{"id":3550,"date":"2024-05-29T07:30:00","date_gmt":"2024-05-29T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3550"},"modified":"2024-05-27T09:44:55","modified_gmt":"2024-05-27T07:44:55","slug":"los-premios-de-jubilacion-de-los-funcionarios-locales-evolucion-jurisprudencial-y-situacion-actual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/los-premios-de-jubilacion-de-los-funcionarios-locales-evolucion-jurisprudencial-y-situacion-actual\/","title":{"rendered":"Los premios de jubilaci\u00f3n de los funcionarios locales: evoluci\u00f3n jurisprudencial y situaci\u00f3n actual"},"content":{"rendered":"\n

La jurisprudencia del Tribunal Supremo reca\u00edda a lo largo de los a\u00f1os ha interpretado de forma dispar cu\u00e1l era la verdadera naturaleza de estos premios de jubilaci\u00f3n, los cuales se ven\u00edan contemplando en la mayor\u00eda de pactos y acuerdos de condiciones de trabajo del personal funcionario de las entidades locales.<\/p>\n\n\n\n

La doctrina inicial fue vacilante sobre el car\u00e1cter de estas gratificaciones. Algunas sentencias negaban su naturaleza retributiva y defend\u00edan que constituyen medidas asistenciales que no retribuyen la prestaci\u00f3n de servicios, sino el auxilio de los empleados en determinadas situaciones de necesidad. As\u00ed, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2006 indica que \u201cse trata de aportaciones econ\u00f3micas [\u2026] que est\u00e1n destinadas a atender determinadas necesidades y no son una mera contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica del desempe\u00f1o profesional que se devengue necesariamente y con regularidad peri\u00f3dica. Por lo cual, carece de justificaci\u00f3n atribuir a estos desembolsos la consideraci\u00f3n de retribuciones y es m\u00e1s adecuado calificarlas de medidas asistenciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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La doctrina inicial fue vacilante sobre el car\u00e1cter de estas gratificaciones. Algunas sentencias negaban su naturaleza retributiva y defend\u00edan que constituyen medidas asistenciales que no retribuyen la prestaci\u00f3n de servicios, sino el auxilio de los empleados en determinadas situaciones de necesidad.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En otras sentencias posteriores el Tribunal Supremo consider\u00f3 que estos incentivos a la jubilaci\u00f3n tienen car\u00e1cter retributivo y, por ello, son conceptos no permitidos por la normativa en materia de retribuciones de los funcionarios. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2010 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 3565\/2007) afirma que \u201cdichos premios infringen la disposici\u00f3n adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 781\/86 y la disposici\u00f3n final segunda de la Ley 7\/85 y no se puede amparar en el art\u00edculo 34 de la Ley 30\/84 porque no atienden a los supuestos que se contemplan en el precepto ya que no son retribuciones contempladas en la regulaci\u00f3n legal, como contempla la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 y como subraya la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2008 no son un complemento retributivo definido en el art\u00edculo 5\u00ba del Real Decreto 861\/84 y no se ajustan a las determinaciones del art\u00edculo 83 de la Ley 7\/85 LBRL, por lo que procede su anulaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cuando parec\u00eda que <\/strong>el Alto Tribunal se ven\u00eda pronunciando en el sentido expreso de que los premios de jubilaci\u00f3n no eran conformes a derecho, en la sentencia de 20 de diciembre de 2013 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 7064\/2010), cambia el sentido del criterio mantenido hasta aquel momento y, juntamente con la siguiente sentencia de 29 de diciembre de 2014 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 120\/2014), admite la posibilidad de negociar cuestiones referidas a los funcionarios jubilados a la vista del art\u00edculo 37.1.g) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5\/2015, de 30 de octubre. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que, si bien toda medida de acci\u00f3n social tiene un coste econ\u00f3mico, esta circunstancia no significa que hayan de ser todas consideradas retribuciones, ya que su justificaci\u00f3n y su r\u00e9gimen de devengo son muy diferentes. Asimismo, afirma que no se puede atribuir a estos desembolsos la consideraci\u00f3n de retribuciones, dado que se trata de medidas asistenciales que \u201cno son compensaci\u00f3n del trabajo realizado sino protecci\u00f3n o ayuda de car\u00e1cter asistencial, que se generan o devengan cuando se producen contingencias que colocan al beneficiario en una singular o desigual situaci\u00f3n de necesidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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El Alto Tribunal, en la sentencia de 20 de diciembre de 2013, cambia el sentido del criterio mantenido hasta aquel momento y, juntamente con la siguiente sentencia de 29 de diciembre de 2014, admite la posibilidad de negociar cuestiones referidas a los funcionarios jubilados a la vista del art\u00edculo 37.1.g) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5\/2015, de 30 de octubre.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Pero el 20 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo dicta una sentencia (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 2747\/2015) en la que vuelve a dar un nuevo golpe de tim\u00f3n y reprende la tesis sostenida con anterioridad al a\u00f1o 2013, cuando afirma de forma contundente que \u201clos premios de jubilaci\u00f3n [\u2026] no son medidas asistenciales. Se trata de remuneraciones distintas de las previstas para los funcionarios de las corporaciones locales por la legislaci\u00f3n b\u00e1sica del Estado. Se debe reparar en que estos premios no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidos sino que se devengan simplemente por la extinci\u00f3n de la relaci\u00f3n de servicio funcionarial cuando se alcanza la edad de la jubilaci\u00f3n forzosa o la necesaria para obtener la jubilaci\u00f3n anticipada. No se dirigen pues a compensar circunstancias sobrevenidas de la naturaleza de las que inspiran las medidas asistenciales \u2013esto es, determinantes de una situaci\u00f3n de desigualdad\u2013 sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable de la relaci\u00f3n funcionarial, por lo dem\u00e1s no espec\u00edfico del Ayuntamiento de [\u2026] sino com\u00fan a toda la funci\u00f3n p\u00fablica, una gratificaci\u00f3n. Suponen, pues, una alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Pero el 20 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo dicta una sentencia (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 2747\/2015) en la que vuelve a dar un nuevo golpe de tim\u00f3n y reprende la tesis sostenida con anterioridad al a\u00f1o 2013.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2022 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 4444\/2020) vuelve a dejar claro que las gratificaciones por jubilaci\u00f3n contempladas en acuerdos o pactos, o reconocidas unilateralmente por los entes locales, no son posibles si no existe una norma legal de alcance general que les d\u00e9 cobertura:<\/p>\n\n\n\n

