{"id":2510,"date":"2023-10-04T07:30:00","date_gmt":"2023-10-04T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2510"},"modified":"2023-10-10T10:51:56","modified_gmt":"2023-10-10T08:51:56","slug":"el-requisito-de-jurar-o-prometer-acatamiento-a-la-constitucion-espanola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-requisito-de-jurar-o-prometer-acatamiento-a-la-constitucion-espanola\/","title":{"rendered":"El requisito de jurar o prometer acatamiento a la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola"},"content":{"rendered":"\n

La STC 65\/2023<\/a>, de 6 de junio, era largamente esperada. El Tribunal Constitucional (TC) ten\u00eda la oportunidad de volver a pronunciarse m\u00e1s de 40 a\u00f1os despu\u00e9s sobre la manera en que deb\u00eda satisfacerse el requisito del juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n impuesto a los parlamentarios por los reglamentos del Congreso y del Senado. La \u00faltima jurisprudencia la hab\u00eda pronunciado la Sentencia 119\/1990. Para poder comprender lo que se esperaba de la STC 65\/2023 y lo que finalmente resolvi\u00f3 resulta imprescindible describir, siquiera someramente, la jurisprudencia anterior del TC.<\/p>\n\n\n\n

La STC 101\/1983<\/a>, la que por primera vez se pronunci\u00f3 sobre la materia, se encargar\u00eda de avalar la constitucionalidad de la exigencia impuesta en los reglamentos parlamentarios de jurar o prometer acatar la Constituci\u00f3n, como requisito para adquirir la denominada condici\u00f3n plena de diputado o de senador. Para el TC: \u201cLa sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n es una consecuencia obligada de su car\u00e1cter de norma suprema\u201d que, en el caso de los poderes p\u00fablicos, se materializa en \u201cun deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constituci\u00f3n, es decir que el acceso al cargo implica un deber positivo de acatamiento entendido como respeto a la misma\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, el requisito de jurar o prometer acatamiento a la Constituci\u00f3n impuesto por los reglamentos parlamentarios derivaba impl\u00edcitamente de su art\u00edculo 9.1, que proclamaba el deber de sometimiento a la Constituci\u00f3n de ciudadanos y poderes p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

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El requisito de jurar o prometer acatamiento a la Constituci\u00f3n impuesto por los reglamentos parlamentarios derivaba impl\u00edcitamente de su art\u00edculo 9.1.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La posterior STC 122\/1981 avalar\u00eda la imposici\u00f3n de dicha exigencia a los diputados de los parlamentos auton\u00f3micos, y la STC 8\/1985 a los integrantes de las corporaciones locales. Sin embargo, probablemente lo m\u00e1s importante para el TC en aquella primera jurisprudencia pronunciada en los a\u00f1os 80 fue dejar claro que la exigencia de prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n no era incompatible con el derecho a la libertad ideol\u00f3gica que se reconoc\u00eda en su art\u00edculo 16.<\/p>\n\n\n\n

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La exigencia de prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n no era incompatible con el derecho a la libertad ideol\u00f3gica.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Y m\u00e1s en particular, con la posibilidad de perseguir ideolog\u00edas contrarias a los valores y principios constitucionales que hab\u00eda de entender amparada en el derecho fundamental del art\u00edculo 16. Una consecuencia que se derivaba de la l\u00f3gica posibilidad de que todo el texto constitucional pudiese ser l\u00edcitamente reformado, tal y como reconoc\u00eda el art\u00edculo 168. Si las SSTC 101\/1983, 122\/1983 y 8\/1985, como se acaba de ver, se encargaron de legitimar la posibilidad de imponer el requisito de prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n, ser\u00eda la importante Sentencia 119\/1990 la que se pronunci\u00f3 sobre c\u00f3mo deb\u00eda satisfacerse dicho requisito. Una doctrina que esperaba ser matizada por la STC 65\/2023.<\/p>\n\n\n\n

