{"id":3112,"date":"2024-03-13T07:30:00","date_gmt":"2024-03-13T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=3112"},"modified":"2024-03-11T13:37:27","modified_gmt":"2024-03-11T12:37:27","slug":"el-momento-y-la-duracion-del-tramite-de-informacion-publica-en-los-procedimientos-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-acuerdo-con-la-doctrina-del-tribunal-supremo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-momento-y-la-duracion-del-tramite-de-informacion-publica-en-los-procedimientos-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-acuerdo-con-la-doctrina-del-tribunal-supremo\/","title":{"rendered":"El momento y la duraci\u00f3n del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica en los procedimientos de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo"},"content":{"rendered":"\n

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia n.\u00ba 1768\/2023, de 21 de diciembre<\/a>, resuelve un recurso de casaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica exigido en los procedimientos de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, en el marco de una autorizaci\u00f3n de modificaci\u00f3n sustancial, por repotenciaci\u00f3n, de un proyecto de parque e\u00f3lico en Galicia. En concreto, en el citado pronunciamiento se analiza si los informes sectoriales, que deben emitirse para dar cumplimiento al tr\u00e1mite de consultas a las Administraciones afectadas requerido por la normativa como parte esencial de la tramitaci\u00f3n de un procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, deben recabarse con car\u00e1cter previo a someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental al preceptivo tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica. Asimismo, a fin de resolver completamente todos los aspectos de la controversia, el Tribunal Supremo se pronuncia tambi\u00e9n sobre la licitud de reducir el plazo para la realizaci\u00f3n del citado tr\u00e1mite, aunque sobre este extremo no se haya reconocido la existencia de inter\u00e9s casacional objetivo.<\/p>\n\n\n\n

En la Sentencia n.\u00ba 1768\/2023 se enjuicia el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, secci\u00f3n 3.\u00aa, el 21 de enero de 2022 (ECLI:ES:TSJGAL:2022:550)<\/a>, en el que se resolvi\u00f3 anular el acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia por el que se aprobaba definitivamente un proyecto de repotenciaci\u00f3n de un parque e\u00f3lico, al concluir que el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica no se hab\u00eda llevado a cabo correctamente por las dos razones siguientes: por un lado, se estim\u00f3 improcedente y contraria a la normativa en materia de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental la reducci\u00f3n del plazo de 30 d\u00edas a 15; y, por otro lado, se consider\u00f3 que los informes sectoriales exigidos en la Ley 21\/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci\u00f3n ambiental (en adelante, LEA)<\/a>, deber\u00edan haberse recabado antes de someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental al tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Es precisamente este segundo motivo de nulidad estimado, en primera instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que, en opini\u00f3n del Tribunal Supremo, presenta inter\u00e9s casacional objetivo.<\/p>\n\n\n\n

