Para depurar la contrataci\u00f3n p\u00fablica irregular, esto es, para habilitar un cauce que permita pagar al contratista su prestaci\u00f3n cuando se hayan incumplido las reglas y los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica (ausencia de cobertura presupuestaria, adjudicaciones verbales, modificaciones improcedentes o pr\u00f3rrogas o fraccionamientos indebidos, entre otras malas pr\u00e1cticas) existen varias v\u00edas. Su viabilidad, r\u00e9gimen jur\u00eddico y, sobre todo, sus efectos difieren significativamente y dependen de las circunstancias del caso. El \u201cacento\u201d de esta entrada reflexiona sobre si procede o no abonar al contratista los intereses de demora asociados al retraso en el cobro de su prestaci\u00f3n en los supuestos en los que se ha revisado de oficio la contrataci\u00f3n irregular. Pero antes, procede una breve referencia a los cauces disponibles para que la Administraci\u00f3n y los contratistas depuren la contrataci\u00f3n irregular.<\/p>\n\n\n\n
Al contratista le cabe, tras haber reclamado infructuosamente que se le abone su prestaci\u00f3n, ejercitar la acci\u00f3n por enriquecimiento injusto en sede jurisdiccional, cauce ampliamente legitimado por los tribunales para depurar todo tipo de irregularidades y opci\u00f3n muy ventajosa para el contratista puesto que, en la generalidad de los casos, le permitir\u00e1 percibir \u00edntegro el importe debido, m\u00e1s los intereses de demora, los costes de cobro de la facturaci\u00f3n impagada, am\u00e9n de las costas impuestas a la Administraci\u00f3n. Dado que por esta v\u00eda se condena a la Administraci\u00f3n al pago del contrato irregular, abstracci\u00f3n hecha de la entidad y alcance del vicio cometido, considero que ser\u00eda necesario repensar su aplicaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Veremos c\u00f3mo resuelve el Tribunal Supremo la cuesti\u00f3n casacional de \u201cdeterminar si se puede acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto para el pago de facturas por servicios en los casos en los que no est\u00e1 permita la contrataci\u00f3n verbal\u201d (ATS 1408\/2022, de 3 de febrero).<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s riesgos tiene para el contratista acudir a la v\u00eda de la responsabilidad patrimonial para obtener lo debido por una contrataci\u00f3n irregular. Am\u00e9n de la dificultad dogm\u00e1tica que significa aplicar una instituci\u00f3n extracontractual (y subsidiaria) como la responsabilidad patrimonial a un v\u00ednculo contractual, objeci\u00f3n advertida reiteradamente por el Consejo de Estado \u2014baste la cita del Dictamen 706\/2021, de 27 de enero de 2022\u2014, es harto dif\u00edcil para los \u00f3rganos consultivos y los jurisdiccionales que intervienen en este cauce exculpar al contratista de la irregularidad contractual cometida. Es innegable que no ha permanecido ajeno al vicio cometido y, en esa medida, hay una ruptura del nexo causal que impide apreciar la responsabilidad patrimonial exclusiva de la Administraci\u00f3n. As\u00ed lo ha advertido tambi\u00e9n, recientemente, el Tribunal Supremo (por todas, STS 4932\/2021, de 21 de diciembre, rec. 5676\/2020).<\/p>\n\n\n\n
Para depurar las irregularidades cometidas en la contrataci\u00f3n, las Administraciones acuden, con excesiva frecuencia, al reconocimiento extrajudicial de cr\u00e9ditos, un tr\u00e1mite presupuestario de convalidaci\u00f3n \u2014porque no llega a la categor\u00eda de procedimiento\u2014 utilizado para admitir una obligaci\u00f3n econ\u00f3mica contra\u00edda y habilitar su pago; una v\u00eda expresamente prevista en el \u00e1mbito local \u2014art\u00edculos 26.2.c) y 60 del Real Decreto 500\/1990, de 20 de abril\u2014 y que comienza a reconocerse como verdadero procedimiento por algunas comunidades aut\u00f3nomas \u2014ad exemplum<\/em>, en el art\u00edculo 39 de la Ley 2\/2020, de 15 de octubre, de Cantabria, de Medidas Urgentes y Extraordinarias para el Impulso de la Actividad Econ\u00f3mica\u2014. Se trata, sin embargo, de un mecanismo cuestionado severamente por los \u00f3rganos de control externo (por todos, Informe del Tribunal de Cuentas n.\u00ba 1415, de fiscalizaci\u00f3n de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de cr\u00e9dito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018), por el (manifiesto) abuso en su pr\u00e1ctica por parte de algunas Administraciones y por dejar oculta y sin sanci\u00f3n la irregularidad cometida. Por este cauce, usualmente tambi\u00e9n se satisfar\u00e1n al contratista el importe facturado m\u00e1s los intereses de demora.<\/p>\n\n\n\n Para depurar las irregularidades cometidas en la contrataci\u00f3n, las Administraciones acuden, con excesiva frecuencia, al reconocimiento extrajudicial de cr\u00e9ditos<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Tambi\u00e9n pueden las Administraciones, de oficio o a instancia del contratista, utilizar el expediente de la responsabilidad contractual reconocido en el art\u00edculo 191.3 LCSP. Se trata, a mi juicio, de una v\u00eda id\u00f3nea para depurar muchas irregularidades contractuales que no alcanzan la categor\u00eda de vicio radical en el sentido de manifiesto, grave y patente como pudieran ser, en determinadas condiciones, una pr\u00f3rroga o un fraccionamiento indebidos. Tambi\u00e9n esta es la senda sugerida por el Consejo de Estado para depurar ciertas contrataciones irregulares (por todos, Dictamen 7\/2021, de 27 de enero de 2022). Por este camino, algo hu\u00e9rfano de pautas procedimentales, el contratista recibir\u00eda el importe facturado y debido m\u00e1s los intereses de demora sin merma, en principio, del beneficio industrial ni de otro tipo de gastos en funci\u00f3n de las sendas participaciones y actitudes de la Administraci\u00f3n y el contratista en la contrataci\u00f3n irregular.