En la aludida STC 119\/1990<\/a>, el TC tuvo que analizar c\u00f3mo los diputados y senadores deb\u00edan responder a la pregunta: \u201c\u00bfJur\u00e1is o promet\u00e9is acatar la Constituci\u00f3n?\u201d. En particular si, junto a la respuesta inicialmente prevista: \u201cS\u00ed, juro\u201d o \u201cS\u00ed, prometo\u201d, podr\u00eda utilizarse la f\u00f3rmula: \u201cPor imperativo legal\u201d. Para resolver esta cuesti\u00f3n, el Tribunal recurri\u00f3 a los argumentos ya utilizados en sus SSTC 101\/1983, 122\/1983 y 8\/1985 para avalar la constitucionalidad del requisito de jurar o prometer acatar la Constituci\u00f3n. En particular, la manera en la que nuestra Constituci\u00f3n reconoce la libertad ideol\u00f3gica y el pluralismo pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

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En la STC 119\/1990, el TC tuvo que analizar si, junto a la respuesta inicialmente prevista: \u201cS\u00ed, juro\u201d o \u201cS\u00ed, prometo\u201d, podr\u00eda utilizarse la f\u00f3rmula: \u201cPor imperativo legal\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El TC entendi\u00f3 lo siguiente: \u201cEn un Estado democr\u00e1tico que relativiza las creencias y protege la libertad ideol\u00f3gica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo pol\u00edtico; [\u2026] no resulta congruente una interpretaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de prestar acatamiento a la Constituci\u00f3n que antepone un formalismo r\u00edgido a toda otra consideraci\u00f3n\u201d. Acaba resolviendo, as\u00ed, que entender no prestado el requisito de jurar o prometer acatar la Constituci\u00f3n por adicionar la f\u00f3rmula no prevista de \u201cpor imperativo legal\u201d es una interpretaci\u00f3n demasiado rigorista que no se compadece con el pluralismo pol\u00edtico y, en lo que aqu\u00ed interesa, no desvirt\u00faa dicha exigencia.<\/p>\n\n\n\n

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Entender no prestado el requisito de jurar o prometer acatar la Constituci\u00f3n por adicionar la f\u00f3rmula no prevista de \u201cpor imperativo legal\u201d es una interpretaci\u00f3n demasiado rigorista que no se compadece con el pluralismo pol\u00edtico.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Como se puede ver, lo que hace el TC es realizar una suerte de ponderaci\u00f3n afirmando que a) el pluralismo como valor superior del ordenamiento espa\u00f1ol (art\u00edculo 1) hace que b) el empleo de f\u00f3rmulas distintas a las formalmente previstas c) no invalide la satisfacci\u00f3n del requisito de prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n, pero, y he aqu\u00ed lo relevante: d) siempre que no lo desvirt\u00fae. En este contexto se ubicaba precisamente la STC 65\/2023.<\/p>\n\n\n\n