La Sala gallega hab\u00eda determinado que, tanto la LEA como la Directiva 2011\/92\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluaci\u00f3n de las repercusiones de determinados proyectos p\u00fablicos y privados sobre el medio ambiente, contienen un mandato claro en virtud del cual se impone la obligaci\u00f3n de conseguir los informes sectoriales antes de someter el proyecto y el estudio ambiental a un tr\u00e1mite conjunto de informaci\u00f3n p\u00fablica. Por tanto, al no haberse atendido dicha exigencia, se hab\u00eda impedido, a todos aquellos sujetos que hab\u00edan presentado alegaciones, \u201cejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas \u2018las opciones\u2019 que se presentaban, en un tr\u00e1mite que necesariamente ten\u00eda que realizarse \u2018antes\u2019 de adoptar la decisi\u00f3n definitiva sobre el proyecto que se promov\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En concreto, el Tribunal Supremo enjuicia si las normas vigentes en materia de evaluaci\u00f3n ambiental ordinaria, que es la seguida en el supuesto analizado, exigen que los informes sectoriales sean recabados antes de iniciarse el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica. Dicho en otras palabras, el alto tribunal ha de determinar si el tr\u00e1mite de consulta a las Administraciones afectadas, momento en el que deben solicitarse los informes previstos en el art\u00edculo 37.2 LEA, debe realizarse necesariamente antes de que inicie el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, al configurarse como una condici\u00f3n para que la participaci\u00f3n del p\u00fablico, en esa fase temprana del procedimiento de toma de decisiones medioambientales, sea real y efectiva.<\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal Supremo enjuicia<\/strong> si las normas vigentes en materia de evaluaci\u00f3n ambiental ordinaria, que es la seguida en el supuesto analizado, exigen que los informes sectoriales sean recabados antes de iniciarse el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, al configurarse como una condici\u00f3n para que la participaci\u00f3n del p\u00fablico, en esa fase temprana del procedimiento de toma de decisiones medioambientales, sea real y efectiva.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Examinada la legislaci\u00f3n vigente en esta materia, el Tribunal Supremo concluye que, en las normas aplicables a esta tipolog\u00eda de procedimientos, \u00fanicamente se hace referencia a la necesidad de que \u201cla participaci\u00f3n del p\u00fablico comience al inicio del procedimiento de toma de decisiones con incidencia en el medio ambiente, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean a\u00fan posibles y cuando el p\u00fablico pueda ejercer una influencia real\u201d (art\u00edculo 6.4 del Convenio Aarhus). Ahora bien, ni el art\u00edculo 6 de la Directiva 2011\/92\/UE ni la LEA imponen expresamente que el tr\u00e1mite de consulta a las Administraciones cuyas competencias puedan verse afectadas haya de realizarse de forma obligatoria con car\u00e1cter previo al tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, la sentencia recuerda que la LEA configura ambos tr\u00e1mites como previos al inicio del procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental propiamente dicho, debiendo realizarse en una fase temprana del procedimiento sustantivo de autorizaci\u00f3n del proyecto, pero sin precisar el momento exacto para su realizaci\u00f3n, ni para su ensamblaje mutuo, m\u00e1s all\u00e1 de la mera referencia a la \u201csimultaneidad\u201d contenida en el art\u00edculo 37 LEA. Adem\u00e1s, si se tiene en cuenta el tenor literal de los art\u00edculos 33.1.b) y 37.1 LEA, se deduce que el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica y el de consultas a las Administraciones afectadas se desarrollar\u00e1n de forma paralela.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed pues, el Tribunal Supremo no comparte la postura mantenida por la sala de instancia, tal y como hace constar en el fundamento jur\u00eddico s\u00e9ptimo de la sentencia objeto de comentario, en el cual fija la siguiente interpretaci\u00f3n: La Directiva 2011\/92\/UE (modificada por la Directiva 2014\/52\/UE<\/a>) y la LEA no imponen que, en el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental ordinaria de proyectos, deba realizarse el tr\u00e1mite de consultas a las Administraciones afectadas antes del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica. Ahora bien, en algunos supuestos pueden concurrir determinadas circunstancias que hagan preferible que estos informes sean recabados con anterioridad a aquel para su puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico, en especial cuando dicha informaci\u00f3n sea importante para garantizar una participaci\u00f3n efectiva.<\/p>\n\n\n\n

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La Directiva 2011\/92\/UE y la LEA no imponen que, en el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental ordinaria de proyectos, deba realizarse el tr\u00e1mite de consultas a las Administraciones afectadas antes del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica. Ahora bien, en algunos supuestos pueden concurrir determinadas circunstancias que hagan preferible que estos informes sean recabados con anterioridad a aquel para su puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico, en especial cuando dicha informaci\u00f3n sea importante para garantizar una participaci\u00f3n efectiva.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Esto supone que la Administraci\u00f3n deber\u00e1 valorar caso por caso cu\u00e1ndo es necesario facilitar los informes sectoriales con car\u00e1cter previo al tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica. De modo que, si se verifica que la participaci\u00f3n no se ver\u00e1 afectada por la ausencia de estos informes, podr\u00e1 iniciarse el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica sin haberlos aportado. En todo caso, sobre la Administraci\u00f3n pesar\u00e1 la obligaci\u00f3n de motivar reforzadamente que la omisi\u00f3n de esta informaci\u00f3n no incide negativamente en el derecho de participaci\u00f3n del p\u00fablico en el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental.<\/p>\n\n\n\n

