{"id":2397,"date":"2023-07-12T07:30:00","date_gmt":"2023-07-12T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2397"},"modified":"2023-10-10T10:03:58","modified_gmt":"2023-10-10T08:03:58","slug":"el-derecho-y-la-jurisprudencia-internacionales-y-europeos-y-su-orientacion-de-los-reguladores-en-espana-a-proposito-de-la-ley-estatal-12-2023-de-24-de-mayo-por-el-derecho-a-la-vivienda-y-de-la-regu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-derecho-y-la-jurisprudencia-internacionales-y-europeos-y-su-orientacion-de-los-reguladores-en-espana-a-proposito-de-la-ley-estatal-12-2023-de-24-de-mayo-por-el-derecho-a-la-vivienda-y-de-la-regu\/","title":{"rendered":"El derecho y la jurisprudencia internacionales y europeos y su orientaci\u00f3n de los reguladores en Espa\u00f1a.
A prop\u00f3sito de la Ley estatal 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y de la regulaci\u00f3n auton\u00f3mica y local de vivienda"},"content":{"rendered":"\n

Tuve la oportunidad hace unos d\u00edas de publicar en este blog un peque\u00f1o comentario al impacto de la nueva Ley estatal por el derecho a la vivienda en las competencias locales<\/a>, an\u00e1lisis que ha sido acompa\u00f1ado con posterioridad de otros m\u00e1s completos, en diferentes foros<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En el post<\/em> de este blog advert\u00eda que en la materia de vivienda es preciso tener muy en cuenta tambi\u00e9n, lo que no siempre se hace<\/em>, el derecho aplicable en el Estado espa\u00f1ol por los convenios internacionales suscritos,si bien, dado el enfoque del post<\/em>, no pude detenerme en este punto.<\/p>\n\n\n\n

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En la materia de vivienda es preciso tener muy en cuenta tambi\u00e9n, lo que no siempre se hace<\/em>, el derecho aplicable en el Estado espa\u00f1ol por los convenios internacionales suscritos.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Atendiendo ahora una amable nueva invitaci\u00f3n, procedo a desarrollar brevemente lo que quer\u00eda expresar entonces.<\/p>\n\n\n\n

Como es sabido, el art. 10.2 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola se\u00f1ala lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci\u00f3n reconoce se interpretar\u00e1n de conformidad con la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa\u00f1a\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esa necesidad fundamental de tener en cuenta el derecho internacional, o m\u00e1s bien, precisamente, su ausencia de consideraci\u00f3n, puede explicar el hecho de que el Estado espa\u00f1ol haya sido el m\u00e1s condenado, siete veces<\/a>, por el Comit\u00e9 de la ONU encargado de velar por la aplicaci\u00f3n del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, especialmente de su art. 11<\/a>, en concreto.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) y el derecho y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (en adelante, TJUE) limitan y orientan la discrecionalidad de los distintos reguladores sobre vivienda en el Estado espa\u00f1ol<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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El Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) y el derecho y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (en adelante, TJUE) limitan y orientan la discrecionalidad de los distintos reguladores sobre vivienda en el Estado espa\u00f1ol.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

