{"id":2352,"date":"2023-05-31T07:30:00","date_gmt":"2023-05-31T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2352"},"modified":"2025-05-26T13:24:33","modified_gmt":"2025-05-26T11:24:33","slug":"la-ley-estatal-12-2023-de-24-de-mayo-por-el-derecho-a-la-vivienda-su-afectacion-de-las-competencias-locales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-ley-estatal-12-2023-de-24-de-mayo-por-el-derecho-a-la-vivienda-su-afectacion-de-las-competencias-locales\/","title":{"rendered":"La Ley estatal 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda: su afectaci\u00f3n de las competencias locales"},"content":{"rendered":"\n

1.- Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Ley 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda<\/a> es la primera ley estatal sobre vivienda desde la promulgaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. La vivienda asequible ha sido un tema abandonado hist\u00f3ricamente<\/a> por el legislador tanto estatal como auton\u00f3mico y por las regulaciones locales, si bien, en las \u00faltimas d\u00e9cadas, especialmente desde la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007, en el \u00e1mbito auton\u00f3mico y local se han aprobado numerosas leyes de vivienda y ordenanzas locales en la materia<\/a>. Asimismo, como nos explica el profesor Andrei Quinti\u00e1<\/a>, el Tribunal Constitucional ha dictado desde la Constituci\u00f3n 48 sentencias en la materia (algo err\u00e1ticas y confusas, cabe se\u00f1alar), un 75 % de ellas desde 2012 y un 40 % de las mismas desde fecha tan cercana como 2017. Todo ello es un indicador de la relevancia jur\u00eddica creciente de la materia que culmina con esta nueva ley estatal.<\/p>\n\n\n\n

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La vivienda asequible ha sido un tema abandonado hist\u00f3ricamente, si bien, en las \u00faltimas d\u00e9cadas, en el \u00e1mbito auton\u00f3mico y local se han aprobado numerosas leyes de vivienda y ordenanzas locales en la materia.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Esa relevancia jur\u00eddica creciente ha ido acompa\u00f1ada de un aumento paralelo de las pol\u00edticas p\u00fablicas desarrolladas en este \u00e1mbito, tras un prolongado per\u00edodo de mal gobierno y mala administraci\u00f3n que ha conducido a una situaci\u00f3n dif\u00edcil para muchos conciudadanos. Creemos innecesario repetir aqu\u00ed las cifras que ponen de relieve la emergencia habitacional que se vive en muchas zonas de Espa\u00f1a y ha sido puesta de relieve en diversas ocasiones, tambi\u00e9n por instancias internacionales<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Si bien en la materia de vivienda es preciso tener muy en cuenta tambi\u00e9n \u2014lo que no siempre se hace\u2014 la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con diversas intervenciones del TEDH en relaci\u00f3n con Espa\u00f1a, y el derecho y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, que explican algunas medidas de la ley<\/a>, nosotros aqu\u00ed nos vamos a limitar a realizar un primer comentario de la ley estatal. Ley que, como recuerda su pre\u00e1mbulo, fue uno de los compromisos estatales con Europa relacionados con la recepci\u00f3n de fondos Next Generation.<\/p>\n\n\n\n

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La ley estatal<\/strong> fue uno de los compromisos estatales con Europa relacionados con la recepci\u00f3n de fondos Next Generation.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En conexi\u00f3n con el art. 53.3 CE, la ley no solo desarrolla las competencias estatales y el derecho a la vivienda del art. 47 CE, sino que alude a las interconexiones de este con otros derechos constitucionales. En relaci\u00f3n ahora solo con el principio de propiedad, la ley se refiere a que la vivienda cumple una funci\u00f3n social<\/a>, dado que constituye un bien destinado a satisfacer las necesidades de alojamiento b\u00e1sico de las personas, lo que se constata en la propia definici\u00f3n de vivienda (art. 3.k). La funci\u00f3n social de la propiedad de la vivienda consiste en la ley en el deber de destinar esta al uso habitacional, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jur\u00eddico (art. 1.2), incluy\u00e9ndose en el r\u00e9gimen jur\u00eddico del derecho de propiedad de vivienda un deber de \u201cuso y disfrute propios y efectivos de la vivienda\u201d (art. 11.1.a), de acuerdo con la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n

