{"id":3402,"date":"2024-04-03T07:30:00","date_gmt":"2024-04-03T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3402"},"modified":"2024-04-02T08:42:22","modified_gmt":"2024-04-02T06:42:22","slug":"el-procedimiento-de-elaboracion-de-las-ordenanzas-locales-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-procedimiento-de-elaboracion-de-las-ordenanzas-locales-fiscales\/","title":{"rendered":"El procedimiento de elaboraci\u00f3n de las ordenanzas locales fiscales"},"content":{"rendered":"\n<p>La cultura de la calidad normativa o <em>better regulation<\/em> ha contribuido a mejorar de manera significativa el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de nuestras Administraciones p\u00fablicas. Como contrapartida, sin embargo, el procedimiento de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de disposiciones generales ha adquirido una creciente complejidad, que deriva de una regulaci\u00f3n contenida en numerosas normas que se superponen entre ellas, y cuya aplicaci\u00f3n no siempre resulta clara, lo que ha provocado la anulaci\u00f3n de numerosos reglamentos por vicios formales y procedimentales.<\/p>\n\n\n\n<p>Las ordenanzas locales fiscales no quedan fuera de este aut\u00e9ntico laberinto jur\u00eddico, que se vuelve a\u00fan m\u00e1s complejo si tenemos en cuenta que hay una serie de disposiciones reglamentarias aprobadas por los entes locales que ordenan ingresos no tributarios, como es el caso de las ordenanzas reguladoras de precios p\u00fablicos (arts. 41 y siguientes TRLHL) o las ordenanzas reguladoras de las prestaciones patrimoniales no tributarias (art. 20.6 TRLHL).<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, el punto de partida es que el t\u00e9rmino ordenanza fiscal \u00fanicamente abarca las normas jur\u00eddicas de naturaleza reglamentaria dirigidas a ejercer las competencias locales en materia tributaria. Dentro de esta categor\u00eda, se distingue entre: las ordenanzas fiscales dirigidas a regular de manera singular los tributos propios de la entidad local, ya sean potestativos u obligatorios; y las ordenanzas fiscales generales, cuyo objeto es regular aspectos formales del conjunto de tributos gestionados por la entidad local, como son cuestiones vinculadas a su gesti\u00f3n, recaudaci\u00f3n e inspecci\u00f3n, adapt\u00e1ndose a las peculiaridades organizativas de la respectiva entidad local.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El punto de partida es que el t\u00e9rmino ordenanza fiscal \u00fanicamente abarca las normas jur\u00eddicas de naturaleza reglamentaria dirigidas a ejercer las competencias locales en materia tributaria.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Clarificada esta cuesti\u00f3n, a la hora de analizar el marco normativo del procedimiento de elaboraci\u00f3n de las ordenanzas locales fiscales, debemos se\u00f1alar que, a pesar de que la LBRL contiene diversas referencias a las ordenanzas fiscales, en el \u00e1mbito procedimental \u00fanicamente se refiere a la publicaci\u00f3n definitiva como requisito para la entrada en vigor (art. 107 LBRL), remitiendo los restantes extremos relativos a su aprobaci\u00f3n, publicaci\u00f3n y entrada en vigor a las \u201cnormas especiales reguladoras de la Imposici\u00f3n y Ordenaci\u00f3n de tributos locales\u201d (art. 111 LBRL).<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el TRLHL dedica su art. 17 a la \u201cElaboraci\u00f3n, publicaci\u00f3n y publicidad de las ordenanzas fiscales\u201d. Estas previsiones se complementan Principio del formulariocon el art. 18 TRLHL, que identifica los sujetos que ostentan la condici\u00f3n de interesados a los efectos de participar en el tr\u00e1mite de presentaci\u00f3n de reclamaciones previsto en el art. 17.1 TRLHL; y con el art. 19 TRLHL, que alude al recurso contencioso-administrativo contra estas ordenanzas, en lo relativo al plazo de interposici\u00f3n, as\u00ed como a los efectos de una eventual anulaci\u00f3n o modificaci\u00f3n por resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre la naturaleza de esta regulaci\u00f3n, es irrefutable que nos hallamos ante una normativa especial por raz\u00f3n de la materia, que determina unas singularidades en la tramitaci\u00f3n de estas normas, que las diferencian del resto de ordenanzas locales y conllevan que no sean de aplicaci\u00f3n las previsiones generales contenidas en el art. 49 LBRL.