{"id":2089,"date":"2023-01-25T07:30:00","date_gmt":"2023-01-25T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2089"},"modified":"2023-10-10T09:15:52","modified_gmt":"2023-10-10T07:15:52","slug":"de-contratos-publicos-y-convenios-administrativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/de-contratos-publicos-y-convenios-administrativos\/","title":{"rendered":"De contratos p\u00fablicos y convenios administrativos"},"content":{"rendered":"\n

La primera referencia a la figura del convenio, en derecho administrativo, la encontramos en 1973, en una modificaci\u00f3n de la Ley de Contratos del Estado de 1965, que ya relacion\u00f3, entre los negocios jur\u00eddicos que quedaban excluidos de la misma, los convenios de cooperaci\u00f3n que celebrara la Administraci\u00f3n con las corporaciones locales u otros entes de derecho p\u00fablico y los convenios que celebrara la Administraci\u00f3n con particulares y tuvieran por objeto fomentar la realizaci\u00f3n de actividades privadas de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

De forma casi id\u00e9ntica, la delimitaci\u00f3n de los convenios por la actual Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (en adelante, LCSP) es fundamentalmente negativa.<\/p>\n\n\n\n

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La delimitaci\u00f3n de los convenios por la actual Ley de Contratos del Sector P\u00fablico es fundamentalmente negativa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

All\u00ed donde se den, en efecto, condiciones para que exista un contrato, no cabe convenio, y a partir de la definici\u00f3n de contrato que establece la LCSP queda patente, entonces, que la ausencia de onerosidad, o el que el negocio jur\u00eddico no est\u00e9 sujeto a la misma, ser\u00e1n circunstancias que nos podr\u00e1n situar ante la figura jur\u00eddica del convenio: la concepci\u00f3n onerosa de la contrataci\u00f3n, que implica contraprestaci\u00f3n o supone existencia de beneficio y\/o gravamen rec\u00edproco para las partes, excluye al convenio, negocio al que se presupone la existencia de una confluencia de intereses entre las partes.<\/p>\n\n\n\n

La Abogac\u00eda General del Estado ha emitido distintos informes que abordan, al efecto, la diferencia jur\u00eddica entre las categor\u00edas de contrato y convenio; entre otros, informe de 2 de diciembre de 1996, cuya doctrina ha resultado reproducida en posteriores cuyos fundamentos jur\u00eddicos deducen, en s\u00edntesis, que aunque ambas figuras tengan por com\u00fan nota la de ser actos o negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter bilateral, resultado del concurso de la voluntad de las partes, su esencial diferencia radica en la distinta posici\u00f3n y finalidad de las partes, y, por consecuencia, en la distinta instrumentaci\u00f3n o articulaci\u00f3n jur\u00eddica del contenido que se aprecia en el convenio y en el contrato.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 47.1 de la vigente Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (en adelante, LRJSP) establece, por primera vez, una definici\u00f3n legal b\u00e1sica del convenio administrativo.<\/p>\n\n\n\n

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El art\u00edculo 47.1 de la vigente Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico establece, por primera vez, una definici\u00f3n legal b\u00e1sica del convenio administrativo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El fundamento de la potestad de firmar convenios se encuentra en la gen\u00e9rica atribuci\u00f3n de personalidad jur\u00eddica a la Administraci\u00f3n (art\u00edculo 3.4 de la LRJSP), de la que resulta su capacidad general, tambi\u00e9n para celebrar convenios.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 48.1 de la Ley establece, por su parte, la habilitaci\u00f3n legal expresa y gen\u00e9rica a las Administraciones para suscribir convenios, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias y sin que ello pueda suponer cesi\u00f3n de la titularidad de las mismas. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, el convenio tiene punto de partida en un supuesto muy preciso: la existencia de dos o m\u00e1s partes que tienen competencias o funciones concurrentes, al menos complementarias, sobre una misma realidad material, o, lo que es igual, persiguen fines comunes cuya consecuencia se articula mediante la puesta en com\u00fan y de forma coordinada, por ambas partes, de medios personales, materiales, o de ambos, para la obtenci\u00f3n de esa finalidad com\u00fan, de la que resultan, as\u00ed, ser cogestoras, participando igualmente, de forma com\u00fan o conjunta, en el resultado obtenido.<\/p>\n\n\n\n