Por lo que se refiere a las competencias mencionadas en la ley para su promulgaci\u00f3n (DF 7.\u00aa), se mencionan los arts. de la CE 149.1.1, 149.1.13, 149.1.18 (legislaci\u00f3n civil), 149.1.6 (legislaci\u00f3n procesal), 149.1.14 (hacienda general), siendo algunos de sus preceptos solo aplicables a la AGE (22, 23, 24, 26, y DA 2.\u00aa).<\/p>\n\n\n\n

2.- El concepto de gran tenedor y sus implicaciones jur\u00eddicas: las zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La ley realiza una distinci\u00f3n entre dos tipos de propietarios: los grandes tenedores y el resto. Los grandes tenedores son personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que tienen en propiedad m\u00e1s de 10 viviendas (en Barcelona, por ejemplo, el 36 % del parque residencial est\u00e1 en manos de ellos<\/a>) o 1500 m2<\/sup> de uso residencial (sin contar garajes ni trasteros), art. 3.k. Esta definici\u00f3n puede ser cambiada en ciertas \u00e1reas urbanas por las comunidades aut\u00f3nomas, en sus posibles declaraciones de las llamadas zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), que enseguida explicaremos. La inclusi\u00f3n de un propietario en la categor\u00eda de gran tenedor implica una serie de consecuencias jur\u00eddicas vinculadas a la mayor funci\u00f3n social de sus propiedades (como se\u00f1ala el art. 14 de la Constituci\u00f3n alemana, \u201cla propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien com\u00fan\u201d; y \u2014a\u00f1adimos nosotros\u2014 obliga m\u00e1s en estos casos).<\/p>\n\n\n\n

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Los grandes tenedores son personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que tienen en propiedad m\u00e1s de 10 viviendas o 1500 m2<\/sup> de uso residencial. Esta definici\u00f3n puede ser cambiada en ciertas \u00e1reas urbanas por las comunidades aut\u00f3nomas, en sus posibles declaraciones de las llamadas zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT).<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las ZMRT ya mencionadas (art. 18) son declaradas por las \u201cAdministraciones competentes\u201d en materia de vivienda, en principio las comunidades aut\u00f3nomas (art. 148.1.3 CE y estatutos de autonom\u00eda). Pero, dependiendo de la regulaci\u00f3n auton\u00f3mica en la materia, tambi\u00e9n podr\u00edan ser municipios<\/a>. En cuanto al modo de hacerlo, la ley remite a la normativa auton\u00f3mica, pero establece ciertas normas b\u00e1sicas respecto al procedimiento administrativo debido, con informaci\u00f3n p\u00fablica a seguir, la existencia de una Memoria y de una motivaci\u00f3n, que fundamente y justifique que concurren las circunstancias para dicha declaraci\u00f3n (que la ley se\u00f1ala son una subida del precio de alquiler de la vivienda, en los 5 a\u00f1os anteriores a la declaraci\u00f3n, de m\u00e1s de tres puntos por encima del IPC, o la incapacidad del mercado de atender la demanda a precio razonable, que cabe entender que concurre cuando los arrendatarios o deudores hipotecarios dediquen m\u00e1s del 30 % de sus ingresos al pago de la renta o deuda, incluyendo en el pago los suministros b\u00e1sicos).<\/p>\n\n\n\n

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En cuanto al modo de hacerlo, la ley establece ciertas normas b\u00e1sicas respecto al procedimiento administrativo debido, con la existencia de una Memoria y de una motivaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Dichas circunstancias previstas legalmente deber\u00e1n ser evaluadas ex post,<\/u><\/a> a los 3 a\u00f1os de entrada en vigor de la ley (DA 3.\u00aa). Asimismo, realizada la declaraci\u00f3n, esta durar\u00e1 3 a\u00f1os, pudiendo prorrogarse anualmente en funci\u00f3n de la evoluci\u00f3n de las circunstancias descritas.<\/p>\n\n\n\n