<\/p>\n\n\n\n<p>A lo anterior, la reciente STS n\u00fam. 108\/2023, de 31 de enero de 2023, ha a\u00f1adido que esta regulaci\u00f3n desplaza las previsiones del t\u00edtulo VI LPAC, relativas a la elaboraci\u00f3n de disposiciones generales, al amparo de la disposici\u00f3n adicional primera n\u00famero 1 LPAC. Este desplazamiento obedece no solo a que formalmente nos encontramos ante una legislaci\u00f3n especial por raz\u00f3n de la materia, sino tambi\u00e9n a que,<strong> <\/strong>seg\u00fan el Tribunal, nos hallamos ante una normativa que establece, en s\u00ed misma, un procedimiento completo, que hace innecesario acudir a ninguna norma supletoria.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Seg\u00fan el Tribunal, nos hallamos ante una normativa que establece, en s\u00ed misma, un procedimiento completo, que hace innecesario acudir a ninguna norma supletoria.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>A nuestro juicio, dicha doctrina presenta algunas fisuras; y es que, si bien el art. 17 TRLHL se refiere a ciertos tr\u00e1mites previos a la aprobaci\u00f3n de una ordenanza fiscal, hay otras actuaciones no recogidas en este precepto y que derivan, en algunos casos, del propio TRLHL, pero tambi\u00e9n de otras normas transversales como, por ejemplo, la legislaci\u00f3n de transparencia y buen gobierno, o diversas normativas sectoriales, que integran asimismo el marco normativo aplicable al procedimiento de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las ordenanzas fiscales. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Del conjunto de normas que acabamos de mencionar se deriva el procedimiento para la elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las ordenanzas fiscales, integrado por las actuaciones y los tr\u00e1mites que se describen a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-Con anterioridad a la elaboraci\u00f3n de la iniciativa normativa, pueden darse algunas actuaciones previas, como la inclusi\u00f3n de la norma en la planificaci\u00f3n normativa municipal o la sustanciaci\u00f3n de un tr\u00e1mite participativo dirigido a conocer la opini\u00f3n de la ciudadan\u00eda. Si bien ambos tr\u00e1mites est\u00e1n previstos en la LPAC (arts. 132 y 133.1, respectivamente), no aplicable a la elaboraci\u00f3n de las ordenanzas locales fiscales seg\u00fan la doctrina contenida en la citada STS n\u00fam. 108\/2023, ello no impide que los mismos se lleven a cabo en base a otros fundamentos. Y es que, en efecto, son muchas las Administraciones locales que elaboran y publican la planificaci\u00f3n de las normas que prev\u00e9n aprobar como una buena praxis. A su vez, diversas leyes de transparencia auton\u00f3micas dan cobertura a un tr\u00e1mite de participaci\u00f3n temprana, como es el caso de la Ley catalana 19\/2014.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\"><strong>Con anterioridad a la elaboraci\u00f3n de la iniciativa normativa, pueden darse algunas actuaciones previas, como la inclusi\u00f3n de la norma en la planificaci\u00f3n normativa municipal o la sustanciaci\u00f3n de un tr\u00e1mite participativo dirigido a conocer la opini\u00f3n de la ciudadan\u00eda.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-La iniciaci\u00f3n formal del expediente de elaboraci\u00f3n de la ordenanza fiscal, que tiene lugar con la iniciativa adoptada por el presidente de la corporaci\u00f3n; sin perjuicio de que pueda darse la iniciativa popular, de acuerdo con el derecho de los vecinos reconocido en el art. 18.1.h) LBRL, que se remite al art. 70 bis.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-La redacci\u00f3n del proyecto de ordenanza, ya sea por parte de los servicios t\u00e9cnicos de la entidad (en el caso de los municipios de gran poblaci\u00f3n, por el \u00f3rgano de gesti\u00f3n tributaria), o bien por personas ajenas a la corporaci\u00f3n, en virtud del correspondiente contrato de servicios.