El mecanismo de las reservas de suelo para construir viviendas de protecci\u00f3n p\u00fablica constituye una obligaci\u00f3n que fue creada ante la insuficiencia de los Patrimonios P\u00fablicos del Suelo.Estos estaban destinados prioritariamente para colmar esa necesidad, pero su deficiente utilizaci\u00f3n procur\u00f3 un doble desv\u00edo: de un lado, al generalizarse su destino a \u201cotros usos de inter\u00e9s social\u201d distintos de la vivienda protegida, y de otro, por la evasi\u00f3n de los recursos procedentes de la Administraci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de sus bienes, eludiendo su retroalimentaci\u00f3n como hubiera sido lo propio de un patrimonio separado.<\/p>\n\n\n\n
Desde un punto de vista normativo, la Ley 8\/1990 de 25 de julio, sobre Reforma del R\u00e9gimen Urban\u00edstico y Valoraciones del Suelo (art\u00edculo 35.5), ofreci\u00f3 la necesaria cobertura legal a esas reservas, permitiendo que el planeamiento general calificara terrenos con destino a la construcci\u00f3n de viviendas de protecci\u00f3n p\u00fablica, solventando as\u00ed el \u00f3bice que jurisprudencialmente ven\u00eda oponi\u00e9ndose a la constante pr\u00e1ctica de incorporar tales reservas directamente en los planes sin base legal que lo legitimara. Tal previsi\u00f3n fue tambi\u00e9n incorporada en el posterior Real Decreto Legislativo 1\/1992, de 26 de junio, por el que aprueba el texto refundido de la Ley sobre el R\u00e9gimen del Suelo y Ordenaci\u00f3n Urbana (art\u00edculo 98.3), pero result\u00f3 afectado por la inconstitucionalidad declarada por la STC 61\/1997, de 20 de marzo.<\/p>\n\n\n\n
Quedaron as\u00ed las reservas hu\u00e9rfanas de regulaci\u00f3n estatal, y fueron entonces las leyes auton\u00f3micas las que afrontaron su normaci\u00f3n, configur\u00e1ndose como un imperativo legal, de modo que los planes ten\u00edan que hacer seguimiento necesario de ese mandato.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la Ley 8\/2007, de 28 de mayo, de Suelo, retom\u00f3 la cuesti\u00f3n y procur\u00f3 homogeneizar la regulaci\u00f3n de las reservas al amparo de determinados t\u00edtulos competenciales estatales, que fueron cuestionados pero confirmados por la STC 141\/2014, de 11 de septiembre. Desde entonces la legislaci\u00f3n estatal ha sido constante en el establecimiento de las reservas m\u00ednimas que el legislador auton\u00f3mico deb\u00eda respetar, sin perjuicio de que aquel pudiera incrementarlas o incluso crear otras nuevas (posibilidad esta \u00faltima declarada constitucional por la STC 16\/2021, de 28 de enero).<\/p>\n\n\n\n
Ha de se\u00f1alarse que desde la Ley 8\/2007 la imposici\u00f3n de las reservas ven\u00eda acompa\u00f1ada de una doble cauci\u00f3n temporal. De un lado, se descartaba cualquier aplicaci\u00f3n pret\u00e9rita de las reservas a los procedimientos de planificaci\u00f3n en curso. De otro, se dispon\u00eda una vacatio <\/em>para la acomodaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica a la estatal. Incluso se lleg\u00f3 a establecer una norma especial de suspensi\u00f3n de las nuevas reservas durante un plazo de 4 a\u00f1os, con ocasi\u00f3n de la Ley 8\/2013, de 26 de junio, de Rehabilitaci\u00f3n, Regeneraci\u00f3n y Renovaci\u00f3n urbanas.<\/p>\n\n\n\n Desde la Ley 8\/2007 la imposici\u00f3n de las reservas ven\u00eda acompa\u00f1ada de una doble cauci\u00f3n temporal. De un lado, se descartaba cualquier aplicaci\u00f3n pret\u00e9rita de las reservas a los procedimientos de planificaci\u00f3n en curso. De otro, se dispon\u00eda una vacatio <\/em>para la acomodaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica a la estatal.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Sin embargo, y rompiendo toda esa tradici\u00f3n hist\u00f3rica, la citada Ley 12\/2023 elev\u00f3 los porcentajes de reserva sin establecer norma transitoria alguna que precisase el alcance temporal del cambio normativo, lo que ha generado una profusa incertidumbre en el operador jur\u00eddico, omisi\u00f3n que contrar\u00eda frontalmente el principio de seguridad jur\u00eddica (STC 44\/2023, de 9 de mayo), en cuanto \u201cel legislador debe procurar que los operadores jur\u00eddicos y ciudadanos sepan a qu\u00e9 atenerse, huir de provocar situaciones confusas y perplejidades dif\u00edcilmente salvables respecto de la previsibilidad de cu\u00e1l sea el derecho aplicable y las consecuencias derivadas del mismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Rompiendo toda esa tradici\u00f3n hist\u00f3rica, la citada Ley 12\/2023 elev\u00f3 los porcentajes de reserva sin establecer norma transitoria alguna que precisase el alcance temporal del cambio normativo, lo que ha generado una profusa incertidumbre en el operador jur\u00eddico, omisi\u00f3n que contrar\u00eda frontalmente el principio de seguridad jur\u00eddica.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Una primera interpretaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n pasar\u00eda por considerar que las modificaciones operadas por la Ley 12\/2023 son de aplicaci\u00f3n inmediata a todos los cambios de ordenaci\u00f3n cuyos procedimientos de aprobaci\u00f3n est\u00e9n iniciados antes de su entrada en vigor. Su argumento principal podr\u00eda fundarse en el rechazo de dos enmiendas (184 y 324 en el Senado) que propon\u00edan incorporar una norma transitoria similar a la de las normas precedentes.