{"id":2102,"date":"2023-02-01T07:30:00","date_gmt":"2023-02-01T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2102"},"modified":"2023-10-10T09:17:20","modified_gmt":"2023-10-10T07:17:20","slug":"la-transparencia-de-las-aportaciones-financieras-a-los-grupos-politicos-locales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-transparencia-de-las-aportaciones-financieras-a-los-grupos-politicos-locales\/","title":{"rendered":"La transparencia de las aportaciones financieras a los grupos pol\u00edticos locales"},"content":{"rendered":"\n

Como es sabido, la reforma de la Ley B\u00e1sica de R\u00e9gimen Local (LRBRL)<\/a> efectuada por la Ley 11\/1999, de 21 de abril, contempl\u00f3 expresamente la dotaci\u00f3n econ\u00f3mica por parte de la corporaci\u00f3n local a los grupos pol\u00edticos municipales (art. 73.3). Con todo, la escueta previsi\u00f3n de la LRBRL ha dado lugar a no pocos problemas interpretativos, si bien la Sentencia de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas n\u00fam. 18\/2011, de 19 de diciembre, trat\u00f3 de despejar las cuestiones m\u00e1s relevantes respecto a su naturaleza y finalidad. As\u00ed, en contra de las pretensiones de los afectados por el proceso de calificar las dotaciones a los grupos como asignaciones libre y discrecionalmente administrables, el Tribunal no dud\u00f3 en considerar que se trataba de subvenciones otorgadas a los grupos pol\u00edticos con la finalidad de subvenir a sus gastos de funcionamiento (tal como se desprende de la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley 11\/1999).<\/p>\n\n\n\n

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En contra de<\/strong> las pretensiones de los afectados por el proceso de calificar las dotaciones a los grupos como asignaciones libre y discrecionalmente administrables, el Tribunal no dud\u00f3 en considerar que se trataba de subvenciones otorgadas a los grupos pol\u00edticos<\/strong> con la finalidad de subvenir a sus gastos de funcionamiento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

De este modo, las aportaciones p\u00fablicas a los grupos pol\u00edticos locales pueden destinarse a un abanico amplio de conceptos, pero siempre directamente relacionados con las necesidades de funcionamiento del grupo pol\u00edtico: la compra de material de oficina, el alquiler del local para ejercer la actividad del grupo, la organizaci\u00f3n de campa\u00f1as publicitarias, la contrataci\u00f3n de asesoramiento profesional externo, o el pago de gastos de representaci\u00f3n (dietas, viajes, comidas, etc.).<\/p>\n\n\n\n

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Las aportaciones p\u00fablicas a los grupos pol\u00edticos locales pueden destinarse a un abanico amplio de conceptos, pero siempre directamente relacionados con las necesidades de funcionamiento del grupo pol\u00edtico.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Con todo, es innegable que perdura una cierta ambig\u00fcedad sobre el destino que cabe dar a estos fondos (gastos admisibles), alimentada adem\u00e1s por la Ley Org\u00e1nica <\/em>8\/2007, de 4 de julio, sobre Financiaci\u00f3n de los Partidos Pol\u00edticos, la cual contempla, entre los recursos econ\u00f3micos de los partidos pol\u00edticos procedentes de la financiaci\u00f3n p\u00fablica, las aportaciones que estas formaciones puedan recibir de los grupos de representantes en los \u00f3rganos de las Administraciones locales (art. 2.1.e<\/em>]). Se trata de un desafortunado precepto que puede desvirtuar el car\u00e1cter finalista de esta subvenci\u00f3n (p. ej., las bases de ejecuci\u00f3n del Ayuntamiento de Salamanca han permitido la aportaci\u00f3n al correspondiente partido pol\u00edtico de hasta un 35 % de la asignaci\u00f3n al grupo municipal).<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, es evidente que la regla de la LRBRL seg\u00fan la cual la contabilidad espec\u00edfica de dicha financiaci\u00f3n se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n del pleno de la corporaci\u00f3n, \u201csiempre que <\/em>\u00e9ste lo pida<\/em>\u201d (art. 73.3), lo que requiere el acuerdo de la mayor\u00eda, ha conducido, en la pr\u00e1ctica (por razones obvias), a una ausencia generalizada de control pol\u00edtico. Pero a esta falta de control pol\u00edtico se ha unido (aunque no deber\u00eda) una deficiente fiscalizaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera a cargo de la Intervenci\u00f3n, situaci\u00f3n a la que no ha ayudado precisamente la exclusi\u00f3n de la Ley 38\/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de su aplicaci\u00f3n a las subvenciones de las corporaciones locales a los grupos pol\u00edticos (art. 4.d]). Cuestiones todas estas, sorprendentemente, no abordadas por la Ley 27\/2013, a pesar de su abierta obsesi\u00f3n por la contenci\u00f3n del gasto p\u00fablico y el control financiero de las entidades locales.<\/p>\n\n\n\n

En todo caso, desde el punto de vista de la transparencia p\u00fablica, conocer el uso y la finalidad que da cada grupo local a los fondos p\u00fablicos que recibe constituye, sin duda, informaci\u00f3n que reside de lleno dentro de la finalidad gen\u00e9rica de la transparencia, que es la rendici\u00f3n de cuentas a la ciudadan\u00eda de las Administraciones en general. Pero, adem\u00e1s, la relevancia p\u00fablica de la informaci\u00f3n en cuesti\u00f3n es triple: primero, por el car\u00e1cter de representantes electos de los integrantes de los grupos pol\u00edticos, a los que la legislaci\u00f3n de transparencia impone un r\u00e9gimen especialmente favorable a su control y escrutinio (retribuciones, declaraciones anuales de bienes y actividades); segundo, por el car\u00e1cter p\u00fablico de los recursos financieros, pues salen de los presupuestos de las entidades locales; y tercero, por estar ligados a una finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico (facilitar y posibilitar el ejercicio de las funciones de los electos locales agrupados de acuerdo con la lista electoral).<\/p>\n\n\n\n

