{"id":2432,"date":"2023-08-09T07:30:00","date_gmt":"2023-08-09T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2432"},"modified":"2023-10-10T10:38:57","modified_gmt":"2023-10-10T08:38:57","slug":"delitos-contra-la-funcion-publica-quienes-pueden-cometerlos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/delitos-contra-la-funcion-publica-quienes-pueden-cometerlos\/","title":{"rendered":"Delitos contra la funci\u00f3n p\u00fablica: \u00bfqui\u00e9nes pueden cometerlos?"},"content":{"rendered":"\n<p>1.- Junto a bienes jur\u00eddicos individuales \u2014la vida, la integridad f\u00edsica, el patrimonio, el honor, etc.\u2014, el Derecho Penal protege tambi\u00e9n \u201cbienes jur\u00eddicos colectivos\u201d, llamados as\u00ed porque afectan a todos los ciudadanos en su conjunto. Entre estos bienes jur\u00eddicos colectivos se encuentra el buen funcionamiento de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, que ser\u00eda el inter\u00e9s general cuya protecci\u00f3n se persigue a trav\u00e9s del castigo penal de comportamientos que suponen una lesi\u00f3n de principios esenciales que han de regir el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, tales como la imparcialidad, la objetividad, la transparencia o el sometimiento a la legalidad. Bajo la r\u00fabrica \u201cDelitos contra la Administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d (T\u00edtulo XIX del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444\">C\u00f3digo Penal<\/a>), encontramos delitos como la prevaricaci\u00f3n administrativa \u2014dictar una resoluci\u00f3n arbitraria a sabiendas\u2014 (arts. 404 y ss.), el cohecho \u2014aceptar o solicitar ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar\u2014 (arts. 419 y ss.), el tr\u00e1fico de influencias (arts. 428 y ss.) o el recientemente reformado delito de malversaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico (arts. 432 y ss.), entre otros; sin olvidar que en diferentes t\u00edtulos del C\u00f3digo Penal encontraremos m\u00e1s \u201cdelitos de funcionarios\u201d, como las llamadas prevaricaci\u00f3n urban\u00edstica (art. 320), contra el patrimonio art\u00edstico (art. 322) y medioambiental (art. 329), o las falsedades documentales (arts. 390 y ss.).<\/p>\n\n\n\n<p>2.-<strong> <\/strong>La mayor\u00eda de estos delitos solo pueden ser cometidos por autoridades o funcionarios p\u00fablicos, es decir, no pueden ser cometidos por cualquiera, por eso en el lenguaje jur\u00eddico-penal se les denomina \u201cdelitos especiales\u201d, si bien algunos de esos delitos s\u00ed prev\u00e9n su comisi\u00f3n por particulares, como es el caso del denominado cohecho activo, es decir, ofrecer o entregar d\u00e1diva o recompensa a quien realiza la funci\u00f3n p\u00fablica (art. 424 CP), o el abuso de informaci\u00f3n privilegiada por parte de particular que la haya obtenido de un funcionario p\u00fablico (art. 418 CP).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La mayor\u00eda de estos delitos solo pueden ser cometidos por autoridades o funcionarios p\u00fablicos,<\/strong> <strong>por eso en el lenguaje jur\u00eddico-penal se les denomina \u201cdelitos especiales\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Los particulares pueden participar en los delitos cometidos por autoridad o funcionario p\u00fablico y responder\u00e1n como part\u00edcipes (inductores, cooperadores necesarios o c\u00f3mplices), pero no pueden ser autores de delitos especiales. Por ejemplo, el particular que hace nacer en el funcionario la idea de cometer el delito de prevaricaci\u00f3n que finalmente se verific\u00f3, responder\u00e1 como inductor en el delito de prevaricaci\u00f3n cometido por el funcionario p\u00fablico en cuesti\u00f3n, pero nunca podr\u00e1 ser autor de un delito de prevaricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En otras ocasiones, la calificaci\u00f3n de la persona en la que no concurre la condici\u00f3n de autoridad o funcionario genera intrincados problemas t\u00e9cnicos.<\/p>\n\n\n\n<p>3.- En cualquier caso, el uso de la funci\u00f3n p\u00fablica para cometer un delito supone un plus de antijuridicidad, y resulta imprescindible aclarar a efectos penales qui\u00e9n puede ser considerado autoridad o funcionario p\u00fablico. La respuesta nos la ofrece el art. 24 del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El uso de la funci\u00f3n p\u00fablica para cometer un delito supone un plus de antijuridicidad, y resulta imprescindible aclarar a efectos penales qui\u00e9n puede ser considerado autoridad o funcionario p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">\u201c1. A los efectos penales se reputar\u00e1 autoridad al que por s\u00ed solo o como miembro de alguna corporaci\u00f3n, tribunal u \u00f3rgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicci\u00f3n propia. En todo caso, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut\u00f3nomas y del Parlamento Europeo. Tendr\u00e1n tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscal\u00eda Europea.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--70)\">2. Se considerar\u00e1 funcionario p\u00fablico todo el que por disposici\u00f3n inmediata de la Ley o por elecci\u00f3n o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones p\u00fablicas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>4.- Poca pol\u00e9mica existe respecto al concepto de autoridad. Se tratar\u00eda de un tipo de funcionario caracterizado por tener mando, entendido como potestad de reclamar obediencia, o ejercer jurisdicci\u00f3n propia en el sentido de tener la potestad de resolver asuntos. A modo de ejemplo, la jurisprudencia ha considerado autoridad a los jueces, notarios, directores de centros penitenciarios, alcaldes, teniente de alcalde que ejerce como alcalde, presidente de la junta electoral y, tras algunas vacilaciones, tambi\u00e9n a los concejales.