{"id":2201,"date":"2023-03-15T07:30:00","date_gmt":"2023-03-15T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2201"},"modified":"2023-10-10T09:33:36","modified_gmt":"2023-10-10T07:33:36","slug":"la-habilitacion-para-la-ejecucion-subsidiaria-de-desahucios-de-los-ayuntamientos-catalanes-la-adopcion-de-medidas-urgentes-para-afrontar-la-inactividad-de-los-propietarios-en-los-casos-de-ocupacion-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-habilitacion-para-la-ejecucion-subsidiaria-de-desahucios-de-los-ayuntamientos-catalanes-la-adopcion-de-medidas-urgentes-para-afrontar-la-inactividad-de-los-propietarios-en-los-casos-de-ocupacion-i\/","title":{"rendered":"La habilitaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n subsidiaria de desahucios de los ayuntamientos catalanes. La adopci\u00f3n de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas con alteraci\u00f3n de la convivencia vecinal"},"content":{"rendered":"\n<p>El Diario Oficial de la Generalitat de Catalu\u00f1a public\u00f3, el pasado 17 de febrero, la Ley 1\/2023, de 15 de febrero, de modificaci\u00f3n de la Ley 18\/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a, relativo a los derechos reales, en relaci\u00f3n con la adopci\u00f3n de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas con alteraci\u00f3n de la convivencia vecinal.<\/p>\n\n\n\n<p>De las principales novedades que afectan al funcionamiento de los ayuntamientos, es destacable el art\u00edculo 1, apartado 3, por el cual se a\u00f1ade un art\u00edculo, el 44&nbsp;<em>bis<\/em>, a la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.<\/p>\n\n\n\n<p>En s\u00edntesis, la novedad significativa es la regulaci\u00f3n de acciones que tendr\u00e1n los ayuntamientos de Catalu\u00f1a, para actuar frente a ocupaciones sin t\u00edtulo habilitante en supuestos de alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La novedad significativa es<\/strong> <strong>la regulaci\u00f3n de acciones que tendr\u00e1n los ayuntamientos de Catalu\u00f1a, para actuar frente a ocupaciones sin t\u00edtulo habilitante en supuestos de alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan esta nueva previsi\u00f3n legal, en los supuestos de ocupaci\u00f3n de un inmueble sin t\u00edtulo habilitante, el propietario o propietaria, si tiene la condici\u00f3n de gran tenedor, debe ejercer las acciones necesarias para desalojarlo si esta situaci\u00f3n ha provocado una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o pone en peligro la seguridad o integridad del inmueble, y en el supuesto de que el propietario o propietaria no ejerza las acciones necesarias para el desalojo, el ayuntamiento del municipio donde est\u00e9 situado el inmueble, como Administraci\u00f3n competente y sin perjuicio de la competencia de otras entidades p\u00fablicas, puede instar al propietario o propietaria, de oficio o a instancia de la junta de propietarios de la finca donde est\u00e9 situado el inmueble o a instancia de los vecinos del espacio residencial contiguo, a cumplir su obligaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, se establece la obligaci\u00f3n de que el ayuntamiento debe requerir al propietario o propietaria y al ocupante que, en el plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles, acrediten documentalmente la existencia del t\u00edtulo habilitante de la ocupaci\u00f3n, si procede, y en el mismo requerimiento debe exigir al propietario o propietaria que, en el plazo de un mes, acredite documentalmente el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de ejercer la acci\u00f3n de desahucio correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Si en el plazo de un mes a contar desde la recepci\u00f3n del requerimiento, o si la notificaci\u00f3n ha sido infructuosa, el propietario o propietaria no ha acreditado documentalmente que el ocupante del inmueble tiene el t\u00edtulo habilitante para ocuparlo, no ha acreditado documentalmente haber hecho efectivo el desalojo o no ha acreditado documentalmente haber ejercido las acciones judiciales correspondientes para el desahucio, el ayuntamiento, como Administraci\u00f3n competente y sin perjuicio de la competencia de otras entidades p\u00fablicas, queda legitimado para iniciar el procedimiento de desahucio y hacer efectivo el desalojo del inmueble ocupado.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma prev\u00e9 un derecho de reembolso a favor de la Administraci\u00f3n local que act\u00fae en sustituci\u00f3n del propietario o propietaria, por el que podr\u00e1 reclamar el pago \u00edntegro de los costes derivados del procedimiento.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La norma prev\u00e9 un derecho de reembolso a favor de la Administraci\u00f3n local que act\u00fae en sustituci\u00f3n del propietario o propietaria, por el que podr\u00e1 reclamar el pago \u00edntegro de los costes derivados del procedimiento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La Ley establece tambi\u00e9n la competencia del alcalde o alcaldesa, para el ejercicio de la acci\u00f3n de desahucio, sin ninguna referencia a una posible delegaci\u00f3n a favor de concejales o de la Junta de Gobierno Local.