Lo que defend\u00edan los recurrentes era que la utilizaci\u00f3n de hasta 29 f\u00f3rmulas distintas para prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n, que exced\u00edan la analizada en la STC 119\/1990 (\u201cpor imperativo legal\u201d), desvirtuaba sobradamente el requisito impuesto en los reglamentos parlamentarios. Lo que se esperaba era que el TC resolviera precisamente esta cuesti\u00f3n a trav\u00e9s de una nueva ponderaci\u00f3n. Una decisi\u00f3n sobre el fondo del asunto era lo que se requer\u00eda, a juicio del voto particular disidente que formularon los magistrados Ricardo Enr\u00edquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepci\u00f3n Espejel Jorquera. Pero tambi\u00e9n del voto particular concurrente de Mar\u00eda Luisa Balaguer Callej\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la decisi\u00f3n sobre si las 29 f\u00f3rmulas distintas utilizadas en la XIII legislatura daban por satisfecho o desvirtuaban el requisito de prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n, desbordaba los t\u00e9rminos del debate suscitados ante el TC vinculados a la naturaleza del control que deb\u00eda efectuar. En una relativamente breve sentencia, no sin raz\u00f3n, se constat\u00f3 que, en todas las sentencias anteriores, el Tribunal hubo de analizar las resoluciones que denegaban la adquisici\u00f3n de representante por no prestar \u2014o no hacerlo debidamente\u2014 el requisito de jurar o prometer acatar la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pero la STC 65\/2023 hab\u00eda de resolver el recurso interpuesto por diputados que entend\u00edan que la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara, que s\u00ed entend\u00eda satisfecho el requisito de juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n a trav\u00e9s de una pluralidad de f\u00f3rmulas, vulneraba el derecho a acceder al ejercicio de cargos p\u00fablicos en condiciones de igualdad de aquellos que hab\u00edan prestado, seg\u00fan ellos debidamente, el requisito a trav\u00e9s de las f\u00f3rmulas inicialmente previstas: \u201cS\u00ed, juro\u201d o \u201cS\u00ed, prometo\u201d. Sin embargo, el TC desestima que se hubiese producido una vulneraci\u00f3n del principio de igualdad del art\u00edculo 14 y, consiguientemente, de su proyecci\u00f3n: el derecho de los ciudadanos a desempe\u00f1ar las funciones y cargos p\u00fablicos en condiciones de igualdad del art\u00edculo 23.2 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y ello porque, empleando su consolidada jurisprudencia en materia de igualdad, el principio de igualdad del art\u00edculo 14 no resulta vulnerado por indiferenciaci\u00f3n. Esto es, el principio de igualdad exige que supuestos iguales deban ser tratados de manera igualitaria, pero no que supuestos supuestamente desiguales deban tratarse de forma desigual. Por eso, el hecho de que la Presidencia de la C\u00e1mara entendiera que los diputados que emplearon hasta 29 f\u00f3rmulas distintas para prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n adquirieron la condici\u00f3n de representantes, al igual que los recurrentes que lo hicieron debidamente, no vulnera el derecho de estos a desempe\u00f1ar las funciones y cargos p\u00fablicos en condiciones de igualdad.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el TC tampoco considera acreditado que la supuesta indebida composici\u00f3n del Congreso de los Diputados que alegan los recurrentes les hubiera limitado o restringido el ejercicio de las funciones y los derechos propios de su mandato representativo. Por todo ello el Tribunal desestima el recurso de amparo planteado.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Leonardo \u00c1lvarez \u00c1lvarez<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La fragmentaci\u00f3n y la presencia de un mayor pluralismo pol\u00edtico en el Parlamento han tra\u00eddo consigo el surgimiento de nuevos fen\u00f3menos de relevancia para el derecho p\u00fablico. Uno de ellos ha sido la proliferaci\u00f3n de nuevas f\u00f3rmulas de prestar juramento o promesa de acatar la Constituci\u00f3n, como requisito necesario para adquirir la condici\u00f3n plena de parlamentario. Este requisito del juramento o promesa tambi\u00e9n se ha extendido al \u00e1mbito auton\u00f3mico y local. El Tribunal Constitucional ha tenido, en consecuencia, que revisar su jurisprudencia anterior.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2512,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Leonardo \u00c1lvarez \u00c1lvarez","cargo-autor":"Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo","foto-autor":"2511"}},"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[111,89],"autor-post":[156],"class_list":["post-2510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novedades","tag-concejales","tag-pleno","autor-post-leonardo-alvarez-alvarez"],"yoast_head":"\nEl requisito de jurar o prometer acatamiento a la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-requisito-de-jurar-o-prometer-acatamiento-a-la-constitucion-espanola\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El requisito de jurar o prometer acatamiento a la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La fragmentaci\u00f3n y la presencia de un mayor pluralismo pol\u00edtico en el Parlamento han tra\u00eddo consigo el surgimiento de nuevos fen\u00f3menos de relevancia para el derecho p\u00fablico. 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