{"id":2860,"date":"2024-01-10T07:30:00","date_gmt":"2024-01-10T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2860"},"modified":"2024-01-25T07:49:11","modified_gmt":"2024-01-25T06:49:11","slug":"la-tutela-financiera-de-los-entes-locales-una-competencia-abandonada-por-algunas-comunidades-autonomas-que-no-debiera-ejercer-el-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-tutela-financiera-de-los-entes-locales-una-competencia-abandonada-por-algunas-comunidades-autonomas-que-no-debiera-ejercer-el-estado\/","title":{"rendered":"La tutela financiera de los entes locales: una competencia abandonada por algunas comunidades aut\u00f3nomas que no debiera ejercer el Estado"},"content":{"rendered":"\n

El Estado se considera responsable de la tutela financiera de los entes locales de comunidades aut\u00f3nomas que carecen de un r\u00e9gimen especial vinculado a la protecci\u00f3n constitucional de la foralidad y cuyos estatutos no mencionan espec\u00edficamente la tarea. Se trata, m\u00e1s precisamente, de las corporaciones locales de Castilla-La Mancha, Cantabria, Islas Baleares, Extremadura, Madrid y Regi\u00f3n de Murcia. De manera que el Ministerio de Hacienda se da por aludido cada vez que el legislador encomienda alg\u00fan acto de fiscalizaci\u00f3n al nivel de gobierno competente en materia de tutela financiera (p. ej., autorizaciones, inspecciones, informes, recepci\u00f3n de datos e informaciones de env\u00edo obligado). Ello le lleva a asumir respecto de los entes locales de aquellas comunidades funciones ejecutivas tan importantes como el seguimiento de los planes econ\u00f3mico-financieros elaborados por los entes locales incumplidores de la regla de gasto o de los objetivos de estabilidad presupuestaria o deuda p\u00fablica (previstos en la Ley Org\u00e1nica 2\/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera) y el informe de sostenibilidad financiera necesario para que una entidad local pueda ejercer competencias no atribuidas espec\u00edficamente, de acuerdo con el art\u00edculo 7.4 de la Ley 7\/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r\u00e9gimen local (LBRL).<\/p>\n\n\n\n

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El Ministerio de Hacienda se da por aludido cada vez que el legislador encomienda alg\u00fan acto de fiscalizaci\u00f3n al nivel de gobierno competente en materia de tutela financiera.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Esta situaci\u00f3n de hecho choca abiertamente con el sistema de distribuci\u00f3n competencial, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional respecto de la tutela financiera, en general [p. ej., SSTC 57\/1983, de 28 de junio, FFJJ 6 y 7; 179\/1985, de 19 de diciembre, FJ 1; 111\/2016, de 9 de junio, FJ 12 d); 55\/2018, de 24 de mayo, FJ 11 a)], y del indicado informe de sostenibilidad, en particular [SSTC 101\/2017, de 20 de julio, FJ 6 b); 107\/2017, de 21 de septiembre, FJ 3 c)]. Contrariamente a lo que ocurre en la pr\u00e1ctica, resulta inconcuso que el Estado no tiene atribuida en la actualidad la tutela financiera de ente local alguno y, correlativamente, que la tienen todas las comunidades aut\u00f3nomas, en cuanto titulares de las competencias de ejecuci\u00f3n en materia de r\u00e9gimen local. Consecuentemente, cuando el art\u00edculo 7.4 LBRL encomienda el informe de sostenibilidad a la \u201cAdministraci\u00f3n que tenga atribuida la tutela financiera\u201d, est\u00e1 refiri\u00e9ndose a las comunidades aut\u00f3nomas o a los entes territoriales a los que estas (o los estatutos de autonom\u00eda) hayan transferido la tarea.<\/p>\n\n\n\n

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El Estado no tiene atribuida en la actualidad la tutela financiera de ente local alguno y, correlativamente, la tienen todas las comunidades aut\u00f3nomas, en cuanto titulares de las competencias de ejecuci\u00f3n en materia de r\u00e9gimen local.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Es verdad que, cuando el sistema auton\u00f3mico inici\u00f3 su andadura, la tutela financiera era unas veces de las comunidades y otras del Estado, pero no porque la referencia expresa a ella apareciera solo en algunos estatutos de autonom\u00eda (por lo dem\u00e1s, ausente en la norma de cabecera de Navarra y Pa\u00eds Vasco), sino porque entonces la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen local pudo descentralizarse \u00fanicamente en algunas comunidades aut\u00f3nomas. En las sometidas a los l\u00edmites del art\u00edculo 148.1.2.\u00aa CE el Estado conserv\u00f3 las competencias en materia de r\u00e9gimen local, incluida la tutela financiera. Fue en este contexto de distribuci\u00f3n competencial asim\u00e9trica, precisamente, cuando el legislador invent\u00f3 las f\u00f3rmulas que permiten asignar simult\u00e1neamente los actos de fiscalizaci\u00f3n a las comunidades aut\u00f3nomas y al Estado, seg\u00fan que la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen local hubiera sido o no descentralizada (p. ej., disposici\u00f3n adicional 5.\u00aa del Real Decreto-ley 3\/1981, de 16 de enero; art. 424.4 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r\u00e9gimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781\/1986, de 18 de abril; art. 54.2 de la Ley 39\/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales).<\/p>\n\n\n\n