<\/p>\n\n\n\n<p>Con car\u00e1cter previo a la regulaci\u00f3n de este procedimiento, la norma ha ampliado los supuestos en los que se produce un incumplimiento social de la propiedad, a\u00f1adiendo la letra g) al apartado 2 del art\u00edculo 5 de la Ley 18\/2007, seg\u00fan el cual se producir\u00e1 un incumplimiento social de la propiedad cuando los propietarios, si tienen la condici\u00f3n de grandes tenedores, no inicien las acciones de desalojo requeridas por la Administraci\u00f3n competente, la vivienda se encuentre ocupada sin t\u00edtulo habilitante y esta situaci\u00f3n haya provocado una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Se producir\u00e1 un incumplimiento social de la propiedad cuando los propietarios, si tienen la condici\u00f3n de grandes tenedores, no inicien las acciones de desalojo requeridas por la Administraci\u00f3n competente, la vivienda se encuentre ocupada sin t\u00edtulo habilitante y esta situaci\u00f3n haya provocado una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Uno de los presupuestos necesarios para considerar que existe un incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad, y, consiguientemente, para ejercer la acci\u00f3n es que la ocupaci\u00f3n, sin t\u00edtulo habilitante, provoque una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o ponga en peligro la seguridad o integridad del inmueble. Para evaluar si la alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico es suficiente para iniciar la acci\u00f3n, la exposici\u00f3n de motivos de la Ley aprobada recientemente hace una remisi\u00f3n expresa a la jurisprudencia cuando afirma: \u201cEl cuerpo jurisprudencial actual ha delimitado con rigor el concepto de alteraci\u00f3n de la convivencia, propio de la acci\u00f3n de cesaci\u00f3n, dotando el precepto de seguridad jur\u00eddica y evitando extralimitaciones o arbitrariedades en su ejercicio y tutela\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se faculta al ayuntamiento para adquirir temporalmente el uso de la vivienda con el objetivo de destinarla a pol\u00edticas p\u00fablicas de vivienda social, pero la Ley no concreta el mecanismo previsto para este uso temporal ni para este destino, por lo que parece m\u00e1s una declaraci\u00f3n de intenciones que una opci\u00f3n real reconocida por la Ley, teniendo en cuenta su ubicaci\u00f3n en la exposici\u00f3n de motivos.<\/p>\n\n\n\n<p>En la pr\u00e1ctica, este innovador instrumento supone una manifestaci\u00f3n del principio de autotutela ejecutiva de las Administraciones p\u00fablicas, mediante una ejecuci\u00f3n subsidiaria teniendo en cuenta que, seg\u00fan la propia Ley, la inacci\u00f3n de los propietarios en estas situaciones conflictivas implica la negligencia de su responsabilidad, lo que motiva la necesidad de establecer los mecanismos que permitan a los ayuntamientos actuar para restablecer la convivencia, siempre que los propietarios tengan la condici\u00f3n de grandes tenedores de acuerdo con la definici\u00f3n que hace la Ley 24\/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>La tramitaci\u00f3n de la Ley mediante el procedimiento de lectura \u00fanica,de conformidad con lo que dispone el art\u00edculo 138 del Reglamento del Parlament de Catalunya, ha impedido conocer el criterio de las Administraciones locales afectadas por la Ley y ha excluido, tambi\u00e9n, al Consell de Governs Locals, que no ha podido ejercer sus funciones de participaci\u00f3n en la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las iniciativas legislativas que afectan de manera espec\u00edfica a las Administraciones locales y de defensa de la autonom\u00eda local ante todas la instituciones y \u00f3rganos, cuya actividad legislativa afecte a los entes locales de Catalu\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La tramitaci\u00f3n de la Ley mediante el procedimiento de lectura \u00fanica<\/strong> <strong>ha impedido conocer el criterio de las Administraciones locales afectadas por la Ley y ha excluido, tambi\u00e9n, al Consell de Governs Locals, que no ha podido ejercer sus funciones de participaci\u00f3n en la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las iniciativas legislativas que afectan de manera espec\u00edfica a las Administraciones locales y de defensa de la autonom\u00eda local<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Francesc Esteve Balagu\u00e9<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se analiza la Ley 1\/2023, de 15 de febrero, de modificaci\u00f3n de la Ley 18\/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a, relativo a los derechos reales, en relaci\u00f3n con la adopci\u00f3n de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas con alteraci\u00f3n de la convivencia vecinal, y sus afectaciones a los ayuntamientos de Catalu\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2203,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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