La declaraci\u00f3n, como dijimos, puede establecer que el concepto de gran tenedor se vincule a 5 viviendas. De ella deriva la necesidad de establecer un plan espec\u00edfico con calendario de medidas a desarrollar en la ZMRT. Tambi\u00e9n deriva de ella que, como regla general, excepcionable motivadamente, el suelo obtenido por cesiones urban\u00edsticas y que integre los patrimonios p\u00fablicos del suelo deber\u00e1 destinarse exclusivamente a construcci\u00f3n y gesti\u00f3n de viviendas sociales o dotacionales, lo que vincula, pues, a los municipios (art. 15.1.e, que contempla otros usos solo de forma excepcional y acreditada). Adem\u00e1s, los grandes tenedores en estas ZMRT tienen determinadas obligaciones espec\u00edficas de informaci\u00f3n a las Administraciones p\u00fablicas (art. 19).<\/p>\n\n\n\n

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La declaraci\u00f3n<\/strong> puede establecer que el concepto de gran tenedor se vincule a 5 viviendas.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Declarada la ZMRT, se producen dos efectos: la pr\u00f3rroga de los contratos de arrendamiento con las mismas condiciones originales, obligatoria para el arrendador, y el establecimiento de un control del precio del alquiler, sobre el que aqu\u00ed no podemos incidir, por razones de espacio.<\/p>\n\n\n\n

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Declarada la ZMRT, se producen<\/strong> dos efectos:<\/strong> la pr\u00f3rroga de los contratos de arrendamiento<\/strong> y el establecimiento de un<\/strong> control del precio del alquiler.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

3.- Cuestiones de derecho administrativo, derecho urban\u00edstico y vivienda. Medidas legales relacionadas con el fomento del alquiler y la lucha contra la vivienda vac\u00eda: el papel municipal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si bien ya hemos hecho referencia a algunos aspectos de derecho administrativo (qui\u00e9n establece las ZMRT, c\u00f3mo, etc.), vamos ahora a concentrarnos en otros que destacan tambi\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n

3.1.- Tipolog<\/strong>\u00edas de vivienda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La ley distingue (impl\u00edcitamente) entre vivienda de mercado libre y vivienda protegida (art. 3, art. 16). En esta \u00faltima, a su vez, distingue entre la vivienda social de titularidad p\u00fablica (en suelo p\u00fablico con derecho de superficie o similar, dotacional o adquirida, por ejemplo, mediante tanteo y retracto), vivienda protegida de precio limitado, de iniciativa p\u00fablica o privada, calificada as\u00ed administrativamente, y, como novedad, vivienda asequible incentivada, de titularidad privada y que no necesita calificaci\u00f3n administrativa como la protegida (art. 17). Nada se dice sobre la posibilidad municipal de declarar nuevos tipos de vivienda protegida, posibilidad negada hasta el momento por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

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Como novedad,<\/strong> vivienda asequible incentivada, de titularidad privada y que no necesita calificaci\u00f3n administrativa como la protegida (art. 17).<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

3.2.- Parques p<\/strong>\u00fablicos de vivienda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La ley hace menci\u00f3n a los parques p\u00fablicos de vivienda (arts. 27 a 29, especialmente), estableciendo la imposibilidad de vender bienes patrimoniales de los mismos a privados con \u00e1nimo de lucro (solo a Administraciones p\u00fablicas y a entidades sin \u00e1nimo de lucro), venta que hab\u00eda generado ya pronunciamientos judiciales en contra.<\/strong><\/a> Su financiaci\u00f3n provendr\u00e1 de varias v\u00edas, incluy\u00e9ndose obligatoriamente las sanciones cobradas por el incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad. La ley establece la necesidad de fijar obligaciones p\u00fablicas espec\u00edficas respecto al crecimiento de estos parques, y un compromiso general por defecto del 20 % de viviendas sociales sobre el total del parque residencial, en 20 a\u00f1os, en las ZMRT, a falta de regulaci\u00f3n auton\u00f3mica espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n

