El Parlamento catal\u00e1n impugn\u00f3 la Ley 57\/2003, de 16 de diciembre, por incurrir en doble inconstitucionalidad: el menoscabo de las competencias auton\u00f3micas sobre r\u00e9gimen local y la lesi\u00f3n de la autonom\u00eda municipal. La Ley regula el estatuto de los municipios de gran poblaci\u00f3n, pero, lateralmente, intent\u00f3 reforzar la autonom\u00eda provincial e incluir un t\u00edtulo para facilitar el ejercicio de la potestad sancionadora en ausencia de legislaci\u00f3n sectorial. La elevaci\u00f3n de las competencias provinciales ten\u00eda su origen en la STC 109\/98 y la nueva regulaci\u00f3n de la potestad sancionadora municipal, en el voto particular del magistrado Garrido Falla a la STC 132\/2001, asumido por la jurisprudencia del TS en alguna de sus sentencias (sobre todo en la STS de 29 de septiembre de 2003). Se trataba de dar contenido a la \u201cfunci\u00f3n constitucional de la LRBRL\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Lo que desconcierta es el objeto de la impugnaci\u00f3n, porque las nuevas competencias, \u201cLa cooperaci\u00f3n en el fomento del desarrollo econ\u00f3mico y social y en la planificaci\u00f3n en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las dem\u00e1s Administraciones P\u00fablicas en ese \u00e1mbito\u201d (art\u00edculo 36.1.d), y la prevista en el art\u00edculo 36.2.b) LBRL, \u201c[\u2026] las Diputaciones o entidades equivalentes podr\u00e1n otorgar subvenciones y ayudas con cargo a recursos propios para la realizaci\u00f3n y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentar\u00e1n a trav\u00e9s de planes especiales u otros instrumentos espec\u00edficos\u201d, no resultaron impugnadas. La impugnaci\u00f3n se dirigi\u00f3 a la atribuci\u00f3n de competencias para la prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter supramunicipal, un t\u00edtulo competencial reconocido a la provincia por la Ley 7\/1985, de 2 de abril.<\/p>\n\n\n\n
\nLa impugnaci\u00f3n se dirigi\u00f3 a la atribuci\u00f3n de competencias para la prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter supramunicipal, un t\u00edtulo competencial reconocido a la provincia por la Ley 7\/1985, de 2 de abril.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
No obstante el desconcierto provocado por la paradoja de impugnar una competencia ya reconocida, pero no las nuevas, merece la pena analizar la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica del Parlamento y la del TC en la STC 103\/2013, de 23 de mayo, sobre la constitucionalidad de la atribuci\u00f3n de competencias a la provincia para la prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter supramunicipal. El Parlamento, a partir del Dictamen 261, de 17 de febrero de 2004, del Consejo Consultivo de Catalu\u00f1a, entiende contraria a la Constituci\u00f3n la reserva a las diputaciones de una competencia de car\u00e1cter ejecutivo que, claramente, excede del declarado por el TC n\u00facleo esencial de la autonom\u00eda provincial en la STC 109\/98, \u201c[\u2026] la mera cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica para la realizaci\u00f3n de obras y servicios\u201d. Diferenciando, por vez primera, entre el n\u00facleo de la autonom\u00eda provincial \u201cenraizado\u201d en el art\u00edculo 141 CE y la configuraci\u00f3n legal del legislador b\u00e1sico, el TC hab\u00eda definido en esta sentencia la asistencia y cooperaci\u00f3n como el m\u00ednimo de autonom\u00eda provincial constitucionalmente garantizado. Por tanto, la prestaci\u00f3n de servicios supramunicipales corresponder\u00eda a la configuraci\u00f3n legal de las bases estatales. La cuesti\u00f3n controvertida era si ese incremento competencial respetaba la competencia auton\u00f3mica sobre r\u00e9gimen local y la autonom\u00eda municipal. El Parlamento catal\u00e1n consider\u00f3 lesiva para la autonom\u00eda municipal la atribuci\u00f3n de la competencia a la provincia sin contar con la participaci\u00f3n o, al menos, el consentimiento de los municipios afectados. Igualmente era incompatible con la competencia auton\u00f3mica prevista en el art\u00edculo 9.8 del Estatuto de Autonom\u00eda sobre r\u00e9gimen local para la creaci\u00f3n de otras entidades supramunicipales (las comarcas).<\/p>\n\n\n\n
\nEl TC hab\u00eda definido en esta sentencia la asistencia y cooperaci\u00f3n como el m\u00ednimo de autonom\u00eda provincial constitucionalmente garantizado.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