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Sobre la Administraci\u00f3n pesar\u00e1 la obligaci\u00f3n de motivar reforzadamente que la omisi\u00f3n de esta informaci\u00f3n no incide negativamente en el derecho de participaci\u00f3n del p\u00fablico en el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Por tanto, a partir de esta sentencia, la impugnaci\u00f3n de una evaluaci\u00f3n de impacto ambiental ordinaria, fundada en la necesidad de presentar los informes sectoriales a los que se refiere la LEA durante el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, \u00fanicamente prosperar\u00e1 si, atendiendo a las circunstancias del caso, se justifica la trascendencia de dicha informaci\u00f3n para el ejercicio real y efectivo del derecho de participaci\u00f3n del p\u00fablico en dicho procedimiento.<\/p>\n\n\n\n

Por lo que respecta al otro motivo de anulaci\u00f3n estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tambi\u00e9n acaba pronunci\u00e1ndose el alto tribunal, por cuanto considera que la resoluci\u00f3n del litigio le obliga a ello, aunque no se aprecie la existencia de inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia.<\/p>\n\n\n\n

A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la sentencia de instancia, hab\u00eda determinado que no era conforme a derecho la reducci\u00f3n del per\u00edodo de informaci\u00f3n p\u00fablica en el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental ordinaria (de 30 d\u00edas a 15), sobre la base de lo dispuesto en la normativa estatal y auton\u00f3mica aplicable en la materia. En este sentido, fundaba su argumentaci\u00f3n en que el art\u00edculo 36.1 LEA fija para dicho tr\u00e1mite un plazo no inferior a 30 d\u00edas h\u00e1biles y, por su parte, el art\u00edculo 6.7 de la Directiva 2011\/92\/UE, en la redacci\u00f3n dada por la Directiva 2014\/52\/UE, dispone que \u00abel plazo fijado para la consulta del p\u00fablico interesado sobre el informe de evaluaci\u00f3n del impacto ambiental a que se refiere el art\u00edculo 5, apartado 1, no ser\u00e1 inferior a 30 d\u00edas\u00bb, procediendo, en este \u00faltimo caso, la aplicaci\u00f3n directa vertical de dicho precepto, al no haber sido transpuesto al ordenamiento interno en el plazo concedido (antes del 16 de mayo de 2017).<\/p>\n\n\n\n

No obstante, el Tribunal Supremo no comparte dicha postura, en la medida en que considera que ninguno de dichos art\u00edculos puede aplicarse al supuesto de hecho analizado. As\u00ed, respecto del primero de ellos, recuerda el alto tribunal que, de conformidad con el apartado 2 b) de la disposici\u00f3n final octava de la LEA, el plazo establecido en el art\u00edculo 36 de dicha norma no tiene car\u00e1cter b\u00e1sico, no resultando de aplicaci\u00f3n, por tanto, a los procedimientos de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental llevados a cabo por las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al plazo fijado por el art\u00edculo 6.7 de la Directiva, este se refiere al \u201cp\u00fablico interesado\u201d; concepto que no resulta coincidente con el de \u201cp\u00fablico\u201d en general, de acuerdo con el texto de la propia Directiva, figurando, incluso, esta diferenciaci\u00f3n en la LEA. As\u00ed, por un lado, se se\u00f1ala que la informaci\u00f3n p\u00fablica es \u201cuna modalidad de participaci\u00f3n ciudadana en la que el p\u00fablico interviene sin necesidad de justificar la condici\u00f3n de interesado, como simple miembro de la comunidad, al ser el medio ambiente un bien de inter\u00e9s colectivo cuya protecci\u00f3n a todos incumbe, no s\u00f3lo a los poderes p\u00fablicos\u201d. A ella se refiere tambi\u00e9n el art\u00edculo 6.6 de la Directiva 2011\/92\/UE, en la redacci\u00f3n dada por la Directiva 2014\/52\/UE, se\u00f1alando que para la celebraci\u00f3n de este tr\u00e1mite \u201cse establecer\u00e1n plazos razonables para las distintas fases, que concedan tiempo suficiente para: a) informar […] al p\u00fablico\u201d. Por otro lado, la participaci\u00f3n de las \u201cpersonas interesadas\u201d \u2014en palabras de la LEA\u2014 o \u201cp\u00fablico interesado\u201d \u2014de acuerdo con la Directiva\u2014 responde a la \u201cprotecci\u00f3n de un inter\u00e9s o c\u00edrculo de intereses m\u00e1s espec\u00edfico que abarca a quienes se consideran interesados en el procedimiento administrativo y a las organizaciones ambientales\u201d, siendo necesario que se acredite la condici\u00f3n de interesado. Es para este segundo tr\u00e1mite para el que el art\u00edculo 6.7 de la Directiva establece un plazo m\u00ednimo de 30 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con lo anterior, concluye el Tribunal Supremo que, al no ser aplicables los preceptos invocados por el Tribunal Superior de Justicia, ni haberse ofrecido en la sentencia de instancia argumentos suficientes que justifiquen que la reducci\u00f3n del plazo del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica haya impedido u obstaculizado al p\u00fablico la presentaci\u00f3n de alegaciones, no puede calificarse el plazo otorgado de irrazonable, ni estimarse la anulaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n del proyecto de parque e\u00f3lico por este motivo.<\/p>\n\n\n\n

