Los poderes legislativos, estatal y auton\u00f3micos, ala hora de definir la planta local de los tribunales de recursos contractuales (en adelante, TRC), han de tener en cuenta diversos valores constitucionales. No cabe duda de que es preciso que no pierdan de vista el principio de eficacia (y sus declinaciones: eficiencia y racionalizaci\u00f3n de la actividad administrativa), pero tampoco deben obviar el principio de autonom\u00eda local.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, para que un modelo de planta de TRC a nivel local responda, de forma adecuada, a este principio, es necesario o bien que se reconozca a todos los entes locales la posibilidad de instituir TRC, o bien, subsidiariamente, como m\u00ednimo, que se les otorgue o bien la posibilidad de escoger entre diferentes \u00f3rganos de resoluci\u00f3n de los mismos, o bien la posibilidad de participar en la designaci\u00f3n de los miembros del \u00f3rgano que va a conocer de la resoluci\u00f3n de los recursos en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica contra sus decisiones.<\/p>\n\n\n\n
A la luz de esta tesis, procede analizar la actual configuraci\u00f3n de la planta de los TRC, para conocer la adecuaci\u00f3n de esta al principio de autonom\u00eda local. Las bases para su definici\u00f3n se encuentran recogidas en el art\u00edculo 46 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico (en adelante, LCSP). De la lectura de este complejo precepto, cabe deducir las siguientes reglas:<\/p>\n\n\n\n
1.- Las diputaciones provinciales pueden crear TRC.<\/p>\n\n\n\n
2.- Los ayuntamientos de los municipios de gran poblaci\u00f3n a los que se refiere el art\u00edculo 121 de la Ley 7\/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local, tambi\u00e9n pueden constituir TRC.<\/p>\n\n\n\n
3.- Los ayuntamientos de r\u00e9gimen com\u00fan pueden instituir TRC, si se lo permite la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica. Esta posibilidad, que ha sido experimentada en Andaluc\u00eda(Marbella), constituye una opci\u00f3n que no se debe descartar, de plano, por el legislador auton\u00f3mico, porque puede dar buenos resultados, en t\u00e9rminos de agilidad en la resoluci\u00f3n de controversias, en funci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica y organizativa de cada municipio (esto es, de su aptitud para constituir y mantener \u00f3rganos independientes, profesionalizados, transparentes y eficaces) y del nivel de controversias de esta naturaleza existente en el mismo. Adem\u00e1s, la experiencia andaluza en este campo demuestra la responsabilidad con la que act\u00faan las corporaciones locales, desde el punto de vista de la racionalidad administrativa; pues, cuando estos TRC no se han mostrado necesarios u operativos, han procedido a suprimirlos. Es por ello que parece conveniente que las leyes auton\u00f3micas contemplen esta alternativa, aunque limiten su empleo a municipios con unas ciertas magnitudes econ\u00f3mico-financieras o de volumen de actividad contractual.<\/p>\n\n\n\n
4.- Si la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica no autoriza expresamente, a los ayuntamientos de r\u00e9gimen com\u00fan de su territorio, la creaci\u00f3n de TRC para la resoluci\u00f3n de recursos en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, en principio, la potestad para resolver dichos recursos corresponder\u00e1 al mismo \u00f3rgano al que la comunidad aut\u00f3noma haya atribuido la competencia para resolver los recursos de su \u00e1mbito; no obstante, si la provincia a la que pertenecen ha instituido un TRC para la resoluci\u00f3n de recursos en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, los ayuntamientos de r\u00e9gimen com\u00fan podr\u00e1n atribuir la competencia para resolver tales recursos al TRC creado por la diputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A la vista de estas reglas, se pueden sostener dos afirmaciones. En primer lugar, que el art\u00edculo 46.4 de la LCSP no blinda, con car\u00e1cter general, ninguna de las posibilidades antes apuntadas para asegurar que la planta de los TRC respete el principio de autonom\u00eda local. As\u00ed, cabe que las decisiones en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica de los ayuntamientos de r\u00e9gimen com\u00fan puedan ser recurridas por los particulares ante \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n de la comunidad aut\u00f3noma en la que se encuentre radicado dicho ayuntamiento, sin que exista ninguna opci\u00f3n para el mismo (porque no se haya creado un TRC a nivel provincial), y sin que, por otra parte, haya