{"id":2760,"date":"2023-12-07T07:30:00","date_gmt":"2023-12-07T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2760"},"modified":"2023-11-29T09:02:13","modified_gmt":"2023-11-29T08:02:13","slug":"adjudicar-o-no-adjudicar-esa-es-la-cuestion-a-proposito-del-concierto-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/adjudicar-o-no-adjudicar-esa-es-la-cuestion-a-proposito-del-concierto-social\/","title":{"rendered":"\u00bfAdjudicar o no adjudicar?, esa es la cuesti\u00f3n. A prop\u00f3sito del concierto social"},"content":{"rendered":"\n

Un contrato p\u00fablico es, seg\u00fan el derecho de la Uni\u00f3n Europea, un contrato oneroso celebrado \u201cpor escrito entre uno o varios operadores econ\u00f3micos y uno o varios poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecuci\u00f3n de obras, el suministro de productos o la prestaci\u00f3n de servicios\u201d (art. 2.1.5 Directiva 2014\/24\/UE). La finalidad es seleccionar a un licitador id\u00f3neo y la mejor oferta (de entre varias) desde la perspectiva del inter\u00e9s general. El contrato es una herramienta de mercado para conseguir la realizaci\u00f3n de variadas prestaciones. A la hora de seleccionar la mejor oferta, la Administraci\u00f3n p\u00fablica debe tratar de forma igualitaria y no discriminatoria a los licitadores, actuar de forma transparente, motivar y dar publicidad suficiente a los criterios que se fijen en los documentos contractuales (reglas del juego). Las normas de derecho europeo (directivas de contrataci\u00f3n) y de derecho espa\u00f1ol (LCSP) se explican en buena medida para salvaguardar esas reglas y esos principios (particularmente en fase de preparaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n contractual).<\/p>\n\n\n\n

Por ello, cuando dicha adjudicaci\u00f3n no est\u00e1 prevista, es decir, cuando la prestaci\u00f3n no se asigna de forma limitativa (\u201cexclusividad\u201d), sino que a todos los que cumplan con un sistema previamente establecido (acreditaci\u00f3n, registro), las reglas de la LCSP no resultan aplicables.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) ha se\u00f1alado que un criterio distintivo de un contrato p\u00fablico es precisamente la necesaria existencia de una selecci\u00f3n de la mejor oferta (v\u00eda procedimientos y criterios de adjudicaci\u00f3n). Pueden citarse las sentencias del TJUE de 2 de julio de 2016, C-410\/14, asunto Falk Pharma, y de 1 de marzo de 2018, ECLI:EU:C:2018:142, C-9\/17, asunto Tirkkonen. En este \u00faltimo pronunciamiento se lee lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\n

El Tribunal de Justicia ya ha hecho hincapi\u00e9 en que la elecci\u00f3n de una oferta \u2014y, por tanto, de un adjudicatario\u2014 es un elemento intr\u00ednsecamente vinculado al r\u00e9gimen de los contratos p\u00fablicos.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u201c[\u2026] el Tribunal de Justicia ya ha hecho hincapi\u00e9 en que la elecci\u00f3n de una oferta \u2014y, por tanto, de un adjudicatario\u2014 es un elemento intr\u00ednsecamente vinculado al r\u00e9gimen de los contratos p\u00fablicos <\/strong>que se establece mediante la referida Directiva y, por consiguiente, al concepto de \u2018contrato p\u00fablico\u2019 en el sentido del art\u00edculo 1, apartado 2, letra a), de \u00e9sta (v\u00e9ase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2016, Falk Pharma, C-410\/14, EU:C:2016:399, apartado 38). [\u2026] De ello resulta que la no designaci\u00f3n de un operador econ\u00f3mico al que se conceda la exclusividad de un contrato tendr\u00e1 como consecuencia que no haya necesidad de delimitar mediante las normas precisas de la Directiva 2004\/18 la acci\u00f3n de dicho poder adjudicador impidi\u00e9ndole adjudicar un contrato de modo que favorezca a los operadores nacionales (v\u00e9ase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2016, Falk Pharma, C-410\/14, EU:C:2016:399, apartado 37). [\u2026] Por tanto, en el caso de autos, es preciso determinar si la Agencia eligi\u00f3 una oferta de entre todas las que cumpl\u00edan los requisitos que hab\u00eda establecido en la convocatoria de licitaci\u00f3n\u201d (considerandos 30, 31 y 32).<\/p>\n\n\n\n

\n

No hay contrato si el poder adjudicador no pretende elegir uno entre varios<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

De lo anterior podemos concluir que no hay contrato si el poder adjudicador no pretende elegir uno entre varios (que es lo caracter\u00edstico de los procedimientos concurrenciales, para cuya operatividad se establecen los criterios de adjudicaci\u00f3n) ni tampoco imponer cuotas. Cuando ello tiene lugar, es decir, cuando se permite la participaci\u00f3n de todos los prestadores de servicios (siempre que cumplan los requisitos preestablecidos para cada caso), no es exigible el cumplimiento de la normativa contractual, simplemente porque, como se ha dicho, no hay contrato.<\/p>\n\n\n\n

