{"id":1983,"date":"2022-11-23T07:30:00","date_gmt":"2022-11-23T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=1983"},"modified":"2023-10-10T08:51:55","modified_gmt":"2023-10-10T06:51:55","slug":"el-derecho-a-una-buena-administracion-el-buen-gobierno-y-las-entidades-locales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-derecho-a-una-buena-administracion-el-buen-gobierno-y-las-entidades-locales\/","title":{"rendered":"El derecho a una buena administraci\u00f3n, el buen gobierno y las entidades locales"},"content":{"rendered":"\n

En el \u00e1mbito europeo, la buena administraci\u00f3n est\u00e1 prevista en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea<\/a>, y ha sido reconocida en numerosa jurisprudencia del TEDH<\/a> y del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea<\/a> desde 1955. Reconocida en diversos pa\u00edses (por ejemplo, en la Constituci\u00f3n italiana, art. 97, buon andamento<\/em>, o en la Constituci\u00f3n finlandesa, art. 16), la buena administraci\u00f3n como derecho y principio est\u00e1 tambi\u00e9n impl\u00edcitamente recogida en la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, como ha se\u00f1alado el Tribunal Supremo repetidamente(en vinculaci\u00f3n con los principios de eficacia, eficiencia, econom\u00eda, objetividad), y expl\u00edcitamente en diversos estatutos de autonom\u00eda de \u00faltima generaci\u00f3n y otras leyes vigentes.<\/p>\n\n\n\n

\n

La buena administraci\u00f3n como derecho y principio est\u00e1 impl\u00edcitamente recogida en la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

A modo de ejemplo, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo espa\u00f1ol de 4 de noviembre de 2021<\/a>, la cual se\u00f1ala: \u201cComo se desprende de lo dicho por el Tribunal Supremo el principio de buena administraci\u00f3n tiene una base constitucional y legal indiscutible. Podemos distinguir dos manifestaciones del mismo, por un lado, constituye un deber y exigencia a la propia Administraci\u00f3n que debe guiar su actuaci\u00f3n bajo los par\u00e1metros referidos, entre los que se encuentra la diligencia y la actividad tempor\u00e1nea; por otro, un derecho del administrado, que como tal puede hacerse valer ante la Administraci\u00f3n en defensa de sus intereses\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Es preciso tomar consciencia de la revoluci\u00f3n silenciosa <\/em>que ha tenido lugar en la jurisprudencia del TEDH, en la del TJUE y en la del Tribunal Supremo espa\u00f1ol, que, con toda naturalidad, han pasado en los \u00faltimos a\u00f1os de controlar la discrecionalidad en base meramente al principio de interdicci\u00f3n de la arbitrariedad, entendido como ilegalidad de lo no motivado y de lo irracional, a un control m\u00e1s sutil y exigente, comprobando la diligente ponderaci\u00f3n de alternativas e intereses implicados y una motivaci\u00f3n que no solo exista y sea racional, sino adem\u00e1s suficiente y congruente con el expediente (contamos ya con un an\u00e1lisis de esta jurisprudencia, con m\u00e1s de 80 sentencias analizadas<\/a>). En aplicaci\u00f3n de este derecho, las sentencias han reconocido la obligaci\u00f3n jur\u00eddica de adecuado desarrollo del procedimiento administrativo para elaborar disposiciones generales (que no pueden violar los principios de buena regulaci\u00f3n, si no ser\u00e1n nulas, STS de 4 de junio de 2020, rec. n.\u00ba 33\/2019), el \u201cderecho al procedimiento administrativo debido, que es corolario del deber de buena administraci\u00f3n\u201d (STS de 14 de abril de 2021, rec n.\u00ba 28\/2020), que la caducidad de un procedimiento administrativo tiene que ser declarada formalmente antes de poder iniciar otro (STS de 3 de diciembre de 2020, rec. n.\u00ba 8332\/2019), que hay que desplegar con la debida diligencia las notificaciones administrativas (STC 160\/2020, STSJ Madrid 4 de septiembre de 2015), que hay responsabilidad patrimonial por (in)cumplimiento de est\u00e1ndares de buena administraci\u00f3n (STSJ Pa\u00eds Vasco 98\/2019, de 4 de marzo), o, atenci\u00f3n, que no es posible dictar providencia de apremio sobre el patrimonio si no se ha contestado un recurso administrativo previamente interpuesto (STS de 28 de mayo de 2020, rec. n.\u00ba 5751\/2017), algo que ha dado lugar a cr\u00edticas<\/a> en mi opini\u00f3n discutibles, puesto que, aunque no puedo analizar este punto ahora con detalle, estamos ante un derecho y principio constitucional que se impone a la regulaci\u00f3n legal, modulando su interpretaci\u00f3n por parte del Tribunal Supremo, desde el punto de vista, adem\u00e1s, de que el principio de eficacia constitucional permite el privilegio de ejecutividad o autotutela ejecutiva, pero no lo impone, como ha declarado la STC 22\/1984, de 17 de febrero, siempre y en todo caso, y mucho menos deber\u00eda entenderse, pese a la regla general actual legislativa, que la CE lo acepta en conexi\u00f3n con una mala administraci\u00f3n\u2026<\/p>\n\n\n\n

