{"id":2049,"date":"2022-12-21T07:30:00","date_gmt":"2022-12-21T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=2049"},"modified":"2023-10-10T09:02:49","modified_gmt":"2023-10-10T07:02:49","slug":"la-ley-del-fondo-aragones-de-financiacion-municipal-una-reflexion-sobre-la-financiacion-autonomica-de-las-entidades-locales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-ley-del-fondo-aragones-de-financiacion-municipal-una-reflexion-sobre-la-financiacion-autonomica-de-las-entidades-locales\/","title":{"rendered":"La Ley del Fondo Aragon\u00e9s de Financiaci\u00f3n Municipal. Una reflexi\u00f3n sobre la financiaci\u00f3n auton\u00f3mica de las entidades locales"},"content":{"rendered":"\n<p>El <em>Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local<\/em> (2005) evidencia con claridad el precario desarrollo del art\u00edculo 142 CE por parte de las comunidades aut\u00f3nomas, denunciando la inexistencia de financiaci\u00f3n incondicionada o su sustituci\u00f3n espuria por subvenciones de concesi\u00f3n graciable, afectadas a determinados fines y carentes de garant\u00eda en la continuidad y regularidad de los servicios subvencionados. Perversiones y anomal\u00edas, como Ferran Torres<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> brillantemente analizara, que provocan tres efectos particularmente negativos para la autonom\u00eda local:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>a)<\/strong> El menoscabo del principio de subsidiariedad; los municipios no ordenan sus prioridades en funci\u00f3n de sus necesidades, sino de la l\u00ednea presupuestaria de la subvenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>b)<\/strong> La privaci\u00f3n de horizonte temporal para el desarrollo de sus pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>c)<\/strong> La inevitable impronta clientelar en la asignaci\u00f3n de unos fondos escasos para un elevado n\u00famero de potenciales solicitantes.<\/p>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2022-18557\">Ley 5\/2022, de 6 de octubre, Reguladora del Fondo Aragon\u00e9s de Financiaci\u00f3n Municipal<\/a>, se aleja de esta deficiente normativa auton\u00f3mica y cumple escrupulosamente los requisitos exigidos por la financiaci\u00f3n municipal: car\u00e1cter incondicionado de los recursos; garant\u00eda de estabilidad y seguridad del Fondo mediante cifras preestablecidas y calculadas seg\u00fan f\u00f3rmulas objetivas, semejantes a las previstas para la participaci\u00f3n de las comunidades aut\u00f3nomas en los ingresos estatales. Por otra parte, la distribuci\u00f3n entre los municipios observa criterios de necesidad y capacidad fiscal, igualmente objetivos y previamente fijados. El art\u00edculo 9 enumera los criterios de distribuci\u00f3n. En lo relativo al de capacidad, el 5 % corresponde al esfuerzo fiscal; el de necesidad se concreta en la poblaci\u00f3n atendiendo a que sea igual o mayor de 65 a\u00f1os y al \u00edndice de sobreenvejecimiento a partir de los 85 a\u00f1os; tercer criterio, ordenaci\u00f3n territorial, concretado en el \u00edndice de funcionalidad y n\u00famero de habitantes de cada municipio, y proporcional a su rango jer\u00e1rquico en la estructura del sistema de municipios. El art\u00edculo 10 especifica cada uno de estos conceptos de necesidad. El \u00edndice de funcionalidad consiste en el grado de influencia de un municipio en funciones de car\u00e1cter supramunicipal; la estructura del sistema de municipios contempla variables clave para la financiaci\u00f3n: potencial de desarrollo, equipamiento escolar y viabilidad demogr\u00e1fica. En suma, una regulaci\u00f3n mod\u00e9lica: predominio de los criterios de necesidad sobre los de capacidad (en proporci\u00f3n directa los primeros e inversa los segundos). La ley no prev\u00e9 la financiaci\u00f3n provincial.