Ello hace que la nota caracter\u00edstica de esta figura sea la cooperaci\u00f3n o la colaboraci\u00f3n de las partes por raz\u00f3n, precisamente, de esa comunidad de fines.<\/p>\n\n\n\n

Distintamente, en la contrataci\u00f3n desaparece la idea de concurrencia de funciones o de competencias sobre la misma realidad material y, por lo tanto, la idea de \u201ccomunidad de fines\u201d, surgiendo la posici\u00f3n de cada parte como una posici\u00f3n independiente, tendente a la satisfacci\u00f3n de su propio inter\u00e9s, lo que tiene por consecuencia que la relaci\u00f3n contractual gire en torno a un principio de \u201csinalagmaticidad\u201d, es decir, de reciprocidad o interdependencia de las prestaciones que se deben las partes y que resalta, al tratar de la causa de los contratos, el inciso inicial del art\u00edculo 1274 del C\u00f3digo Civil. En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestaci\u00f3n o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. As\u00ed, comenta Bassols Coma (1977) lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl contrato administrativo articula una colaboraci\u00f3n para satisfacer las necesidades clientelares de la Administraci\u00f3n o para gestionar un servicio p\u00fablico, de tal modo que el contratista gestiona intereses de la Administraci\u00f3n y no los propios, y la Administraci\u00f3n ostenta facultades de supremac\u00eda y de direcci\u00f3n contractual\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A la diferenciaci\u00f3n anterior cabe a\u00f1adir, m\u00e1s particularmente, dado que la distinci\u00f3n que se plantea lo es entre la figura de convenio y contrato, que, puesto que los \u00fanicos convenios que al margen de la LCSP admite este texto legal son aquellos en que, como se ha dicho, su objeto no sea el que es propio de un contrato de obra, suministro, consultor\u00eda y asistencia y de servicio, habr\u00e1 que tener en cuenta, para poder apreciar la figura del convenio, que el acto que se pretende calificar como tal no tenga como contenido la prestaci\u00f3n t\u00edpica que define el contrato de obras, de suministro, de servicios, as\u00ed como, tampoco, la contraprestaci\u00f3n propia com\u00fan a todos ellos: el precio.<\/p>\n\n\n\n

El contrato, procede concluir, tiene car\u00e1cter oneroso, siendo el intercambio patrimonial entre las partes, el do ut des<\/em>, la causa o fin \u00faltimo del mismo.<\/p>\n\n\n\n

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El contrato, procede concluir, tiene car\u00e1cter oneroso, siendo el intercambio patrimonial entre las partes, el do ut des<\/em>, la causa o fin \u00faltimo del mismo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Mediante el contrato celebrado entre la Administraci\u00f3n y un empresario, esta obtiene la realizaci\u00f3n de una obra, por ejemplo, o la prestaci\u00f3n de un servicio, que repercute sobre el inter\u00e9s p\u00fablico, mientras que el contratista lo que obtiene es el pago de un precio, que persigue con un leg\u00edtimo \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n\n\n\n

El convenio, por su parte, se celebra con car\u00e1cter intuitu personae<\/em>, esto es, en atenci\u00f3n a las caracter\u00edsticas de una determinada persona, que es insustituible como parte del convenio, de tal forma que la finalidad del convenio no se alcanzar\u00eda si la Administraci\u00f3n no lo celebrara con dicha persona. Nota caracter\u00edstica del convenio, contraria a uno de los principios definitorios de la contrataci\u00f3n p\u00fablica: la libre concurrencia.<\/p>\n\n\n\n

En el convenio, por su naturaleza, las partes se encuentran en posici\u00f3n de igualdad, y, cuando pacta con un particular, la Administraci\u00f3n no ejerce potestad \u201cde imperio\u201d sobre el mismo. No ocurre as\u00ed en el caso de los contratos, en que la Administraci\u00f3n goza de importantes prerrogativas frente al contratista, lo que constituye precisamente su raz\u00f3n de ser y su espec\u00edfico r\u00e9gimen jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n

Mediante convenio, en definitiva, no se trata de abastecer a la Administraci\u00f3n de bienes o servicios, sino de administrar de otra forma, a partir de los beneficios de la acci\u00f3n consensuada: en el convenio no hay contraposici\u00f3n de intereses, sino objetivos comunes o compartidos (Pascual Garc\u00eda, 2012); la existencia, en fin, de dos o m\u00e1s partes que persiguen fines comunes (de inter\u00e9s p\u00fablico, si del convenio participa la Administraci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

Consultas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n