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Estamos ante un<\/strong> derecho y principio constitucional<\/strong> que se impone a la regulaci\u00f3n legal, modulando su interpretaci\u00f3n por parte del Tribunal Supremo<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En definitiva, el derecho a una buena administraci\u00f3n pone fin, ni m\u00e1s ni menos, al paradigma dominante tradicional en el derecho p\u00fablico, que ha sostenido la indiferencia<\/em> del n\u00facleo discrecional de las decisiones, tambi\u00e9n locales, para el derecho (solo ocupado en limitar la discrecionalidad administrativa mediante los elementos reglados y los principios generales del derecho, como el de interdicci\u00f3n de la arbitrariedad). Con las obligaciones de buena administraci\u00f3n que se derivan de este derecho, singularmente de diligencia debida o debido cuidado en la toma de decisiones<\/a>, ya no hay libertad omn\u00edmoda <\/em>de elecci\u00f3n entre alternativas indiferentes para el derecho cuando hay discrecionalidad. Esta no es arbitrariedad y debe ser buena administraci\u00f3n<\/a>. Las decisiones negligentes o corruptas no nos pueden ser indiferentes.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, junto a la buena administraci\u00f3n, el buen gobierno se extiende al poder legislativo y judicial<\/a> y se expresa en principios jur\u00eddicos que dirigen y limitan la actuaci\u00f3n de cargos electos y altos cargos en el poder ejecutivo, los cuales han sido recogidos en la Ley 19\/2013 y leyes equivalentes auton\u00f3micas<\/a>, afectando tambi\u00e9n al nivel local, asociados a la posible comisi\u00f3n de infracciones y la imposici\u00f3n de las correlativas sanciones.<\/p>\n\n\n\n

La defensa y promoci\u00f3n de la buena administraci\u00f3n y del buen gobierno requieren un despliegue de numerosas t\u00e9cnicas jur\u00eddicas, que solo en parte han sido incorporadas en las leyes de transparencia y buen gobierno: desde la mejora regulatoria o better regulation<\/em><\/a>, hasta el reforzamiento de los controles externos no judiciales de la Administraci\u00f3n, pasando por la regulaci\u00f3n de los lobbies<\/em>, la importancia de que exista una infraestructura de integridad, <\/a>o el papel de las cartas de servicios<\/a> como instrumentos jur\u00eddicos de fijaci\u00f3n de est\u00e1ndares obligatorios de buena administraci\u00f3n, por citar solo algunas.<\/p>\n\n\n\n

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La defensa y promoci\u00f3n de la buena administraci\u00f3n y del buen gobierno requieren un despliegue de numerosas t\u00e9cnicas jur\u00eddicas<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En definitiva, el derecho \u2014el derecho local tambi\u00e9n\u2014, en el concierto de las ciencias sociales, no puede, no deber\u00eda, renunciar a su parte de responsabilidad en la garant\u00eda de la calidad de lo p\u00fablico en el marco de un Estado social y democr\u00e1tico de derecho que funcione y no sea fallido. Palabras como evaluaci\u00f3n normativa ex ante<\/em> o ex post<\/em>, <\/a>derecho conductual <\/em>y nudges<\/em><\/a>, cargas administrativas, principio de precauci\u00f3n social,<\/a> plan anual normativo, consultas al p\u00fablico, conflictos de intereses, indicadores <\/a>y principios de buen gobierno<\/a> y de buena regulaci\u00f3n, entre otras, se han incorporado ya a la lengua de la buena gesti\u00f3n p\u00fablica y de los derechos del siglo XXI y han llegado para quedarse.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfEn qu\u00e9 afecta todo ello a las entidades locales y a los servidores p\u00fablicos de estas? M\u00e1s bien la pregunta ser\u00eda: \u00bfc\u00f3mo podr\u00edan quedar al margen las entidades locales de estos avances? La respuesta es que de ning\u00fan modo, y ello afecta al menos a tres \u00e1mbitos a tener en cuenta en las cuestiones cotidianas tratadas por los servidores p\u00fablicos de los entes locales:<\/p>\n\n\n\n

1.<\/strong> Al preparar y tomar decisiones administrativas en el desarrollo de pol\u00edticas p\u00fablicas dichos servidores deben conocer las obligaciones jur\u00eddicas concretas de la buena administraci\u00f3n, algo que deber\u00eda ser promovido especialmente entre y por los secretarios de Administraci\u00f3n local<\/a>, que se derivan de las normas y jurisprudencia citada. Su violaci\u00f3n puede conducir a la correspondiente reacci\u00f3n jur\u00eddica (queja a los ombudsmen<\/em>, recursos\u2026) y llegar, como es ya frecuente, a la anulaci\u00f3n judicial de las mismas y otras responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n