El TC rechaz\u00f3 la impugnaci\u00f3n y declar\u00f3 conforme a la Constituci\u00f3n la \u201cnueva regulaci\u00f3n\u201d. Entre las diferentes opciones, una vez garantizado el n\u00facleo esencial de la autonom\u00eda provincial y salvaguardadas las competencias auton\u00f3micas y municipales, cabe la atribuci\u00f3n directa por el legislador b\u00e1sico de competencias a la provincia. La superposici\u00f3n de diferentes entes locales<\/strong> (la provincia, la comarca, las mancomunidades y el propio municipio), sobre un mismo territorio inevitablemente redefine las competencias respectivas cuando uno de ellos ve incrementado su acervo competencial.<\/strong> Sin embargo, a juicio del TC, la obligada modificaci\u00f3n no est\u00e1 viciada de inconstitucionalidad, porque la prestaci\u00f3n de servicios supramunicipales corresponde \u201cdirectamente al c\u00edrculo de los intereses provinciales\u201d. La existencia de un \u201cinter\u00e9s provincial\u201d diferenciable y eventualmente opuesto a un inter\u00e9s municipal constituye una afirmaci\u00f3n pol\u00e9mica agravada cuando el TC contrasta la protecci\u00f3n constitucional de la provincia con la configuraci\u00f3n legal auton\u00f3mica de la comarca. La conclusi\u00f3n que cabe extraer de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica del TC es la discutible identificaci\u00f3n entre el car\u00e1cter supramunicipal de los servicios y el inter\u00e9s provincial.<\/p>\n\n\n\n
\nLa superposici\u00f3n de diferentes entes locales<\/strong> sobre un mismo territorio inevitablemente redefine las competencias respectivas cuando uno de ellos ve incrementado su acervo competencial.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
\nLa conclusi\u00f3n que cabe extraer de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica del TC es la discutible identificaci\u00f3n entre el car\u00e1cter supramunicipal de los servicios y el inter\u00e9s provincial.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Analizar la inconsistencia de esta asimilaci\u00f3n aclara la controversia y explica las relevantes matizaciones introducidas por el TC en su posterior jurisprudencia sobre autonom\u00eda provincial. La clave est\u00e1 en singularizar las relaciones institucionales entre provincias y municipios. Tuvimos ocasi\u00f3n de exponer en otro post[1]<\/a> la inadecuaci\u00f3n de t\u00e9rminos como coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n para definir la interacci\u00f3n entre ambas entidades locales integrantes de un solo nivel de gobierno. A esta finalidad responde el concepto de concertaci\u00f3n y el procedimiento para llevarla a cabo.<\/p>\n\n\n\n
\nTuvimos ocasi\u00f3n de exponer en otro post la inadecuaci\u00f3n de t\u00e9rminos como coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n para definir la interacci\u00f3n entre ambas entidades locales integrantes de un solo nivel de gobierno.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
La provincia, constitucionalmente regulada como agrupaci\u00f3n de municipios, implica un sistema pol\u00edtico donde no hay una \u201cdiscriminaci\u00f3n cualitativa de intereses\u201d, sino una \u201cdiferenciaci\u00f3n de funciones\u201d (L. Parejo) atribuidas a provincias y municipios y proyectadas sobre los mismos asuntos, materias o intereses. La realidad, entonces, no es la \u201csupra\u201dmunicipalidad, sino la \u201cinter\u201dmunicipalidad. A pesar de la impresi\u00f3n de una forzada diferencia entre prefijos, si prevaleciera la dimensi\u00f3n \u201csupra\u201d sobre la \u201cinter\u201d, la provincia rivalizar\u00eda con la comunidad aut\u00f3noma (basta pensar en la disonancia institucional de las comunidades aut\u00f3nomas uniprovinciales o en la tenacidad auton\u00f3mica para limitar y controlar la autonom\u00eda provincial); la singularidad de la provincia es la efectividad del principio de subsidiariedad, manteniendo en el \u00e1mbito local competencias que, de otra manera, por la falta de capacidad de gesti\u00f3n municipal, saltar\u00edan al \u00e1mbito auton\u00f3mico. As\u00ed, las materias que exceden del t\u00e9rmino municipal siguen siendo locales con la intervenci\u00f3n provincial.<\/p>\n\n\n\n