<\/p>\n\n\n\n<p>En un ejercicio de legislaci\u00f3n comparada esta ley merece elogio y valoraci\u00f3n positiva, al igual que la Ley 6\/2010, de 11 de junio, Reguladora de la Participaci\u00f3n de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda. La mayor parte de las comunidades aut\u00f3nomas siguen las pautas denunciadas en su d\u00eda por el Libro Blanco. Esta asimetr\u00eda en la regulaci\u00f3n auton\u00f3mica de la financiaci\u00f3n local requiere una reflexi\u00f3n de amplio calado pol\u00edtico y jur\u00eddico ante una realidad inequ\u00edvoca: el mandato constitucional de suficiencia financiera del art\u00edculo 142 CE dirigido al Estado y las comunidades aut\u00f3nomas ha provocado la quiebra del principio, acrisolado en la teor\u00eda del federalismo fiscal, de conexi\u00f3n entre competencias y financiaci\u00f3n, en t\u00e9rminos gr\u00e1ficos: la correspondencia entre la atribuci\u00f3n de las tareas p\u00fablicas asignadas a un nivel de Gobierno y el coste econ\u00f3mico anejo a su desempe\u00f1o, la vinculaci\u00f3n material y jur\u00eddica entre competencias, gastos e ingresos y la consiguiente necesidad, una vez fijadas las competencias y determinados los gastos, del adecuado reparto de los ingresos entre los diferentes niveles de Gobierno.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El mandato constitucional de suficiencia financiera del art\u00edculo 142 CE dirigido al Estado y las comunidades aut\u00f3nomas ha provocado la quiebra del principio, acrisolado en la teor\u00eda del federalismo fiscal, de conexi\u00f3n entre competencias y financiaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La conclusi\u00f3n de este triple juego de competencias, gastos e ingresos es reveladora: cuando una competencia no recibe financiaci\u00f3n completa con los recursos propios del nivel de Gobierno que ostente su titularidad y precisa la trasferencia de otro nivel de Gobierno, nos hallamos ante un deficiente reparto de los ingresos en el conjunto del Estado. La precisi\u00f3n en la definici\u00f3n de las competencias se erige, as\u00ed, en la premisa para su congruente financiaci\u00f3n. La raz\u00f3n, una vez m\u00e1s, es clara: impedir la adopci\u00f3n de decisiones por un nivel de Gobierno sobre los gastos de otro, evitando \u201cla creaci\u00f3n de tareas a cargo de cajas ajenas\u201d<a id=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La precisi\u00f3n en la definici\u00f3n de las competencias se erige, as\u00ed, en la premisa para su congruente financiaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Toca ahora desarrollar la tesis anunciada: la quiebra del principio de conexi\u00f3n entre competencias, financiaci\u00f3n y distribuci\u00f3n del ingreso en la financiaci\u00f3n local por parte del Estado y las comunidades aut\u00f3nomas. El lema invocado por el municipalismo espa\u00f1ol resume muy bien la problem\u00e1tica de la creaci\u00f3n de tareas a cargo de cajas ajenas: <em>competencias impropias y gastos de suplencia<\/em>; un contrapunto al tipo ideal: <em>competencias propias y financiaci\u00f3n incondicionada<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El nivel de Gobierno que financia a las entidades locales no les asigna competencias, y el que las asigna no las financia.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El nivel de Gobierno que financia a las entidades locales no les asigna competencias, y el que las asigna no las financia. Para entender esta estridente paradoja es necesario analizar varias claves:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>a)<\/strong> La ausencia de un legislador de autonom\u00eda local en la CE. La autonom\u00eda local, constitucionalmente regulada, es un principio concretado en una directiva a los legisladores. Un derecho de configuraci\u00f3n legal que el legislador, respetando un m\u00ednimo indeterminado, grad\u00faa en su intensidad y extensi\u00f3n, con las competencias y la financiaci\u00f3n. Basta reparar en conceptos tan gen\u00e9ricos como el de suficiencia financiera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>b)<\/strong> La caracterizaci\u00f3n por el TC de la autonom\u00eda local como una materia peculiar sujeta a un peculiar reparto competencial: las bases estatales tienen un amplio alcance, intenso y extenso, para determinar el sistema pol\u00edtico o las relaciones interadministrativas, pero no para las competencias que corresponden, fundamentalmente, a las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las facultades intensas de la competencia estatal est\u00e1 la de establecer, por tramos demogr\u00e1ficos, la obligaci\u00f3n de los municipios para la prestaci\u00f3n de servicios obligatorios que, jur\u00eddicamente, son derechos subjetivos de los vecinos.