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, las Administraciones pueden acudir al cauce de la revisi\u00f3n de oficio en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 39 LCSP en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 47 LPAC. De todos es conocida la controversia con relaci\u00f3n al \u201cabuso\u201d de este mecanismo excepcional de revisi\u00f3n que algunas Administraciones utilizan, incluso torticeramente, para sanear su actuaci\u00f3n irregular y, de paso, pagar al contratista exclusivamente \u201cel coste de la prestaci\u00f3n\u201d, esto es, el estricto valor de la obligaci\u00f3n contractual convenida sin beneficio industrial e, incluso, sin abonar los costes generales. Algunos \u00f3rganos consultivos han calificado esta desviaci\u00f3n procesal del procedimiento excepcional de revisi\u00f3n, incluso, de cauce fraudulento en cuanto que se utiliza de forma sistem\u00e1tica esta v\u00eda como un tr\u00e1mite m\u00e1s para depurar la contrataci\u00f3n irregular (entre otros muchos, Dictamen 80\/2020 del Consejo Consultivo de Canarias). Pues bien, utilizada esta v\u00eda que, a mi juicio, debe reservarse estricta y exclusivamente ante vicios del procedimiento contractual manifiestamente graves y notorios en cuanto que lesionen, de forma igualmente manifiesta y perjudicial, los principios que rigen la contrataci\u00f3n p\u00fablica (concurrencia, igualdad, objetividad, eficiencia, transparencia e integridad), \u00bfdeben abonarse al contratista los intereses de demora por el tiempo que no ha percibido el pago de su prestaci\u00f3n mientras se tramitaba el procedimiento revisor y se depuraba la irregularidad cometida? Entiendo que no.<\/p>\n\n\n\n Las Administraciones pueden acudir al cauce de la revisi\u00f3n de oficio<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El Tribunal Supremo ha se\u00f1alado que, tramit\u00e1ndose un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio con declaraci\u00f3n de nulidad de las actuaciones de contrataci\u00f3n, no hubo contrato y el pago realizado tiene el car\u00e1cter de compensaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n (entre otras, STS de 13 de junio de 2022, rec. 5437\/2020). Por ello entiende la jurisprudencia que, en el contexto de contrataciones irregulares de servicios \u201cconvalidadas\u201d, el d\u00eda inicial para el \u201cc\u00f3mputo de los intereses de demora en los supuestos de prestaciones realizadas a solicitud de la Administraci\u00f3n una vez finalizada la duraci\u00f3n del contrato de servicios es el siguiente al transcurso de los treinta d\u00edas posteriores al momento de la convalidaci\u00f3n del gasto\u201d (STS de 28 de mayo de 2020, ECLI: TS: 2020: 1371).<\/p>\n\n\n\n En la misma l\u00ednea se han manifestado algunos \u00f3rganos consultivos, apreciando que el devengo de intereses de demora exige la preexistencia de un contrato administrativo v\u00e1lido, sin que pueda proyectarse sobre un d\u00e9bito il\u00edquido y privado de soporte contractual (dict\u00e1menes 133\/2021 y 7\/2022, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias). <\/p>\n\n\n\n Una reflexi\u00f3n final. Si bien la improcedencia de abonar intereses de demora resulta econ\u00f3micamente ventajosa para la Administraci\u00f3n, que, por esta v\u00eda, consigue un aplazamiento gratuito de su deuda, que podr\u00eda sumarse a la \u201cventaja\u201d de descontar el beneficio industrial, los gastos generales y el lucro cesante \u2014cantidades cuya exigencia debe ponderarse atendidas las circunstancias del caso\u2014, este coste financiero lesivo para el contratista bien podr\u00eda servir como est\u00edmulo para perseguir el fiel cumplimiento de las normas de contrataci\u00f3n p\u00fablica. Al respecto, y dentro de esos otros conceptos indemnizatorios discutibles<\/em> derivados de una contrataci\u00f3n irregular anulada, interesa destacar que el Tribunal Supremo ha se\u00f1alado que, en \u201clos supuestos en que se declare la nulidad del acto de adjudicaci\u00f3n de un contrato administrativo, la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios que haya sufrido el adjudicatario no comporta que se incluya en el quantum indemnizatorio los perjuicios derivados del lucro cesante\u201d (STS 1417\/2002, de 8 de abril, rec. 4111\/2020).<\/p>\n\n\n\n Autor\/a: Bego\u00f1a Sesma S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Para depurar la contrataci\u00f3n p\u00fablica irregular, esto es, para habilitar un cauce que permita pagar al contratista su prestaci\u00f3n cuando se hayan incumplido las reglas y los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica, existen varias v\u00edas. 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