La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2024 (recurso de casaci\u00f3n 5572\/2022, ECLI:ES:TS:2024:1576) se centra en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 95.4 de la Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC, en adelante), que dispone lo siguiente: \u201cPodr\u00e1 no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuesti\u00f3n suscitada afecte al inter\u00e9s general, o fuera conveniente sustanciarla para su definici\u00f3n y esclarecimiento\u201d. Dado que su apartado 1 se refiere expresa, literal y \u00fanicamente a la caducidad de \u201clos procedimientos iniciados a solicitud del interesado\u201d, se plantea la relevante cuesti\u00f3n de si la cl\u00e1usula del inter\u00e9s general puede frenar la caducidad \u00fanicamente en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, o tambi\u00e9n podr\u00e1 oponerse en los procedimientos que se inicien de oficio.<\/p>\n\n\n\n
\nSe plantea la relevante cuesti\u00f3n de si la cl\u00e1usula del inter\u00e9s general puede frenar la caducidad \u00fanicamente en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, o tambi\u00e9n podr\u00e1 oponerse en los procedimientos que se inicien de oficio.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
El objeto del recurso contencioso-administrativo origen de esta sentencia lo constituye la resoluci\u00f3n presunta, desestimatoria por silencio administrativo, del Ayuntamiento de Denia de una solicitud en la que se pide, expuesto de manera simplificada y en lo que aqu\u00ed interesa, que se declare caducado un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio relativo a la licencia de obra concedida para la construcci\u00f3n de 29 viviendas. Siendo esto as\u00ed, sin embargo, en sus argumentos, el Tribunal no hace alusi\u00f3n \u00fanicamente a los procedimientos de revisi\u00f3n de oficio, sino que se refiere a todo tipo de procedimientos iniciados de oficio, a los que, por tanto, se aplicar\u00e1 la doctrina aqu\u00ed sentada.<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n, se suscita un debate relativo a la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de una jurisprudencia anterior de esta Sala del Tribunal Supremo. En concreto, el Tribunal se centra, por pertinencia, en dos sentencias que se han pronunciado al respecto: sentencia de 26 de abril de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:2834) y sentencia de 27 de marzo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:2965). En ellas se afirma de manera taxativa por esta Sala que el art\u00edculo 92.4 de la Ley de 1992 (el actual art\u00edculo 95.4 LPAC) \u201cest\u00e1 previsto para los procedimientos iniciados a instancia de particulares, como resulta de su apartado 1, y el procedimiento de deslinde litigioso se inici\u00f3 de oficio por la Administraci\u00f3n [\u2026]\u201d (FD 3, p\u00e1rrafo 2.\u00ba, STS de 14 de marzo de 2024).<\/p>\n\n\n\n
Ciertamente, en las dos sentencias mencionadas el Tribunal Supremo excluye la posibilidad de que el art\u00edculo 95.4 LPAC pueda aplicarse a los procedimientos iniciados de oficio por la Administraci\u00f3n. No obstante, si bien no puede decirse que constituya un obiter dicta<\/em>, es lo cierto que en ambas sentencias se utiliza como un argumento residual que se acoge ad abundantionem<\/em>, dada la especialidad de las materias que se examinan en las sentencias citadas (dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico y patrimonio hist\u00f3rico). Por tanto, el Tribunal considera que se impone proceder a examinar si dicha interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 95.4 LPAC se proyecta sobre los procedimientos iniciados de oficio (FD 4, p\u00e1rrafo 1.\u00ba). Esto es, si la interpretaci\u00f3n del precepto sentada en su doctrina jurisprudencial debe mantenerse o no: \u00abreafirmar, complementar, matizar y, en su caso, rectificar o corregir la doctrina\u00bb establecida (FD 3, p\u00e1rrafo 3.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n
