{"id":1973,"date":"2022-11-18T07:30:00","date_gmt":"2022-11-18T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=1973"},"modified":"2023-10-10T08:50:19","modified_gmt":"2023-10-10T06:50:19","slug":"el-instrumento-de-la-conciliacion-prejudicial-previsto-en-la-ley-3-2019-de-22-de-enero-de-garantia-de-la-autonomia-municipal-de-extremadura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-instrumento-de-la-conciliacion-prejudicial-previsto-en-la-ley-3-2019-de-22-de-enero-de-garantia-de-la-autonomia-municipal-de-extremadura\/","title":{"rendered":"El instrumento de la conciliaci\u00f3n prejudicial previsto en la Ley 3\/2019, de 22 de enero, de garant\u00eda de la autonom\u00eda municipal de Extremadura"},"content":{"rendered":"\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, ha irrumpido con fuerza la necesidad de introducir mecanismos de conciliaci\u00f3n en el \u00e1mbito administrativo, como una forma de resoluci\u00f3n de conflictos entre los ciudadanos y las Administraciones p\u00fablicas. As\u00ed, diferentes comunidades aut\u00f3nomas (Canarias, Comunidad Valenciana y Catalu\u00f1a, entre otras) han aprobado protocolos de actuaci\u00f3n y han desarrollado planes piloto para fomentar la introducci\u00f3n, en el \u00e1mbito del derecho administrativo, de mecanismos que permitan incorporar nuevas formas de solucionar los conflictos jur\u00eddicos entre Administraci\u00f3n y ciudadan\u00eda y, asimismo, posibilitar la creaci\u00f3n de una v\u00eda complementaria a la justicia administrativa.<\/p>\n\n\n\n

Cierto es que, en la actualidad, no se ha avanzado en absoluto en la regulaci\u00f3n de estos sistemas de resoluci\u00f3n de conflictos, ni a nivel estatal ni a nivel europeo, pero creo que estamos ante una oportunidad de normativizar esta nueva manera de relacionarse entre Administraci\u00f3n y ciudadan\u00eda, que est\u00e1 llamada a suponer una transformaci\u00f3n del funcionamiento de las Administraciones p\u00fablicas, similar a la que supuso la entrada en vigor, a mediados de la segunda d\u00e9cada del presente siglo, de las leyes de transparencia y buen gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Ante la ausencia de normativa que regule estos procedimientos alternativos, cualquier iniciativa legal tendente a la puesta en marcha de sistemas innovadores y atrevidos de solucionar las controversias, sin necesidad de acudir a los recursos administrativos ni a la jurisdicci\u00f3n contenciosa, debe ser aplaudida, porque seguro que ser\u00e1 el embri\u00f3n de este nuevo concepto de resoluci\u00f3n de discrepancias entre ciudadanos y Administraci\u00f3n y, por qu\u00e9 no, tambi\u00e9n entre Administraciones.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, la Ley 3\/2019, de 22 de enero, de garant\u00eda de la autonom\u00eda municipal de Extremadura, como se explica en la exposici\u00f3n de motivos, crea un mecanismo nuevo en el marco comparado local: la instrumentaci\u00f3n facultativa de un tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n previo a la interposici\u00f3n de recursos judiciales cuando est\u00e9n en juego competencias locales.<\/p>\n\n\n\n

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La Ley 3\/2019 de Extremadura, crea un mecanismo nuevo: la instrumentaci\u00f3n facultativa de un tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n previo a la interposici\u00f3n de recursos judiciales cuando est\u00e9n en juego competencias locales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Efectivamente, el art\u00edculo 41 de la mencionada ley regula un procedimiento de conciliaci\u00f3n prejudicial creado con la finalidad de resolver, de forma acordada, los conflictos que en materia competencial puedan surgir entre la Junta de Extremadura y las entidades locales, o entre estas \u00faltimas entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

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Procedimiento de conciliaci\u00f3n prejudicial creado con la finalidad de resolver, de forma acordada, los conflictos que en materia competencial puedan surgir entre la Junta de Extremadura y las entidades locales, o entre estas \u00faltimas entre s\u00ed.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Estamos ante un procedimiento pensado, en su \u00e1mbito subjetivo, \u00fanicamente para resolver discrepancias que se susciten entre las entidades locales o bien entre las entidades locales y la Junta de Extremadura. Y en el \u00e1mbito objetivo, solamente para resolver conflictos competenciales entre las distintas Administraciones. Es decir, no cualquier desencuentro, controversia o litigio podr\u00e1 ser objeto de este procedimiento de conciliaci\u00f3n prejudicial, sino que est\u00e1 reservado, exclusivamente, a conflictos en materia competencial. Solo podr\u00e1n ser objeto de conciliaci\u00f3n las disposiciones, actos, actuaciones e inactividad de la Junta de Extremadura y de los entes locales u organismos dependientes o vinculados a esas Administraciones p\u00fablicas, siempre que se plantee una cuesti\u00f3n de naturaleza competencial que cuestione su validez.<\/p>\n\n\n\n