\n

Cuando se permite la participaci\u00f3n de todos los prestadores de servicios (siempre que cumplan los requisitos preestablecidos para cada caso), no es exigible el cumplimiento de la normativa contractual, simplemente porque, como se ha dicho, no hay contrato.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En la sentencia del TJUE conocida como ASADE I, de 14 de julio de 2022, C-436\/20, y en el reciente auto ASADE II, de 31 de marzo de 2023, C-676\/20, este elemento ha salido nuevamente a relucir para deslindar un \u201ccontrato p\u00fablico\u201d de otras figuras jur\u00eddicas[1]<\/a>. En ASADE I se valoraba el modelo valenciano de acci\u00f3n concertada para la prestaci\u00f3n de servicios sociales. Tras analizar los antecedentes, dice el TJUE que \u201cse desprende que la atribuci\u00f3n de un acuerdo de acci\u00f3n concertada viene precedida, en la pr\u00e1ctica, por una selecci\u00f3n entre las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro que hayan manifestado su inter\u00e9s en prestar los servicios sociales\u201d, a\u00f1adiendo seguidamente: \u201cextremo que, no obstante, corresponde comprobar al \u00f3rgano jurisdiccional remitente\u201d (apdo. 69 in fine<\/em>).<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, cabe recordar que la propia Directiva 2014\/24\/UE, al referirse a la amplia libertad que tienen los poderes adjudicadores para organizar los \u201cservicios a las personas\u201d sin que sea necesario celebrar contratos p\u00fablicos, se refiere tambi\u00e9n al requisito que aqu\u00ed comentamos. En su considerando 114 se lee lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos Estados miembros y los poderes p\u00fablicos siguen teniendo libertad para prestar por s\u00ed mismos esos servicios [servicios a las personas] u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos p\u00fablicos, por ejemplo, mediante la simple financiaci\u00f3n de estos servicios o la concesi\u00f3n de licencias o autorizaciones a todos los operadores econ\u00f3micos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin l\u00edmites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

N\u00f3tese que el citado considerando ha sido incorporado a la parte normativa de la LCSP, cuyo art. 11: \u201cOtros negocios o contratos excluidos\u201d, apdo. 6, declara excluida de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n la prestaci\u00f3n de servicios sociales por entidades privadas, a condici\u00f3n de que no se celebren contratos p\u00fablicos (por no existir un proceso de adjudicaci\u00f3n). Y v\u00e9ase tambi\u00e9n la DA 49.\u00aa LCSP, referida a la legislaci\u00f3n que aprueben las CC. AA. relativa a instrumentos no contractuales para la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de car\u00e1cter social.<\/p>\n\n\n\n

En conclusi\u00f3n, los \u201cservicios a las personas\u201d aluden a realidades culturales, necesidades y situaciones muy distintas entre s\u00ed. Es preciso buscar en cada caso la f\u00f3rmula m\u00e1s id\u00f3nea para su adecuada provisi\u00f3n, especialmente en t\u00e9rminos de calidad. La externalizaci\u00f3n de estos servicios puede realizarse a trav\u00e9s de un contrato p\u00fablico (normalmente de servicios) sometido a la LCSP[2]<\/a>. Pero tambi\u00e9n ser\u00e1 posible utilizar v\u00edas no contractuales (concierto social, acci\u00f3n concertada). Lo anterior, siempre que no se adjudique (elecci\u00f3n de una oferta sobre varias), sino que se permita una participaci\u00f3n basada en sistemas de registro previo, acreditaci\u00f3n u otro similar (considerando 114 Directiva 2014\/24 y art. 11.6 LCSP).  <\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s ampliamente, sobre todo lo expuesto, vid.<\/em> Lazo Vitoria, X. (2023). Prestaci\u00f3n de servicios a las personas: \u00bfconcierto social o contrato? Revista de Estudios de la Administraci\u00f3n Local y Auton\u00f3mica<\/em>, 20, 31-46. Disponible en https:\/\/doi.org\/10.24965\/reala.11211<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Ximena Lazo Vitoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a>  Sin importar, claro est\u00e1, el nombre o la denominaci\u00f3n concreta (nomen iuris<\/em>) que se atribuya en el derecho nacional al acuerdo o figura jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a>  Con las normas especiales que el derecho europeo y, consecuentemente, la LCSP prev\u00e9n para estos contratos por raz\u00f3n de su objeto. Por ejemplo, mayor duraci\u00f3n (art. 29.4); solvencia (art. 90.3); calidad preponderante en criterios de adjudicaci\u00f3n (art. 145.4), etc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El \u201cconcierto social\u201d como v\u00eda para gestionar \u201cservicios a la persona\u201d se ha abierto paso con fuerza en la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica. Sin embargo, su dise\u00f1o normativo como f\u00f3rmula no contractual ha generado varios conflictos judiciales. Aqu\u00ed se expone el elemento (enunciado ya en el t\u00edtulo de este trabajo) que permite diferenciar una v\u00eda contractual de otras f\u00f3rmulas que no tienen dicha naturaleza jur\u00eddica.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2762,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Ximena Lazo Vitoria","cargo-autor":"Profesora titular de Derecho Administrativo. 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