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La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2022 vuelve a dejar claro que las gratificaciones por jubilaci\u00f3n contempladas en acuerdos o pactos, o reconocidas unilateralmente por los entes locales, no son posibles si no existe una norma legal de alcance general que les d\u00e9 cobertura.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u201cEs criterio jurisprudencial claramente establecido que las gratificaciones \u2013cualquiera que sea su denominaci\u00f3n en cada caso\u2013 por jubilaci\u00f3n anticipada previstas en acuerdos de entidades locales tienen naturaleza de retribuci\u00f3n y, por consiguiente, s\u00f3lo pueden considerarse ajustadas a Derecho en la medida en que tengan fundamento en alguna norma legal de alcance general, relativa a la remuneraci\u00f3n de los funcionarios de la Administraci\u00f3n local. Dado que en los casos resueltos hasta la fecha no se hab\u00eda identificado ninguna norma de cobertura, la conclusi\u00f3n fue que dichos acuerdos de las entidades locales eran inv\u00e1lidos [\u2026]<\/p>\n\n\n\n

A este mismo criterio debe ahora estarse, pues en este caso no se aprecia ninguna diferencia relevante. En este orden de consideraciones, debe se\u00f1alarse que la arriba mencionada disposici\u00f3n adicional 21\u00aa de la Ley 30\/1984, aun previendo medidas de incentivaci\u00f3n de la jubilaci\u00f3n anticipada, no hizo una regulaci\u00f3n precisa para el supuesto de que dichas medidas tuvieran car\u00e1cter retributivo y, por ello, no satisface la exigencia de que las gratificaciones por jubilaci\u00f3n anticipada tengan cobertura en una norma legal de alcance general\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las sentencias posteriores ya no se han apartado de esta l\u00ednea y han reiterado de manera contundente la ilegalidad de los premios de jubilaci\u00f3n de los funcionarios de las entidades locales. La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2023 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 3554\/2021) es muy ilustrativa, ya que resume perfectamente esta doctrina:<\/p>\n\n\n\n