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La ley hace menci\u00f3n a los parques p\u00fablicos de vivienda estableciendo la imposibilidad de vender bienes patrimoniales de los mismos a privados con \u00e1nimo de lucro (solo a Administraciones p\u00fablicas y a entidades sin \u00e1nimo de lucro), venta que hab\u00eda generado ya pronunciamientos judiciales en contra.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

3.3.- Derecho urban\u00edstico y vivienda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En cuanto al derecho urban\u00edstico y la vivienda (art. 15), se produce, como vimos, una regulaci\u00f3n, por la nueva ley, de los patrimonios p\u00fablicos de suelo en ZMRT, obligando a un \u00fanico destino \u2014salvo excepciones previstas en la ley\u2014 de construcci\u00f3n de vivienda protegida. Asimismo, la ley declara compatible el uso de construcci\u00f3n de viviendas dotacionales en suelos dotacionales; declara que la calificaci\u00f3n como vivienda protegida, a que se refiere el art. 20.1.b) del Texto Refundido estatal de Suelo de 2015 (TRS), no puede modificarse por los planes de urbanismo, salvo justificaci\u00f3n de la innecesaridad o la imposibilidad sobrevenida de la construcci\u00f3n de vivienda; adem\u00e1s, las viviendas protegidas no se pueden descalificar administrativamente si se sit\u00faan en suelos calificados urban\u00edsticamente para ello, e incluso si no lo hacen, la regla general ser\u00e1 de mantenimiento de la calificaci\u00f3n al menos 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

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Las viviendas protegidas no se pueden descalificar administrativamente si se sit\u00faan en suelos calificados urban\u00edsticamente para ello,<\/strong> e incluso si no lo hacen, la regla general ser\u00e1 de mantenimiento de la calificaci\u00f3n al menos 30 a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Se modifica el art. 20.1.b) TRS para aumentar los porcentajes de reservas para vivienda protegida: en suelo urbanizable, los terrenos precisos para situar el 40 % de la edificabilidad residencial prevista, salvo que se excepcionen garantizando el cumplimiento \u00edntegro y la cohesi\u00f3n social, y en suelo urbano no consolidado, el 20 %. De esos porcentajes, el 50 % deber\u00e1 ser en r\u00e9gimen de alquiler, salvo que el plan de urbanismo justifique que ello no sea posible por las caracter\u00edsticas de los demandantes u otras circunstancias econ\u00f3micas o sociales.<\/p>\n\n\n\n

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Se modifica el art. 20.1.b) TRS para aumentar<\/strong> los porcentajes de reservas para vivienda protegida.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Nada se se\u00f1ala sobre el suelo urbano consolidado, m\u00e1s all\u00e1 de exigir que la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica establezca instrumentos efectivos para asegurar el equilibrio, la calidad de vida, el acceso a la vivienda y el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Debe recordarse que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 16\/2021<\/a>, ha considerado constitucionalmente aceptable la reserva para vivienda protegida en suelo urbano consolidado establecida por la legislaci\u00f3n catalana.<\/p>\n\n\n\n

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Nada se se\u00f1ala sobre el suelo urbano consolidado.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

3.4.-<\/strong> Medidas legales relacionadas con el fomento del alquiler y la lucha contra la vivienda vac\u00eda: el papel municipal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la DF 2.\u00aa, en relaci\u00f3n con los contratos de arrendamiento celebrados a partir de la entrada en vigor de la ley, se prev\u00e9 una reducci\u00f3n del rendimiento neto positivo para el propietario declarante calculado en el 50 % (siempre), el 60 % (si existe rehabilitaci\u00f3n en los 2 a\u00f1os anteriores al contrato), el 70 % (si es primer alquiler de vivienda en ZMRT, o el arrendatario est\u00e1 entre los 15 y 35 a\u00f1os o es una Administraci\u00f3n p\u00fablica o entidad sin \u00e1nimo de lucro con rentas controladas) o hasta el 90 % (si se trata de una repetici\u00f3n de un nuevo contrato en una ZMRT y se baja la renta en un 5 % respecto del contrato anterior).<\/p>\n\n\n\n