2.<\/strong> Al desarrollar funciones de gobierno, los cargos electos y altos cargosdeben perseguir la buena administraci\u00f3n y el buen gobierno, dise\u00f1ando normas y ejecut\u00e1ndolas de conformidad con las t\u00e9cnicas aqu\u00ed meramente aludidas. Y, por supuesto, no pueden violar los principios jur\u00eddicos de buen gobierno, los cuales pueden dar lugar a las reacciones correspondientes ya aludidas, incluidas las denuncias por comisi\u00f3n de infracciones tipificadas.<\/p>\n\n\n\n

3.<\/strong> Los niveles estatal y auton\u00f3mico, cuando adopten decisiones afectando a los entes locales, deben respetar las exigencias jur\u00eddicas de la buena administraci\u00f3n y el buen gobierno. En cuanto a la buena administraci\u00f3n, esta exige una obligaci\u00f3n jur\u00eddica de diligencia debida o debido cuidado al considerar los intereses locales implicados en la toma de una decisi\u00f3n por parte del Estado o de las comunidades aut\u00f3nomas. As\u00ed se ha se\u00f1alado en la STC 13\/1988, de 22 de enero<\/a>. Por su parte, la STS de 30 de noviembre de 1993, por ejemplo, ha subrayado que \u201clo que tambi\u00e9n aparece claro es que [un] Ministerio no pod\u00eda actuar, al dictar [una] Orden impugnada, con la total descoordinaci\u00f3n con que lo hizo respecto al Municipio porque al obrar as\u00ed incumpl\u00eda tambi\u00e9n el deber que le impon\u00edan el art. 103.1.\u00ba de la Constituci\u00f3n y el 55 de la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local, cuya inobservancia por la Orden recurrida har\u00eda tambi\u00e9n inevitable su anulaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los principios de buen gobierno, se impondr\u00eda la misma obligaci\u00f3n ya no al ejercicio de funciones administrativas, sino tambi\u00e9n al ejercicio de funciones propias de los Gobiernos estatal y auton\u00f3micos y tambi\u00e9n de los legisladores: no puede legislarse por parte del Estado ni de las comunidades aut\u00f3nomas sin una consideraci\u00f3n atenta de los intereses y competencias implicados del nivel local, y el proceso de elaboraci\u00f3n de proyectos de leyes debiera demostrar el cumplimiento de esta obligaci\u00f3n, dejando constancia del mismo en la Memoria de Evaluaci\u00f3n de Impacto Normativo.<\/p>\n\n\n\n

\n

No puede legislarse por parte del Estado ni de las comunidades aut\u00f3nomas sin una consideraci\u00f3n atenta de los intereses y competencias implicados del nivel local, y el proceso de elaboraci\u00f3n de proyectos de leyes debiera demostrar el cumplimiento de esta obligaci\u00f3n, dejando constancia del mismo en la Memoria de Evaluaci\u00f3n de Impacto Normativo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En fin, ha sido dicho que el siglo XXI deber\u00eda ser el siglo de la buena administraci\u00f3n, de acuerdo con Cassese<\/a>, recuperando as\u00ed elementos destacados hace m\u00e1s de un siglo ya por Hauriou<\/a>. En el siglo XXI, el derecho p\u00fablico puede y debe contribuir a la buena administraci\u00f3n, la prevenci\u00f3n<\/em> de la mala administraci\u00f3n y de la corrupci\u00f3n, y a la reacci\u00f3n contra estas. En ese sentido, si, como ha sido dicho, del paradigma de la burocracia weberiana se pas\u00f3 al de la nueva gesti\u00f3n p\u00fablica y de este al de la gobernanza<\/a>, en la actualidad todos los desarrollos internacionales apuntan a un nuevo paso hacia el buen gobierno y la buena administraci\u00f3n (v\u00e9ase \u201cPublic Administration after \u2018New Public Management\u2019\u201d, OCDE, 2010).<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u00bfConocen los servidores p\u00fablicos de las entidades locales las obligaciones jur\u00eddicas aqu\u00ed expuestas? Esperamos y suponemos que s\u00ed\u2026 \u00bfSe est\u00e1 en condiciones de darles adecuada respuesta en la actualidad? Confiemos que as\u00ed sea tambi\u00e9n\u2026, pero comprob\u00e9moslo y corrijamos y modifiquemos lo que sea preciso en pro del buen gobierno y la buena administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Juli Ponce Sol\u00e9<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El derecho a una buena administraci\u00f3n es un rasgo de la globalizaci\u00f3n jur\u00eddica, con incidencia a nivel mundial, incluyendo Iberoam\u00e9rica, regi\u00f3n donde existe como soft law una Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n P\u00fablica, de 2013, impulsada por el CLAD y suscrita por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a Espa\u00f1a, que se refiere a \u00e9l repetidamente.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1986,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Juli Ponce Sol\u00e9","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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