\nLa singularidad de la provincia es la efectividad del principio de subsidiariedad, manteniendo en el \u00e1mbito local competencias que, de otra manera, por la falta de capacidad de gesti\u00f3n municipal, saltar\u00edan al \u00e1mbito auton\u00f3mico.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Esta concepci\u00f3n instrumental de la provincia como Gobierno intermedio (en ning\u00fan caso intermediario) no la priva de sustantividad institucional; no limita su intervenci\u00f3n a la recepci\u00f3n pasiva de solicitudes municipales, sino que las pondera con visi\u00f3n intermunicipal (la presi\u00f3n integral a la que alude la Ley 7\/85) mediante la elaboraci\u00f3n de planes o programas a partir de las prioridades fijadas por los municipios. Esto es, la provincia no elabora planes \u201cpara los municipios\u201d, sino, por imperativo legal, \u201ccon los municipios\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\nEsta concepci\u00f3n instrumental de la provincia como Gobierno intermedio (en ning\u00fan caso intermediario) no la priva de sustantividad institucional<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
El TC ha asumido en su \u00faltima jurisprudencia (STC 82\/2020) el concepto de una sola comunidad pol\u00edtica local, y en la jurisprudencia dictada con motivo de la LRSAL, especialmente la STC 111\/2016, ha relegado la doctrina de la garant\u00eda institucional y orillado la existencia de un supuesto inter\u00e9s provincial. En efecto, en este pronunciamiento ha dado carta de naturaleza a la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica del Parlamento catal\u00e1n en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 57\/2003, concediendo relevancia al consentimiento municipal y mediatizando la atribuci\u00f3n directa de competencias a las diputaciones con la necesaria intervenci\u00f3n del legislador sectorial auton\u00f3mico; la Ley prev\u00e9 una doble habilitaci\u00f3n legal, la del legislador b\u00e1sico, gen\u00e9rica e indeterminada, y la del legislador auton\u00f3mico, precisa y definitiva. Es cierto que lo ha hecho mediante sentencia interpretativa, pero conviene tener en cuenta la fundamentaci\u00f3n mantenida en la STC 41\/2016 sobre la intermediaci\u00f3n irrelevante de la LRBRL en la definici\u00f3n de competencias locales.<\/p>\n\n\n\n
Autor\/a: Manuel Zafra V\u00edctor<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n[1]<\/a> Zafra V\u00edctor, M. (2022). Cooperaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, asistencia y concertaci\u00f3n. Acento Local<\/em> [blog], 16\/11\/2022. Disponible en: https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/cooperacion-coordinacion-asistencia-y-concertacion\/<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La impugnaci\u00f3n ante el TC de la Ley 57\/2003 por el Parlamento catal\u00e1n suscit\u00f3 la constitucionalidad de la directa atribuci\u00f3n por el legislador b\u00e1sico de competencias provinciales para la prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter supramunicipal. En la STC 103\/2013 el TC entendi\u00f3 conforme a la Constituci\u00f3n esta competencia, pero modul\u00f3 el pronunciamiento en la jurisprudencia reca\u00edda sobre la LRSAL cuando concedi\u00f3 relevancia jur\u00eddica al consentimiento municipal y la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica (STC 111\/2016).<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2271,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Manuel Zafra V\u00edctor","cargo-autor":"Profesor titular de Ciencia Pol\u00edtica y de la Administraci\u00f3n P\u00fablica","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[51,63,62],"autor-post":[90],"class_list":["post-2269","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-autonomia-local","tag-competencias","tag-diputaciones","autor-post-manuel-zafra-victor"],"yoast_head":"\n
La regulaci\u00f3n de las competencias provinciales: la Ley 57\/2003, 20 a\u00f1os despu\u00e9s - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-regulacion-de-las-competencias-provinciales-la-ley-57-2003-20-anos-despues\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La regulaci\u00f3n de las competencias provinciales: la Ley 57\/2003, 20 a\u00f1os despu\u00e9s - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La impugnaci\u00f3n ante el TC de la Ley 57\/2003 por el Parlamento catal\u00e1n suscit\u00f3 la constitucionalidad de la directa atribuci\u00f3n por el legislador b\u00e1sico de competencias provinciales para la prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter supramunicipal. 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