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En relaci\u00f3n con los contratos de arrendamiento celebrados a partir de la entrada en vigor de la ley, se prev\u00e9 una<\/strong> reducci\u00f3n del rendimiento neto positivo para el propietario declarante.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En cuanto a la vivienda vac\u00eda, la ley, en conexi\u00f3n con la funci\u00f3n social ya aludida, en su DF 3.\u00aa modifica el art. 72.4 LHL, y \u2014tras la aprobaci\u00f3n de la modificaci\u00f3n de la Ley de haciendas locales en 2004 y la imposibilidad de aplicarla por no estar definidos normativamente sus supuestos hasta su activaci\u00f3n con el Real Decreto-ley 7\/2019, de 1 de marzo\u2014 se precisa lo que es vivienda vac\u00eda a los efectos de los posibles recargos municipales del IBI.<\/p>\n\n\n\n

Es inmueble desocupado con car\u00e1cter permanente aquel que permanezca desocupado, de forma continuada y sin causa justificada (la ley fija ya algunas), por un plazo superior a dos a\u00f1os (cuatro, si es vivienda de segunda residencia), conforme a requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la correspondiente ordenanza fiscal, y pertenezca a titulares de cuatro o m\u00e1s inmuebles de uso residencial. Los recargos a los inmuebles desocupados con car\u00e1cter permanente en IBI son, pues, potestativos para los municipios, fij\u00e1ndolos la ley en hasta el 50 % (el est\u00e1ndar), hasta el 100 % (si la vivienda ha estado vac\u00eda m\u00e1s de 3 a\u00f1os) y hasta el 150 % (en el caso de titulares de dos o m\u00e1s inmuebles desocupados en el mismo municipio).<\/p>\n\n\n\n

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Los recargos a los inmuebles desocupados con car\u00e1cter permanente en IBI son potestativos para los municipios, fij\u00e1ndolos la ley en hasta el 50 % (el est\u00e1ndar), hasta el 100 % (si la vivienda ha estado vac\u00eda m\u00e1s de 3 a\u00f1os) y hasta el 150 % (en el caso de titulares de dos o m\u00e1s inmuebles desocupados en el mismo municipio).<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

3.5.- Servicio de inter\u00e9s general<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El art. 4 de la ley se\u00f1ala que tienen la consideraci\u00f3n de servicios de inter\u00e9s general, como elementos clave de la cohesi\u00f3n econ\u00f3mica, social y territorial, los determinados por las Administraciones competentes en la materia,lo que no constituye estrictamente una novedad, por cuanto diversas legislaciones auton\u00f3micas hab\u00edan ya declarado actividades relacionadas con la vivienda servicios de inter\u00e9s general (as\u00ed, la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007, pionera en este sentido).<\/p>\n\n\n\n

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Tienen la consideraci\u00f3n de servicios de inter\u00e9s general, como elementos clave de la cohesi\u00f3n econ\u00f3mica, social y territorial, los determinados por las Administraciones competentes en la materia.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito de competencia estatal o de colaboraci\u00f3n del Estado con las dem\u00e1s Administraciones la ley establece directamente las actividades que son servicios de inter\u00e9s general. As\u00ed, por parte de las Administraciones, lo son las relacionadas con los parques p\u00fablicos de vivienda, as\u00ed como la construcci\u00f3n o rehabilitaci\u00f3n de viviendas sometidas a alg\u00fan r\u00e9gimen de protecci\u00f3n p\u00fablica y la mejora de las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o de eficiencia energ\u00e9tica de los edificios de viviendas, de titularidad p\u00fablica y privada. Tambi\u00e9n lo son las actividades privadas cuyo fin sea la construcci\u00f3n o rehabilitaci\u00f3n de viviendas sometidas a alg\u00fan r\u00e9gimen de protecci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

