En la Sentencia del Tribunal Supremo 293\/2023, de 8 de marzo (recurso de casaci\u00f3n 8658\/2021, ECLI:ES:TS:2023:884), se suscita una cuesti\u00f3n casacional de inter\u00e9s en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n comunicada (declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n previa). En concreto, la sentencia se centra en determinar el plazo en el que la Administraci\u00f3n competente puede ejercitar las potestades de comprobaci\u00f3n, control e inspecci\u00f3n de las actividades que se hayan iniciado por los particulares de acuerdo con el r\u00e9gimen de la declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n previa. M\u00e1s concretamente, el centro del debate se suscita en la interpretaci\u00f3n que deba darse al art\u00edculo 71 bis de la ya derogada Ley 30\/1992, ahora reproducido casi literalmente en el actual art\u00edculo 69 de la Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC, en adelante).<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal parte de afirmar (criterio que no comparto) que tanto la declaraci\u00f3n responsable como la comunicaci\u00f3n comportan el inicio del procedimiento (\u201cen realidad inicio y terminaci\u00f3n del mismo\u201d, a\u00f1ade la sentencia) en el \u00e1mbito de una potestad administrativa tradicionalmente reservada a los actos de autorizaci\u00f3n previos (licencias y autorizaciones). M\u00e1s acertadamente, en la Sentencia del Tribunal Supremo 1165\/2022, de 20 de septiembre, dictada en el recurso de casaci\u00f3n 7031\/2021 (ECLI:ES:TS:2022:3360), se hab\u00eda concluido que en estos supuestos \u00abno existe ya, propiamente, un procedimiento sometido al r\u00e9gimen de autorizaci\u00f3n (esto es, un procedimiento que deba iniciarse con una solicitud del interesado y deba finalizar con una resoluci\u00f3n favorable de la Administraci\u00f3n)\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Efectivamente, en realidad, como es bien sabido, no estamos ante un aut\u00e9ntico procedimiento administrativo: mediante la actuaci\u00f3n comunicada el particular (promotor de una obra o actividad) simplemente informa a la Administraci\u00f3n de su proyecto. Tras esta comunicaci\u00f3n, no hay una aut\u00e9ntica solicitud de una autorizaci\u00f3n administrativa para el ejercicio de lo comunicado, por lo que no se da inicio a ning\u00fan procedimiento autorizatorio y no se requiere una resoluci\u00f3n administrativa que ponga fin al procedimiento decidiendo sobre el fondo del asunto (declarando la compatibilidad o incompatibilidad de lo proyectado con el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a la finca), seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 21.1, p\u00e1rrafo tercero, LPAC.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal, en su Sentencia 293\/2023, antes citada, contin\u00faa afirmando que \u201cestos t\u00edpicos actos [\u2026] son de los particulares y [\u2026], en puridad de principios, no requieren que la Administraci\u00f3n dicte acto administrativo alguno de manera expresa, sin perjuicio de las potestades de control, ex post facto<\/em> [\u2026] (revisiones de oficio)\u201d, como ya se afirm\u00f3 por la Sentencia del Tribunal Supremo 1312\/2022, de 17 de octubre, dictada en el recurso 3837\/2020 (ECLI:ES:TS:2022:3742). Efectivamente, no existe acto concreto de la Administraci\u00f3n, ni presunto ni, por supuesto, expreso, sino solo un acto de los particulares interesados en el ejercicio del derecho o de la actividad. En tales supuestos, el derecho a ese ejercicio surge directamente de la norma que lo regula, la cual prescinde del acto autorizatorio previo.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstos t\u00edpicos actos [\u2026] son de los particulares y [\u2026], en puridad de principios, no requieren que la Administraci\u00f3n dicte acto administrativo alguno de manera expresa, sin perjuicio de las potestades de control, ex post facto<\/em>\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Pues bien, sentada la configuraci\u00f3n general de la actuaci\u00f3n comunicada, el debate se centra en determinar si la potestad de control que corresponde a la Administraci\u00f3n es indefinida o si, por el contrario, est\u00e1 sometida a plazo. Y en esa tesitura lo que se razona por parte del tribunal de instancia y por los interesados es que, ante el silencio del legislador sobre dicho plazo, debe asimilarse al acto presunto y dicho plazo, conforme al actual art\u00edculo 21.2.\u00ba LPAC, debe ser de tres meses. Y para aplicar la analog\u00eda se justifica en que se ver\u00eda afectado de otra forma el principio de seguridad jur\u00eddica, llegando a la conclusi\u00f3n de que en el caso de autos lo procedente habr\u00eda sido acudir a la revisi\u00f3n de oficio.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal Supremo no comparte esta interpretaci\u00f3n. En primer lugar, porque, desde el punto de vista estrictamente jur\u00eddico-administrativo, es evidente que, si no existe acto alguno de la Administraci\u00f3n, ni tan siquiera un pretendido acto presunto, es indudable que no puede hablarse de una firmeza que requiriese acudir al procedimiento de revisi\u00f3n de oficio. Ese esquema no puede aplicarse al r\u00e9gimen de la declaraci\u00f3n responsable porque no hay acto.