El fen\u00f3meno de la colaboraci\u00f3n entre las entidades locales y los particulares en la gesti\u00f3n de servicios sociales y asistenciales alude a una realidad extremadamente compleja, tanto desde la perspectiva sociol\u00f3gica como desde la perspectiva jur\u00eddica. La distribuci\u00f3n de responsabilidades y funciones entre la Administraci\u00f3n p\u00fablica, las empresas y las entidades del tercer sector de acci\u00f3n social en la satisfacci\u00f3n de las necesidades reales de las personas y de los colectivos m\u00e1s vulnerables es un tema que tiene profundas ra\u00edces hist\u00f3ricas y filos\u00f3ficas, que entronca con la dignidad de la persona y que ata\u00f1e al papel de la familia y de la mujer, como tradicional proveedora de cuidados, en la sociedad. Los instrumentos jur\u00eddicos de los que disponen las entidades locales para articular la gesti\u00f3n indirecta de servicios sociales no responden debidamente a esta complejidad. <\/p>\n\n\n\n
El r\u00e9gimen jur\u00eddico de los contratos del sector p\u00fablico, por influencia del derecho de la Uni\u00f3n Europea, es un r\u00e9gimen pensado principalmente para los servicios econ\u00f3micos de inter\u00e9s general y, en particular, para los servicios en el territorio. En claro contraste con estos, los servicios atenientes a las personas han sido objeto de una atenci\u00f3n meramente residual por parte del legislador europeo, hasta el punto de que el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la contrataci\u00f3n de los servicios sociales se ha regulado meramente como una excepci\u00f3n al r\u00e9gimen general de contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El car\u00e1cter intr\u00ednseco de la selecci\u00f3n entre diversos candidatos, mediante libre concurrencia, en el concepto de contrato que maneja el legislador europeo, es una de las razones que explican que se haya producido una huida generalizada del r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n p\u00fablica en la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica de servicios sociales. Los legisladores auton\u00f3micos han mostrado mayoritariamente su firme intenci\u00f3n de favorecer a las entidades de iniciativa social, frente a las de iniciativa mercantil, para la prestaci\u00f3n de servicios sociales, pretendiendo incluso reservarles en exclusiva la gesti\u00f3n indirecta de tales servicios. Y para ello, junto al uso de convenios, han regulado nuevos instrumentos de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada \u2014los denominados acuerdos de acci\u00f3n concertada o conciertos sociales\u2014 que han caracterizado, en todos los casos excepto en Andaluc\u00eda, como modalidades no contractuales. En concreto, las comunidades de Arag\u00f3n, Asturias, Canarias, Extremadura, Baleares, Navarra y Valencia reservan a las entidades sin \u00e1nimo de lucro el uso de sus respectivos instrumentos de actuaci\u00f3n concertada, mientras que el resto de las comunidades aut\u00f3nomas otorgan una clara preferencia a dichas entidades en el uso de los conciertos sociales, a los que califican como modalidades no contractuales. Sin embargo, en esta aventura colectiva, los legisladores auton\u00f3micos no han tomado en consideraci\u00f3n que, a los efectos de la aplicaci\u00f3n de las directivas de contratos, la caracterizaci\u00f3n de un instrumento jur\u00eddico como contrato p\u00fablico o como modalidad no contractual no depende de su nomenclatura o definici\u00f3n a nivel interno, sino de su adecuaci\u00f3n al concepto manejado por el derecho de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, la reserva de la concertaci\u00f3n social a entidades sin \u00e1nimo de lucro en la legislaci\u00f3n aragonesa y valenciana ha sido recurrida por la Asociaci\u00f3n Estatal de Entidades de Servicios de Atenci\u00f3n a Domicilio (ASADE), conduciendo al planteamiento de dos cuestiones prejudiciales por parte, respectivamente, de los tribunales superiores de justicia de Arag\u00f3n y de la Comunidad Valenciana. La primera cuesti\u00f3n est\u00e1 pendiente de resolver, pero la segunda ha dado lugar a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de 14 de julio de 2022 (asunto C-460\/20, ASADE). En esta sentencia se sostiene que \u201cal ser el concepto de \u2018contrato p\u00fablico\u2019 un concepto de derecho de la Uni\u00f3n, la calificaci\u00f3n que el derecho espa\u00f1ol da a los acuerdos de acci\u00f3n concertada carece de pertinencia\u201d. En este punto, adem\u00e1s de la condici\u00f3n respectiva de poder adjudicador