{"id":3625,"date":"2024-07-05T07:30:00","date_gmt":"2024-07-05T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3625"},"modified":"2024-06-25T07:58:10","modified_gmt":"2024-06-25T05:58:10","slug":"dia-inicial-del-computo-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-en-el-supuesto-de-anulacion-por-sentencia-de-un-pgou-sentencia-del-tribunal-supremo-num-282-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/dia-inicial-del-computo-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-en-el-supuesto-de-anulacion-por-sentencia-de-un-pgou-sentencia-del-tribunal-supremo-num-282-2024\/","title":{"rendered":"D\u00eda inicial del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, en el supuesto de anulaci\u00f3n por sentencia de un PGOU. Sentencia del Tribunal Supremo n\u00fam. 282\/2024"},"content":{"rendered":"\n

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Quinta) n\u00fam. 282\/2024, de 22 de febrero (ECLI:ES:TS:2024:1022)<\/strong><\/a>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La recurrente(la mercantil \u00abUrbanizadora Villamart\u00edn, S.A.\u00bb) alega la infracci\u00f3n del art\u00edculo 67 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, y del art\u00edculo 48.b) del Real Decreto Legislativo 7\/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la jurisprudencia nacional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho indemnizatorio por privaci\u00f3n del disfrute de las facultades del propietario de suelo urbano.<\/p>\n\n\n\n

Entiende la recurrente que la sentencia impugnada se equivoca al considerar prescrita la reclamaci\u00f3n por los da\u00f1os irrogados por el PGOU de Guardamar del Segura de 2006. En este sentido, argumenta que tal reclamaci\u00f3n no deb\u00eda formularse en el plazo de un a\u00f1o desde la firmeza de la sentencia por la que se anularon las previsiones del referido instrumento de planificaci\u00f3n, sino desde la fecha en la que el Ayuntamiento, en ejecuci\u00f3n de dicha sentencia, aprueba la modificaci\u00f3n puntual del PGOU que reclasifica y recalifica el suelo de su representada, reintegrando las determinaciones de los terrenos a las condiciones previas al Plan anulado, pues este fue el primer momento en el que se pudieron conocer con plenitud los aspectos de \u00edndole f\u00e1ctica que constitu\u00edan el presupuesto para determinar el alcance de la lesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sostiene la recurrente que la reclamaci\u00f3n no estaba prescrita y, a su juicio, debe acogerse la pretensi\u00f3n indemnizatoria.<\/p>\n\n\n\n

Presupuestos de la pretensi\u00f3n indemnizatoria:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para una mejor comprensi\u00f3n del debate debemos partir de que la recurrente era propietaria de unos terrenos que ya en el a\u00f1o 2002 ten\u00edan la condici\u00f3n de urbanos, m\u00e1s concretamente, con la condici\u00f3n de solar, susceptibles de ser edificados previa obtenci\u00f3n de la preceptiva licencia municipal de adecuaci\u00f3n al planeamiento vigente que les confer\u00eda esa condici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los terrenos fueron afectados, en sus determinaciones urban\u00edsticas, por la aprobaci\u00f3n del PGOU del municipio, que fue publicado el 11 de enero de 2007, en el cual los terrenos pasaban a tener la condici\u00f3n de suelo no urbanizable. Pero dicho plan fue impugnado por la ahora recurrente en v\u00eda contencioso-administrativa, por considerar que los terrenos de su propiedad ten\u00edan, al momento de su aprobaci\u00f3n, no solo la condici\u00f3n de urbanos, sino tambi\u00e9n la de solar, por tener ejecutadas a plena conformidad todas las obras de urbanizaci\u00f3n y cumplimentados todos los deberes que para dicha condici\u00f3n impon\u00eda la normativa aplicable. Pues bien, esa impugnaci\u00f3n concluy\u00f3 con la sentencia de 8 de octubre de 2010 (ECLI:ES:TSJCV:2010:6775), de estimaci\u00f3n parcial del recurso interpuesto contra la resoluci\u00f3n que aprob\u00f3 el referido Plan \u00abque expresamente revocamos, \u00fanica y exclusivamente, en lo que se refiere a la clasificaci\u00f3n de las parcelas del actor, integradas en el suelo del sector ZO-4, correspondiente Plan Parcial del antiguo sector 8, \u2018El Raso\u2019, que deber\u00e1n calificarse por la administraci\u00f3n, como suelo urbano consolidado por la urbanizaci\u00f3n, con los aprovechamientos y los usos que se derivan de la reparcelaci\u00f3n aprobada, (\u2026)\u201d, desestimando el recurso en todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