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto al concepto de funcionario p\u00fablico, el art. 24.2 ofrece un concepto penal espec\u00edfico de funcionario p\u00fablico definido por dos elementos. Por un lado, la \u201cparticipaci\u00f3n en la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d, que se viene entendiendo por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria desde una perspectiva teleol\u00f3gica, es decir, aquellas funciones de titularidad p\u00fablica que persiguen fines p\u00fablicos, resultando secundaria la forma concreta en que se gestiona dicha finalidad p\u00fablica. En segundo lugar, ha de concurrir el t\u00edtulo habilitante, es decir, se participa en la funci\u00f3n p\u00fablica por disposici\u00f3n inmediata de la Ley o por elecci\u00f3n o por nombramiento de autoridad competente. De esta comprensi\u00f3n de funcionario p\u00fablico a efectos penales, se extraen una serie de consecuencias:<\/p>\n\n\n\n<p>a.- El concepto penal de funcionario p\u00fablico es m\u00e1s amplio que el concepto de funcionario de carrera previsto en el art. 9 del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico, incluyendo a todo empleado p\u00fablico, sea interino, laboral o eventual (arts. 8 y ss. EBEP) (STS, Sala Segunda, n\u00fam. 866\/2003, de 16 de junio, FJ 2.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n<p>b.-<strong> <\/strong>Se entiende que hay ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica cuando la Administraci\u00f3n adopta personalidad jur\u00eddica propia, incluso la de sociedad mercantil, por lo que sus directivos pueden ser considerados funcionarios p\u00fablicos a efectos penales (STS, Sala Segunda, n\u00fam. 1590\/2003, de 22 de abril, FF. JJ. 13.\u00ba y 14.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Se entiende que hay ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica cuando la Administraci\u00f3n adopta personalidad jur\u00eddica propia, incluso la de sociedad mercantil, por lo que sus directivos pueden ser considerados funcionarios p\u00fablicos a efectos penales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>5.- Incluso, a los efectos analizados, puede afirmarse que realizan funciones p\u00fablicas entidades privadas en las que se externaliza la toma de decisiones vinculantes y el ejercicio de funciones de control, inspecci\u00f3n y certificaci\u00f3n del cumplimento de la legalidad vigente.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Puede afirmarse que realizan funciones p\u00fablicas entidades privadas en las que se externaliza la toma de decisiones vinculantes y el ejercicio de funciones de control, inspecci\u00f3n y certificaci\u00f3n<\/strong> <strong>del cumplimento de la legalidad vigente.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>6.- La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-9953\">Ley Org\u00e1nica 5\/2010 de reforma del C\u00f3digo Penal<\/a> introdujo la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, lo que supuso un cambio de paradigma, pues hasta entonces solo era posible la responsabilidad penal de las personas f\u00edsicas. A partir de entonces existe la posibilidad de declarar penalmente responsable a la persona jur\u00eddica, previendo penas como la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, la suspensi\u00f3n de sus actividades, clausura de locales, etc. Ahora bien, esta responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas tiene una serie de limitaciones, pues no es viable para todos los delitos y no todas las personas jur\u00eddicas responden penalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Interesa destacar que el art. 31 quinquies del C\u00f3digo Penal excluye de la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas al Estado, a las Administraciones p\u00fablicas territoriales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades p\u00fablicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho p\u00fablico, a aquellas otras que ejerzan potestades p\u00fablicas de soberan\u00eda o administrativas.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00ed pueden ser consideradas penalmente responsables las sociedades mercantiles p\u00fablicas (como ADIF, AENA, Loter\u00edas y Apuestas del Estado, etc.) que ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas o presten servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general, aunque, en principio, solo se les puede imponer penas de multa y penas de intervenci\u00f3n judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. Por supuesto, no hay ning\u00fan obst\u00e1culo para que respondan penalmente las empresas privadas que colaboran con la Administraci\u00f3n en el ejercicio de funciones p\u00fablicas. Con independencia de la responsabilidad penal de sus integrantes, tanto unas como otras podr\u00e1n ser declaradas penalmente responsables de delitos que prevean la autor\u00eda de personas jur\u00eddicas, como por ejemplo sucede con la malversaci\u00f3n (art. 435.5.\u00ba CP).<\/p>\n\n\n\n<p>Evidentemente, adem\u00e1s de participar en la funci\u00f3n p\u00fablica, son necesarios otros requisitos para fundamentar la responsabilidad penal, pero las presentes consideraciones se limitan a abordar qui\u00e9n puede ser considerado autor de delitos que exigen la condici\u00f3n de autoridad o funcionario p\u00fablico de quien los comete, de forma destacada, autor de los delitos contra la Administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Margarita Mart\u00ednez Escamilla<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para quien no sea especialista en Derecho Penal, puede resultar \u00fatil \u2014y quisiera pensar que tambi\u00e9n interesante\u2014 entender algunas cuestiones o principios generales que rigen la persecuci\u00f3n y el castigo de delitos que tienen que ver con la funci\u00f3n p\u00fablica, incluido el \u00e1mbito de las entidades locales. 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