y de sujeto econ\u00f3mico de las partes, del objeto del negocio y de su car\u00e1cter oneroso, debe tenerse en cuenta que el concepto de contrato p\u00fablico desde la perspectiva de la Uni\u00f3n est\u00e1 estrechamente vinculado a la elecci\u00f3n de una oferta, basada en criterios de adjudicaci\u00f3n, que implica la competencia entre operadores. En sentido opuesto, lo determinante del r\u00e9gimen no contractual es que todos los operadores puedan concurrir en condiciones de transparencia (publicidad) e igualdad de trato y, adem\u00e1s, que la admisi\u00f3n o selecci\u00f3n se base en la apreciaci\u00f3n de la aptitud de los operadores y no en criterios de adjudicaci\u00f3n. Es decir, las modalidades no incluidas en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva de contratos son aquellas basadas en \u201cprocedimientos mediante los cuales el poder adjudicador renuncia a comparar y clasificar ofertas admisibles y designar el operador o los operadores a los que otorga la exclusividad del contrato\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\nEn esta sentencia se sostiene que \u201cal ser el concepto de \u2018contrato p\u00fablico\u2019 un concepto de derecho de la Uni\u00f3n, la calificaci\u00f3n que el derecho espa\u00f1ol da a los acuerdos de acci\u00f3n concertada carece de pertinencia\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Puesto que, igual que la ley valenciana sobre la que se ha pronunciado el Tribunal europeo, las leyes auton\u00f3micas que regulan la figura del concierto social prev\u00e9n mecanismos de selecci\u00f3n entre los eventuales prestadores de servicios, puede concluirse que est\u00e1n calificando err\u00f3neamente como modalidades no contractuales a instrumentos que, de acuerdo con la jurisprudencia europea, tienen la condici\u00f3n de contratos.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed pues, la alternativa no es concertar o contratar, sino contratar o contratar. Si los conciertos sociales son contratos p\u00fablicos a los efectos de las directivas de contrataci\u00f3n, deber\u00e1n aplic\u00e1rseles las normas en ellas previstas, en particular, en lo que ata\u00f1e a la selecci\u00f3n de contratistas y la adjudicaci\u00f3n de contratos. Ahora bien, en la medida en que este tipo de contratos van a tener por objeto servicios atenientes a las personas, que tienen una dimensi\u00f3n transfronteriza limitada, podr\u00e1n aplic\u00e1rseles las excepciones al r\u00e9gimen general de contrataci\u00f3n previstas en los art\u00edculos 74 a 77 de la Directiva 2014\/24, entre las que se encuentra la posibilidad de reservarse a determinados operadores econ\u00f3micos. De acuerdo con esta interpretaci\u00f3n, las entidades locales deber\u00e1n reconducir los conciertos sociales a la legislaci\u00f3n de la que quer\u00edan huir, si bien podr\u00e1n seguir otorgando preferencia a las entidades privadas de iniciativa social para la prestaci\u00f3n indirecta de servicios sociales, pudiendo incluso reservarles la adjudicaci\u00f3n de estas modalidades contractuales. En concreto, de acuerdo con la sentencia que venimos comentando, la exclusi\u00f3n de las entidades privadas con \u00e1nimo de lucro de los procedimientos de adjudicaci\u00f3n de los conciertos sociales regulados en la legislaci\u00f3n valenciana, a los que califica, como hemos dicho, como contratos p\u00fablicos, \u201cno es contraria al principio de igualdad, siempre y cuando dicha exclusi\u00f3n contribuya efectivamente a la finalidad social y a la consecuci\u00f3n de los objetivos de solidaridad y eficiencia presupuestaria que sustentan el sistema\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Autor\/a: M.\u00aa Merc\u00e8 Darnaculleta Gardella<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Contratar o concertar la prestaci\u00f3n de servicios sociales: \u00bfuna alternativa viable? - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/contratar-o-concertar-la-prestacion-de-servicios-sociales-una-alternativa-viable\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Contratar o concertar la prestaci\u00f3n de servicios sociales: \u00bfuna alternativa viable? - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"De acuerdo con la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica, las entidades locales, para articular la prestaci\u00f3n indirecta de servicios sociales, pueden optar entre la celebraci\u00f3n de un contrato o de un acuerdo de acci\u00f3n concertada, tambi\u00e9n denominado concierto social. 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