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Desde el punto de vista de la transparencia p\u00fablica, conocer el uso y la finalidad que da cada grupo local a los fondos p\u00fablicos que recibe constituye, sin duda, informaci\u00f3n que reside de lleno dentro de la finalidad gen\u00e9rica de la transparencia, que es la rendici\u00f3n de cuentas.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Pero, adem\u00e1s, se dan dos circunstancias adicionales oportunamente subrayadas por la Comisi\u00f3n de Garant\u00eda del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de Catalu\u00f1a (GAIP): de un lado, la asignaci\u00f3n y control de las aportaciones econ\u00f3micas depende de los propios grupos que se benefician de las mismas, pues es acordada por los propios grupos pol\u00edticos reunidos en pleno. Y, de otro lado, el se\u00f1alado amplio margen de discrecionalidad de que disponen para la utilizaci\u00f3n de estos recursos p\u00fablicos, reforzado por la indicada carencia de mecanismos de control ordinarios de su gesti\u00f3n de que adolecen.<\/p>\n\n\n\n

Pues bien, sorprende (o no, seg\u00fan se mire) la renuencia de no pocos grupos pol\u00edticos y de las propias corporaciones locales a facilitar el acceso a la documentaci\u00f3n justificativa de las aportaciones econ\u00f3micas. As\u00ed, son recurrentes las alegaciones de las corporaciones en el sentido de que la informaci\u00f3n solicitada no se tratar\u00eda de informaci\u00f3n p\u00fablica, pues tal informaci\u00f3n no se encontrar\u00eda en poder de la propia corporaci\u00f3n local, en la medida en que el pleno no requiera (convenientemente) la justificaci\u00f3n de las aportaciones.<\/p>\n\n\n\n

Frente a tales planteamientos, los \u00f3rganos de garant\u00eda (tanto el estatal como los auton\u00f3micos de Catalu\u00f1a, Andaluc\u00eda o Arag\u00f3n) han subrayado que los grupos pol\u00edticos locales, a diferencia de los partidos pol\u00edticos, no tienen personalidad o entidad diferenciada de la corporaci\u00f3n local; no son un ente u \u00f3rgano independiente de la corporaci\u00f3n local, sino que la integran y son parte indisoluble de ella. Y como ha explicado magistralmente la GAIP, incluso si consider\u00e1ramos los grupos municipales como entes ajenos a la corporaci\u00f3n local, deber\u00edamos concluir igualmente que la informaci\u00f3n que est\u00e1 en sus manos es informaci\u00f3n p\u00fablica, considerando que el pleno tiene la facultad de exigirla, de acuerdo con el art\u00edculo 73.3 LRBRL, pues la Ley de Transparencia no exige que la informaci\u00f3n se encuentre en \u201cposesi\u00f3n\u201d de la Administraci\u00f3n, sino que obre en su poder, abarca tambi\u00e9n la informaci\u00f3n que no est\u00e1 materialmente en manos de la corporaci\u00f3n local, pero que esta tiene potestad o poder para exigir que le sea entregada como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones.<\/p>\n\n\n\n

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Los grupos pol\u00edticos locales, a diferencia de los partidos pol\u00edticos, no tienen personalidad o entidad diferenciada de la corporaci\u00f3n local.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Y este criterio ha sido acogido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a, en la sentencia 3403\/2022, de 5 de octubre, recurso 1717\/2020<\/a>: \u201c[\u2026] no puede acogerse la alegaci\u00f3n relativa a la imposibilidad de cumplimiento, cuando se trata de requerir informaci\u00f3n sobre la justificaci\u00f3n del uso de fondos p\u00fablicos concedidos en concepto de ayuda o subvenci\u00f3n, en este caso a los grupos municipales, lo cual puede solicitar a trav\u00e9s de los \u00f3rganos de gobierno municipales competentes. Por su parte, el procedimiento de rendici\u00f3n de cuentas interno prevenido en el art. 73.3 de la LRBRL no except\u00faa el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, a la vez que fija determinados l\u00edmites para la aplicaci\u00f3n de las dotaciones econ\u00f3micas con cargo a los fondos p\u00fablicos municipales, los cuales deben ser cumplimentados asimismo cuando se acuerde el acceso a la informaci\u00f3n en virtud de la legislaci\u00f3n de transparencia, como es el caso, que no resulta excluida por la legislaci\u00f3n b\u00e1sica local\u201d.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s a\u00fan, deber\u00eda extenderse la norma del Decreto 8\/2021, de 9 de febrero, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno de Catalu\u00f1a (art. 45.4), que obliga directamente a las corporaciones locales a publicar en sus portales de transparencia la relaci\u00f3n detallada de gastos anuales financiados con cargo a estos fondos, pues es innegable el inter\u00e9s p\u00fablico en su divulgaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Severiano Fern\u00e1ndez Ramos<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La necesaria discrecionalidad con la que los grupos pol\u00edticos locales disponen de las aportaciones financieras de su respectiva entidad local para su funcionamiento ha estado acompa\u00f1ada de una innegable opacidad, lo que ha venido siendo un d\u00e9ficit de nuestra democracia local. Frente a esta praxis, debe subrayarse el elevado inter\u00e9s p\u00fablico en la divulgaci\u00f3n de esta informaci\u00f3n, vinculada al mandato de rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2104,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Severiano Fern\u00e1ndez Ramos","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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