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La ley establece directamente las actividades que son servicios de inter\u00e9s general<\/strong>: las relacionadas con los<\/strong> parques p\u00fablicos de vivienda, as\u00ed como la construcci\u00f3n o rehabilitaci\u00f3n de viviendas sometidas a alg\u00fan r\u00e9gimen de protecci\u00f3n p\u00fablica y la<\/strong> mejora de las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o de eficiencia energ\u00e9tica de los edificios de viviendas,<\/strong> las actividades privadas cuyo fin sea la construcci\u00f3n o rehabilitaci\u00f3n de viviendas sometidas a alg\u00fan r\u00e9gimen de protecci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Dichos servicios podr\u00e1n gestionarse de forma directa o indirecta mediante diferentes f\u00f3rmulas de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada.<\/p>\n\n\n\n

Esta consideraci\u00f3n lo es, seg\u00fan la ley, a \u201clos efectos de la orientaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n p\u00fablica\u201d,conectando as\u00ed \u2014entendemos\u2014 este precepto con los arts. 106.2 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

4.- Aspectos no considerados en la nueva ley: el mundo local<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la nueva ley no existe regulaci\u00f3n de aspectos como las viviendas de uso tur\u00edstico, el alquiler de habitaciones, la existencia de un derecho subjetivo exigible, como s\u00ed existe en otros pa\u00edses (como en el ejemplo franc\u00e9s de la ley DALO<\/a>) y se ha intentado ya en las regulaciones de vivienda vasca de 2015 y valenciana de 2017, la consagraci\u00f3n expresa del derecho a la ciudad<\/a>, las treguas invernales estables<\/a> como las fijadas en la legislaci\u00f3n francesa, o la fijaci\u00f3n de una parte concreta de los futuros presupuestos generales del Estado para ser invertidos en vivienda (las llamadas preasignaciones presupuestarias,<\/a> s\u00ed utilizadas, en cambio, en la legislaci\u00f3n estatal sobre cambio clim\u00e1tico), por ejemplo.<\/p>\n\n\n\n

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En la nueva ley no existe regulaci\u00f3n de aspectos como las viviendas de uso tur\u00edstico, el alquiler de habitaciones, la existencia de un derecho subjetivo exigible, como s\u00ed existe en otros pa\u00edses.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Pero si se encuentra a faltar algo es una mayor sensibilidad por las competencias, recursos y pol\u00edticas p\u00fablicas de los entes locales. Actualmente, la regulaci\u00f3n de la LBRL sobre servicios m\u00ednimos obligatorios (art. 26) no incluye ninguna previsi\u00f3n sobre alojamiento, y la propia competencia sobre vivienda de los municipios, prevista en el art. 25 LBRL, en redacci\u00f3n de la LRSAL, es insuficiente y confusa, lo que ha generado ya litigaci\u00f3n auton\u00f3mica, neg\u00e1ndose la competencia municipal para intervenir en materia de vivienda privada<\/a>. Por todo ello, se hubiera agradecido un mayor cuidado del legislador estatal hacia el mundo local, crucial en esta materia de vivienda, en que la colaboraci\u00f3n leal entre Administraciones p\u00fablicas ha de ser fundamental. Confiemos en que ese cuidado se muestre en la fase de aplicaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n ex post de la ley.<\/p>\n\n\n\n

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La regulaci\u00f3n de la LBRL sobre servicios m\u00ednimos obligatorios (art. 26) no incluye ninguna previsi\u00f3n sobre alojamiento, y la propia competencia sobre vivienda de los municipios, prevista en el art. 25 LBRL, en redacci\u00f3n de la LRSAL, es insuficiente y confusa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado del aqu\u00ed expuesto, realizado por el autor de este post<\/em>, puede consultarse en abierto aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Juli Ponce Sol\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

imagen: \u00abiStock.com\/BrianAJackson\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el BOE del 25 de mayo de 2023 se ha publicado la Ley 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. 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