<\/p>\n\n\n\n<p>En este marco han de interpretarse las competencias provinciales. Con sentido an\u00e1logo el Estado regula la hacienda local garantizando la financiaci\u00f3n de estos servicios obligatorios que, pese a estar configurados como derechos subjetivos de los vecinos, se han interpretado como el m\u00ednimo competencial constitucionalmente garantizado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>c)<\/strong> El problema es que una buena parte de las actividades o materias, objeto de los servicios obligatorios, coincide con las recogidas en el art\u00edculo 25.2 de la LRBRL como \u00e1mbitos donde los legisladores sectoriales, fundamentalmente auton\u00f3micos, deben atribuir competencias a los municipios. Las comunidades aut\u00f3nomas, cuando han asignado las competencias a los municipios, no las han financiado, porque las entend\u00edan financiadas por el Estado; en el mejor de los casos, las han subvencionado, y en el peor, han impuesto la prestaci\u00f3n sin cobertura financiera. Esto explica la tan leg\u00edtima como poco afortunada queja de las entidades locales: gastos de suplencia y competencias impropias;entend\u00edan la prestaci\u00f3n de servicios como las competencias propias financiadas por el Estado, e impropias las atribuidas por las comunidades aut\u00f3nomas, que las obligaban a gastos de suplencia.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Las comunidades aut\u00f3nomas, cuando han asignado las competencias a los municipios, no las han financiado, porque las entend\u00edan financiadas por el Estado; en el mejor de los casos, las han subvencionado, y en el peor, han impuesto la prestaci\u00f3n sin cobertura financiera.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Del bloqueo solo se saldr\u00e1 con una reforma constitucional que remita a un legislador de mayor\u00eda cualificada (las leyes andaluza y extreme\u00f1a, de mayor\u00eda absoluta, son referencia obligada) la garant\u00eda de un listado de competencias propias, diferenciables en su r\u00e9gimen jur\u00eddico de las transferidas y delegadas; tambi\u00e9n el de las competencias de las instancias intermunicipales (ni la ley aragonesa ni la andaluza financian las diputaciones). Tendremos as\u00ed firmemente establecida la premisa b\u00e1sica para la financiaci\u00f3n adecuada. La exposici\u00f3n de esta aspiraci\u00f3n trascendental queda para otra contribuci\u00f3n en este blog.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Manuel Zafra V\u00edctor<\/strong> y <strong>Teresa Franco Jim\u00e9nez<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> <a href=\"https:\/\/repositorio.gobiernolocal.es\/xmlui\/bitstream\/handle\/10873\/500\/agl03_15_est08_torres.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y\">Torres Cobas, F. (2003). Perversiones y novedades de la cooperaci\u00f3n municipal. En T. Font i Llovet (dir.). <em>Anuario del Gobierno Local 2003 <\/em>(pp. 281-284). Barcelona: Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local \u2013 Institut de Dret P\u00fablic<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> <a href=\"https:\/\/repositorio.gobiernolocal.es\/xmlui\/bitstream\/handle\/10873\/878\/claves03_05_cap1.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y\">Medina Guerrero, M. (2004). <em>La protecci\u00f3n constitucional de la autonom\u00eda financiera de los entes locales frente a las alteraciones de su \u00e1mbito competencial <\/em>(p. 19). Barcelona: Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con motivo de la promulgaci\u00f3n de la Ley de Financiaci\u00f3n Municipal de la Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n se hace una reflexi\u00f3n sobre un tema tan controvertido como poco estudiado: el mandato constitucional para que las comunidades aut\u00f3nomas garanticen suficiencia financiera a las entidades locales<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2052,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Manuel Zafra V\u00edctor","cargo-autor":"Profesor titular de Ciencias Pol\u00edticas y de la Administraci\u00f3n. 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