunal Constitucional extiende el alcance de la legitimaci\u00f3n activa de los miembros corporativos m\u00e1s all\u00e1 del tenor literal del art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL, considerando que la exigencia de que hayan votado en contra del acuerdo adoptado no permite excluir a quienes no hayan podido mostrar su disidencia por no formar parte del \u00f3rgano que adopt\u00f3 la decisi\u00f3n por causas ajenas a su voluntad o, incluso, por deliberado apartamiento de los representantes mayoritarios. A juicio del Tribunal Constitucional, el fin del precepto no es otro que el de salvaguardar el inter\u00e9s en el correcto funcionamiento de la corporaci\u00f3n, lo que comporta que la legitimaci\u00f3n de los miembros de las corporaciones locales se ampl\u00ede sustancialmente, pudiendo impugnar tambi\u00e9n los actos y acuerdos procedentes de \u00f3rganos unipersonales o de \u00f3rganos colegiados de los que no son miembros.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: David Cabezuelo Valencia<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n de actos de las entidades locales por los miembros corporativos se encuentra contenido en el art\u00edculo 63.1.b) de la Ley 7\/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local (LRBRL). Este precepto ha sido objeto de una interpretaci\u00f3n extensiva por el Tribunal Constitucional que va m\u00e1s all\u00e1 de su tenor literal y que ha supuesto una ampliaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n de los corporativos para recurrir los actos locales.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3689,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"David Cabezuelo Valencia","cargo-autor":"Secretario de Administraci\u00f3n local, categor\u00eda superior. 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