Todos los estatutos atribuyen hoy a sus respectivas comunidades aut\u00f3nomas las competencias de ejecuci\u00f3n en materia de r\u00e9gimen local y, por tanto, la tutela financiera. De manera que aquellas viejas t\u00e9cnicas de asignaci\u00f3n de actos de fiscalizaci\u00f3n perge\u00f1adas dentro de un contexto competencial asim\u00e9trico, en la actualidad remiten siempre a las comunidades aut\u00f3nomas o, en su caso, a los entes locales intermedios que estas (o los estatutos) se\u00f1alen. Se mantiene la f\u00f3rmula, pero, dentro de un contexto de descentralizaci\u00f3n sim\u00e9trica, cambia ostensiblemente la funcionalidad. Si la t\u00e9cnica antes serv\u00eda para asignar tareas dentro de un r\u00e9gimen competencial que atribu\u00eda a\u00fan competencias ejecutivas por encima del nivel auton\u00f3mico (Estado), ahora sirve para asignar actos de fiscalizaci\u00f3n dentro de un sistema que permite la descentralizaci\u00f3n por debajo del nivel auton\u00f3mico (p. ej., diputaciones, cabildos y consejos insulares).<\/p>\n\n\n\n

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Todos los estatutos atribuyen hoy a sus respectivas comunidades aut\u00f3nomas las competencias de ejecuci\u00f3n en materia de r\u00e9gimen local y, por tanto, la tutela financiera.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

No quiero con ello negar que la Administraci\u00f3n General del Estado puede a veces ejecutar actos de fiscalizaci\u00f3n, incluso muy penetrantes, en relaci\u00f3n con los entes locales. Esta competencia de gesti\u00f3n le ha sido, en efecto, reconocida antes incluso de la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 135 CE (p. ej., SSTC 57\/1983, de 28 de junio, FFJJ 6 y 7; 134\/2011, de 20 de julio, FJ 14), pero no en cuanto titular de la \u201ctutela financiera\u201d (tarea que se presenta como especificaci\u00f3n de la funci\u00f3n auton\u00f3mica de ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen local), sino a partir de una extensi\u00f3n de las bases crediticias y econ\u00f3micas (art. 149.1, n\u00fameros 11 y 13, CE) a tareas ejecutivas, admisible solo por excepci\u00f3n, para casos concretos y respecto de todos los entes locales, no solo los de algunas comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n

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La Administraci\u00f3n General del Estado puede a veces ejecutar actos de fiscalizaci\u00f3n, incluso muy penetrantes, en relaci\u00f3n con los entes locales,<\/strong> a partir de una extensi\u00f3n de las bases crediticias y econ\u00f3micas (art. 149.1, n\u00fameros 11 y 13, CE) a tareas ejecutivas, admisible solo por excepci\u00f3n, para casos concretos y respecto de todos los entes locales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Hay, pues, un llamativo contraste entre lo que el Estado hace y lo que el sistema constitucional le permite. Todo apunta a que el Ministerio de Hacienda, al atribuirse hoy la tutela financiera de los entes locales de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Regi\u00f3n de Murcia, act\u00faa por inercia, reiterando la pauta aplicada en el pasado, como si todav\u00eda el Estado conservara la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen local y como si las competencias de aquellas comunidades estuvieran a\u00fan sometidas al l\u00edmite del art\u00edculo 148.1.2.\u00aa CE. La circunstancia de que, hasta el momento, ello haya generado poca conflictividad, se debe, posiblemente, al escaso atractivo que reviste para las comunidades aut\u00f3nomas el ejercicio de estas funciones fiscalizadoras, as\u00ed como a la menor pulsi\u00f3n autonomista que, de hecho, es caracter\u00edstica de las instituciones de algunos de estos territorios. Cabe sospechar que, all\u00ed donde una comunidad aut\u00f3noma afirma y ejerce efectivamente la competencia, el Ministerio de Hacienda no proclama la suya, incluso si el estatuto de autonom\u00eda correspondiente no recoge la expresi\u00f3n \u201ctutela financiera\u201d. El caso de la Comunidad Valenciana es muy significativo: su Estatuto omite toda referencia expresa a la tarea, pero la Generalitat la est\u00e1 ejerciendo a trav\u00e9s de un aparato organizativo creado al efecto, sin que lo haya discutido el Ministerio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n

