{"id":1969,"date":"2022-11-16T07:30:00","date_gmt":"2022-11-16T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=1969"},"modified":"2023-10-10T08:48:32","modified_gmt":"2023-10-10T06:48:32","slug":"cooperacion-coordinacion-asistencia-y-concertacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/cooperacion-coordinacion-asistencia-y-concertacion\/","title":{"rendered":"Cooperaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, asistencia y concertaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

El art\u00edculo 36 de la Ley 7\/1985, de 2 de abril (LRBRL), atribuye a la provincia dos competencias propias: la coordinaci\u00f3n para la prestaci\u00f3n integral de los servicios municipales y la cooperaci\u00f3n y asistencia a los municipios de menor capacidad de gesti\u00f3n para la prestaci\u00f3n obligatoria de los servicios enumerados en el art\u00edculo 26.<\/p>\n\n\n\n

El conflicto de la simultaneidad de competencias coordinadoras y cooperativas radica en su diferente y contraria naturaleza.<\/p>\n\n\n\n

La STC 27\/1987<\/a> acu\u00f1a una doctrina jurisprudencial inequ\u00edvoca: la coordinaci\u00f3n se ejerce desde una cierta supremac\u00eda institucional del ente coordinador, y la correlativa sujeci\u00f3n del coordinado, mientras que la cooperaci\u00f3n est\u00e1 regida por la voluntariedad y la consiguiente equiparaci\u00f3n entre los cooperantes.<\/p>\n\n\n\n

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La coordinaci\u00f3n se ejerce desde una cierta supremac\u00eda institucional del ente coordinador,<\/strong> mientras que la cooperaci\u00f3n est\u00e1 regida por la voluntariedad y la consiguiente equiparaci\u00f3n entre los cooperantes.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Analizado el tema desde otra perspectiva: la coordinaci\u00f3n viene exigida para modular el ejercicio de unas competencias que, de otra manera, provocar\u00edan duplicidad; la cooperaci\u00f3n ser\u00eda conveniente para alcanzar un objetivo que, aisladamente, resulta inasequible.<\/p>\n\n\n\n

Coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n regulan relaciones entre diferentes niveles de Gobierno, propias de las relaciones intergubernamentales, requeridas por el federalismo cooperativo de un Estado compuesto. No es este el caso de municipios y provincias.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 140 erige al municipio en entidad local b\u00e1sica y el 141 CE define la provincia como entidad local determinada por la agrupaci\u00f3n de municipios. Ambas entidades locales integran un \u00fanico nivel de Gobierno, una sola comunidad pol\u00edtica local, concepto jur\u00eddico refrendado por la STC 82\/2020<\/a>. Esta premisa obliga a precisar la singularidad de las relaciones institucionales entre dos entidades del mismo nivel de Gobierno, ajena a la l\u00f3gica de las relaciones intergubernamentales, con los siguientes efectos jur\u00eddicos:<\/p>\n\n\n\n

a)<\/strong> No hay un inter\u00e9s provincial que, desde la supremac\u00eda institucional de la diputaci\u00f3n, sea opuesto a los intereses municipales de los ayuntamientos. La raz\u00f3n de ser de las competencias provinciales es garantizar un equilibrio intermunicipal en la prestaci\u00f3n de servicios municipales. No se trata de una competencia material proyectada sobre determinadas materias, sino de car\u00e1cter funcional sobre las competencias municipales.<\/p>\n\n\n\n

b)<\/strong> Municipios y provincias no acuerdan un ejercicio de las respectivas competencias para conseguir objetivos que, separadamente, resultar\u00edan inviables. La inexistencia de un inter\u00e9s provincial desactiva igualmente el sentido de la cooperaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

c)<\/strong> La provincia proporciona al municipio la capacidad de gesti\u00f3n necesaria para la efectividad del principio de subsidiariedad en el ejercicio de las competencias propias o en la prestaci\u00f3n de servicios obligatorios, pues en caso contrario las competencias municipales ser\u00edan asumidas por las comunidades aut\u00f3nomas. El t\u00e9rmino adecuado es asistencia.<\/p>\n\n\n\n

La intervenci\u00f3n de la provincia fija en el \u00e1mbito local competencias y servicios que exceden del t\u00e9rmino municipal (intermunicipalidad) y requieren condiciones y requisitos imposibles de afrontar por municipios poco poblados y carentes de recursos.<\/p>\n\n\n\n