\nCentrado el debate en el contenido del art\u00edculo 95, la argumentaci\u00f3n del Tribunal Supremo comienza se\u00f1alando que, en efecto, este precepto regula la caducidad y, dentro de esta, sus \u00abrequisitos y efectos\u00bb.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Centrado el debate en el contenido del art\u00edculo 95, la argumentaci\u00f3n del Tribunal Supremo comienza se\u00f1alando que, en efecto, este precepto regula la caducidad y, dentro de esta, sus \u00abrequisitos y efectos\u00bb. Por tanto, determina los requisitos para que proceda la caducidad y la consecuencia que tiene en el procedimiento en que se declara. Pues bien, el precepto tiene cuatro apartados con cinco p\u00e1rrafos y afirma el Tribunal que cada uno de los apartados tiene un contenido aut\u00f3nomo, por m\u00e1s que todos ellos regulan la instituci\u00f3n. Lo que se quiere decir es que, si bien el p\u00e1rrafo primero habla de \u00abprocedimientos iniciados a solicitud del interesado\u00bb, no puede pensarse que est\u00e1 condicionando el resto el precepto, de tal forma que est\u00e9n indisolublemente referidos a ese tipo de procedimiento. As\u00ed pues, considera el Tribunal que no parece que de los t\u00e9rminos del precepto pueda admitirse que lo establecido en el p\u00e1rrafo tercero, es decir, los efectos de la caducidad, es aplicable solo a los procedimientos iniciados a instancia de parte, con exclusi\u00f3n de los iniciados de oficio, lo cual es contrario a la l\u00f3gica y a los mismos t\u00e9rminos del precepto (FD 4, p\u00e1rrafo 3.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n
\nConsidera el Tribunal que no parece que de los t\u00e9rminos del precepto pueda admitirse que lo establecido en el p\u00e1rrafo tercero, es decir, los efectos de la caducidad, es aplicable solo a los procedimientos iniciados a instancia de parte, con exclusi\u00f3n de los iniciados de oficio, lo cual es contrario a la l\u00f3gica y a los mismos t\u00e9rminos del precepto.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Lo que se hace en el primer p\u00e1rrafo y en el segundo del art\u00edculo 95 es regular los requisitos para apreciar la caducidad, y se circunscribe a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y no a los iniciados de oficio. Esa limitaci\u00f3n era necesaria porque, en relaci\u00f3n con los procedimientos iniciados de oficio, al estar la caducidad vinculada \u00edntimamente a los efectos del silencio, sus requisitos est\u00e1n regulados en el art\u00edculo 25 y, para el supuesto de la revisi\u00f3n de oficio, en el art\u00edculo 106 (FD 4, p\u00e1rrafo 4.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n
Para el Tribunal, hay un argumento de l\u00f3gica jur\u00eddica que avala la conclusi\u00f3n a la que llega: de limitarse la exclusi\u00f3n de los efectos generales de la caducidad solo a los procedimientos iniciados a instancia de los particulares y, por tanto, en su propio beneficio, es dif\u00edcil imaginar qu\u00e9 \u00abinter\u00e9s general\u00bb puede existir en la continuaci\u00f3n cuando el debate est\u00e1 referido al derecho de un particular. M\u00e1s propio es que ese inter\u00e9s general est\u00e9 presente en los procedimientos iniciados por la misma Administraci\u00f3n. Dando un paso m\u00e1s en su razonamiento, el Tribunal afirma: debe recordarse que la caducidad en los procedimientos iniciados por los particulares solo se produce cuando el interesado omite la necesaria colaboraci\u00f3n para poder continuar el procedimiento, siendo previsible que, si se produce esa renuncia a la continuaci\u00f3n, mantendr\u00e1 esa actitud aunque se excluya la terminaci\u00f3n del procedimiento, que es el efecto que se deja suspendido con lo establecido en el p\u00e1rrafo cuarto (FD 4, p\u00e1rrafo 6.\u00ba). En definitiva, de esta argumentaci\u00f3n del Tribunal, y en buena l\u00f3gica jur\u00eddica, parece que la excepci\u00f3n de la caducidad prevista en el art\u00edculo 95.4 LPAC tiene su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n m\u00e1s propiamente en los procedimientos iniciados de oficio que en los iniciados a instancia de particulares.<\/p>\n\n\n\n