La mencionada sentencia fue recurrida en casaci\u00f3n por las Administraciones demandadas, que concluy\u00f3 con la sentencia de 29 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:7781) que desestim\u00f3 el recurso, quedando firme la sentencia de instancia.<\/p>\n\n\n\n

Dados los pronunciamientos de la sentencia mencionada, que impon\u00eda la obligaci\u00f3n de acometer la modificaci\u00f3n del planeamiento para conferir a los terrenos de la recurrente la condici\u00f3n de urbanos, se procede por el Ayuntamiento a su ejecuci\u00f3n con la aprobaci\u00f3n de la Modificaci\u00f3n Puntual (la n\u00famero 16) del PGOU parcialmente anulado, que fue publicada el d\u00eda 10 de octubre de 2016, en la cual se establece que los terrenos de la recurrente ten\u00edan la condici\u00f3n de suelo urbano con la categor\u00eda de solar.<\/p>\n\n\n\n

Esa demora temporal, a juicio de la defensa de la actora, en la ejecuci\u00f3n de la sentencia es la que motiva que la recurrente, en fecha 10 de octubre de 2017, presentara la reclamaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios que, a su juicio, se le hab\u00edan ocasionado por el hecho de haberse visto privada del derecho que hab\u00eda adquirido, y que fue desconocido por el Plan de 2006, impidiendo haber acometido la edificaci\u00f3n del terreno durante ese plazo de diez a\u00f1os, por cuanto hasta la Modificaci\u00f3n del Plan de 2017 no era posible dicha edificaci\u00f3n. En tal concepto se suplica en la demanda que se condene a la Administraci\u00f3n a la apertura del correspondiente procedimiento de responsabilidad y se reconozca dicha pretensi\u00f3n, que se fija en una indemnizaci\u00f3n por importe de 13 585 626,34 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n

OPOSICI\u00d3N AL RECURSO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La oposici\u00f3n al recurso (el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Generalitat Valenciana) sostiene que el plazo anual de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para reclamar la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios que se impone en el art\u00edculo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas ha de comenzar a computarse desde la firmeza de la sentencia que anula el Plan de 2006. La reclamaci\u00f3n de la recurrente estar\u00eda prescrita, como ya declar\u00f3 la Administraci\u00f3n al desestimar la petici\u00f3n inicial.<\/p>\n\n\n\n

Estiman los recurridos que la titular de los terrenos conoc\u00eda desde la sentencia que anul\u00f3 el Plan de 2006 \u2014la sentencia adquiri\u00f3 firmeza en 2012\u2014 los da\u00f1os que se le hab\u00edan ocasionado, porque con lo declarado en dicha sentencia, estimando su pretensi\u00f3n, se restablec\u00eda el derecho a la edificaci\u00f3n de los terrenos; y rechazan que proceda reconocer pretensi\u00f3n indemnizatoria alguna.<\/p>\n\n\n\n

JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n sobre la que se entiende existe inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar cu\u00e1l es el d\u00eda inicial del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, en el supuesto de anulaci\u00f3n de actos administrativos o disposiciones generales por sentencia, cuando dicha sentencia, en su fallo, establece una obligaci\u00f3n de hacer o requiere la realizaci\u00f3n de un acto de ejecuci\u00f3n posterior.<\/p>\n\n\n\n

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La cuesti\u00f3n sobre la que se entiende existe inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar cu\u00e1l es el d\u00eda inicial del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, en el supuesto de anulaci\u00f3n de actos administrativos o disposiciones generales por sentencia, cuando dicha sentencia, en su fallo, establece una obligaci\u00f3n de hacer o requiere la realizaci\u00f3n de un acto de ejecuci\u00f3n posterior.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Se identifica como norma jur\u00eddica que, en principio, ser\u00e1 objeto de interpretaci\u00f3n, el art\u00edculo 67 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