<\/p>\n\n\n\n Desconocemos las razones que indujeron al rechazo de dichas enmiendas. Bien podr\u00eda pensarse que se trataba de evitar cualquier retraso en la aplicaci\u00f3n de las nuevas reservas, a lo que habr\u00eda que objetar que esa bondadosa intenci\u00f3n \u2014que deber\u00eda pasar por su inclusi\u00f3n en todos los procedimientos planificadores en curso y su correlativa modificaci\u00f3n\u2014 implicar\u00eda parad\u00f3jicamente un retraso global, muy significativo, en la aplicaci\u00f3n de las reservas ya programadas, resultado que dif\u00edcilmente puede pretender el legislador, pues su prop\u00f3sito declarado es precisamente el contrario, al tratar de garantizar con premura vivienda a precios asequibles a los m\u00e1s desfavorecidos. Ha de presumirse tambi\u00e9n que el legislador es conocedor de la especial complejidad y lentitud que entra\u00f1a la tramitaci\u00f3n de los procedimientos de aprobaci\u00f3n de los planes urban\u00edsticos.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, una adecuada interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y teleol\u00f3gica de la ley impide sostener cualquier tesis que implique la paralizaci\u00f3n generalizada de los planes urban\u00edsticos en tramitaci\u00f3n, nutridos ya con sus propias reservas para vivienda de protecci\u00f3n p\u00fablica, retrasando as\u00ed su incorporaci\u00f3n al mercado inmobiliario m\u00e1s sensible.<\/p>\n\n\n\n Una adecuada interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y teleol\u00f3gica de la ley impide sostener cualquier tesis que implique la paralizaci\u00f3n generalizada de los planes urban\u00edsticos en tramitaci\u00f3n, nutridos ya con sus propias reservas para vivienda de protecci\u00f3n p\u00fablica, retrasando as\u00ed su incorporaci\u00f3n al mercado inmobiliario m\u00e1s sensible.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Solo cabe colegir, por descarte, que el hipot\u00e9tico motivo del rechazo de aquellas enmiendas se debi\u00f3 a la creencia \u2014err\u00f3nea\u2014 sobre la suficiencia de la norma transitoria inserta en la Ley del Suelo vigente, bajo el entendimiento de que esta ser\u00eda aplicable tambi\u00e9n a las nuevas reservas creadas por la Ley 12\/2023, lo que, de partida, se enfrentar\u00eda con el obst\u00e1culo de que el punto de referencia de dicha transitoriedad se halla en la Ley 8\/2007, provocando una clara discordancia temporal, desajuste tambi\u00e9n predicable respecto de los otros aspectos regulados en esa misma transitoria: la vacatio <\/em>prevenida en la actual Ley del Suelo y la citada regla de suspensi\u00f3n incorporada por la Ley 8\/2013, periodos transitorios, todos ellos, superados ampliamente en el momento presente.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n de una norma transitoria perteneciente a una ley respecto de otra distinta ha sido recientemente desechada por el Tribunal Supremo. En efecto (por todas, la STS de 3 de julio de 2023 \u2014Sala de lo Penal\u2014), se pronuncia sobre la posibilidad de aplicar una disposici\u00f3n transitoria del C\u00f3digo Penal a la reforma operada por la denostada y controvertida LO 10\/2022 (que carec\u00eda de norma transitoria ad hoc<\/em>), se\u00f1al\u00e1ndose que la transitoria del C\u00f3digo Penal \u201cno puede ser concebida como una norma de derecho intertemporal, con vocaci\u00f3n de inderogable vigencia, para resolver los problemas suscitados a ra\u00edz de todas y cada una de las reformas abordadas a lo largo del tiempo por el legislador\u201d.<\/p>\n\n\n\n Todo ello anima a apoyar, como \u00fanica alternativa, la interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y teleol\u00f3gica antes apuntada, de suerte que las nuevas reservas solo se aplicar\u00edan a los procedimientos planificadores iniciados con posterioridad a la Ley 12\/2023, siguiendo as\u00ed la estela y raz\u00f3n de la transitoriedad que hist\u00f3ricamente se hab\u00eda enlazado a la regulaci\u00f3n de estas reservas.<\/p>\n\n\n\n Como argumento adicional podr\u00eda esgrimirse la evoluci\u00f3n jurisprudencial del principio de unidad procedimental, en la que se observa una tendencia expansiva hacia su aplicaci\u00f3n en las modificaciones sustantivas \u2014y no solo procedimentales\u2014 (SSTS 1274\/2018 y 703\/2019, de 17 de julio de 2018 y 27 mayo de 2019, respectivamente), en el sentido de que nada obstar\u00eda para subsumir en su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n a los procedimientos de aprobaci\u00f3n de planes urban\u00edsticos que se hallen en tramitaci\u00f3n cuando la ley sustantiva que le afecte no contemple una norma transitoria expresa, como ser\u00eda el caso analizado.<\/p>\n\n\n\n Como argumento adicional podr\u00eda esgrimirse la evoluci\u00f3n jurisprudencial del principio de unidad procedimental, en la que se observa una tendencia expansiva hacia su aplicaci\u00f3n en las modificaciones sustantivas (y no solo procedimentales).<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Autor\/a: Fernando Luque Regueiro<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Intentamos ofrecer algo de luz en la oscuridad creada por la Ley 12\/2023, en lo que afecta a la aplicaci\u00f3n temporal del nuevo r\u00e9gimen de reservas con destino a viviendas de protecci\u00f3n p\u00fablica, apostando por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y teleol\u00f3gica de la 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