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-La emisi\u00f3n de informes, cuya exigencia viene impuesta, en algunos casos, por la normativa local (informe propuesta de resoluci\u00f3n del Jefe de la Dependencia, informe del Secretario, informe del Interventor municipal, informe t\u00e9cnico-econ\u00f3mico; e informe de la Comisi\u00f3n Informativa), y, en otros casos, por normativa de car\u00e1cter sectorial. Aqu\u00ed incluir\u00edamos, cuando lo exija la respectiva ley de transparencia auton\u00f3mica, el informe relativo a la intervenci\u00f3n de los grupos de inter\u00e9s o informe de huella, como instrumento para reflejar la participaci\u00f3n que hayan podido tener los grupos de presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-Aprobaci\u00f3n provisional por el Pleno, que, en el caso de los municipios de gran poblaci\u00f3n, requiere que el proyecto sea aprobado previamente por la Junta de Gobierno Local.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-Exposici\u00f3n al p\u00fablico y apertura del per\u00edodo de \u201creclamaciones\u201d, que de acuerdo con la jurisprudencia engloba tanto la audiencia a los interesados como la informaci\u00f3n p\u00fablica (SSTS de 18 de diciembre de 1997 y de 12 de marzo de 1998). Todo ello sin perjuicio, adem\u00e1s, de que el proyecto normativo deba ser objeto de publicidad activa a trav\u00e9s del portal de transparencia correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\"><strong>Exposici\u00f3n al p\u00fablico y apertura del per\u00edodo de \u201creclamaciones\u201d, que de acuerdo con la jurisprudencia engloba tanto la audiencia a los interesados como la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-Estudio de las reclamaciones presentadas y aprobaci\u00f3n definitiva, ya sea de manera expresa, para el caso de que se hayan recibido reclamaciones, o de forma t\u00e1cita, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario, para el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">-Publicaci\u00f3n \u00edntegra de la norma en el bolet\u00edn oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad aut\u00f3noma uniprovincial, y entrada en vigor.<\/p>\n\n\n\n<p>La correcci\u00f3n de todos estos tr\u00e1mites no solo garantiza la validez frente a posibles impugnaciones de la norma, sino que sirve tambi\u00e9n para asegurar la calidad de la norma y, en definitiva, el buen ejercicio de la potestad tributaria local.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre esta cuesti\u00f3n, la reciente jurisprudencia que excluye la aplicaci\u00f3n de las exigencias procedimentales recogidas en el t\u00edtulo VI LPAC puede ayudar a simplificar el procedimiento; pero tambi\u00e9n nos tendr\u00eda que hacer reflexionar y, en su caso, revisar el procedimiento dise\u00f1ado por el art. 17 TRLHL, para asegurar que el mismo no quede al margen de las exigencias de la buena regulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Este <em>post<\/em> tiene su origen en el art\u00edculo: \u201c<a href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/publicaciones\/2024\/QDL64\/QDL64_02_Araguas_Galcera.pdf\">El procedimiento de elaboraci\u00f3n de las ordenanzas locales fiscales<\/a>\u201d, publicado en la revista <a href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/publicaciones\/2024\/QDL64\/QDL64.pdf\"><em>Cuadernos de Derecho Local<\/em>, n\u00fam. 64 (<em>La financiaci\u00f3n de los Gobiernos locales a examen<\/em>)<\/a>. <strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>Irene Aragu\u00e0s Galcer\u00e0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el adecuado dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas tributarias locales, tienen un papel esencial las ordenanzas fiscales. El presente texto analiza las principales cuestiones que suscita el procedimiento de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las ordenanzas locales fiscales, teniendo en cuenta el impacto que, en este \u00e1mbito, han tenido las normas y la jurisprudencia m\u00e1s reciente en materia de buena regulaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3404,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Irene Aragu\u00e0s Galcer\u00e0","cargo-autor":"Profesora lectora de Derecho Administrativo. 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