{"id":1522,"date":"2022-10-06T15:00:00","date_gmt":"2022-10-06T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=1522"},"modified":"2023-10-10T08:28:43","modified_gmt":"2023-10-10T06:28:43","slug":"la-falta-de-practica-del-aviso-complementario-no-impedira-que-la-notificacion-sea-considerada-plenamente-valida-o-si","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-falta-de-practica-del-aviso-complementario-no-impedira-que-la-notificacion-sea-considerada-plenamente-valida-o-si\/","title":{"rendered":"La falta de pr\u00e1ctica del aviso complementario no impedir\u00e1 que la notificaci\u00f3n sea considerada plenamente v\u00e1lida\u2026 o s\u00ed"},"content":{"rendered":"\n

S\u00edntesis de la jurisprudencia sobre notificaciones electr\u00f3nicas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sin duda alguna, la cuesti\u00f3n de las notificaciones electr\u00f3nicas es la que m\u00e1s litigiosidad est\u00e1 generando en la pr\u00e1ctica en aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n del uso de los medios electr\u00f3nicos contenida en la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas. En cierto sentido, es l\u00f3gico que as\u00ed sea por su conexi\u00f3n directa con la eficacia de la actuaci\u00f3n administrativa y con el derecho de defensa de los interesados.<\/p>\n\n\n\n

La abundante jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo, que he tenido ocasi\u00f3n de analizar en diferentes trabajos (entre otros, en la Revista Jur\u00eddica de la Comunidad de Madrid<\/em><\/a> y en el QDL<\/em> 48<\/a>), se puede sintetizar de la siguiente forma: partiendo de la premisa de que, con independencia del medio utilizado, las notificaciones ser\u00e1n v\u00e1lidas siempre que permitan tener constancia de su env\u00edo o puesta a disposici\u00f3n, de la recepci\u00f3n o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido \u00edntegro, y de la identidad fidedigna del representante y destinatario de las mismas, lo verdaderamente relevante en el caso concreto es que la Administraci\u00f3n pueda certificar o acreditar, incorpor\u00e1ndolo al expediente, que el acto administrativo objeto de notificaci\u00f3n ha llegado a conocimiento de su destinatario. Ello, con independencia de que se haya incurrido en alg\u00fan defecto de forma en la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n (como pudiera ser el empleo de un medio diferente del indicado por el interesado o de un sistema de notificaci\u00f3n distinto del previsto por la Ley). Lo fundamental es, en definitiva, que la notificaci\u00f3n cumpla con su finalidad de dar a conocer un acto administrativo a su destinatario. A partir de ese momento, el acto ser\u00e1 eficaz, aunque la notificaci\u00f3n no haya cumplido puntualmente con todos los par\u00e1metros formales legalmente establecidos para su pr\u00e1ctica. <\/strong>En el caso de que, por el contrario, no pueda verificarse que el destinatario ha accedido a su contenido, ser\u00e1 preciso determinar qui\u00e9n ha incumplido su deber de diligencia: la Administraci\u00f3n, en cuanto a su obligaci\u00f3n de practicar la notificaci\u00f3n con todas las garant\u00edas formales y materiales que exige el ordenamiento jur\u00eddico en cada caso; o, por el contrario, el interesado, en cuanto a su deber de recibir notificaciones que le tienen por destinatario. De este modo, si quien ha faltado a su deber de diligencia es la primera, ello afectar\u00e1 a la eficacia del acto administrativo, e incluso, en funci\u00f3n de las circunstancias, a su validez; si quien ha actuado de forma negligente ha sido el interesado, asumir\u00e1 \u00e9l mismo las consecuencias derivadas de la eficacia del acto.<\/p>\n\n\n\n

\n

Lo verdaderamente relevante en el caso concreto es que la Administraci\u00f3n pueda certificar o acreditar, incorpor\u00e1ndolo al expediente, que el acto administrativo objeto de notificaci\u00f3n ha llegado a conocimiento de su destinatario<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ello ha llevado a los \u00f3rganos judiciales \u2013por se\u00f1alar algunos ejemplos\u2013 a aceptar como v\u00e1lida una notificaci\u00f3n practicada por medios convencionales a un sujeto obligado a recibirla por medios electr\u00f3nicos cuando se ha podido demostrar el acceso a su contenido (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2022, Rec. 3963\/2021); a anular una notificaci\u00f3n electr\u00f3nica no accedida dirigida a un sujeto obligado por no haberle comunicado antes el deber de recibirla por esa v\u00eda (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Rec. 61\/2020); a considerar ineficaz una notificaci\u00f3n practicada sin aviso complementario por entender que vulnera el principio de confianza leg\u00edtima (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 15 de junio de 2018, Rec. 613\/2015); o a considerar inv\u00e1lida una notificaci\u00f3n practicada a una tercera persona en lugar distinto del se\u00f1alado por el interesado (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2019, Rec. 2112\/2017). En definitiva \u2013perm\u00edtaseme insistir en ello\u2013, la clave est\u00e1 en: a) poder demostrar que el interesado ha accedido al contenido de la notificaci\u00f3n, y b) en caso contrario, sobre la base de las concretas circunstancias concurrentes, verificar qui\u00e9n ha faltado a su deber de diligencia.<\/p>\n\n\n\n