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Las sentencias posteriores ya no se han apartado de esta l\u00ednea y han reiterado de manera contundente la ilegalidad de los premios de jubilaci\u00f3n de los funcionarios de las entidades locales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u201c1.\u00ba Para determinar su naturaleza se deslinda las que son medidas de acci\u00f3n o de asistencia social de los que presentan naturaleza retributiva. Ser\u00e1n medidas de asistencia social si atienden contingencias o infortunios, luego tienen un fin compensatorio ante circunstancias sobrevenidas; ser\u00e1n retribuciones, si se trata de cantidades que se perciben por el hecho -natural- de llegar a la edad de jubilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

2.\u00ba De tener esa naturaleza retributiva, su percepci\u00f3n pugna con el car\u00e1cter estatutario y no convencional o pactado de la relaci\u00f3n funcionarial, lo que implica que la estructura retributiva del funcionario p\u00fablico viene determinada por una norma legal, no puede innovarse mediante pactos o mediante resoluciones administrativas o disposiciones contrarias a la normativa b\u00e1sica.<\/p>\n\n\n\n

3.\u00ba Que las retribuciones sean materia de negociaci\u00f3n colectiva en el \u00e1mbito funcionarial conforme al art\u00edculo 37.1 a) y b) del EBEP 2015, no es contradictorio con esa naturaleza estatutaria, pues lo convencional tiene su aplicaci\u00f3n en aspectos como el incremento, determinaci\u00f3n o sobre la aplicaci\u00f3n de las retribuciones complementarias, pero no alcanza a alterar o innovar esa estructura que en lo retributivo viene determinada por ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Como se puede observar, en las sentencias dictadas a partir del a\u00f1o 2018 son dos las consideraciones que realiza el Tribunal Supremo para concluir la ilegalidad de los premios de jubilaci\u00f3n de los funcionarios locales:<\/p>\n\n\n\n

a.- Que son retribuciones, no medidas asistenciales, puesto que no atienden a contingencias o infortunios con un fin compensatorio ante circunstancias sobrevenidas, sino que se trata de cantidades que se perciben por el hecho natural de llegar a la edad de jubilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    <\/ol>\n\n\n\n

    b.- Que, al ser retribuciones, deben tener cobertura en una norma legal de alcance general, la cual es inexistente, ya que la disposici\u00f3n adicional vigesimoprimera de la Ley 30\/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci\u00f3n P\u00fablica, que contempla la posibilidad de establecer medidas de incentivaci\u00f3n de la jubilaci\u00f3n anticipada, no efect\u00faa una regulaci\u00f3n precisa para el supuesto de que dichas medidas tengan car\u00e1cter retributivo y, por ello, no satisface la exigencia de que las gratificaciones por jubilaci\u00f3n anticipada tengan cobertura en una norma legal de alcance general.<\/p>\n\n\n\n

    En conclusi\u00f3n, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo parece haber zanjado definitivamente la cuesti\u00f3n al fijar la doctrina de que los premios por jubilaci\u00f3n, previstos en los pactos y acuerdos de condiciones de trabajo del personal funcionario de las entidades locales, tienen naturaleza de retribuci\u00f3n, es decir, no son medidas sociales, por lo que solo pueden ser considerados ajustados a derecho en la medida en que tengan fundamento en una norma legal de alcance general, relativa a la remuneraci\u00f3n de los funcionarios de Administraci\u00f3n local, y al no haber ninguna, comporta la consecuencia de que dichas gratificaciones no sean conformes a la legalidad.<\/p>\n\n\n\n

    Autor\/a: David Cabezuelo Valencia<\/strong><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    La controversia en relaci\u00f3n con la legalidad de los premios, gratificaciones o compensaciones por jubilaci\u00f3n de los funcionarios de la Administraci\u00f3n local, ya sea anticipada u ordinaria, ha dado lugar a pronunciamientos de los tribunales contradictorios y a opiniones doctrinales discrepantes.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3552,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"David Cabezuelo Valencia","cargo-autor":"Secretario de Administraci\u00f3n local, categor\u00eda superior. 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