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Solo podr\u00e1n ser objeto de conciliaci\u00f3n las disposiciones, actos, actuaciones e inactividad de la Junta de Extremadura y de los entes locales u organismos dependientes o vinculados a esas Administraciones p\u00fablicas, siempre que se plantee una cuesti\u00f3n de naturaleza competencial que cuestione su validez.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Se trata de un tr\u00e1mite de car\u00e1cter voluntario y previo a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n jurisdiccional y est\u00e1 presidido por los principios de antiformalismo e igualdad de las partes en las actuaciones. El procedimiento administrativo se encuentra regulado, sucintamente, en los apartados 4 a 6 del mencionado art\u00edculo 41.<\/p>\n\n\n\n

Sin duda, nos encontramos ante una previsi\u00f3n pionera en el ordenamiento jur\u00eddico estatal y que introduce, por vez primera, un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos entre Administraciones. Asimismo, podemos considerar la introducci\u00f3n de este procedimiento innovador como un paso valiente pero t\u00edmido, teniendo en cuenta su \u00e1mbito objetivo, solo aplicable a conflictos competenciales y no a dilucidar cualquier controversia originada por cualquier actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n

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Nos encontramos ante una previsi\u00f3n pionera en el ordenamiento jur\u00eddico estatal y que introduce, por vez primera, un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos entre Administraciones.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ciertamente, la ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito objetivo, la regulaci\u00f3n minuciosa de un procedimiento y la eliminaci\u00f3n del criterio de la voluntariedad, requerir\u00edan de una modificaci\u00f3n legal de la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local<\/a> y de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa<\/a>. Pero, sin duda, la ley extreme\u00f1a es un primer paso que viene a demostrar, entre otras cosas, el fracaso del requerimiento previo previsto en el art\u00edculo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, como mecanismo para evitar la conflictividad jurisdiccional entre Administraciones p\u00fablicas, dado que, indudablemente, el requerimiento previo se ha convertido en un recurso administrativo m\u00e1s, un tr\u00e1mite formal sin eficacia pr\u00e1ctica, y la experiencia ha demostrado que no es un medio potestativo para que los conflictos entre Administraciones se puedan resolver sin litigar, no es una t\u00e9cnica efectiva para llegar a un acuerdo y no es un sistema id\u00f3neo para intentar la reconsideraci\u00f3n de las decisiones administrativas.<\/p>\n\n\n\n

En Catalu\u00f1a, durante los a\u00f1os 2017, 2018 y 2019, se interpusieron aproximadamente 700 recursos contencioso-administrativos entre la Administraci\u00f3n de la Generalitat (y sector p\u00fablico) y las Administraciones locales de Catalu\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Si todas las Administraciones p\u00fablicas sirven con objetividad los intereses generales y act\u00faan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n, desconcentraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, deber\u00eda favorecerse e impulsarse un espacio para hacer confluir estos intereses generales que defienden todas las Administraciones. Si en el \u00e1mbito constitucional, mediante el procedimiento previsto en el art\u00edculo 33.2 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional<\/a>, dos Administraciones pueden llegar a acuerdos tan significativos como una interpretaci\u00f3n conjunta y consensuada de ciertos aspectos de la Constituci\u00f3n o de los estatutos de autonom\u00eda, y resolver determinadas discrepancias para evitar la interposici\u00f3n de recursos de inconstitucionalidad, m\u00e1s a\u00fan deber\u00eda facilitarse la adopci\u00f3n de estos acuerdos si lo que se cuestiona es un simple acto administrativo o una disposici\u00f3n de car\u00e1cter general dictada por una Administraci\u00f3n, local o auton\u00f3mica, que act\u00faa para servir con objetividad a los intereses generales.<\/p>\n\n\n\n

La Ley 3\/2019, de 22 de enero, de garant\u00eda de la autonom\u00eda municipal de Extremadura<\/a>, sin lugar a dudas, ha iniciado el camino. Faltar\u00e1 la culminaci\u00f3n, que deber\u00e1 concretarse a trav\u00e9s de la modificaci\u00f3n de la normativa estatal \u2014de r\u00e9gimen local y procesal\u2014 y de la previsi\u00f3n de este sistema de resoluci\u00f3n de conflictos entre Administraciones en las normativas de r\u00e9gimen local auton\u00f3micas que ver\u00e1n la luz en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Francesc Esteve Balagu\u00e9<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se analiza el mecanismo de conciliaci\u00f3n prejudicial regulado en el art\u00edculo 41 de la Ley 3\/2019, de 22 de enero, de garant\u00eda de la autonom\u00eda municipal de Extremadura, como instrumento innovador creado con el fin de resolver, de forma acordada, los conflictos que en materia competencial puedan surgir entre la Junta de Extremadura y las entidades locales, o entre estas \u00faltimas entre 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