\n

Demostrado que el interesado no accedi\u00f3 a ninguna de las cuatro notificaciones practicadas, corresponde determinar qui\u00e9n ha incumplido su deber de diligencia en el marco de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-administrativa en relaci\u00f3n con el deber de dar a conocer\/recibir un acto administrativo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Una nueva sentencia que confirma que, en la pr\u00e1ctica, la falta de efectivo conocimiento del acto administrativo puede afectar a su eficacia e, incluso, a su validez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En su reciente Sentencia 84\/2022, de 27 de junio, el Tribunal Constitucional viene a confirmar esta interpretaci\u00f3n judicial de los arts. 41 y 43 de la LPAC en un supuesto en el que la Administraci\u00f3n cumpli\u00f3 formalmente con todas las exigencias en ellos previstas, a excepci\u00f3n de la correcta pr\u00e1ctica del aviso complementario de notificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los hechos del caso son los siguientes: en aplicaci\u00f3n de la normativa reguladora del transporte de mercanc\u00edas, un empresario formul\u00f3 a la Consejer\u00eda auton\u00f3mica competente declaraci\u00f3n relativa al cumplimiento de la obligaci\u00f3n de disponer de los medios electr\u00f3nicos necesarios para documentar a distancia contrato mercantil, facilitando a tales efectos una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico (coincidente en sus primeras letras con las iniciales de su nombre y apellidos). Tal declaraci\u00f3n se hizo de forma manuscrita, con lo que el concreto dato se incorpor\u00f3 al expediente, si bien con una errata (donde deb\u00eda transcribirse una \u201cv\u201d se transcribi\u00f3 una \u201cu\u201d). Ello implic\u00f3 que todas las notificaciones formuladas con posterioridad por parte del Ministerio de Fomento (requerimiento de documentaci\u00f3n para inspecci\u00f3n, creaci\u00f3n de una direcci\u00f3n electr\u00f3nica habilitada asignada al recurrente, inicio del procedimiento sancionador y resoluci\u00f3n sancionadora) nunca llegaran a conocimiento del destinatario, quien ni accedi\u00f3 a su contenido ni recibi\u00f3, efectivamente, el aviso complementario que se le intent\u00f3 practicar. Ello deriv\u00f3 en una sanci\u00f3n consistente en multa de 16 000 \u20ac, de la que tuvo noticia el interesado en el momento en el que la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria le notific\u00f3 providencia de apremio, reclam\u00e1ndole tal cantidad y los correspondientes recargo e intereses.<\/p>\n\n\n\n

Tras la inadmisi\u00f3n de la revisi\u00f3n de oficio presentada por entender que se hab\u00eda prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en ausencia de aviso de notificaci\u00f3n, tambi\u00e9n fue desestimado el recurso contencioso-administrativo, al considerar el Juzgado Central, tras examinar la forma en la que se hab\u00eda escrito la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, que \u201cla errata en que incurri\u00f3 la Administraci\u00f3n a la hora de remitir las notificaciones, se debe \u00fanica y exclusivamente a la recurrente, que escribi\u00f3 mal dicho correo\u201d. Desestimado el incidente de nulidad de actuaciones presentado contra la sentencia, el asunto lleg\u00f3 en amparo al Tribunal Constitucional por vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensi\u00f3n y del derecho de defensa.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de cuestiones de car\u00e1cter procesal, en lo que interesa al objeto de este comentario, la clave del asunto es la siguiente: demostrado que el interesado no accedi\u00f3 a ninguna de las cuatro notificaciones practicadas, corresponde determinar qui\u00e9n ha incumplido su deber de diligencia en el marco de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-administrativa en relaci\u00f3n con el deber de dar a conocer\/recibir un acto administrativo.<\/p>\n\n\n\n