\nEn definitiva, de esta argumentaci\u00f3n del Tribunal, y en buena l\u00f3gica jur\u00eddica, parece que la excepci\u00f3n de la caducidad prevista en el art\u00edculo 95.4 LPAC tiene su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n m\u00e1s propiamente en los procedimientos iniciados de oficio que en los iniciados a instancia de particulares.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Todo ello conduce a la Sala Tercera del Tribunal Supremo a fijar como doctrina casacional que \u201cla posibilidad de excluir la caducidad de los procedimientos administrativos por inter\u00e9s general o conveniencia rige tanto si se han iniciado por el interesado o por la Administraci\u00f3n, siendo aplicable dicha exclusi\u00f3n a los procedimientos de revisi\u00f3n de oficio de disposiciones y actos nulos de pleno derecho\u201d (FD 4, p\u00e1rrafo 7.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n
Aunque con una argumentaci\u00f3n ciertamente compleja, realizando una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo 95 LPAC, la conclusi\u00f3n del Tribunal resulta clara: i) La caducidad se regula en los apartados 1.\u00ba y 2.\u00ba del art\u00edculo 95 LPAC, para el supuesto de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado; y por el art\u00edculo 25.1.b) LPAC, para el supuesto de procedimientos iniciados de oficio; ii) Los efectos de la caducidad, aplicados tanto a los procedimientos iniciados de oficio como a los iniciados a solicitud del interesado, se regulan en los apartados 3.\u00ba y 4.\u00ba del art\u00edculo 95 LPAC; y iii) Derivado de la anterior conclusi\u00f3n, la excepci\u00f3n a la caducidad prevista en el art\u00edculo 95.4 LPAC se entiende aplicable a todo tipo de procedimientos, sean iniciados de oficio o a instancia del interesado.<\/p>\n\n\n\n
Sentada esta nueva doctrina, queda pendiente, porque el Tribunal Supremo no aclara esta cuesti\u00f3n, la concreci\u00f3n de los supuestos que encajar\u00edan en la excepci\u00f3n de caducidad del art\u00edculo 95.4 LPAC. Esto es, qu\u00e9 se entiende por una cuesti\u00f3n que \u201cafecte al inter\u00e9s general, o fuera conveniente sustanciarla para su definici\u00f3n y esclarecimiento\u201d. Ni siquiera incluye una referencia a si estas circunstancias han de ser interpretadas de forma restrictiva o excepcional, o si existe alg\u00fan matiz o limitaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de esta doctrina en los procedimientos susceptibles de producir actos de gravamen o desfavorables para los particulares en los que la Administraci\u00f3n no dicte y notifique resoluci\u00f3n en el plazo legalmente previsto. Una interpretaci\u00f3n amplia de estos conceptos jur\u00eddicos podr\u00eda tener una enorme repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica, pudiendo dejar, de facto<\/em>, sin virtualidad la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio.<\/p>\n\n\n\n
Autor\/a: M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Tribunal Supremo sienta, con m\u00e1s sombras que luces, una nueva doctrina acerca de caducidad de los procedimientos iniciados de oficio por la Administraci\u00f3n, que no concreta su alcance y efectos y puede dejar, de facto, sin virtualidad dicha caducidad y los derechos que comporta para la ciudadan\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3668,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn","cargo-autor":"Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad Aut\u00f3noma de Madrid","foto-autor":"3667"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[142],"autor-post":[72],"class_list":["post-3666","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-procedimiento-administrativo","autor-post-monica-dominguez-martin"],"yoast_head":"\n
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