La indefinici\u00f3n de la regulaci\u00f3n de las competencias provinciales es patente al contemplar la ley un plan provincial de obras y servicios para el ejercicio de la coordinaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n.<\/strong> La clave est\u00e1 en la imperativa participaci\u00f3n municipal en la elaboraci\u00f3n del plan sin determinar su alcance jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n

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La indefinici\u00f3n de la regulaci\u00f3n de las competencias provinciales es patente al contemplar la ley un plan provincial de obras y servicios para el ejercicio de la coordinaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Cuando la elaboraci\u00f3n del plan ha resultado litigiosa los tribunales se han visto obligados a sortear el equ\u00edvoco interpretando la prioridad de la cooperaci\u00f3n sobre la coordinaci\u00f3n o, al contrario, dando prevalencia a la coordinaci\u00f3n sobre la cooperaci\u00f3n. Una l\u00ednea jurisprudencial del Tribunal Supremo, STS de 3 de abril de 1998, ha fundamentado la prioridad cooperativa sobre la coordinadora argumentando que la obra propuesta por el municipio no puede ser ignorada o suplantada por la decidida en la provincia. Recogiendo una aportaci\u00f3n doctrinal ha entendido que la coordinaci\u00f3n es el desenlace final de la obligada cooperaci\u00f3n inicial. Una interpretaci\u00f3n forzada por la deficiencia de la regulaci\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n

La impresi\u00f3n que deja la exposici\u00f3n anterior es la de una profunda inseguridad jur\u00eddica pese a la reiterada jurisprudencia.<\/p>\n\n\n\n

Ante esta evidencia la Ley 5\/2010, de 11 de junio, de Autonom\u00eda Local de Andaluc\u00eda (en adelante, LAULA)<\/a> opta por eludir ambas competencias y dise\u00f1ar un cauce institucional acorde con la premisa constitucional de un solo nivel de Gobierno integrado por ambas entidades locales.<\/p>\n\n\n\n

Tomando como referencia la iniciativa promovida por la Diputaci\u00f3n de Barcelona, diferencia entre asistencia a un municipio y la elaboraci\u00f3n de planes o programas por parte de la provincia en los que la participaci\u00f3n de los municipios es, por disposici\u00f3n legal, imperativa. Con una salvedad relevante: la asistencia es potestativa para los municipios, pero obligatoria para la provincia. Esta afirmaci\u00f3n no implica que la provincia deba atender y satisfacer cualquier solicitud municipal, pero queda obligada a dictar la normativa correspondiente para la asistencia en materias como urbanismo, contrataci\u00f3n, pol\u00edtica de personal\u2026 Tampoco que la provincia quede rebajada a gestionar el sumatorio indiferenciado de solicitudes municipales. La asistencia provincial se dirige a cada municipio o a los municipios en su conjunto. En el segundo caso la LAULA prev\u00e9 un procedimiento para la elaboraci\u00f3n de planes y programas donde los municipios participan fijando sus prioridades, que la provincia deber\u00e1 ponderar en la elaboraci\u00f3n del plan.<\/p>\n\n\n\n

La intermunicipalidad exige gobierno, no solo gesti\u00f3n y administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Clarificando la confusi\u00f3n de cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, la relaci\u00f3n institucional difiere de una relaci\u00f3n intergubernamental; el art\u00edculo 13 LAULA regula un procedimiento que responde a la idea de concertaci\u00f3n. Al comienzo del mandato municipios y provincias acuerdan un convenio marco donde se establece un registro de prioridades municipales que la diputaci\u00f3n, obligatoriamente, ha de examinar para apreciar y garantizar una intermunicipalidad equitativa, equilibrada y solidaria. Una funci\u00f3n de gobierno que promueve una interacci\u00f3n y un intercambio, a trav\u00e9s de mesas de concertaci\u00f3n, para que provincias y municipios acuerden planes y programas.<\/p>\n\n\n\n

Es posible que la interacci\u00f3n y el intercambio no acaben en acuerdo. La diputaci\u00f3n debe ofrecer alternativas al municipio, y si aun as\u00ed persiste la discrepancia, corresponde a la diputaci\u00f3n la decisi\u00f3n final, que debe motivar suficientemente. Es una versi\u00f3n ventajosa con respecto a la vigente del art\u00edculo 36 LRBRL, que acierta a dar forma jur\u00eddica al criterio jurisprudencial de comenzar cooperando para acabar coordinando.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Manuel Zafra V\u00edctor<\/strong> y Teresa Franco Jim\u00e9nez<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En la medida en que municipios y provincias integran un solo sistema pol\u00edtico local, se revelan inadecuados los conceptos de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n propios de las relaciones intergubernamentales. 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