Para el recurrente, una simple consulta de los registros y bases de datos que posee la Administraci\u00f3n p\u00fablica hubiera permitido recurrir a medios alternativos para hacer factible la pr\u00e1ctica del aviso complementario, tal como el dispositivo m\u00f3vil u otros correos electr\u00f3nicos de la empresa \u2013que la Administraci\u00f3n hab\u00eda empleado en otros procedimientos\u2013. Para la Administraci\u00f3n, el recurrente, por su condici\u00f3n de transportista, mantiene una relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n especial con la Administraci\u00f3n p\u00fablica, de modo tal que su posici\u00f3n no es la de un ciudadano gen\u00e9rico, sino que se aproxima m\u00e1s a la de los procuradores (esto es, personas de actividad profesional continuada); en consecuencia, le es exigible un especial deber de diligencia, que ha incumplido en este caso. Por su parte, el Ministerio Fiscal considera que es relevante el hecho de que parte de las actuaciones se han realizado en el marco de un procedimiento sancionador, lo que exige de la Administraci\u00f3n el deber de garantizar un conocimiento efectivo del acto para que el interesado pueda ejercer su derecho de defensa, que no se cumpli\u00f3 en el caso concreto.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional resuelve el caso partiendo de una premisa: la exigencia de que la incoaci\u00f3n de todo procedimiento sancionador sea debidamente notificada forma parte del derecho de defensa consagrado en el art. 24.2 CE. De este modo, con independencia de que se siguieran todas las formalidades referidas a la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n, el hecho de que el interesado no llegara a conocer las diferentes comunicaciones ni el hecho de que se le hab\u00eda asignado una direcci\u00f3n electr\u00f3nica habilitada, es relevante. Por ello, \u201cla falta de recepci\u00f3n de los avisos de notificaci\u00f3n adquieren particular relevancia, no porque ello determine per se<\/em> la invalidez de las notificaciones efectuadas en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica habilitada, sino porque esa circunstancia impidi\u00f3 al recurrente tener conocimiento de la asignaci\u00f3n de oficio de una direcci\u00f3n electr\u00f3nica habilitada; de que, a trav\u00e9s de ese medio fue requerido para que aportara la informaci\u00f3n reflejada en los antecedentes de esta resoluci\u00f3n; y finalmente, de que, ante la falta de respuesta por su parte, le fue incoado un procedimiento sancionador, respecto de cuya tramitaci\u00f3n y resoluci\u00f3n final fue desconocedor hasta la apertura de la v\u00eda de apremio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esa falta de acceso a los contenidos de las sucesivas notificaciones practicadas conecta directamente con el defecto en la pr\u00e1ctica del aviso complementario de notificaci\u00f3n. Efectivamente, \u201cla actividad desplegada por la Administraci\u00f3n no ha sido respetuosa con el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusaci\u00f3n que se reconocen en el art. 24.2 CE. Achacar al demandante la responsabilidad de que no llegara a ser conocedor de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica habilitada que le fue asignada, del contenido del requerimiento y de las dem\u00e1s comunicaciones practicadas por v\u00eda electr\u00f3nica, con fundamento en la forma en que se traz\u00f3 la letra v al escribir su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico [\u2026] supone conferir a esta circunstancia unas consecuencias manifiestamente desproporcionadas, vistos los efectos adversos producidos en el procedimiento sancionador\u201d, m\u00e1s a\u00fan cuando \u201cen el presente caso debe advertirse que las primeras letras de la direcci\u00f3n de correo correcta [\u2026] coindicen con las iniciales del nombre compuesto y de los dos apellidos del demandante, dato este del que dispon\u00eda la Administraci\u00f3n\u201d. Por tanto, \u201cla Administraci\u00f3n deber\u00eda haber desplegado una conducta tendente a lograr que las mismas llegaran al efectivo conocimiento del interesado, pues a ello viene obligada\u201d. Al no haberlo hecho as\u00ed, la actuaci\u00f3n administrativa impugnada \u2013es decir, la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n sin que el interesado haya conocido las notificaciones relativas al inicio del procedimiento y a la resoluci\u00f3n sancionadora por falta de aviso complementario de notificaci\u00f3n\u2013 ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cLa Administraci\u00f3n deber\u00eda haber desplegado una conducta tendente a lograr que las mismas llegaran al efectivo conocimiento del interesado, pues a ello viene obligada\u201d<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La falta de pr\u00e1ctica de aviso complementario s\u00ed tiene consecuencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En definitiva, la clave de b\u00f3veda del sistema de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica dise\u00f1ado por la LPAC radica en el aviso complementario de notificaci\u00f3n, particularmente en el caso de interesados respecto de los que, por sus caracter\u00edsticas, no es esperable que accedan cotidianamente a las sedes electr\u00f3nicas y direcciones electr\u00f3nicas habilitadas de las diferentes Administraciones con las que se relacionan. As\u00ed pues, lo previsto en el art. 41.6 LPAC \u2013\u201cLa falta de pr\u00e1ctica de este aviso no impedir\u00e1 que la notificaci\u00f3n sea considerada plenamente v\u00e1lida\u201d\u2013 no siempre deber\u00e1 interpretarse en el sentido de que no se derivan consecuencias de la ausencia del mismo. Efectivamente, la falta de pr\u00e1ctica del aviso complementario de notificaci\u00f3n, en funci\u00f3n de las circunstancias concurrentes en el caso, puede afectar a la eficacia del acto administrativo (que no surtir\u00e1 efectos hasta que el interesado acceda al contenido de la notificaci\u00f3n, evitando as\u00ed la presunci\u00f3n de rechazo por el transcurso de 10 d\u00edas desde la puesta a disposici\u00f3n) o, incluso, a su validez, como en el caso presente.<\/p>\n\n\n\n