Suscitado el debate en la forma expuesta, no est\u00e1 de m\u00e1s que comencemos por recordar que en la sentencia de instancia, para justificar su declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, se considera que con la firmeza de la referida sentencia la recurrente \u00abya pod\u00eda conocer los posibles da\u00f1os que posteriormente fueron objeto de reclamaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Este tribunal no puede compartir ese criterio. Es cierto que conforme a la reiterada jurisprudencia de este tribunal, y acorde a la teor\u00eda de la actio nata<\/em>, el plazo de caducidad del derecho a reclamar los da\u00f1os y perjuicios ocasionados por responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n se inicia desde que se conocen los efectos lesivos de la actuaci\u00f3n administrativa a la que se imputan los da\u00f1os y perjuicios, y en consecuencia la regla citada comporta que, si se imputa la lesi\u00f3n a la anulaci\u00f3n de un acto por sentencia judicial, ser\u00e1 la firmeza de esta la que ya determina los efectos lesivos, y desde la fecha de su firmeza deber\u00e1 iniciarse el plazo anual de prescripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Acorde a la teor\u00eda de la actio nata<\/em>, el plazo de caducidad del derecho a reclamar los da\u00f1os y perjuicios ocasionados por responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n se inicia desde que se conocen los efectos lesivos de la actuaci\u00f3n administrativa a la que se imputan los da\u00f1os y perjuicios.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en el caso de autos, esos da\u00f1os y perjuicios no se anudan a la mera declaraci\u00f3n de que los terrenos ten\u00edan la condici\u00f3n de solar y, por tanto, que pod\u00edan ser edificados, sino al tiempo que ha durado esa imposibilidad de acometer la efectiva construcci\u00f3n de las edificaciones que el Plan excluy\u00f3 y la sentencia reconoci\u00f3, con el fin de rentabilizar dichas viviendas. As\u00ed entendida la reclamaci\u00f3n, es indudable que la sentencia no autorizaba a la concesi\u00f3n de la correspondiente licencia, requisito sine qua non<\/em> para acometerse esa edificaci\u00f3n. Porque lo que la sentencia impuso es que las Administraciones competentes procediesen a la aprobaci\u00f3n del \u00abcorrespondiente Plan Parcial del antiguo sector 8, \u2018El Raso\u2019\u00bb, tras el cual s\u00ed podr\u00eda concederse la mencionada licencia.<\/p>\n\n\n\n

En suma, si el fundamento de la pretensi\u00f3n es la demora en poder acometer la edificaci\u00f3n de los terrenos y poder rentabilizarlos, es indudable que con la sentencia anulando el Plan no conclu\u00eda esa demora, concluy\u00f3 con la plena eficacia de la modificaci\u00f3n de 2016.<\/p>\n\n\n\n

La respuesta a la cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional es que, a los efectos de inicio del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n anual para la reclamaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios, cuando se impute a una determinada actuaci\u00f3n administrativa que ha sido anulada por sentencia firme, <\/strong>si en dicha sentencia la anulaci\u00f3n impone dictar un nuevo acto administrativo \u2014o disposici\u00f3n reglamentaria\u2014 y el da\u00f1o se imputa a la demora en la ejecuci\u00f3n de lo declarado en sentencia, el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n no se inicia hasta que la Administraci\u00f3n condenada proceda a dar pleno cumplimiento a la sentencia anulatoria y acuerde el pleno restablecimiento del derecho que hab\u00eda sido declarado.<\/p>\n\n\n\n

\n

Si en dicha sentencia la anulaci\u00f3n impone dictar un nuevo acto administrativo \u2014o disposici\u00f3n reglamentaria\u2014 y el da\u00f1o se imputa a la demora en la ejecuci\u00f3n de lo declarado en sentencia, el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n no se inicia hasta que la Administraci\u00f3n condenada proceda a dar pleno cumplimiento a la sentencia anulatoria y acuerde el pleno restablecimiento del derecho que hab\u00eda sido declarado.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Autor\/a: Miryam Quintanilla Navarro<\/strong><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A los efectos de inicio del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n anual para la reclamaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios, cuando se impute a una determinada actuaci\u00f3n administrativa que ha sido anulada por sentencia firme, si en dicha sentencia la anulaci\u00f3n impone dictar un nuevo acto administrativo \u2014o disposici\u00f3n reglamentaria\u2014 y el da\u00f1o se imputa a la demora en la ejecuci\u00f3n de lo declarado en sentencia, el Tribunal Supremo sostiene que el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n no se inicia hasta que la Administraci\u00f3n condenada proceda a dar pleno cumplimiento a la sentencia anulatoria.
\nSENTIDO DEL FALLO: ha lugar al recurso de casaci\u00f3n. Se anula la sentencia, que se declara sin valor ni efecto alguno.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3626,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Miryam Quintanilla Navarro","cargo-autor":"Funcionaria de carrera y Doctora en Derecho","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[142,107],"autor-post":[171],"class_list":["post-3625","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisprudencia","tag-procedimiento-administrativo","tag-urbanismo","autor-post-miryam-quintanilla-navarro"],"yoast_head":"\nD\u00eda inicial del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, en el supuesto de anulaci\u00f3n por sentencia de un PGOU. 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