{"id":2109,"date":"2023-02-22T07:30:00","date_gmt":"2023-02-22T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2109"},"modified":"2023-10-10T09:24:02","modified_gmt":"2023-10-10T07:24:02","slug":"la-responsabilidad-del-ayuntamiento-por-las-deudas-de-su-sociedad-mercantil-insolvente-la-aplicacion-de-la-doctrina-del-levantamiento-del-velo-por-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-del-tsj-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-responsabilidad-del-ayuntamiento-por-las-deudas-de-su-sociedad-mercantil-insolvente-la-aplicacion-de-la-doctrina-del-levantamiento-del-velo-por-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-del-tsj-de\/","title":{"rendered":"La responsabilidad del ayuntamiento por las deudas de su sociedad mercantil insolvente: la aplicaci\u00f3n de la doctrina del levantamiento del velo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra (Sentencia 373\/2022, de 23 de diciembre)"},"content":{"rendered":"\n<p>Es muy com\u00fan que los \u00f3rganos judiciales del orden jurisdiccional civil o mercantil apliquen la doctrina del levantamiento del velo para imputar responsabilidad por los da\u00f1os causados por sociedades mercantiles a los verdaderos responsables. Sin embargo, no es tan habitual, m\u00e1s bien bastante excepcional, que los \u00f3rganos judiciales de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa apliquen la doctrina del levantamiento del velo para imputar responsabilidad por los da\u00f1os causados por sociedades mercantiles p\u00fablicas a las Administraciones territoriales que las crearon.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>No es tan habitual<\/strong> <strong>que los \u00f3rganos judiciales de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa apliquen la doctrina del levantamiento del velo para imputar responsabilidad por los da\u00f1os causados por sociedades mercantiles p\u00fablicas a las Administraciones territoriales que las crearon.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>De ah\u00ed el inter\u00e9s de la Sentencia 373\/2022, de 23 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). En el caso de autos, el Ayuntamiento de Beri\u00e1in (Navarra) cre\u00f3 en 2005 una sociedad mercantil municipal, MORELUCEA S.A.U., cuyo objeto social era construir vivienda de protecci\u00f3n oficial en parte de su t\u00e9rmino municipal.<\/p>\n\n\n\n<p>Debo destacar, como factores que la Sala ha tenido en cuenta, entre otros a los que luego me referir\u00e9, que la sociedad naci\u00f3 infracapitalizada desde su origen, puesto que el Ayuntamiento como socio \u00fanico solo aport\u00f3 60 000 euros como capital social; y, adem\u00e1s, que el consejo de administraci\u00f3n de la sociedad estaba integrado por los concejales, como vocales del consejo, el secretario del Ayuntamiento como secretario del consejo, y el alcalde como presidente de la sociedad, es decir, existi\u00f3 siempre una direcci\u00f3n externa a la empresa. Adem\u00e1s, MORELUCEA no ten\u00eda personal propio ni tampoco domicilio social distinto de la sede del Ayuntamiento, lo que indujo a creer a sus acreedores que el Ayuntamiento responder\u00eda por sus deudas (confusi\u00f3n de personalidades). Las deudas acumuladas fueron muchas, entre otros motivos, porque MORELUCEA tuvo que comprar al Ayuntamiento los terrenos donde se iban a construir las viviendas por importe de m\u00e1s de tres millones de euros. Obviamente, para ello la mercantil recurri\u00f3 a un cr\u00e9dito concedido por Caja Rural de Navarra, por importe de m\u00e1s de cinco millones de euros. El cr\u00e9dito se concedi\u00f3 porque el Ayuntamiento aval\u00f3 a la mercantil, con la autorizaci\u00f3n del Gobierno de Navarra.<\/p>\n\n\n\n<p>La cuesti\u00f3n que interesa destacar es que cuando la sociedad municipal dej\u00f3 de abonar a la empresa constructora las viviendas y los garajes construidos, precisamente cuando hab\u00edan sido recepcionados en 2012, y a pesar de que la constructora hab\u00eda obtenido una sentencia civil de reconocimiento de la deuda en 2013, MORELUCEA se declar\u00f3 en concurso de acreedores. Ello impidi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la sentencia civil, y no fue hasta el Auto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Mercantil n\u00fam. 1 de Pamplona, que autoriz\u00f3 al administrador concursal la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos del concurso, cuando se formul\u00f3 por la empresa constructora la reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Beri\u00e1in y contra el Gobierno de Navarra, por importe id\u00e9ntico a aquel que adeudaba MORELUCEA a la constructora.<\/p>\n\n\n\n<p>La reclamaci\u00f3n contra el Gobierno de Navarra se fundament\u00f3 en la autorizaci\u00f3n otorgada al Ayuntamiento para que en su momento avalase a la sociedad municipal ante la entidad bancaria, para que le otorgase el cr\u00e9dito. No obstante, la sentencia desestima la responsabilidad imputada al Gobierno de Navarra por aplicaci\u00f3n, entre otros argumentos, del principio de autonom\u00eda local.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, la sentencia rechaz\u00f3 que la acci\u00f3n fuese extempor\u00e1nea, como alegaron tanto el Ayuntamiento de Beri\u00e1in como el Gobierno de Navarra, con aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la <em>actio nata<\/em>, es decir, que el <em>dies a quo<\/em> del c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial ha de ser aquel en el que se tiene un completo conocimiento de las consecuencias da\u00f1osas que el evento ha ocasionado al perjudicado, con cita, entre otras, de la <a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openCDocument\/47c54a4d73e1a196d068a47ed86829b3089ef1769e7db2c6\">STS de 20 de diciembre de 2013, rec. 4606\/2012<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El <em>dies a quo<\/em> del c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial ha de ser aquel en el que se tiene un completo conocimiento de las consecuencias da\u00f1osas que el evento ha ocasionado al perjudicado.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La sentencia que comentamos, a ra\u00edz de considerar la acci\u00f3n de responsabilidad tempor\u00e1nea, examin\u00f3 y concluy\u00f3 que concurr\u00edan los requisitos que exige el art\u00edculo 32.1 de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-10566\">Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/a>, y declar\u00f3 que concurr\u00edan en el caso de autos los cuatro requisitos que exige la jurisprudencia para apreciar la teor\u00eda del levantamiento del velo, que concretamente son: infracapitalizaci\u00f3n, confusi\u00f3n de personalidades, direcci\u00f3n externa y fraude o abuso de derecho. Sobre esto \u00faltimo, la Sentencia declara que MORELUCEA se cre\u00f3 como una sociedad instrumental del Ayuntamiento para operaciones urban\u00edsticas complejas y, por tanto, para eludir las responsabilidades y obligaciones del mismo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Los cuatro requisitos que exige la jurisprudencia para apreciar la teor\u00eda del levantamiento del velo son: infracapitalizaci\u00f3n, confusi\u00f3n de personalidades, direcci\u00f3n externa y fraude o abuso de derecho.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En definitiva, se trata de una sentencia muy interesante que nos advierte de las consecuencias de crear sociedades mercantiles que, posteriormente, son gestionadas teniendo en cuenta intereses y criterios distintos a los propiamente mercantiles.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Eva Nieto Garrido<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La doctrina del levantamiento del velo permite imputar la responsabilidad por da\u00f1os causados por sociedades mercantiles p\u00fablicas a las Administraciones p\u00fablicas territoriales que las crearon. En este post comentamos un ejemplo reciente de su aplicaci\u00f3n por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2149,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Eva Nieto Garrido","cargo-autor":"Catedr\u00e1tica de Derecho Administrativo. 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