As\u00ed, por lo que se refiere al derecho europeo, el art. 1 del protocolo 1 del CEDH reconoce el derecho propiedad, desde luego, pero sin perjuicio del \u201cderecho que poseen los Estados de poner en vigor las leyes que juzguen necesarias para la reglamentaci\u00f3n del uso de los bienes de acuerdo con el inter\u00e9s general\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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El art. 1 del protocolo 1 del CEDH reconoce el derecho propiedad, desde luego, pero sin perjuicio del \u201cderecho que poseen los Estados de poner en vigor las leyes que juzguen necesarias para la reglamentaci\u00f3n del uso de los bienes de acuerdo con el inter\u00e9s general\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El TEDH ha concedido un amplio margen discrecional al legislador nacional para regular el derecho de propiedad en aras de proteger el inter\u00e9s p\u00fablico, incluyendo la aceptaci\u00f3n de limitaciones de rentas de alquiler, con el <\/strong>\u00fanico l\u00edmite del llamado test del Fair Balance<\/em>, que implica la necesaria obtenci\u00f3n por el propietario de la vivienda de alg\u00fan rendimiento derivado de su derecho de propiedad, que no puede quedar totalmente vaciado, si bien el TEDH es ampliamente deferente en este punto, como, por ejemplo, demuestra la STEDH en el caso Nobel de 2013<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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El<\/strong> l\u00edmite del llamado test del Fair Balance<\/em> implica la necesaria obtenci\u00f3n por el propietario de la vivienda de alg\u00fan rendimiento derivado de su derecho de propiedad, que no puede quedar totalmente vaciado.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Asimismo, el TEDH ha conectado el art. 8 del CEDH, relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio, con los desalojos de ciudadanos de sus alojamientos, afirmando la posible vulneraci\u00f3n de ese derecho si no se realiza un juicio de proporcionalidad y no se ofrece una alternativa habitacional a las personas desalojadas (por ejemplo, STEDH de 11 de abril de 2023<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Doctrina que ha aplicado tambi\u00e9n a las relaciones entre privados, como demuestra la medida cautelar adoptada el 15\/10\/2013 de paralizaci\u00f3n del desalojo de familias que ocupaban un edificio vac\u00edo de la SAREB en Salt, puesto que la Generalitat de Catalu\u00f1a no ofreci\u00f3 medidas alternativas. Tambi\u00e9n el TEDH exigi\u00f3 explicaci\u00f3n de las medidas a tomar por las Administraciones p\u00fablicas en el caso de la Corrala Utop\u00eda, por ocupaci\u00f3n por diversas familias de un piso vac\u00edo de un banco en 2014.<\/p>\n\n\n\n

Esta jurisprudencia ha llevado a su aplicaci\u00f3n interna en Espa\u00f1a, en diversas sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, ante el desalojo de viviendas p\u00fablicas donde resid\u00edan menores (as\u00ed, SSTS de 23 de noviembre de 2020<\/a>, 4 de octubre de 2021<\/a> o 17 de abril de 2023<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al derecho de la Uni\u00f3n Europea, este aparece ya desde el pre\u00e1mbulo de la nueva Ley estatal por el derecho a la vivienda de 2023, que se\u00f1ala lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\u201cAsimismo, la aprobaci\u00f3n de la presente ley cumple con el hito establecido en el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia de Espa\u00f1a, relativo a la reforma C02.R03 \u2018Ley de Vivienda\u2019 recogido en el n\u00famero 22 del anexo a la Propuesta de Decisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la entrada en vigor de una norma que incluye acciones de apoyo al aumento de la oferta de viviendas que cumplan los requisitos de los edificios de consumo de energ\u00eda casi nulo, estrechamente vinculado a los objetivos que marca la propia definici\u00f3n de vivienda digna y adecuada a los que se orienta el conjunto de medidas adoptadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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La aprobaci\u00f3n de la presente ley cumple con el hito establecido en el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia de Espa\u00f1a, relativo a la reforma C02.R03 \u2018Ley de Vivienda\u2019 recogido en el n\u00famero 22 del anexo a la Propuesta de Decisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n del Consejo, de 16 de junio de 2021.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El TJUE, en aplicaci\u00f3n del derecho de la Uni\u00f3n Europea, ha decidido diversos casos relevantes que involucran a partes espa\u00f1olas, en el \u00e1mbito del derecho privado, casos referidos a deudores hipotecarios, lanzamientos y cl\u00e1usulas abusivas, como las cl\u00e1usulas suelo. As\u00ed, lo ha hecho mediante m\u00e1s de una docena de SSTJUE, entre ellas la del conocido caso Aziz (13 de marzo de 2013), desautorizando al legislador espa\u00f1ol, al Tribunal Constitucional (v\u00e9ase su auto 19\/2\/2011, en el que no vio problema alguno en la legislaci\u00f3n procesal y su configuraci\u00f3n de procedimientos sumarios para el desalojo respecto al art. 24 CE) y al propio Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

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El TJUE, en aplicaci\u00f3n del derecho de la Uni\u00f3n Europea, ha decidido diversos casos relevantes que involucran a partes espa\u00f1olas, mediante m\u00e1s de una docena de SSTJUE, entre ellas la del conocido caso Aziz<\/strong> desautorizando al legislador espa\u00f1ol, al Tribunal Constitucional y al propio Tribunal Supremo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito del derecho p\u00fablico,el TJUE, reconociendo el derecho de propiedad, ha aceptado la posible delimitaci\u00f3n del mismo reiteradamente (as\u00ed, por ejemplo, STJUE Hauer 44\/1979), y ha establecido que la vivienda es:<\/p>\n\n\n\n