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Al no ser aplicables los preceptos invocados por el Tribunal Superior de Justicia, ni haberse ofrecido en la sentencia de instancia argumentos suficientes que justifiquen que la reducci\u00f3n del plazo del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica haya impedido u obstaculizado al p\u00fablico la presentaci\u00f3n de alegaciones, no puede calificarse el plazo otorgado de irrazonable, ni estimarse la anulaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n del proyecto de parque e\u00f3lico por este motivo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

No obstante el acierto de la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo, su argumentaci\u00f3n respecto a este \u00faltimo extremo, que se basa en la interpretaci\u00f3n del t\u00e9rmino \u201cplazo razonable\u201d a que alude el art\u00edculo 6.7 de la Directiva, no resulta del todo adecuada. En particular, el Tribunal Supremo pasa por alto que la reducci\u00f3n del plazo para la realizaci\u00f3n del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica en los procedimientos de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental ordinaria tiene cobertura legal en el ordenamiento jur\u00eddico gallego.<\/p>\n\n\n\n

En este concreto supuesto, el promotor hab\u00eda solicitado que el procedimiento de modificaci\u00f3n sustancial del proyecto de parque e\u00f3lico se tramitase de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 5\/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantaci\u00f3n de iniciativas empresariales en Galicia, acogi\u00e9ndose, para ello, a la posibilidad concedida en la disposici\u00f3n transitoria tercera de dicha norma.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, en el T\u00edtulo IV de la mencionada ley, se regula la figura de las \u201ciniciativas empresariales prioritarias\u201d, habi\u00e9ndose dictado, en este sentido, un acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia en el que se reconoc\u00eda la existencia de un inter\u00e9s especial en relaci\u00f3n con el proyecto de parque e\u00f3lico a que se refiere la sentencia objeto de comentario, ordenando, en esa misma resoluci\u00f3n, que se procediese a su tramitaci\u00f3n preferente. Esta declaraci\u00f3n, de iniciativa empresarial prioritaria, lleva aparejados unos determinados efectos jur\u00eddicos, en la medida en que en ella se entiende impl\u00edcita la existencia de razones de inter\u00e9s p\u00fablico que justifican la tramitaci\u00f3n de urgencia de estos proyectos. Por tanto, una vez declarada, por el \u00f3rgano competente, la necesidad de emplear esta modalidad de tramitaci\u00f3n de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 33 de la LPAC, los plazos previstos para el procedimiento ordinario, incluido el plazo para la informaci\u00f3n p\u00fablica, se reducir\u00e1n a la mitad (art\u00edculo 44.2 de la Ley 5\/2017).<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Noelia Betetos Agrelo<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este post, se analiza la reciente Sentencia del Tribunal Supremo n.\u00ba 1768\/2023, de 21 de diciembre, en la cual se determina si los informes sectoriales exigidos en los procedimientos de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental (art\u00edculo 37.2 LEA) deben recabarse antes de someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental al tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como se aclara la posibilidad de reducir la duraci\u00f3n de este \u00faltimo 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