necesariamente alguna participaci\u00f3n local en la conformaci\u00f3n del \u00f3rgano resolutorio auton\u00f3mico. En consecuencia, en segundo lugar, es posible aseverar que un sistema como el que se acaba de describir, de acuerdo con el cual las decisiones en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica de los entes locales pueden ser recurridas por los particulares, al menos en algunos casos, ante un \u00f3rgano de otra Administraci\u00f3n, es contrario al principio de autonom\u00eda local, constitucionalmente consagrada. Esto es as\u00ed, en la medida en que tal posibilidad supone, de facto<\/em>, la existencia de un recurso de alzada impropio, y, por ende, de un instrumento de control administrativo que es inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que dicho mecanismo, materialmente, no sirve para proteger un inter\u00e9s de naturaleza supralocal, ni, procesalmente, va precedido de un requerimiento previo (SSTC 4\/1981, de 2 de febrero, FJ 3; 154\/2015, de 9 de julio; 111\/2016, de 9 de junio, FJ 12 a] y c]; 44\/2017, de 27 de abril, FJ 4; 107\/2017, de 21 de septiembre, FJ 3 c], y 14\/2018, de 20 de febrero, FJ 10 d]).<\/p>\n\n\n\n Sobre la base de lo expuesto, para garantizar la completa adecuaci\u00f3n del art\u00edculo 46.4 de la LCSP a las exigencias del principio de autonom\u00eda local, es necesaria su modificaci\u00f3n <\/strong>para:<\/p>\n\n\n\n a) Permitir que, si as\u00ed lo acuerda, cualquier corporaci\u00f3n local pueda atribuir la competencia para la resoluci\u00f3n de los recursos especiales al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en alternativa al conocimiento de los mismos por su propio TRC, por el TRC de la provincia en la que radica o por el TRC de la comunidad aut\u00f3noma en la que se incardina (esta posibilidad ser\u00eda una nueva manifestaci\u00f3n del principio de primac\u00eda de la voluntad municipal, acu\u00f1ado por el Tribunal Supremo).<\/p>\n\n\n\n En este caso, si un n\u00famero relevante de corporaciones locales optan por esta posibilidad, se deber\u00eda prever la opci\u00f3n de crear en el Pleno de este Tribunal una secci\u00f3n espec\u00edfica, integrada por vocales en cuya designaci\u00f3n tengan participaci\u00f3n las corporaciones locales interesadas.<\/p>\n\n\n\n b) Establecer, en los supuestos en que las normas de las comunidades aut\u00f3nomas confieran, expresamente o por omisi\u00f3n, la competencia para resolver los recursos relativos a la contrataci\u00f3n en el \u00e1mbito de las corporaciones locales, al mismo \u00f3rgano al que aquellas hayan atribuido la capacidad para resolver los recursos de su competencia, que tal \u00f3rgano, cuando sea auton\u00f3mico, tendr\u00e1 que ser conformado contando con la participaci\u00f3n de las corporaciones locales <\/strong>afectadas.<\/p>\n\n\n\n c) Ordenar que, si un n\u00famero relevante de ayuntamientos optan por atribuir la competencia para resolver el recurso especial en materia de contrataci\u00f3n al TRC creado por la diputaci\u00f3n <\/strong>de la provincia a la que pertenezcan, en la designaci\u00f3n de los vocales de este \u00f3rgano, dicha diputaci\u00f3n ha de contar con la participaci\u00f3n de los ayuntamientos concernidos.<\/p>\n\n\n\n d) Explicitar que los ayuntamientos de r\u00e9gimen com\u00fan pueden instituir un TRC, de acuerdo con lo previsto en la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n Autor\/a: Marcos Almeida Cerreda<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La definici\u00f3n legislativa de la planta local de los tribunales de recursos contractuales ha de ponderar valores constitucionales, como son la eficacia y la autonom\u00eda local. En la actualidad, la regulaci\u00f3n que la disciplina ha preterido totalmente la autonom\u00eda local y ha dado lugar a un sistema de tutela administrativa por la v\u00eda de la multiplicaci\u00f3n de recursos cuasijer\u00e1rquicos. Por ello, se aboga por una modificaci\u00f3n de esta en la que se incluya una capacidad originaria de los municipios, bien para constituir tribunales de recursos contractuales propios, bien para que estos puedan escoger el atribuir la resoluci\u00f3n de los recursos especiales en materia de contrataci\u00f3n al \u00f3rgano (provincial, auton\u00f3mico o estatal) que deseen, en una nueva aplicaci\u00f3n del principio de primac\u00eda de la voluntad municipal.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1545,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Marcos Almeida Cerreda","cargo-autor":"Profesor titular de Derecho Administrativo. 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