La aceptaci\u00f3n por parte de algunas comunidades de una tutela financiera estatal de sus entes locales, junto a otros datos (como el menor n\u00famero de leyes aprobadas y de conflictos competenciales planteados ante el Tribunal Constitucional en comparaci\u00f3n con otras autonom\u00edas), revela, a mi modo de ver, el sentido pr\u00e1ctico que ten\u00eda aquella interpretaci\u00f3n del sistema auton\u00f3mico que autorizaba al poder central a hacerlo todo por defecto (competencia supletoria o general ex <\/em>art. 149.3 CE), quedando desplazado all\u00ed donde las comunidades aut\u00f3nomas contaran con (y hubieran ejercido efectivamente sus) atribuciones estatutarias. Me refiero a la conocida y brillante teor\u00eda de De Otto y Pardo, que, no obstante, fue formulada m\u00e1s para las competencias legislativas que para las funciones administrativas.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, hace tiempo que tal interpretaci\u00f3n fue rotundamente desechada por el Tribunal Constitucional (SSTC 147\/1991, de 4 de julio; 149\/1991, de 4 de julio; 118\/1996, de 27 de junio, y 61\/1997, de 20 de marzo). De modo que, si las comunidades aut\u00f3nomas citadas se sienten c\u00f3modas con la pr\u00e1ctica ministerial descrita, lo procedente ser\u00eda que promovieran la reforma de sus estatutos a fin de que estos dispongan que las competencias en materia de r\u00e9gimen local no se asumen ya por completo, precisando espec\u00edficamente que se devuelve al Estado la tutela financiera. Ciertamente, incluso en estos tiempos, en que cobran cada vez m\u00e1s fuerza partidos pol\u00edticos que cuestionan el sistema auton\u00f3mico, no ya solo en m\u00e1s (separatistas contrarios al Estado), sino tambi\u00e9n en menos (centralistas contrarios a las autonom\u00edas), es improbable que semejante reforma llegue a plantearse efectivamente. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho establecido, tan inaceptable resulta que el Estado est\u00e9 asumiendo controles econ\u00f3mico-financieros que no le corresponden, como que las comunidades aut\u00f3nomas est\u00e9n abandonando la tutela financiera que tienen estatutariamente atribuida.<\/p>\n\n\n\n

En cualquier caso, los entes locales de las comunidades se\u00f1aladas habr\u00edan de elevar sus solicitudes de ampliaci\u00f3n competencial para su examen en t\u00e9rminos de sostenibilidad financiera a la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, e ignorar con ello la aplicaci\u00f3n que el Ministerio de Hacienda ha puesto a su disposici\u00f3n. Tambi\u00e9n ellos est\u00e1n vinculados por el sistema constitucional, sin que, por tanto, deban someterse al control econ\u00f3mico-financiero que pretende ejecutar el Estado.<\/p>\n\n\n\n

Una ampliaci\u00f3n de esta entrada, en L. Medina Alcoz (2023), \u201cLa manifiesta incompetencia del Estado para ejercer la tutela financiera sobre los entes locales\u201d, Revista de Estudios de la Administraci\u00f3n Local y Auton\u00f3mica<\/em>, 20, 47-66, https:\/\/revistasonline.inap.es\/index.php\/REALA\/article\/view\/11242<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Luis Medina Alcoz<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Estado se considera responsable de la tutela financiera de los entes locales de Castilla-La Mancha, Cantabria, Islas Baleares, Extremadura, Madrid y Regi\u00f3n de Murcia. De modo que, cuando el legislador encomienda un acto de fiscalizaci\u00f3n al nivel de gobierno que tenga atribuida la tutela financiera, el Ministerio de Hacienda se da por aludido. Esta situaci\u00f3n de hecho choca abiertamente con el sistema de distribuci\u00f3n competencial, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional respecto de la tutela financiera, en general, y del informe de sostenibilidad previsto en el art\u00edculo 7.4 de la Ley de bases de r\u00e9gimen local, en particular.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2861,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Luis Medina Alcoz","cargo-autor":"Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense y exletrado del Tribunal Constitucional","foto-autor":"2862"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[51,63,103],"autor-post":[168],"class_list":["post-2860","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-autonomia-local","tag-competencias","tag-financiacion","autor-post-luis-medina-alcoz"],"yoast_head":"\nLa tutela financiera de los entes locales: una competencia abandonada por algunas comunidades aut\u00f3nomas que no debiera ejercer el Estado - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-tutela-financiera-de-los-entes-locales-una-competencia-abandonada-por-algunas-comunidades-autonomas-que-no-debiera-ejercer-el-estado\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La tutela financiera de los entes locales: una competencia abandonada por algunas comunidades aut\u00f3nomas que no debiera ejercer el Estado - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El Estado se considera responsable de la tutela financiera de los entes locales de Castilla-La Mancha, Cantabria, Islas Baleares, Extremadura, Madrid y Regi\u00f3n de Murcia. 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