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, porque es indudable que las potestades de control e inspecci\u00f3n han de poder ejercitarse durante todo el tiempo que dure el ejercicio de la actividad, de donde cabr\u00eda concluir que, si en esa exigua regulaci\u00f3n de estos actos de comunicaci\u00f3n anticipada se hace referencia conjunta tambi\u00e9n a las potestades de comprobaci\u00f3n, no hay raz\u00f3n alguna para que, en una mera interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 69 LPAC, haya de someterse la misma a un plazo que nunca impone el legislador.<\/p>\n\n\n\n Estos argumentos ser\u00edan suficientes para fijar la posici\u00f3n del Tribunal. Pero, adicionalmente, argumenta que \u201ccon estos instrumentos lo que se pretende es, a la vez que se facilita la libre prestaci\u00f3n de servicios, [\u2026] se establezca una gesti\u00f3n compartida entre la Administraci\u00f3n y los ciudadanos, dando intervenci\u00f3n a estos en la gesti\u00f3n de los servicios (el ejemplo m\u00e1s significativo es la gesti\u00f3n de los tributos en que es el propio ciudadano y obligado al pago el que ha de realizar las correspondientes liquidaciones)\u201d. De esta configuraci\u00f3n deriva el Tribunal que \u201ces exigible al ciudadano la buena fe que en dichas declaraciones anticipadas de que cumplen las condiciones que la normativa impone para el ejercicio de los derechos o actividades, declaraci\u00f3n que es la que esa normativa impone para hacer efectivo ese ejercicio\u201d. Y, de esta obligaci\u00f3n que corresponde al particular, considera el Tribunal que deriva que la Administraci\u00f3n est\u00e9 habilitada para que, en cualquier momento, pueda comprobar la veracidad de tales manifestaciones, y se generar\u00e1n los efectos que fuesen procedentes en cuanto a la certeza o no de lo declarado.<\/p>\n\n\n\n \u201cCon estos instrumentos lo que se pretende es, a la vez que se facilita la libre prestaci\u00f3n de servicios, [\u2026]<\/strong> se establezca una gesti\u00f3n compartida entre la Administraci\u00f3n y los ciudadanos dando intervenci\u00f3n a estos en la gesti\u00f3n de los servicios\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n A partir de todos estos argumentos, el Tribunal termina concluyendo contundentemente que \u201clas potestades de comprobaci\u00f3n en una declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n previa [\u2026] no est\u00e1 sujeta a plazo alguno y puede realizarse durante todo el tiempo de ejercicio del derecho o de la actividad a que se refieren dichos actos del ciudadano\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas potestades de comprobaci\u00f3n en una declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n previa [\u2026] no est\u00e1 sujeta a plazo alguno y puede realizarse durante todo el tiempo de ejercicio del derecho o de la actividad a que se refieren dichos actos del ciudadano\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n En resumen, la ausencia de una regulaci\u00f3n general acabada sobre la actuaci\u00f3n comunicada en la LPAC, junto con la existencia de una regulaci\u00f3n sectorial y dispersa sobre estas figuras, hace que no exista una aplicaci\u00f3n homog\u00e9nea de estos instrumentos de intervenci\u00f3n que, escasa o insuficientemente definidos, se imponen sobre un sistema administrativo, como el nuestro, tradicionalmente montado sobre la intervenci\u00f3n formal previa, lo que provoca, cuando menos, inseguridad jur\u00eddica y desajustes en su aplicaci\u00f3n. Especialmente, conforme a lo expuesto aqu\u00ed, se pone en evidencia que, al aprobarse la LPAC y su regulaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n comunicada, se perdi\u00f3 la oportunidad de regular el r\u00e9gimen de intervenci\u00f3n administrativa ex post<\/em>; esto es, el r\u00e9gimen de control e inspecci\u00f3n (y en su caso, revocaci\u00f3n o sanci\u00f3n) que habr\u00e1 de seguir a la presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n ante la Administraci\u00f3n competente. Y, en este contexto normativo, los tribunales tienen que salir al rescate, y se ven en la necesidad de dictar una jurisprudencia que aclare los perfiles de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas y el alcance temporal del control que sobre estas actuaciones pueden desarrollar las Administraciones competentes.<\/p>\n\n\n\n Autor\/a: M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El r\u00e9gimen jur\u00eddico de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas suscita algunas dudas: una de ellas, en relaci\u00f3n con el momento temporal en el que la Administraci\u00f3n competente puede ejercer sus potestades de comprobaci\u00f3n y control sobre el objeto declarado o comunicado; y otra, si la declaraci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n inician un procedimiento que requiera de una resoluci\u00f3n. En este post comentamos la respuesta del Tribunal Supremo a ambas cuestiones.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2714,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn","cargo-autor":"Profesora titular de Derecho Administrativo. 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