\n

La clave de b\u00f3veda del sistema de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica dise\u00f1ado por la LPAC radica en el aviso complementario de notificaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Bienvenida sea esta interpretaci\u00f3n del TC, que, como ha sostenido Diego G\u00f3mez en su excelente blog<\/a>, ayuda a restablecer, siquiera en parte, el precario equilibrio entre potestades administrativas y garant\u00edas ciudadanas roto con la LPAC. Ahora, sin embargo, es preciso dar un paso m\u00e1s: la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del propio precepto, que viene a indicar que la indefensi\u00f3n material no genera efecto alguno sobre la eficacia y la validez de aquellos actos administrativos que no llegan a conocimiento de sus destinatarios. Esta posible inconstitucionalidad ha sido descartada recientemente por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de mayo de 2022 (Rec. 163\/2021) \u2013anterior, por tanto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando\u2013 sobre la base de que el art. 41.6 LPAC no incide negativamente en el derecho de defensa en cuanto que \u201cno pone en riesgo las garant\u00edas procedimentales ni procesales, en referencia a los actos de comunicaci\u00f3n por medios electr\u00f3nicos, que tiene como objeto que quede constancia fehaciente tanto del hecho de la recepci\u00f3n del acto de comunicaci\u00f3n por su destinatario y su fecha, como del contenido del acto administrativo\u201d. Entender que el aviso complementario de notificaci\u00f3n no es parte de las garant\u00edas procedimentales es el error que debe ser corregido. <\/p>\n\n\n\n

La administraci\u00f3n digital nunca funcionar\u00e1 por imposici\u00f3n, sino por atracci\u00f3n, esto es, por hacer m\u00e1s f\u00e1cil las relaciones entre Administraci\u00f3n y ciudadanos. El legislador tiene el deber de contribuir a la accesibilidad, simplicidad y sencillez de esta relaci\u00f3n, porque las TIC lo permiten. Con previsiones como estas, la LPAC opt\u00f3, por el contrario, por tratar de blindar a toda costa la legalidad de la acci\u00f3n administrativa. La jurisprudencia est\u00e1 paulatinamente poniendo sentido com\u00fan a las mismas. \u00bfTendremos alg\u00fan d\u00eda una administraci\u00f3n digital que, en su conjunto, y m\u00e1s all\u00e1 de algunas buenas pr\u00e1cticas y desarrollos mod\u00e9licos, est\u00e9 verdaderamente dise\u00f1ada legal y tecnol\u00f3gicamente para el servicio a los ciudadanos?<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Isaac Mart\u00edn Delgado<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este art\u00edculo el autor analiza la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 84\/2022, de 27 de junio, por la que, en v\u00eda de amparo, se anula toda una serie de actuaciones administrativas y procesales por vulneraci\u00f3n del derecho de defensa, evidenciando que, con independencia del cumplimiento formal de los requisitos legales para la pr\u00e1ctica de las notificaciones, pueden derivarse consecuencias invalidantes en el caso concreto cuando la Administraci\u00f3n no act\u00faa con la diligencia que le es debida.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1530,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Isaac Mart\u00edn Delgado","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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